Ya son más de cuatro sesiones que el presidente de la Cámara de Senadores René Martínez no da curso regular al Proyecto de Ley Especial, para resolver el problema de Límites entre Coroma (Potosí) y Quillacas (Oruro) presentado el 1ro. de noviembre de 2011. ¿Cuáles son las razones que explican esa conducta?

El 23 de noviembre, en horas de la mañana, el senador René Martínez expresó que el Proyecto de Ley no seguiría su curso regular, debido a dos razones: a que dicho proyecto no fue consensuado con Oruro y a que el mismo habría sido estructurado con Comité Cívico de Potosí, que pertenece a la línea política de “oposición” al gobierno del MAS. Es evidente que ambas respuestas expresan una posición política y no jurídica, legislativa o formal acerca del conflicto de límites entre Oruro y Potosí, que en el fondo es también la verdadera posición del nivel ejecutivo, una posición que por cierto favorece al pueblo natal de Don Evo Morales Ayma.

¿Quién podría creer lo contrario?¿Cuáles son las leyes, normas y reglamentos del Estado Plurinacional que rompe la conducta del Presidente de la Cámara de Senadores? Primero, está claro que donde existen normativas establecidas para resolver un problema, las posiciones políticas están demás, porque no gozan de la legalidad que si tienen las posiciones jurídicas o formales. Respondiendo a la pregunta planteada, la Constitución Política del Estado (CPE) en su artículo 160, establece que: “Son atribuciones de la Cámara de Senadores, además de las que determina esta Constitución y la ley: 1. Elaborar y aprobar su Reglamento.” Y el Reglamento de la Cámara de Senadores, en su Artículo 21, inciso f) establece que las Senadoras y los Senadores en ejercicio tienen el deber de: “Presentar, promover o propiciar Proyectos de Ley de interés nacional, regional o sectorial, y canalizar leyes recogiendo las iniciativas ciudadanas que sean puestas en su conocimiento para el respectivo tratamiento legislativo en las instancias correspondientes, conforme a procedimientos específicos”.

De la relación de ambas disposiciones concluimos que el Presidente de la Cámara de Senadores está rompiendo tanto lo establecido por la CPE como por el Reglamento de la Cámara de Senadores. Todo, por asumir una posición política respecto al problema Coroma/Quillacas.

La Constitución no dispone que la Cámara de Senadores elabore y apruebe su reglamento sólo para romperlo cada vez que sea necesario asumir imposturas políticas frente a problemas que se pueden resolver en el marco de las leyes, pero todo parece indicar que senadores como René Martínez (y otros asambleístas de su rancio y estrecho círculo de elegidos) sí tienen ese tipo de atribuciones.El artículo 162, en su parágrafo I dice “Tienen la facultad de iniciativa legislativa, para su tratamiento obligatorio en la Asamblea Legislativa Plurinacional: 1. Las ciudadanas y los ciudadanos. 2. Las asambleístas y los asambleístas en cada una de sus Cámaras. 3. El Órgano Ejecutivo. 5. Los gobiernos autónomos de las entidades territoriales.”

El Proyecto de Ley Especial de Potosí, obstaculizado ilegalmente por el honorable senador René Martínez, es de iniciativa ciudadana, estructurado con la participación del Ministerio de Autonomías y la Gobernación Autónoma de Potosí y presentado por intermedio de la Senadora Carmen García a la presidencia del senado para su tratamiento obligatorio, como indica claramente el artículo 162 de la CPE. Sin embargo, está claro que para el honorable Martínez Callahuanca “tratamiento obligatorio” es sinónimo de “postergación política” de proyectos de ley u “obstaculización de proyectos de ley” por ser de la oposición.

Pareciera ser que para el honorable Martínez se trata de legislar ya no en base a consignas sino en base a prebendas políticas y en el marco del barato maniqueísmo de que “todo lo que viene de la oposición es necesariamente malo” o “todo aquel que critica o cuestiona los errores del gobierno” es de la derecha. Este tipo de conductas no se diferencia en nada de la conducta de los politiqueros del MNR, ADN o MIR, de aquel Estado Republicano que oprimía al pueblo boliviano, pisoteando, enrevesando y adulterando las leyes.

Quizás no valga la pena hablarle a ciertos asambleístas de que se está rompiendo está o aquella norma, ley o reglamento con las imposturas que se está asumiendo. Cuando políticamente ya se tiene la piel de anta, ni la verdad más grande ni el insulto más eficaz producen ya reacción alguna. No obstante, valga referirnos a la ruptura de otro artículo constitucional: el Artículo 163, que a la letra establece: “El procedimiento legislativo se desarrollará de la siguiente manera: 1. El proyecto de ley presentado por asambleístas de una de las Cámaras, iniciará el procedimiento legislativo en esa Cámara, que la remitirá a la comisión o comisiones que correspondan para su tratamiento y aprobación inicial. 3.

Las iniciativas legislativas en materia de descentralización, autonomías y ordenamiento territorial serán de conocimiento de la Cámara de Senadores.” El Proyecto de Ley Especial de Potosí, no fue agendado para su remisión a ninguna comisión y el tema específico del mismo tiene que ver con ordenamiento territorial. Cualquier abogado, por muy mediocre que sea, diría que el Presidente del Senado está evidentemente rompiendo una norma más. Naturalmente, están también aquellos otros personajes de la Asamblea Legislativa y del nivel ejecutivo del Gobierno, que preferirán siempre borrar con los pies rosados o anaranjados lo que ellos mismos escribieron con las manos pintadas de azul.

¿Por qué en el horizonte del “proceso de cambio” y del “Estado Plurinacional” es todavía posible que senadores como René Martínez obren en la Asamblea como si todos fueran ciegos o analfabetos, y él -sólo él- el honorable convocado a ver todo con un ojo abierto y el otro cerrado, pero sólo cuando le conviene?