Al menos 2.175 Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) operan en Bolivia, de las cuales alrededor de 144 son extranjeras, informaron el vicecanciller Juan Carlos Alurralde y la ministra de Planificación Viviana Caro a una Comisión Especial del Legislativo que investiga a esas agencias de cooperación, algunas de ellas acusadas de “conspiración”.

Desde septiembre de este año, una comisión legislativa integrada solo por parlamentarios del MAS investiga a todas las ONGs que operan en Bolivia, luego de que el Presidente Evo Morales denunció que algunas “conspiran” contra su gobierno.

La comisión investiga a las ONGs que supuestamente incitaron y financiaron la VIII Marcha Indígena en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que “saboteó” la construcción del segundo tramo de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

Los Poderes Ejecutivo y Legislativo persiguen sobre todo al Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), al Centro de Estudios Jurídicos (Cejis) y a la Agencia de Cooperación de Estados Unidos (Usaid). El Vicepresidente Álvaro García llegó a decir que estas ONGs tendrían la intención de formar un partido político con líderes indígenas.

Integran la comisión investigadora los senadores oficialistas Eugenio Rojas Apaza, Rhina Aguirre Amézaga y Roxana Camargo Fernández y los diputados masistas Betty Tejada, Juan Carlos Cejas y Marcelo Elío. Los legisladores de la oposición se negaron a participar en esta instancia creada expresamente para “perseguir” a todas las organizaciones opositoras.

“Esta comisión ha sido forzada y no hubo oportunidad ni para debatir sobre su conformación”, denunció el diputado de Convergencia Nacional (CN) Adrián Oliva. “Convergencia no participará porque no queremos ser miembros de una comisión inquisidora que solamente tratará de eliminar a todos los supuestos enemigos que discrepan con este gobierno”, explicó el jefe de Bancada de CN en la Cámara Baja Osney Martínez.

¿Investigación o persecución?

El vicecanciller Alurralde informó este jueves que al menos 2.175 ONGs operan en el país, de las cuales 144 provienen de Estados Unidos, Canadá, Europa y otros países.

Las instituciones afiliadas a la Coordinadora de ONGs Internacionales (CONGI) son la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales, Asociación Alemana de Educación de Adultos, Aldeas Infantiles SOS Bolivia, Ayuda Obrera Suiza, Canadian Feed The Children, CARE Internacional Bolivia, Catholic Relief Services, Centro de Estudios y Cooperación Internacional, Child Fund Bolivia, Comité Central Menonita, Diakonia – Acción Ecuménica Sueca, Conservación Internacional Bolivia, Educación sin Fronteras, Face the Challenge, Fundación Ayuda en Acción, Fundación contra el Hambre Bolivia, Fundación Suiza para el Desarrollo y la Cooperación Internacional, HelpAge International, Ibis Dinamarca, Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo, Louvain Développement, Medicus Mundi Delegación Bolivia, Oxfam, Plan Internacional Inc. Bolivia, Project Concern International, Samaritan‘s Purse, Save the Children, Servicio Danés Internacional de Asentamientos Humanos (DIB), Solidaridad Internacional – Fundación Española para la Cooperación, Solidaridad Suecia – América Latina, Terre des Hommes Holanda, Veterinarios sin Fronteras (VETERMON), Visión Mundial Bolivia y Water for People.

En la lista de Agencias de Cooperación figuran la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID, ACDI/VOCA), Agencia de Cooperación Sueca, Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la alemana GTZ y Swiss Contact, entre otras.

Algunas de las Redes que operan el país son la Asociación de Instituciones Financieras para el Desarrollo Rural (FINRURAL), Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA), Programa de Coordinación en Salud Integral (PROCOSI), Red de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (REDESMA), Red TIC Bolivia, Red Viva Bolivia y la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS).

UNITAS agrupa a la Fundación Acción Cultural Loyola (ACLO), Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA), Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Centro de Promoción Minera (CEPROMIN), Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija (CER-DET), Centro de Servicios Agropecuarios (CESA), Centro de Investigación y Apoyo Campesino (CIAC), Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI-Bolivia), Fundación Social Uramanta, Instituto de Investigación y Acción para el Desarrollo Integral (IIADI), Instituto de Investigación y Capacitación Campesina (IICCA), Instituto de Investigación Cultural para Educación Popular (INDICEP), Instituto Politécnico Tomás Katari (IPTK), Investigación Social y Asesoramiento Legal Potosí (ISALP), Apoyo al Desarrollo Sostenible Interandino KURMI, Mujeres en Acción, Oficina de Asistencia Social de la Iglesia (OASI), Centro de Comunicación y Educación Popular PIO XII, Promoción de la Mujer Tarija (PROMUTAR), Servicios Múltiples de Tecnologías Apropiadas (SEMTA), Taller de Educación Alternativa y Producción (TEAPRO), Centro de Promoción y Cooperación YUNTA y Programa NINA.

Según el diputado masista Marcelo Elio, “las ONGs invierten recursos en el país, pero el Estado no conoce en qué y de dónde reciben el dinero; por eso es importante que vayamos conociendo este misterio”. Elio pidió información a la Autoridad de Fiscalización del Sistema Financiero (ASFI) encargada de regular el funcionamiento de las entidades de intermediación financiera.

El director regional del Cejis La Paz Iván Bascopé sugirió que se convoque a algunos funcionarios del Estado que en el pasado fueron activistas de ONGs para que expliquen cómo se maneja el dinero en esas instituciones.

Es importante que en la investigación del Cejis, por ejemplo, participen ex funcionarios de la institución “que saben muy bien cómo ha sido el manejo muchos años atrás; el propio Dr. Carlos Romero, hoy Ministro de la Presidencia, nos va a poder dar luces sobre cómo se manejaban los recursos en esa época y cómo se manejan ahora”, planteó Bascopé.

El vicecanciller Alurralde también podría ayudar mucho a la comisión, en su condición de ex director de Agua Sustentable, considerada una de las ONG más importantes del país.

En el Fobomade “todo está bajo control, todo manejo financiero está contabilizado y no hay nada que ocultar”, aseveró el presidente de la organización no gubernamental Ramiro Otero. Respecto a su presunta “actividad política irregular” en el caso del TIPNIS, Otero afirmó que “hemos apoyado a la marcha de los originarios abierta y francamente, con la misma voluntad con la que exigimos la inclusión de los derechos de los pueblos originarios y la defensa del medioambiente en la nueva Constitución”.

Se supone que el resultado de la investigación legislativa servirá para elaborar una nueva norma que regule la actividad de las ONGs en el país. Hasta ahora, la permanencia de estas instituciones se renueva cada tres años. En el futuro, para regularizar sus operaciones, las ONGs deberán presentar una propuesta de trabajo enmarcada en el Plan de Desarrollo Nacional, regional y departamental.

Las ONGs que no cumplan los requisitos perderán su licencia de operación y las que obtengan el registro tendrán la “obligación” de remitir un informe anual de sus actividades a los Ministerios de Transparencia y Planificación.

Con información de ABI.