La Paz y Trinidad (ABI).- El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, reveló el miércoles que hubo tortura en la violenta intervención policial del pasado 25 de septiembre a la marcha de los indígenas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que se oponía a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, y dijo que en las conclusiones no se recomienda acciones legales contra el Presidente Evo Morales.

En una conferencia de prensa, Villena presentó el informe de la investigación que realizó la Defensoría del Pueblo, en la población de Yucumo, donde se perpetró la intervención policial. El documento contiene datos de la investigación y 10 recomendaciones sobre lo sucedido.

Explicó que el informe de la Defensoría recomienda a la Fiscalía General y a otras instituciones gubernamentales adoptar las medidas necesarias para realizar una investigación transparente, objetiva, ágil y oportuna tendente a esclarecer los hechos.

“Recomendar al Fiscal General del Estado que instruya proseguir las acciones penales por la violenta intervención policial acaecida el 25 y 26 de septiembre de 2011, en especial contra los ciudadanos Sacha Sergio Llorenti Soliz, Marcos Jaime Farfán Farjat, Boris Villegas Rocabado, Ramiro Delgado, Karolina Vertiz Arancibia, Edwin Contreras, Diego Pérez, Jorge Arzabe, Adalit Rivero, Ernesto Castro”, señala el documento.

Agrega que también deben ser investigados los funcionarios policiales Jorge Santiesteban Claure, Oscar Muñoz Colodro, Edwin Foronda Franco, Modesto Palacios Cruz, Oscar Chávez Ruedas, Alberto Aracena, Henry Terrazas Verduguez y otros.

Villena señaló que esa investigación debe identificar a los autores directos, mediatos, indirectos y/o coautores, así como cómplices, encubridores e instigadores de la violación de los derechos humanos perpetrados a los integrantes de la marcha indígena.

No obstante, dijo que un informe del ex viceministro Marcos Farfán sostiene que el ex Ministro de Gobierno Sacha Llorenti instruyó trasladarse inmediatamente a la localidad de Yucumo, en un avión de la Fuerza Aérea, con el fin de coordinar con el mando policial la evacuación de los marchistas al amanecer del domingo 25.

Mostró documentos que establecen quienes participaron en la planificación del operativo, entre ellos, funcionarios que dijo están identificados en el informe.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo pidió al Ministerio de Salud y Deportes, elaborar una lista oficial de las víctimas a efectos de prestarles atención en salud, a aquellos que hayan sufrido lesiones físicas o daños psicológicos, hasta su total restablecimiento, incluyendo la asistencia especializada y la dotación de medicamentos, bajo el principio de gratuidad.

El informe pide a los ministerios de la Presidencia y de Justicia gestionar el resarcimiento económico y moral a las víctimas de la intervención policial.

“Recomendamos al Ministro de Gobierno realizar las acciones administrativas respectivas para que inicie los procesos correspondientes a los funcionarios involucrados en el caso y a la Policía para que evalúe y adecúe sus planes de operaciones de acuerdo a los principios y normas internacionales de Derechos Humanos en todos los casos”, señaló.

Villena agregó que, tras dos meses de investigación, la defensoría del Pueblo, remitió el informe a todas las instituciones gubernamentales y policiales involucradas en el caso para luego de su revisión vean si toman en cuenta las recomendaciones realizadas para el esclarecimiento de los hechos registrados en la localidad de Yucumo.

Señaló que el informe corrobora, mediante testimonios, la existencia de elementos de convicción para afirmar que hubo un uso de “fuerza indiscriminada y violación a los Derechos Humanos” de los indígenas de tierras bajas.

El fiscal José Ángel Ponce aseguró el miércoles que no se descarta convocar al ex ministro de Gobierno Sacha Llorenty y autoridades policiales para que presten declaración sobre los hechos ocurridos en la localidad de Yucumo, el 25 de septiembre.

“No (no se descarta) por ningún motivo, todos los que han tenido participación y conocimiento de los hechos, van a prestar su declaración, de eso que no quepa la menor duda”, dijo. En ese marco, Ponce anunció que se reunirá con los investigadores del caso, para evaluar el cronograma de citaciones y comenzar a tomar las declaraciones correspondientes.

El 24 de septiembre durante la marcha de los indígenas de tierras bajas en demanda de la suspensión de la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, el canciller David Choquehuanca fue retenido por los marchistas para romper el cerco policial. Un día después como resultado de la acción de los marchistas, presuntamente se ordenó la represión policial de los indígenas.

Ambas acciones se investigan en tres procesos independientes, pero vinculados a los mismos hechos, dos de ellos en La Paz y uno en la ciudad de Sucre.

El canciller Choquehuanca declaró el lunes ante la Fiscalía que fue “obligado a caminar” por los marchistas para romper el cerco policial, en la localidad de Yucumo. La fiscal Patricia Santos, quien investiga el caso de la supuesta represión a los indígenas de tierras bajas, dijo que el Canciller aportó varios datos.

“No habla de secuestro, sin embargo él dice que lo han obligado a marchar”, subrayó. Asimismo, anunció que serán citadas varias personas que fueron mencionadas en las declaraciones del Jefe de la Diplomacia boliviana. Entre ellas, ex autoridades, como el ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti.

Por otro lado, el fiscal del distrito del Beni Hugo Vargas declinó su competencia para investigar la agresión que sufrieron los marchistas indígenas del TIPNIS el pasado 25 de septiembre. “El artículo 49 del Código de Procedimiento Penal establece la competencia territorial sobre el lugar de la residencia del imputado y el lugar donde sea habido”, justificó.

Vargas explicó que los investigados en ese caso son Oscar Chávez, Gino Catacora, Oscar Muñoz, Tito Palacios, José Luís Araníbar, Edwin Foronda, Rubén Zegada, Enrique Nogales, Henry Manuel Terrazas, Jaime Farfán, Sacha Sergio Llorenti Soliz, todos ellos con domicilio en la ciudad de La Paz. En este sentido, dijo que presentó el memorial de declinatoria de competencia ante un Juez de San Borja, para que éste remita a su homólogo de La Paz el expediente de ese caso.

“El Ministerio Público del Beni está declinando competencia, además esto fue una reunión de coordinación con la fiscal de materia de La Paz, Betty Yañiquez, para tomar esta determinación”, indicó. Vargas argumentó que el Ministerio Público de La Paz por el principio de unidad y jerarquía continuará con la investigación que se inició de manera preliminar en el Beni.