(Granma, Prensa Latina y Cubadebate).- Desde que se flexibilizó el mercado laboral en octubre de 2010, se duplicó el número de trabajadores privados en Cuba hasta alcanzar la cifra de 338.280 a fines de septiembre de 2011, informó el vicetitular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) José Barreiro. A partir del 20 de diciembre los agricultores pequeños y los trabajadores por cuenta propia y de otros modelos de gestión no estatal tendrán la posibilidad de solicitar créditos para comprar bienes e insumos.

Hasta el 30 de septiembre había 181 mil personas más vinculadas al trabajo por cuenta propia en las 181 modalidades autorizadas. La Habana, Matanzas y Villa Clara son las provincias que cuentan con el mayor número de personas incluidas bajo esa opción en el país, que de acuerdo con datos conservadores, debían incrementarse solo en 100 mil a finales de este año, señaló Idalmys Álvarez, directora de Empleo de MTSS.

Álvarez destacó que las fuentes laborales más atractivas resultan el transporte (54 mil), la venta de alimentos (51 mil) y los servicios por contrato por (34 mil). A mediados de noviembre, el gobierno cubano instauró con carácter definitivo un experimento empresarial mediante el cual desde 2009 barberías y peluquerías estatales fueron arrendadas a sus trabajadores, que ahora pasarán al sector privado.

La Gaceta Oficial de Cuba publicó en su página web varias resoluciones que regulan el tránsito definitivo del sector estatal al privado del personal que trabaja en locales de barbería y peluquería que tengan un máximo de tres sillones. Los documentos suscritos por los ministerios de Comercio Interior, Finanzas y Precios, y Trabajo y Seguridad Social, anuncian la decisión de mantener la experiencia con carácter definitivo tras los “resultados obtenidos durante la aplicación con carácter experimental del Sistema de Gestión Económica”.

Según la publicación, los trabajadores que antes pertenecían a la plantilla de la empresa estatal de Servicios Técnicos, Personales y del Hogar, ahora serán considerados cuentapropistas que tienen contratos de arrendamiento con los inmuebles de sus antiguos centros de trabajo. En todos los casos el Estado continuará siendo el dueño de los inmuebles y controlará “que se empleen para las actividades previstas”, en tanto los precios serán establecidos según la oferta y la demanda.

La nueva medida entrará en vigor el próximo 1 de diciembre y se inscribe en el plan de ajustes económicos y sociales emprendidos en la isla para actualizar el modelo socialista.

Por otro lado, el 1 de diciembre también entrarán en vigor las disposiciones legales correspondientes con el propósito de autorizar que las diferentes formas productivas del país —Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS), Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) y empresas estatales que tienen en su patrimonio organopónicos— puedan vender productos agrícolas no industrializados, arroz consumo y carbón vegetal directamente a las entidades turísticas sin necesidad de comercializarlos a través de una empresa estatal.

Tales resoluciones —del Banco Central de Cuba y de los ministerios de Finanzas y Precios, la Agricultura y el Turismo—, se publican en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 38, del 15 de noviembre del 2011, y permiten avanzar en el cumplimiento de los Lineamientos 183 y 263 aprobados por el VI Congreso del Partido.

Las nuevas normativas están encaminadas, entre otros elementos, a transformar el sistema de acopio y comercialización de las producciones agropecuarias mediante mecanismos de gestión que contribuyan a reducir las pérdidas al simplificar los vínculos entre la producción primaria y el consumidor final, incluyendo la posibilidad de que el productor concurra al mercado con sus propios medios; así como a desarrollar mecanismos de abastecimiento a las entidades turísticas que permitan aprovechar mejor las potencialidades de todas las formas productivas a escala local.

De acuerdo con lo regulado en las nuevas disposiciones, el mecanismo de ventas directas no sustituye el ya existente, si no que es una opción adicional con el fin de alcanzar mayor dinamismo, variedad y calidad en el suministro de estos productos al turismo, reducir los gastos de transportación y las mermas.

Los precios se establecerán por acuerdo entre las partes y siempre en pesos cubanos (CUP). Igualmente, al pactar los horarios de abastecimiento, debe tenerse en cuenta que estos no afecten el desempeño de las instalaciones turísticas.

Actualizan las normas laborales y tributarias

El proceso de implementación del trabajo por cuenta propia en Cuba será actualizado de manera sistemática con el objetivo de perfeccionarlo para agilizar su desarrollo, aseguró el 12 de septiembre la ministra de Trabajo y Seguridad Social Margarita González.

González señaló que la cifra estimada de personas que se integraría al trabajo por cuenta propia en 2011 se cumplió desde abril pasado. Están en estudio para el futuro otras actividades por cuenta propia, y la formación de cooperativas, no sólo en el sector agrícola.

Mediante el Decreto Ley 284 modificativo del 278, se extiende a 10 años el pago retroactivo de la contribución a la seguridad social, hasta ahora debía efectuarse en dos. Además, quedan exonerados de la obligación de afiliarse al régimen especial de seguridad social la trabajadora de 60 años o más de edad y el trabajador de 65 años o más de edad.

Según la Resolución 299, del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), se procederá a las devoluciones de las cantidades pagadas por concepto de la Seguridad Social a las mujeres y hombres que, con estos requisitos de edades y siendo cuentapropistas, soliciten desvincularse de dicho régimen especial.

En el caso del Impuesto por la Utilización de la Fuerza de Trabajo, la Resolución 298 del MFP exime del pago por las obligaciones generadas a partir del mes de julio y hasta diciembre de 2011, a los cuentapropistas por los cinco primeros trabajadores contratados, precisó la titular. A su vez, la Resolución 33 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social autoriza la contratación de trabajadores en todas las actividades.

Cuba también modificó las regulaciones migratorias internas hacia La Habana con el propósito de eliminar restricciones que limitaban la movilidad entre el resto de las provincias y la capital de la nación. Las nuevas disposiciones transforman las existentes desde 1997, con las cuales se establecían los requisitos para domiciliarse, habitar o convivir con carácter permanente, o trasladar residencia a la urbe.

Según las normativas, firmadas por el presidente cubano, Raúl Castro, y publicadas en la Gaceta Oficial número 39, aún se mantienen las condiciones para la adopción de las regulaciones anteriores, recogidas en el decreto 217. Pese a esa situación, señala el documento, resulta aconsejable exceptuar de la tramitación a determinadas personas provenientes de otras zonas del país que soliciten su traslado permanente hacia La Habana.

La capital de la Mayor de las Antillas cuenta con una población de casi tres millones de habitantes, entre pobladores habituales y visitantes nacionales y foráneos. Esposos, hijos, padres, abuelos, nietos y hermanos de titulares de viviendas en la capital, los hijos menores de edad del cónyuge no titular y las personas declaradas jurídicamente incapaces, están exentos de cumplir los requisitos legales para el traslado.

De otra parte, la viceministra de Finanzas y Precios Meisi Bolaños afirmó que el incremento de los trabajadores privados supuso triplicar los ingresos por recaudación tributaria hasta el cierre de agosto en relación con igual período de 2010.

Bolaños destacó la importancia llevar aparejado al proceso de implementación del trabajo por cuenta propia una pormenorizada actualización. Es muy importante -enfatizó escuchar los más diversos criterios, analizarlos y plantear estrategias que flexibilice esta modalidad laboral.

También se buscan soluciones en materia de política tributaria, la cual debe ser adecuada a las características de cada territorio, los cuales deben cumplir con las resoluciones del Instituto Nacional de la Vivienda, el ministerio del Transporte y de Salud Pública. Por las características de la zona donde se realice una actividad por cuenta propia, el Consejo de la Administración Municipal puede aprobar el aumento de las cuotas de tributación

Del total de actividades autorizadas para realizar el trabajo por cuenta propia, 93 pertenecen al régimen simplificado de tributación. Este último consiste en el pago unificado (cuota consolidada mínima) de los impuestos sobre las ventas, los servicios públicos y los ingresos personales.

Los CAM pueden establecer montos diferenciados a las cuantías mínimas de una misma actividad, en atención a las condiciones de la localidad y a las características de los contribuyentes.

El resto de las ocupaciones tributa de acuerdo con el régimen general. Este comprende el pago de cuotas mínimas mensuales que representan anticipos a cuenta del impuesto sobre los ingresos personales. Estos trabajadores también liquidan mensualmente el impuesto sobre las ventas o los servicios, que es de un 10 % sobre los valores totales que las ventas o los servicios representen.

Quienes ejerzan este grupo de actividades poseen límites de gastos a deducir de acuerdo con las peculiaridades de cada modalidad y deben presentar la Declaración Jurada dentro de los 60 días naturales siguientes a la conclusión del año fiscal. En él también se incluyen aquellas personas que realicen más de una actividad y/o contraten a más de un trabajador.

Todos los cuentapropistas, independientemente de que pertenezcan al régimen simplificado o general, deben abonar la contribución a la seguridad social y, en caso de contratar trabajadores, pagar el impuesto correspondiente que se abona con carácter trimestral.

Si bien toda esta información se encuentra en la Resolución 298 del 2011, publicada en la Gaceta Extraordinaria Número 29, en ella también se especifica sobre la potestad de los consejos de la administración municipales (CAM) de elevar las cuotas mínimas consolidadas del régimen simplificado de tributación y las cuantías mínimas mensuales correspondientes al sistema general.

A partir del resultado de estudios económicos que se realicen o de comprobaciones fiscales, el CAM puede aprobar la modificación de las cuotas mensuales para determinadas actividades o contribuyentes dentro del año fiscal. Estas reformas deben ser comunicadas a los trabajadores por cuenta propia implicados con no menos de 60 días naturales anteriores a su fecha de aplicación. Estos aumentos se realizan a propuesta de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) en el territorio, o previamente consultada; según consigna la Resolución 298 del 2011, del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP).

En suma, el CAM puede establecer incrementos diferenciados a las cuotas mínimas de una misma actividad en atención a las condiciones de la localidad y a las características de los contribuyentes, así como reducir el incremento aprobado con anterioridad, hasta el monto de las cuotas mínimas establecidas por la Resolución, pero nunca por debajo de ellas. Es así que los CAM, atendiendo a sus características, pueden ratificar las cuantías aprobadas para cada actividad o realizar análisis que prueben la necesidad de incrementos.

Las cuotas que aparecen reguladas por ley constituyen montos estandarizados para todos los territorios del país. Obviamente, entre localidades existen diferencias sustanciales. Es a partir de ellas que los CAM podrán decidir si aplicar lo mínimo dispuesto por el MFP, o evaluar la posibilidad de un estudio, de conjunto con la ONAT, que justifique un incremento de las cuantías a pagar por los contribuyentes.

Aunque ejerzan actividades similares y laboren en la misma localidad, no todos los trabajadores perciben idénticos ingresos. No es lo mismo un paladar de 20 sillas que uno de 40, como tampoco son iguales uno en Centro Habana (en la capital) y otro en Tercer Frente, en Santiago de Cuba, aunque posean idéntica capacidad.

Asimismo, la posibilidad de arrendar espacios que no se enmarquen en el área de residencia y las características desiguales que por temporadas se puedan presentar, deben ser elementos a tener en cuenta por los CAM a la hora de practicar un análisis en las comunidades. Otra cuestión a no descuidar son los planteamientos que puedan realizar los contribuyentes, a quienes también debe informárseles oportuna y adecuadamente sobre cualquier modificación en su cuota.

De emplear sabiamente esta potestad, los CAM podrían tener un papel determinante en el desarrollo de servicios que satisfagan una demanda en lugares específicos, como también debe sopesarse que los ingresos recaudados en forma de impuestos, también beneficiarán las arcas territoriales.

La posibilidad de instaurar montos diferenciados según las ganancias de cada cual responde al Lineamiento de la política económica y social del Partido y la Revolución que alude a los principios de generalidad y equidad que debe poseer la carga tributaria, en cuya aplicación se ha de tener en cuenta la capacidad económica de los sujetos obligados a su cumplimiento y las características de los territorios. En función de ello mucha puede ser la contribución de los CAM, porque una de sus misiones es también la de acompañar el pleno desarrollo del trabajo por cuenta propia.

Nuevas posibilidades de créditos y servicios bancarios

Las normativas que regulan la política crediticia y otros servicios bancarios encaminados a apoyar el desarrollo de las producciones agropecuarias, el ejercicio del trabajo por cuenta propia y otros modelos de gestión, y las acciones constructivas por esfuerzo propio en las viviendas, entrarán en vigor el próximo 20 de diciembre, según especifica el Decreto-Ley 289 y sus resoluciones complementarias, contenidos en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 40 del 21 de noviembre del 2011.

En el caso de los agricultores pequeños que acrediten legalmente la tenencia de la tierra (propietarios y arrendatarios), podrán solicitar créditos para la compra y reparación de equipos y medios de trabajo, u otras acciones que contribuyan a elevar las producciones agropecuarias. Asimismo, los trabajadores por cuenta propia y de otros modelos de gestión no estatal, tendrán la posibilidad de solicitar créditos para financiar la compra de bienes e insumos para un mejor desempeño de su actividad.

También será favorecida con esta política crediticia la compra de materiales de la construcción y el pago de mano de obra autorizada para acometer en las viviendas acciones constructivas por esfuerzo propio.

En el proceso de concesión de créditos, siempre en pesos cubanos (CUP), las instituciones financieras realizarán un análisis de riesgo tomando en cuenta el capital demandado, las posibles fuentes de amortización (cuyos importes y plazos se acordarán entre la entidad bancaria y el solicitante), la capacidad de pago, entre otros aspectos. Además, se valorará la actividad económica para la cual se requiere el crédito, el mérito de la operación, y la factibilidad del negocio.

Adicionalmente, con la puesta en vigor de estas normas, las entidades podrán pagar a las personas naturales autorizadas a ejercer el trabajo por cuenta propia u otras formas de gestión no estatal, el valor acordado entre estas cuando reciban algún servicio o mercancías, eliminándose el límite máximo del monto anteriormente establecido para estos casos. En respuesta al Lineamiento número 10, esta relación comercial se establecerá a través de contratos, siguiendo las indicaciones de la Instrucción 7 del 2011 del Ministerio de Economía y Planificación.

Complementariamente, el Banco Central de Cuba amplía los instrumentos de pago a utilizar en este tipo de relaciones.

Las normativas además disponen que los propietarios o usufructuarios de la tierra, y las personas autorizadas a ejercer el trabajo por cuenta propia u otras formas de gestión no estatal, podrán abrir una cuenta corriente para efectuar a través de ella los cobros y pagos relacionados con la labor que desarrollan. Igualmente, se enfatiza que operar una cuenta corriente tendrá carácter obligatorio para quienes se desempeñen en estas modalidades de empleo y obtengan ingresos brutos anuales iguales o superiores a los 50 mil CUP, o su equivalente en pesos convertibles.

De esta forma se les da cumplimiento a varios de los lineamientos aprobados por el Sexto Congreso del Partido, que en el marco monetario establecen aplicar una política crediticia dirigida en lo fundamental a estimular la producción nacional generadora de divisas o que sustituya importaciones; así como a incrementar y diversificar la oferta de créditos a la población y en particular a quienes se desempeñan en modelos de gestión no estatal, para así también contribuir a un mejor funcionamiento de estos.

Cuenta corriente de la actualización

En el empeño de continuar acreditando el cumplimiento de lo aprobado por el Sexto Congreso del Partido —específicamente lo relacionado con eliminar restricciones, estimular la producción nacional y facilitar el desarrollo de formas de gestión no estatal— el próximo 20 de diciembre entrarán en vigor el Decreto-Ley número 289 y tres resoluciones complementarias sobre los créditos y otros servicios bancarios para las personas naturales, así como una instrucción del Ministerio de Economía y Planificación para emitir indicaciones relacionadas con el proceso de contratación a las entidades estatales de productos y servicios a los trabajadores por cuenta propia.

Las normativas flexibilizan los cobros y pagos entre personas jurídicas y naturales, así como posibilitan la apertura de cuentas corrientes por parte de los bancos a estas últimas. Al implementarse de esta forma varios lineamientos de la política monetaria (del 50 al 54) y el número 10, referido a las relaciones comerciales y contractuales entre las nuevas formas de gestión y las entidades estatales, se da otro paso de avance en la actualización de nuestro modelo económico.

Con el propósito de ahondar en estos temas, Granma sostuvo una entrevista con Ernesto Medina Villaveirán, presidente del Banco Central de Cuba (BCC).

“Las normas vigentes hasta el presente establecían varias limitaciones para las personas naturales en sus operaciones financieras: obtención de créditos por montos no superiores a 3 mil pesos cubanos, imposibilidad de abrir una cuenta corriente en el caso de los agricultores pequeños (propietarios o usufructuarios de la tierra) y trabajadores por cuenta propia, y un máximo de pago a estos últimos muy reducido por parte de las entidades estatales cuando recibían algún servicio o mercancía”, comienza explicando Medina Villaveirán.

“A partir de aprobarse el Decreto-Ley número 289, el Banco Central de Cuba emitió las resoluciones números 99, 100 y 101 sobre el otorgamiento de créditos, la apertura y operación de cuentas corrientes y las normas bancarias para los cobros y pagos, respectivamente, que amplían las posibilidades en cada uno de estos servicios”.

P. ¿Qué cambios esenciales imprime en los cobros y pagos la entrada en vigor de la Resolución No. 101 del BCC?

R. Con esta norma se deroga una anterior que limitaba a cien pesos cubanos, en efectivo, el pago por parte de las empresas estatales a los trabajadores por cuenta propia cuando sostuvieran con estos algún intercambio comercial. El precio lo definirán las partes en dependencia de los servicios o mercancías comercializados —para lo cual las entidades estatales deberán tener en cuenta el presupuesto de gastos que tengan aprobado—, y esta relación se establecerá por medio de contratos, cumpliendo la Instrucción No. 7 del 2011 del Ministerio de Economía y Planificación.

En estos casos podrán utilizarse diversos instrumentos de pago que evitan la circulación de dinero en efectivo y brindan mayor protección: cheques nominativos o de gerencia y transferencia bancaria, que son los dos más prácticos, y además la tarjeta magnética cuando sea posible y en la medida en que se amplíe este servicio, entre otros.

P. ¿Qué son las cuentas corrientes y qué ventajas proporciona su apertura?

R. Las cuentas corrientes se utilizan en función de una actividad económica, donde se depositan los ingresos obtenidos a partir de dicha actividad, y por la cual se efectúan los pagos por gastos relacionados con su ejercicio (cumplimiento de las obligaciones tributarias, por ejemplo), sin necesidad de manipular efectivo. El Banco Metropolitano, el Banco de Crédito y Comercio y el Banco Popular de Ahorro podrán abrir cuentas corrientes a favor de los agricultores pequeños que acrediten legalmente la tenencia de la tierra (propietarios o usufructuarios), y las personas naturales autorizadas a ejercer el trabajo por cuenta propia y otras formas de gestión no estatal, en pesos cubanos o convertibles.

Estas cuentas tienen la ventaja de viabilizar las operaciones de estos sujetos económicos. Particularmente, facilitarán la relación comercial entre las entidades estatales y los trabajadores de la forma de gestión no estatal, a la hora de efectuar los pagos. Tiene la doble función de servirle a la institución financiera para chequear la marcha de la actividad productiva, y así evaluar el otorgamiento de un crédito. De hecho, pudiera ser un requisito la apertura de la cuenta para solicitar un crédito, y también sus flujos podrían cederse como garantía.

El Decreto Ley No. 289 establece que solo es de carácter obligatorio la apertura de cuentas corrientes para las personas naturales autorizadas a ejercer el trabajo por cuenta propia y otras formas de gestión no estatal que obtengan ingresos brutos anuales iguales o superiores a los 50 mil pesos cubanos, o su equivalente en pesos convertibles, según lo dispuesto en la Resolución No. 298 del 2011 del Ministerio de Finanzas y Precios.

P. ¿Quiénes podrán beneficiarse con el otorgamiento de créditos?

R. De acuerdo con lo estipulado, podrán acceder al crédito los agricultores pequeños que acrediten legalmente la tenencia de la tierra, sean propietarios o arrendatarios, los autorizados a ejercer el trabajo por cuenta propia y otros modelos de gestión no estatal y las personas que pretendan comprar materiales de construcción y pagar mano de obra autorizada para emprender acciones constructivas por esfuerzo propio en sus viviendas.

Aunque en las normas está prevista la concesión de créditos a las personas naturales en general para adquirir bienes y satisfacer otras necesidades, inicialmente las ofertas de financiamiento se encaminarán a desarrollar el sector de la economía no estatal, incrementar la producción agropecuaria, e impulsar la rehabilitación o reparación de viviendas por esfuerzo propio, tres de las necesidades más apremiantes del país”, aclara el presidente del BCC.

P. ¿En qué difieren las ofertas de crédito al sector agropecuario de las que ya existían? ¿Cómo podrán usarse de forma general los financiamientos que se concedan?

R. En efecto, el crédito para el sector agropecuario es una política que se aplica desde hace varios años, y que incorporó a los usufructuarios de tierra con la emisión del Decreto-Ley No. 259 del 2008. A estos se les continuará financiando la compra y reparación de equipos de trabajo; el fomento, renovación y rehabilitación de plantaciones, y otras acciones que contribuyan a elevar la producción agropecuaria. Sin embargo, acotó el presidente del Banco, a partir de la entrada en vigor de estas normas, con el financiamiento otorgado podrán adquirir, en la red de tiendas de comercio interior, artículos e insumos que se venden como parte del Programa Campesino y que se dirigen sobre todo a apoyar a los usufructuarios (número que, según datos recabados por Granma, ascendía a finales de septiembre de este año a 146.816).

Las nuevas normas establecen importes mínimos para el otorgamiento de los créditos, pero no máximos. En el caso de los agricultores, el crédito partirá de una base de 500 pesos cubanos, de acuerdo con la Resolución No. 99 del BCC. El capital a prestar dependerá de la capacidad de pago que demuestre quien lo solicita, y de las garantías que otorgue, entre otros aspectos.

También, podrán comprar materiales de construcción en la red de tiendas de comercio interior, aquellas personas que reciban el financiamiento para efectuar acciones constructivas por esfuerzo propio en sus viviendas, las cuales podrán solicitar al Banco un monto a partir de mil pesos cubanos, agregó. De igual modo, si precisan materiales o artículos solo disponibles en la red de tiendas en divisas, podrá concedérseles un crédito en pesos cubanos equivalente al valor de estos productos en pesos convertibles, de acuerdo con la tasa de cambio vigente para la población.

P. ¿Qué aspectos condicionan la aprobación de un financiamiento?

R. Como regla los interesados tendrán que demostrar la obtención de ingresos futuros que se utilizarían para pagar el crédito, evidenciando su capacidad de pago para devolver los préstamos en los plazos acordados con la institución financiera, así como ofrecerán garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Para conceder un crédito —que siempre será en pesos cubanos—, los bancos realizarán un análisis de riesgo teniendo en cuenta estos elementos, así como el monto solicitado, entre otras cuestiones.

En el caso de los agricultores pequeños y las personas autorizadas a ejercer el trabajo por cuenta propia y otras formas de gestión no estatal, además se valorará la actividad económica a desarrollar, el mérito de la operación y la factibilidad del negocio. Los solicitantes deben convencer a la institución bancaria de que cuentan con las condiciones para recibir el crédito; además tendrán que asumir contractualmente la obligación de respetar los compromisos de devolución, y dar las garantías que compensen a la institución bancaria ante situaciones que conlleven a un incumplimiento de lo acordado.

P. ¿Quién determina la concesión de los créditos, sus tasas, montos y plazos de amortización?

R. Los Comités de Crédito a nivel de sucursal, de provincia y de las oficinas centrales, que tienen rangos de decisión en dependencia del monto demandado. Es importante enfatizar que las personas que atenderán a los solicitantes de préstamo en las instituciones, los oficiales bancarios, no son los que tienen a su cargo tal decisión. Los importes y plazos de amortización se acordarán entre el solicitante y la institución financiera, según los términos y condiciones de esta última.