Bogotá, (SEMlac).- “En muchos de los países de Latinoamérica el asunto no es más la llegada de las mujeres a los órganos de poder del Estado, sino que lleguen con propuestas nuevas, de manera que las democracias sean más ciudadanas, donde cada persona sienta que tiene derechos, que los reclama, accede a éstos y los defiende”, aseguró a SEMlac Patricia Mercado, representante de ONG mexicana Iniciativa Suma.

La organización fue la convocante del Foro Regional de proyectos financiados por el Fondo Multidonante de la ONU para la Igualdad de Género, celebrado los días 21 y 22 de noviembre en Bogotá. Este Fondo, auspiciado por España y con donantes de Noruega, Países Bajos y España, en su primera convocatoria para financiar proyectos de empoderamiento político y económico, seleccionó 40 programas en 35 países, de los cuales nueve están en Latinoamérica y el Caribe.

Usualmente Naciones Unidas apoya programas ejecutados por los gobiernos. En el caso de este fondo, los recursos contribuyen a la implementación de proyectos desarrollados por organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales. “El hecho de que los recursos sean canalizados vía ONU Mujeres ayuda a legitimizar el objetivo del proyecto, como en el caso de México, donde se busca incrementar la participación de las mujeres independientemente de su filiación política”, afirmó a SEMlac Ana María Enríquez, delegada del Fondo.

“Desde el diseño de nuestro proyecto propusimos la realización de un foro regional al primer año de ejecución a fin de establecer dónde están las áreas críticas, aprender de las otras iniciativas tanto en lo relativo a estrategias, como en cuanto a premisas del trabajo”, agregó Mercado.

En el foro se presentaron avances y retos de siete iniciativas de la región, desarrolladas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, El Salvador, Jamaica y México. Si bien la mayoría están enfocadas a aumentar la participación política de las mujeres, las de Bolivia y Argentina apuntan a cualificar dicha participación.

Bolivia: la nueva Constitución hereda el Estado Patriarcal

La participación política de las mujeres en Bolivia está marcada por el proceso de construcción de la nueva Constitución. La Asamblea Constituyente estuvo conformada en un 34 por ciento por mujeres y más de 20.000 bolivianas participaron a lo largo del proceso constituyente.

“La nueva Constitución plantea alternativas al Estado colonial, al Estado capitalista, al Estado centralista, pero no al Estado patriarcal”, aseguró Mónica Novillo, representante del proyecto Mujeres Bolivianas en el Proceso de Cambio, presente en el Foro Regional. Este programa es un ejemplo de creación de alianzas entre las diversas organizaciones de mujeres.

“Hemos enfatizado en el fortalecimiento de instituciones, creación de confianza y generación de una agenda conjunta, adicional a la agenda particular de cada organización”, agregó Novillo. Actualmente el proyecto reúne a 12 agrupaciones nacionales y 18 pertenecientes a la Coordinadora de Mujeres, para un total de 30 grupos de mujeres indígenas, asalariadas del hogar, afrobolivianas y vinculadas a la minería.

Después de aprobada la nueva Constitución Política, en febrero de 2009, la participación política de las mujeres en el legislativo pasó de 17 por ciento, que había sido el máximo techo alcanzado, a ocupar 25 por ciento de la Cámara de Diputados y 50 del Senado. En el aparato electoral, las bolivianas representan el 90 por ciento de los cargos presidenciales. En tanto que están cerca de lograr la paridad en el órgano judicial, con 43 por ciento de las Magistradas electas.

“En Bolivia las mujeres ya llegaron, ahora hay que pensar qué van a hacer desde esas posiciones”, precisó a SEMlac la representante mexicana de Suma.

“En la región los problemas de la vida cotidiana se resuelven con programas contra la pobreza y proyectos para las jefas de hogar, pero no hay políticas públicas para superar la desigualdad al interior de las familias; las políticas que existen relativas a familia, tienen un enfoque de valores, y por tanto, tendientes a que las mujeres dejen de trabajar fuera y vuelvan a la casa; no son políticas que ataquen la violencia y la desigualdad al interior de las familias”, puntualizó Mercado.

Después de aprobada la Constitución, las bolivianas han realizado tres Cumbres Sociales de Mujeres, de las que salieron propuestas para las leyes orgánicas. “No ha sido fácil sentarse con mujeres muy diversas y consensuar”, admitió María Coaquira, responsable de la Red de Mujeres Trabajadoras y Sindicalistas de Bolivia.

“Estamos buscando la despatriarcalización (destrucción de la estructura patriarcal) en todo: lo económico, lo político y lo social”, precisó la líder laboral.

¿Quién manda en Argentina?

Esta pregunta se la plantea el proyecto que desarrolla en Argentina el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA. En este país, cuya Presidenta es mujer y ha sido reelecta con una amplia votación, y donde la ley de cuota (o de cupo) ha permitido que el 40 por ciento de las curules parlamentarias estén ocupadas por argentinas, parecería que la participación política de las mujeres está resuelta.

No obstante, el estudio ¿Quién manda en Argentina?, realizado por el proyecto encontró que esa nación “presenta un estado crítico en términos de equidad de género: de cada 10 puestos de máxima autoridad estudiados, menos de dos son ocupados por mujeres”, aseguró Mariana Morelli, representante de ELA.

En el legislativo, los datos arrojados por el estudio realizado en el Congreso de la Nación y en seis legislaturas provinciales muestran una ausencia de mujeres en la presidencia de bloques numéricamente mayoritarios. El porcentaje de mujeres que preside algún bloque es de 33 por ciento en el Congreso y menor a 20 por ciento en las restantes jurisdicciones incluidas en el estudio.

De manera similar, si bien las mujeres son mayoría en casi todos los ámbitos que componen el sistema judicial argentino, a medida que se asciende en los puestos de autoridad, el número de argentinas desciende.

El estudio también indagó en otros sectores de poder, y encontró que “allí donde no hay ley de cuotas, la participación de las mujeres cae estrepitosamente”, agregó Morelli. Por ejemplo, en las dirigencias de las organizaciones de la sociedad civil apenas el ocho por ciento las ocupan argentinas.

El mayor cargo jerárquico de los medios de comunicación está ocupado por mujeres en apenas 7,5 por ciento en promedio. Y las gerencias del sector empresarial están en manos de mujeres en sólo tres por ciento. “Los números solos poco nos dicen acerca de los obstáculos y situaciones de discriminación y segregación que sufren las mujeres en su vida diaria, por eso realizamos otra investigación llamada ‘El poder más allá de los números‘, para explorar las barreras subjetivas de las mujeres para acceder al poder, anotó Morelli.

El obstáculo más mencionado fue la responsabilidad de cuidado (de hijos, mayores, enfermos) y la conciliación entre las tareas reproductiva y productiva. Sin embargo, las argentinas no expresan una demanda hacia el Estado de políticas públicas que eliminen o alivien esta barrera.

De allí que no es de extrañar que también encontraran que entre las legisladoras hay una mayor proporción de solteras y que ellas tienen un promedio menor de hijos que los varones parlamentarios.

Finalmente, el estudio confirma que la división sexual del trabajo se da en el parlamento, dado que hay más argentinas en las comisiones que tratan temas relacionados con los roles tradicionalmente asignados a las mujeres, tales como familia, educación e infancia.

castellanos_angela@yahoo.com