Lima, (PL y agencias).- El presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca Wilfredo Saavedra y otros cinco líderes de la movilización social contra el proyecto minero Conga fueron apresados ayer por la Policía, lo que acrecentó en las últimas horas la tensión social en Perú. Diez horas después los dirigentes fueron liberados en Lima.

Desde el 24 de noviembre pobladores de la región de Cajamarca cumplen un paro general movilizado exigiendo al gobierno la anulación del proyecto aurífero de la transnacional Newmont – Buenaventura, por considerar que destruirá fuentes de agua esenciales para esa zona de tradición agrícola.

El Consejo Regional de Cajamarca aprobó una ordenanza que declara intangibles las cabeceras de cuenca y por tanto inviable el proyecto Conga, de capitales peruanos y norteamericanos. La decisión, que enfrenta sentencias del Tribunal Constitucional contrarias a decisiones similares, fue rechazada por juristas y otros sectores partidarios de la ejecución del proyecto aurífero.

A pedido del gobierno peruano, la empresa anunció la suspensión de obras el 29 de noviembre, pero los pobladores continuaron movilizados exigiendo la anulación definitiva del emprendimiento.

El 1 de diciembre, el presidente peruano Ollanta Humala se vio obligado a cancelar una breve gira a Venezuela y México, debido a la persistente huelga general de la región de Cajamarca. La Secretaría de Prensa de la Presidencia explicó que “por motivos de agenda interna” el mandatario anuló el viaje que había sido autorizado por el Congreso.

Humala tenía programado participar en la Cumbre fundacional de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). De allí iba a seguir viaje el sábado a México para participar en la II Cumbre de la llamada Alianza del Pacífico.

El 4 de diciembre, Humala declaró estado de emergencia en cuatro provincias de la región norandina de Cajamarca, argumentando que no fue posible alcanzar acuerdos mínimos para normalizar la situación y debatir sobre el desarrollo de la zona. El mensaje fue lanzado al final de una jornada en la que un equipo gubernamental encabezado por el primer ministro Salomón Lerner dialogó con autoridades y dirigentes sociales regionales.

Según Lerner, en 10 horas de pláticas se acordó revisar el estudio de impacto ambiental del proyecto minero aurífero Conga, y paralelamente debatir el desarrollo regional. El entendimiento no se firmó porque los dirigentes regionales no aceptaron levantar el paro, alegando la necesidad de consultar con sus poblaciones, ante lo cual la parte oficial dio por concluida la reunión.

El Mandatario criticó “la intransigencia de un sector de dirigentes locales y regionales”, y anunció que desde el 5 de diciembre estarán bajo estado de emergencia por 60 días las provincias de Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y Contumazá, con el fin de restablecer la paz, el orden público y el respeto al libre tránsito y la propiedad.

El jefe de Estado reivindicó el principio de autoridad en función de la unidad nacional, más allá de las ideologías y las posiciones partidarias. Explicó que “el suelo responde a una jurisdicción local, regional, pero el subsuelo es de todos” porque de lo contrario Perú no sería una república sino una confederación.

Aludió así a la huelga cajamarquina contra el proyecto de explotación de oro Conga, rechazo que obedece al temor por la depredación del agua, aunque Humala ha ofrecido garantías de que el recurso será preservado para el consumo humano y el agro, como prioridades.

El estado de emergencia implica la aplicación de medidas excepcionales de orden público y facultades fuera de la común para que la Policía realice detenciones y otras operaciones. El ministro del Interior Oscar Valdés dijo que la Policía ya no permitirá “desmanes” ni bloqueos, y advirtió que quienes dirijan o realicen esas acciones serán detenidos.

El presidente regional de Cajamarca Gregorio Santos condenó la declaratoria de estado de emergencia, que permite detenciones y allanamientos a discreción sin orden judicial, y la prohibición de manifestaciones, entre otras medidas; y aseguró que la medida agravará el conflicto.

Dirigentes encarcelados

Un clima de tensa normalidad vivió el 5 de diciembre en cuatro provincias de la región de Cajamarca, bajo estado de emergencia. Reportes periodísticos indicaron que las carreteras que comunican a Cajamarca con el resto del país y vías secundarias estaban transitables, sin que se reediten los bloqueos de rutas. Las mismas fuentes reportaron que hubo actividad parcialmente normal en las escuelas y servicios de salud, mientras el comercio y el transporte urbano e interprovincial operaban sin tropiezos y bajo vigilancia policial poco numerosa.

Al día siguiente, agentes vestidos de civil capturaron a los líderes sociales de Cajamarca cuando salían del Congreso de la República tras declarar sobre el conflicto ante una comisión parlamentaria y cuestionar el estado de emergencia decretado el domingo por el gobierno.

El dirigente Saavedra informó telefónicamente que, tras asistir a una reunión parlamentaria en Lima, agentes policiales vestidos de civil lo condujeron a la Prefectura (gobernación) de la capital para una verificación de su identidad, sin dar más explicaciones. Los detenidos fueron conducidos a la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), supuestamente para una verificación de sus identidades y allí se les interrogó, según informaron testigos, pero no hubo cargos contra ellos.

Previamente, Saavedra fue aludido por el presidente Humala en un acto oficial en la Policía, al señalar que en las calles hay condenados por delitos de traición a la patria, que bajo intereses particulares delinquen nuevamente. Saavedra cumplió condena de cárcel por actividades ilegales como integrante del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Humala pidió dureza ante casos como el mencionado, a la policía y a otras instituciones, en medio de presiones de sectores conservadores para que el gobierno tome represalias contra Saavedra y contra el presidente regional de Cajamarca.

La detención motivó críticas de la Coordinadora de Derechos Humanos y de diversos dirigentes políticos y sociales, incluso de parlamentarios del bloque gobernante Gana Perú, llegados a la Dircote a abogar por los presos. Tras indagar por los arrestados, el parlamentario socialista de Gana Perú Javier Diez Canseco consideró un despropósito que los dirigentes hayan sido capturados tras una visita al parlamento, y deploró que las casas de algunos de ellos fueran allanadas.

Dijo esperar que los arrestos no agraven la situación en Cajamarca, cuyo presidente regional (gobernador) interino César Aliaga condenó las detenciones y explicó que se trata de represalias del gobierno por la protesta regional contra el proyecto minero Conga. Aliaga reemplaza al gobernador titular Gregorio Santos, quien pidió licencia por enfermedad, en medio de versiones sobre su inminente detención por haber apoyado la protesta.

Minutos antes de la medianoche del 6 de diciembre, Saavedra y los dirigentes que lo acompañaban fueron puestos en libertad ante gran cantidad de medios de comunicación que esperaban su salida y medio centenar de activistas que pedían su libertad, reportó el sitio digital Mariátegui.

Saavedra denunció que su detención fue arbitraria y que se quedará en Lima para presentar una denuncia contra la Policía, pues no existían motivos para ser detenidos. “Claro, y contra el personal de seguridad del Congreso que ha intervenido inadecuadamente para nuestra detención. El fiscal ha dispuesto el archivamiento. Nosotros no tenemos ningún antecedente, somos hombres en el pleno ejercicio de nuetros derechos civiles” señaló.