La Paz y Naciones Unidas, (ABI y PL).- En el primer semestre del año se reportaron al menos 277 casos de feminicidio en Bolivia, develó el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. Según el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem), los casos de violencia extrema que terminan con la muerte de mujeres suman 85 en lo que va del año. La ONU reveló que siete de cada 10 mujeres bolivianas son víctimas de violencia doméstica. En el mundo, seis de cada 10 mujeres sufrieron agresiones físicas o sexuales durante su vida y más de 600 millones de ellas viven en países que no consideran la violencia doméstica como un delito, deploró la directora ejecutiva de la agencia ONU-Mujeres Michelle Bachelet.

De los 85 casos de feminicidio registrados por el Cidem en lo que va del año, “el 22,35% es por celos”, reveló a la red de televisión PAT la coordinadora de Proyectos e Incidencia Política del Cidem Patricia Brañez. La coordinadora Residente de la Organización de las Naciones Unidas en Bolivia (ONU) Yoriko Yasukawa expresó su preocupación por los índices de violencia doméstica, que en Bolivia afectan a siete de cada 10 mujeres.

Entre enero y septiembre de 2011, la Unidad de Atención a la Víctima y Testigo (UAVT), dependiente de la Fiscalía General del Estado con funcionamiento en los nueve distritos del país, atendió 2.491 casos en los 10 distritos de ciudades capitales, de los cuales 189 corresponden a la ciudad de El Alto, 324 a La Paz, 268 a Cochabamba, 177 a Potosí, 89 a Tarija, 605 a Santa Cruz, 354 al Beni, 324 a Chuquisaca, 63 a Oruro y 98 casos a Pando.

Según las estadísticas, en los 10 distritos las mujeres continúan ocupando el mayor porcentaje de Víctimas en delitos de orden físico, psicológico y sexual ascendiendo el mismo a un 84,30% para las mujeres y 15,70% para los varones. La Coordinadora Nacional de la Unidad de Atención a la Víctima Testigo, Trata y Tráfico de Seres Humanos Fabiola Tito Paniagua señaló que el Ministerio Público ha desarrollado innovadoras estrategias de atención a la Víctima que apuntan a la recuperación de la persona ante el daño sufrido.

Entre las estrategias y políticas institucionales que se desarrollan desde 2006, se crearon las Unidades de Atención a la Víctima – Testigo (UAVT), oficinas especializadas en la atención a la Víctima, constituyéndose en uno de los proyectos más aplaudidos en el ámbito de la Justicia a nivel internacional. Las mismas fueron implementadas en los nueve distritos del país, así como también en ciudades intermedias.

Las UAVT cumplen la finalidad de rescatar el alto valor humano y el cambio de mentalidad del operador de justicia respecto al tratamiento del principal sujeto del proceso penal como es la VÍCTIMA DEL DELITO; por ello se ha fortalecido la atención técnica jurídica y especializada a la Víctima con el propósito de apoyarla en su recuperación emocional y el resarcimiento del daño sufrido. El proyecto fue concebido a partir de una profunda reflexión respecto al Sistema Procesal Penal vigente en el país, cuestionado por la excesiva protección al autor del hecho delictivo con una serie de catálogos de derechos y garantías, mientras que la Víctima de violencia se encontraba desprotegida y relegada por la propia norma.

La Unidad atiende a Víctimas de delitos violentos, víctimas provenientes de grupos especialmente vulnerables, entendiéndose como tal a niños/niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores que sufren delitos sexuales como violaciones, estupro, abuso deshonesto, entre otros de gravedad.

Según la coordinadora Residente de la ONU, “en Bolivia siete de cada 10 mujeres sufren algún tipo de agresión física y verbal de parte de su pareja, y para combatir este flagelo que sucede en el mundo, la ONU a través del Secretario General Ban-Kimoon lanzó la campaña mundial denominada únete para poner fin la violencia hacia la mujer”, explicó Yasukawa.

En un mensaje con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Ban Ki-moon advirtió sobre las múltiples formas de violencia contra las mujeres, entre ellas la violación, la agresión doméstica, el acoso en el trabajo, los abusos en la escuela, la mutilación genital femenina y la violencia sexual en los conflictos armados.

La directora ejecutiva de la agencia ONU-Mujeres Michelle Bachelet subrayó que seis de cada 10 mujeres sufrieron agresiones físicas o sexuales durante su vida y más de 600 millones de ellas viven en países que no consideran la violencia doméstica como un delito. También denunció que más de 60 millones de niñas son obligadas a contraer matrimonio, 140 millones de infantas y mujeres sufren mutilación femenina y 600 mil son traficadas cada año, la gran mayoría con fines de explotación sexual.

Bachelet denunció “el silencio cómplice frente a la violación a los derechos humanos de las mujeres” y afirmó que la violencia de género es una amenaza contra la democracia, la paz y la estabilidad. Esos actos, precisó Ban-Kimoon, en su mayor parte son cometidos por hombres, y el mero hecho de amenazar con recurrir a la violencia es uno de los mayores obstáculos a la plena igualdad de la mujer.

El derecho de las mujeres y las niñas a vivir sin sufrir violencia es inalienable y fundamental y está consagrado en la legislación internacional humanitaria y las normas de derechos humanos, precisa el mensaje del secretario de la ONU y también aboga por lograr la llamada tolerancia cero, para lo cual hay implicar a toda la sociedad, especialmente a los jóvenes.

El 25 de noviembre fue declarado Día Internacional Contra la Violencia Hacia la Mujer en el primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado en Bogotá en julio de 1981, en conmemoración del asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Las tres activistas fueron asesinadas en la República Dominicana el 25 de noviembre de 1960 por la Policía secreta del dictador Rafael Trujillo.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue instaurado por la Asamblea General en 1999. Antes, la Asamblea aprobó una Declaración sobre el mismo asunto en 1993. Yasukawa precisó que la campaña mundial de este año se enfoca en tres temas: combatir la impunidad de los actos de violencia contra la mujer y niñas, prevenir la violencia, y sensibilización, para que la sociedad asuma esa responsabilidad. La campaña busca sensibilizar a la sociedad sobre el flagelo de la violencia hacia las mujeres y las niñas en Bolivia y el mundo.

En Bolivia la campaña “ni una más, violencia nunca más” es liderada en forma conjunta por el Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, el sistema de Naciones Unidas y por 40 instituciones y organizaciones sociales. Este viernes, la Alcaldía de La Paz, en coordinación con el Cidem, Sartasim Warmi y el grupo Católicas por el Derecho a Decidir, organizó una movilización de mujeres, quienes vestidas de negro exigieron el cese de la violencia y la aprobación de políticas públicas y normas para reducir los casos de violencia y sancionar a los responsables.

El Vicepresidente Álvaro García Linera demandó a las organizaciones de mujeres generar un amplio debate entre la sociedad civil sobre el anteproyecto de Ley Integral contra la violencia hacia la mujer, que fue remitido esta jornada a la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Plataforma de Asambleístas de Mujeres del Movimiento Al Socialismo (MAS), en coordinación con otras instituciones, elaboró el anteproyecto de Ley Integral para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, además de la propuesta de Tipificación del Feminicido en el Código Penal.

“Les pedimos un profundo debate social, hay cosas muy audaces, pero hay cosas polémicas y no hay que tenerle miedo a la polémica”, dijo García, tras asegurar que se perdería mucho si se somete el documento a la mayoría del MAS en la Asamblea Legislativa y se logra su rápida aprobación. “No se trata de eso, (la Ley) debe venir acompañada de un debate colectivo y así tendrá el efecto deseado por ustedes”. Admitió que hubo casos en los que se aprobaron normas de modo acelerado, pero “sin el conocimiento de nadie”, por tanto “sin asidero social”.

Consideró que la propuesta, luego de la Constitución Política del Estado (CPE), es el documento más “audaz” que se conoce. Sin embargo, el segundo mandatario manifestó su oposición a la creación de un Ministerio de la Mujer, como se plantea en la propuesta, por lo que, indicó, debe darse un gran debate.

Por otro lado, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el 24 de noviembre el proyecto de Ley que otorga licencia, una vez al año, a las mujeres trabajadoras para que acudan a los centros médicos donde se realizarán exámenes de Papanicolaou y mamografía.

“Este proyecto de Ley es a favor de la defensa de la vida porque el cáncer de mama y el cáncer de útero no tienen por qué ser signo de muerte. La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer que Bolivia está entre los cinco países con mayor incidencia de cáncer de útero en el mundo y es el segundo país en Latinoamérica tan sólo por encima de Haití”, justificó la diputada proyectista Elizabeth Reyes.

La legisladora consideró como necesario tomar en cuenta la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud, que propone trabajar en tres aspectos: la educación o prevención; el diagnóstico oportuno para un tratamiento inmediato; y la vacunación masiva de las generaciones más jóvenes.

Según datos del Ministerio de Salud, en Bolivia cinco mujeres mueren cada día por cáncer de útero y dos mujeres por cáncer de mama, porque la mayoría desconoce la necesidad de realizarse las pruebas de detección temprana y por la falta de acceso a un centro de salud para su tratamiento.

“Por estas razones el proyecto de ley propone la tolerancia de un día hábil al año para todas las mujeres o funcionarias trabajadoras mayores de 18 años, dependientes del sector público o privado, con funciones laborales permanentes o temporales para que puedan someterse a un examen médico de Papanicolaou y Mamografía”, explicó. El proyecto de ley será remitido a la Cámara de Senadores para su respectivo debate y su posterior promulgación por el Órgano Ejecutivo.