Denuncia y condena ante la opinión pública a las transnacionales Minera La Alumbrera YMAD UTE, Minera Agua Rica, Barrick Gold Corporation, Grupo Monsanto, Repsol, Ledesma SA., Río Tinto – Vale S.A. y PRC S.A. (Potasio Río Colorado SA), Proyecto Navidad (Pan American Silver), Pan American Energy, Grupo Cargill, Alto Paraná; al Estado Nacional y a los gobiernos que hicieron posible la implementación del perverso sistema neocolonial de saqueo, destrucción y contaminación de los territorios de nuestros pueblos, por violación sistemática de toda ética, de los Derechos Humanos inalienables y de los Derechos de la Naturaleza, violación a la soberanía territorial de los pueblos, violación de la Constitución Nacional, leyes y tratados internacionales.

Este Tribunal Ético Popular ha analizado las denuncias y los testimonios presentados, ha considerado las sentencias regionales, ha recogido los aportes del proceso de investigación–acción realizado en los años previos desde el proyecto de Resistencias Populares a la Recolonización del Continente y, valorando los saberes populares así como los aportes académicos, dicta la sentencia que a continuación reproducimos.

Consideraciones generales

El Juicio Ético Popular a las Transnacionales es un proceso político pedagógico de comunidades en lucha promovido por el proyecto “Resistencias Populares a la Recolonización del Continente” que comprende, junto al Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos (CIFMSL) y al Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, diversos colectivos y organizaciones populares, organismos de derechos humanos e intelectuales de Nuestra América.

El Juicio Ético Popular enjuicia a las corporaciones transnacionales, por ser operadoras centrales del extractivismo, del despojo de los bienes de la naturaleza y de los derechos de las poblaciones, y al sistema capitalista patriarcal, neocolonial, del que son eslabones claves.

El proceso de investigación-acción en el que se constituyeron los fundamentos de este Juicio Ético Popular, se articuló en las audiencias previas de:

– Trelew – 16 y 17 de septiembre del 2011 – Audiencia del Juicio Ético en Patagonia

– San Miguel de Tucumán – 23 al 25 de septiembre del 2011 – Audiencia del Juicio Ético en el Noroeste Argentino (NOA).

– Wanda – 30 de septiembre y 1 de octubre del 2011 – Audiencia del Juicio Ético en la Triple Frontera

En estas audiencias fueron juzgadas: Minera La Alumbrera YMAD UTE, Minera Agua Rica, Barrick Gold Corporation, Grupo Monsanto, Repsol, Ledesma SA., Río Tinto – Vale S.A. y PRC S.A. (Potasio Río Colorado SA), Proyecto Navidad (Pan American Silver), Pan American Energy, Grupo Cargill, Alto Paraná.

Ledesma S.A.A.I., corporación de capitales de origen argentinos, fue incluida en este Juicio por sus vínculos y sociedades con las corporaciones transnacionales, porque reproduce sus métodos productivos y estilo empresarial, y porque es un caso emblemático -como grupo de poder económico civil-, en su complicidad con la desaparición, tortura y asesinatos de luchadores sociales cometidos por la dictadura cívico militar de 1976-1983, así como con la represión y criminalización de los movimientos populares en la actualidad.

En la última audiencia, la fiscalía pidió que se agregue la condena a corporaciones transnacionales productoras de agrotóxicos, sumando a Monsanto, a las empresas Novartis, Syngenta, Bayer, y a las empresas farmacéuticas como Big Pharma, por la realización de investigaciones clínicas de sus nuevos productos con la sangre, el dolor y la vida de más de 50.000 argentinos y argentinas.

Por qué un Juicio Ético Popular

En el sistema jurídico actual, las leyes y códigos están puestos al servicio de la defensa de la propiedad privada, de la ganancia capitalista, del orden patriarcal y racista, antes que del cuidado de las personas, de las poblaciones, de las generaciones futuras y de los territorios que sufren las consecuencias de dicho orden.

Esa “justicia” criminaliza sistemáticamente a los y las pobres, a quienes protestan ante las injusticias, a quienes se organizan y se rebelan. Cuestionarla desde la ética es señalar los límites de su accionar y los intereses a los que sirve.

Es desde esa perspectiva, basada no en los marcos actuales de legalidad sino en el concepto profundo de legitimidad, de reivindicación histórica de los derechos del pueblo y de la naturaleza, que se ha constituido este Tribunal Ético Popular.

El Juicio Ético Popular tiene un sentido preciso y profundamente humano: la salvaguarda de la vida y su reproducción actual y futura en todas sus dimensiones e implicancias.

El criterio de discernimiento de lo más ético o lo menos ético radica en la vida: antiético es lo que aniquila o tiende en el mediano y largo plazo a aniquilar la vida. Partimos de una interpretación de la vida deudora de la relación que los pueblos originarios mantienen con la naturaleza, la idea de “buen vivir”.

El peligro mayor para la supervivencia humana está hoy en la globalización fundamentalista de los mercados preparada por las sangrientas dictaduras militares, que continuó en democracia con los mismos argumentos de “favorecer el desarrollo y el progreso”.

A más de 500 años de colonización y recolonización del continente, este Tribunal sostiene que no es lo mismo vivir “de” la naturaleza que vivir “con” y “en” la Naturaleza. Sin embargo, en defensa de los cometidos insaciables de las empresas transnacionales, y en un marco de profundización de la lógica capitalista y de expansión de las fronteras de explotación, se destruye el medio ambiente y se tiende a acabar a pueblos enteros, a comunidades indígenas y criollas campesinas que hoy parecen ser consideradas “poblaciones sobrantes” de la sociedad.

Si la enajenación de la Justicia forma parte de la expropiación estructural del orden neocolonial capitalista, un Juicio Ético Popular contra sus principales operadores -en el contexto de los Bicentenarios independentistas de Nuestra América-, tiene por finalidad apoyar las luchas contra-coloniales, y abrir nuevas brechas de emancipación.

Este Juicio afirma su carácter popular por los intereses que defiende, por las luchas de las que nace, y porque está hecho por y para los movimientos que reivindican la capacidad del pueblo y de sus organizaciones para ejercitar sus propias maneras de valorar lo justo y lo injusto.

Afirmado como propuesta de justicia de los oprimidos y oprimidas, este Tribunal Ético Popular hará llegar los informes sobre los casos juzgados y las sentencias a las comunidades en lucha, para compartir los aprendizajes, los conocimientos creados colectivamente, y utilizarlos en respaldo a las demandas. Los hará llegar también a los poderes políticos y judiciales, a los medios de comunicación y a la sociedad, para fortalecer las resistencias de los movimientos populares que sufren de modo especial las consecuencias de estas políticas.

Algunas consideraciones sobre el modo de acumulación capitalista actual

En Nuestra América, el actual modelo de desarrollo responde a una nueva fase de acumulación del capital, producto de la división del trabajo territorial y global, a partir del cual nuestros países han sido designados como proveedores de materias primas y bienes de consumo a los países del Norte y a las potencias emergentes (China, India, y el propio Brasil). Como en otras épocas históricas, América Latina aparece como continente exportador de bienes de la naturaleza, lo cual reconfigura negativamente nuestros territorios, destruye formas de vida, y genera nuevos modelos de dominación a una escala nunca antes pensada.

A medida que se fueron ampliando la cantidad de proyectos extractivos y las superficies territoriales intervenidas, los conflictos provocados por los mismos no han cesado de crecer. Cada proyecto desencadena un conflicto que no termina, ni aún cuando sea momentáneamente paralizado, o cuando se hubiere agotado el ciclo de vida de la explotación. La conflictividad tiene, como los pasivos ambientales, una sobrevida que excede largamente la del período de explotación.

Algunas de las características de este modo de acumulación capitalista, basado en un modelo de desposesión, extractivista, reprimarizador son:

– La importante concentración del capital -tanto en el plano de la producción y comercialización de las materias primas, como en el de la comercialización y distribución de sus productos- a través de un proceso de fusión y absorción en unas pocas grandes empresas.

– Los gobiernos abren las puertas de los países a las inversiones del gran capital extranjero, y hasta las subsidian con el presupuesto nacional, colocando el aparato del Estado al servicio de éstas. Las facilidades que viabilizan el saqueo, se han convertido en “políticas de Estado”. La normativa jurídica y la política fiscal (fundamentalmente la exención de impuestos), son fuentes que favorecieron su expansión y consolidación.

– La Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA) provee gran parte de la infraestructura necesaria para interconectar las periferias con los puertos exportadores, proveyendo los caminos más cortos para el traslado de los bienes comunes naturales. Con ese fin se destruye la cordillera, se hacen navegables los ríos para el traslado de grandes cargamentos, provocando daños irreversibles en el ecosistema y en su biodiversidad irrepetible, en función de favorecer el comercio y obtener grandes ganancias. Se construyen faraónicas usinas de energía para uso extractivista de las corporaciones, que endeudan aún más a los países del Sur e impactan de manera degradante en el medio y en las poblaciones, generando gigantescas diásporas sociales. Son las nuevas venas abiertas que delinean “las vías del saqueo”.

– La alta concentración de las tierras. A través de grandes inversiones agrícolas, forestales, mineras, el capital se apropia de grandes extensiones de tierra y fuentes de agua, muchas veces a costa de la expulsión de poblaciones del interior, pueblos originarios y comunidades campesinas. Como ejemplo denuncia la fiscalía popular de Alto Paraná que: “La compañía que concentra la mayor cantidad de tierras es Alto Paraná, propietaria de 230 mil hectáreas de tierras en Misiones. A esa cantidad deben sumarse los territorios explotados por medio de testaferros, arrendamientos de tierra y otros tipos de manejo de la tierra, con lo que la firma trasandina supera las 280 mil hectáreas, lo que equivale al 10 por ciento de la superficie total de la provincia de Misiones”.

– La consolidación del agronegocio implica la presencia de una cadena de corporaciones transnacionales, cuyos roles abarcan desde la provisión de semillas hasta la venta de productos en los hipermercados, incluyendo la construcción de la infraestructura necesaria que permite el traslado de las materias primas hacia los países importadores. La amplia variedad de inversiones que realizan las empresas se puede ejemplificar con la transnacional Cargill, que se dedica al procesamiento y comercialización de oleaginosas y de cebada, y que a su vez ha construido frigoríficos y molinos harineros, además de puertos, caminos, hidrovías (parte de la Iniciativa IIRSA) así como una extensa red de acopios. Informa la fiscalía popular de Monsanto que: “A este creciente control sobre un proceso determinado en la cadena del agronegocio, se agrega el hecho de que las mayores transnacionales participan a la vez en varias de estas etapas, logrando ampliar su control sobre el sistema global y, por ende, acaparando un mayor volumen de negocios, obteniendo más ventas e incrementando exponencialmente sus ganancias”.

– El control de las semillas y de los plaguicidas asociados a ellas ha impuesto un paquete tecnológico que incluye la producción, la venta, el control y la imposición de semillas transgénicas por parte de unas pocas compañías transnacionales, entre las que merecen destacarse además de la estadounidense Monsanto que tiene un control del 23% del comercio de semillas a nivel mundial, las empresas Novertis, Syngenta y Bayer.

Monsanto patentó variedades de cultivos -soja y algodón transgénicos, maíz BT y colza modificada genéticamente- con el fin de controlar los mercados, generando un alarmante proceso de mercantilización de la vida y de destrucción de la biodiversidad, desconocido hasta hace unas décadas.

– El desarrollo de los monocultivos cuyo destino es fundamentalmente la exportación, no sólo somete a los pueblos a la dependencia del monopolio de semillas, sino que además atenta contra la soberanía alimentaria, al provocar que muchas tierras que se destinaban a la producción de alimentos, ahora se utilicen para cultivos de exportación. En un momento en el que en el mundo hay mil millones de seres humanos padeciendo hambre, se reduce la producción de alimentos, se destinan tierras al cultivo de agrocombustibles, se encarece el precio de los alimentos y crecen las ganancias extraordinarias de las corporaciones transnacionales.

– La deforestación del monte nativo. La abrupta expansión de las fronteras del capital verificada en las últimas décadas se ha realizado a costa de sacrificar el monte nativo. La expansión de la superficie sojera, minera y forestal ha implicado una gravosa pérdida de bosques nativos y la consecuente pérdida de biodiversidad y desplazamiento de poblaciones cuyas estrategias de vida están íntimamente ligadas al monte. Un caso particularmente engañoso es la promoción de programas de forestación que terminan implantando grandes extensiones de monocultivos forestales. En la mayoría de los casos la “forestación” implica deforestación previa de monte nativo. Informa la fiscalía de Alto Paraná: “En Misiones se talan más de 30 hectáreas de monte por día y desaparecen 12 mil hectáreas cada año”.

– La destrucción de la agricultura campesina y familiar. El modelo de agronegocios presenta un carácter excluyente, pues su avance vertiginoso, su expansión descontrolada, desborda cualquier frontera e impide que las comunidades campesinas e indígenas desarrollen sus formas tradicionales de cultivo.

– A través de un proceso de integración vertical de los distintos rubros de inversiones, se ha impuesto un modelo agroalimentario hegemónico, en el que la alimentación transformada en mercancía es un mecanismo de control de nuestras vidas por parte de las grandes corporaciones transnacionales, que dominan la producción, comercialización y distribución de alimentos a escala mundial, determinando qué, cómo, cuánto, dónde, para qué y para quién se va a producir.

– La articulación entre diferentes explotaciones extractivas permite consolidar el modelo económico imperante. Un ejemplo es el acuerdo Vale-Repsol para la provisión del gas necesario para explotar el Proyecto Potasio Río Colorado. A lo largo de este juicio se ha podido constatar que dicho emprendimiento tiene como objetivo abastecer a las producciones de soja, caña de azúcar y palma aceitera en Brasil, contribuyendo, de este modo, al desarrollo de los agronegocios y la tendencia al monocultivo, en especial de la producción de agrocombustibles. Así, este proyecto contribuye activamente al desmonte de la región amazónica y el Matto Grosso y, junto con ello, a la desertificación de uno de los pulmones del planeta.

– La expansión de la frontera de la explotación hidrocarburífera y minera configura un escenario que favorece a las operadoras privadas, acentúa las asimetrías ya existentes, aumentando su capacidad de negociación y chantaje frente a las poblaciones. Desde el año 1993 hasta la fecha asistimos, en Argentina, a la cristalización de un modelo altamente favorable al capital extranjero, gracias a la consolidación de un marco legal que transfirió nuevas prerrogativas a las provincias, política prácticamente inédita y a contramano de la tendencia a nivel mundial. De esta manera, se agigantó la capacidad de negociación de las operadoras privadas.

Profundizando las políticas extractivistas del sector, en los últimos años han comenzado las explotaciones no convencionales, entre las cuales se destaca el shale gas o gas de pizarra que se obtiene a partir de la explotación del esquisto, una roca sedimentaria formada a partir de depósitos de lodo, cieno, arcilla y materia orgánica. Este tipo de explotaciones han cobrado relevancia a partir de un contexto económico favorable, producto del aumento del precio de los hidrocarburos, la irreversible declinación de las reservas tradicionales, y los avances tecnológicos que hacen posible la utilización de técnicas más sofisticadas. Las explotaciones no convencionales implican un mayor despliegue territorial y la utilización de compuestos químicos que son fuente de contaminación.

– La expansión de la megaminería a cielo abierto es otra característica del actual modelo de acumulación. La existencia cada vez más limitada de minerales de superficie y de alta ley, ha generado la utilización de un método de extracción que permite obtener el mineral diseminado, mediante la llamada “minería a cielo abierto”, que implica la realización de enormes perforaciones (“open pif”) a través de voladuras con explosivos, grandes maquinarias para la extracción y trituración de las rocas, el transporte del mineral y la utilización de sustancias tóxicas que permiten separar (lixiviar) y obtener el mineral. Es un método altamente destructivo que utiliza ingentes volúmenes de agua y de energía, en detrimento de regiones que padecen sequías y éxodo poblacional. Se trata de minería a gran escala, de megaemprendimientos, una actividad que consume enormes cantidades de agua y energía, y por ende compite por tierra y recursos hídricos con otras actividades económicas (agricultura, ganadería, turismo). En cuanto al consumo de energía, por ejemplo, informa la fiscalía de Minera Alumbrera que ésta “utiliza casi el doble de la energía (175%) que el total de la energía consumida por todo concepto por la provincia en su conjunto. Las familias catamarqueñas utilizan sólo el 21 % de la energía consumida por Minera Alumbrera. Esta situación se viene traduciendo en cortes de energía sistemáticos, sumados a problemas de tensión y a restricciones en el consumo en las épocas de mayor demanda energética, generalmente en los días de temperaturas extremas en los inviernos, y en especial en los rigurosos veranos de la zona”. Dada la envergadura de los emprendimientos, éstos tienden a desestructurar y reorientar la vida de las poblaciones desplazando economías regionales pre-existentes. Por ende, es una actividad económica claramente asociada con el saqueo, la contaminación y la destrucción de los territorios, que viene expandiéndose en nuestro país y en otros muchos de nuestro continente.

El control de la palabra y de la comunicación

La dominación de los capitales transnacionales y la creación de hegemonía política del bloque de poder que sustenta al modelo se constituyen a través del control de la palabra, de los mecanismos de “construcción de verdad”, de la comunicación y difusión de mensajes que promueven el consumismo, la exaltación del mercado, la violencia, en medios de uniformar las maneras de ver el mundo. Es alarmante la difusión de imágenes degradantes de las mujeres, la reproducción de estereotipos sexistas, la proliferación de la pornografía a través de las nuevas tecnologías informáticas, que aumentan la capacidad de maniobra de las redes de trata y de prostitución.

Este Tribunal considera necesario llamar la atención sobre el papel de las corporaciones de la comunicación y de la informática, alertando que:

– A pesar de sus inmensas ganancias, el derecho a la comunicación no está garantizado para los sectores populares excluidos de la sociedad.

– Algunas de las grandes corporaciones de la comunicación y la informática actúan en el mundo como aliadas del poder global militarizado, de sus servicios de inteligencia y de información, e incluso están constituidas por empresas creadas desde estos centros. Gran parte de la tecnología que utilizan, por ejemplo el sistema de mapeo, de reconocimiento facial, el desarrollo de un software de prospección de redes sociales, fueron desarrolladas por empresas que recibieron financiamiento de la CIA. Muchas de las informaciones, comunicaciones e imágenes que estas corporaciones circulan, fueron puestas al servicio de los procesos de criminalización de los movimientos sociales y de control de las protestas.

– En el espacio virtual, todos los sistemas de redes sociales utilizan mecanismos para la detección de lo que llaman tendencias y sentimientos. Estamos asistiendo a un proceso de profundas transformaciones en nuestras relaciones de comunicación y en la cultura. Desde hace mucho tiempo el espacio público ha sido el espacio central de la construcción política. Ahora asistimos a una privatización del espacio público. El control en el espacio inmaterial, en el ciberespacio, está fundado en la posibilidad de detectar y anticipar lo que va a suceder, donde coinciden los intereses de control de los estados con los de las corporaciones.

– Las corporaciones de la comunicación tienen las actitudes características de toda empresa monopólica: crear estándares propios, garantizar obsolescencia programada, profundizando los marcos del actual modelo de consumo. Tienen mecanismos para garantizar que su clientela quede cautiva.

– La dirección en que va apuntada la demanda y el consumo sobre estos bienes inmateriales, se relaciona con la dilapidación de recursos materiales. Esto impacta en el mundo material y en la vida de la gente. El óxido de tantalio que está en cada celular cuesta vidas humanas. Las guerras de baja intensidad en el África Occidental se producen por conseguir este tipo de recursos. Las corporaciones de lo inmaterial tienen sus raíces puestas en el mundo material, y profundizan nuestra dependencia hacia modelos de consumo insostenibles.

Militarización, intervencionismo, golpes de estado

Las corporaciones transnacionales promueven la militarización de los territorios en los que están actuando, el intervencionismo y las invasiones armadas, la desestabilización de los gobiernos, los golpes de estado, los conflictos entre países, las acciones de inteligencia y contrainteligencia, las guerras de baja, media y alta intensidad, anulando la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

Ha sido evidente la posición de las corporaciones petroleras, farmacéuticas, hidroeléctricas, del agronegocio, compañías fruteras, mineras, de la telefonía celular, junto con los monocultivos de la palma africana, la conspiración de las maquilas, en el golpe de estado de Honduras. La dictadura cívico militar que emergió del mismo, recibió y continúa recibiendo el respaldo de los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el BID, y las instancias financieras de la Unión Europea.

El golpe de estado se propuso restaurar los privilegios de las corporaciones, sacando a Honduras del proceso de integración en el ALBA e incluyéndola en las iniciativas de integración subordinadas al poder norteamericano y europeo como los Tratados de Libre Comercio y el Plan Mérida. Desde entonces, sigue creciendo la militarización, el paramilitarismo, las agencias de seguridad, el narcotráfico, el sicariato, la intervención de militares colombianos y salvadoreños en operativos represivos, la presencia militar norteamericana a través del incremento de las bases militares y de la participación directa en operativos de represión. Todos los días se producen asesinatos, torturas y otras formas de agresión, especialmente contra las comunidades campesinas, indígenas, garífunas, negras. En los años posteriores al golpe de estado, han crecido brutalmente los femicidios, la violencia contra las mujeres, los y las jóvenes, el asesinato de integrantes de la comunidad lgttbi. Hay una especial agresión contra la libertad de expresión, que se manifiesta en los asesinatos de periodistas y los ataques a las radios comunitarias.

Estos hechos siguen en total impunidad y se agrava la represión que sufre el pueblo hondureño. Tienen responsabilidad, en esta situación, los gobiernos que han votado por el reingreso de Honduras a la OEA, a las instancias de integración centroamericana, dando una imagen de retorno a la “normalidad”, que no se condice con la grave situación que vive este pueblo.

En Colombia, el avance del militarismo, la instalación de nuevas bases y operativos militares y paramilitares se dan en paralelo al crecimiento de la inversión extranjera, de la implementación de un modelo económico a favor de las empresas transnacionales, que se han instalado a sangre y fuego en contra de los derechos de los pueblos a la soberanía y al territorio. Esto se materializa con la incursión de Colombia en las grandes corrientes comerciales mundiales a partir de los Tratados de Libre Comercio, como el firmado recientemente con EE.UU.

Algunos de los impactos generados por las corporaciones transnacionales en Colombia son: privatización de los servicios públicos, precarización del trabajo (se denunció que hay 30.000 trabajadores precarizados en la industria petrolera), concentración de la tierra (64,7% de la tierra está en manos del 0,4% de los terratenientes), destrucción del medio ambiente y la biodiversidad. Es alarmante la denuncia sobre las violaciones de los derechos humanos: 4 millones de desplazados (10% de la población), 50.000 desaparecidos en los últimos cinco años, 7.500 detenidos y detenidas políticas.

Este Tribunal Ético Popular ha analizado las denuncias y los testimonios presentados, ha considerado las sentencias regionales, ha recogido los aportes del proceso de investigación–acción realizado en los años previos desde el proyecto de Resistencias Populares a la Recolonización del Continente y, valorando los saberes populares así como los aportes académicos, dicta la sentencia que a continuación reproducimos.

Sentencia

1. Fundamentos

Este Tribunal Ético Popular ha escuchado las denuncias realizadas en las audiencias de la Patagonia, del NOA, de la Triple Frontera, a las que se han sumado, en la audiencia de Buenos Aires, los testimonios de movimientos sociales de Colombia, Honduras, Brasil, Paraguay, México, sobre los crímenes de las corporaciones transnacionales. Saqueo, destrucción, contaminación de los bienes comunes naturales, desplazamientos forzados de poblaciones, vaciamientos de territorios, golpes de estado, intervenciones militares, femicidios, mercantilización de todas las dimensiones de la vida, negación de culturas e identidades se encuentran en sus extensos prontuarios. La violencia ha sido y es central en los dispositivos coloniales y neocoloniales. Es el medio principal de producción de sentidos que naturaliza las relaciones sociales de explotación, opresión y dominación. En esta dinámica, los Estados actúan como disciplinadores de las poblaciones y los territorios y como legitimadores de los megaproyectos.

Este Tribunal Ético Popular ha constatado que los crímenes realizados por las transnacionales en América Latina, invisibilizados por el discurso del poder y por los grandes medios de comunicación, tienen los alcances de un auténtico ecocidio y genocidio, y pueden ser considerados –dadas las dimensiones de destrucción, afectación masiva de la salud y muerte que promueven- como delitos de lesa humanidad y de lesa naturaleza.

Asumiendo el paradigma de los derechos humanos y el de los derechos de la naturaleza, este Tribunal Ético Popular apuesta a ampliar su comprensión, que se ha visto reducida por una mirada de los derechos humanos que tiende a subestimar e invisibilizar los crímenes que no se relacionan directamente con la represión política e institucional, minimizando o directamente no considerando a aquellos que se relacionan con la criminalización de la pobreza, la falta de respeto y valoración a las culturas oprimidas en Nuestra América, la exclusión, las mujeres desaparecidas en democracia por las redes de prostitución y trata, la muerte o la mala vida de una infancia que no tiene lugar en las políticas de Estado.

El Tribunal Ético Popular considera necesario también problematizar esta falsa dicotomía entre “naturaleza” y “humanidad”, compartiendo los saberes de los pueblos originarios desde los cuales no hay una frontera entre ambas, ya que como humanidad somos naturaleza, y todas sus destrucciones lo son, en unidad, destrucciones de nuestras vidas.

Este Tribunal Ético Popular considera que no es posible enjuiciar a las transnacionales sin hacerlo, simultáneamente, al llamado “modelo de desarrollo” y al sistema capitalista, patriarcal y racista que lo ha generado, lo reproduce y lo extiende en torno a un sujeto central que es el hombre blanco, burgués, propietario, heterosexual, occidental y cristiano.

Este Tribunal Ético Popular ha comprobado que este modelo, cuyos actores principales son las corporaciones y los Estados, es responsable de violaciones a diferentes derechos, tanto individuales como colectivos incluyendo, dentro de estos últimos, a los derechos de los pueblos originarios, con la consecuente agudización del sufrimiento social.

Respecto de las violaciones de derechos sociales y económicos

La violación de derechos sociales y económicos se expresa en un conjunto significativo de situaciones, impactos y violencias, tanto sobre sujetos, como familias y comunidades, entre ellos:

* Éxodo, expulsión rural, por el desplazamiento de comunidades y surgimiento de “refugiados ambientales”.

* Migración forzada, que afecta con más fuerza a las mujeres rurales que buscan mejores condiciones de vida, quedando expuestas -dada su vulnerabilidad- a las redes de trata con fines de explotación laboral y/o sexual.

* Destrucción de las formas de vida. Con ello nos referimos a la destrucción de su riqueza cultural y sus prácticas sociales, aumentando los índices de drogadicción, alcoholismo, prostitución y violencia intrafamiliar.

* División de comunidades y compra de voluntades a través de la corrupción de funcionarios y de la distribución de planes sociales, en nombre de una muy dudosa responsabilidad social empresarial, destinada no sólo a acallar la protesta o a confundir sobre los objetivos de las transnacionales, sino a controlar la producción y la reproducción del conjunto de la vida social.

* Profundización de la precarización y flexibilización laboral, con el aumento del trabajo temporario, la tercerización del empleo, la violación de los derechos laborales, la baja calificación laboral e, incluso, el trabajo esclavo. En algunos casos, esta precarización es generada como consecuencia del desarraigo y abandono de las poblaciones de sus lugares de origen, en busca de empleo.

* Destrucción de las economías regionales existentes, debido a la imposición de un modelo económico construido de acuerdo con las necesidades de las corporaciones, y no de las poblaciones locales.

Respecto de las violaciones a los derechos a la salud y a un ambiente sano

La violación de estos derechos se evidencia en una multiplicidad de efectos dañosos que se han documentado en este Tribunal.

* Afectación irreversible de la salud de las poblaciones debido al uso de agrotóxicos: disminución de las defensas, aumento de la mortalidad infantil, esterilidad, intoxicaciones, enfermedades mentales, cánceres, malformaciones congénitas, alteraciones hormonales, lupus, artritis, asma, alergias, disminución de fertilidad, trastornos de conducta, etc..

* Afectación de la salud de las poblaciones como consecuencia de la contaminación del agua, el aire y la tierra, por ejemplo en el caso de explotaciones de megaminería a cielo abierto -con uso de sustancias tóxicas-. En las explotaciones del mineral plomo, se recuerda el caso de Abrapampa, Jujuy, por la comprobada presencia de plomo en sangre en los niño/as de esa localidad del Noroeste Argentino. Las mujeres embarazadas tienen infecciones urinarias más frecuentes. Se ha comprobado una estrecha relación entre las minas uraníferas abandonadas y niños que nacen en sus proximidades, con paladar partido y labio leporino. Se han comprobado las afectaciones en la salud de integrantes de comunidades mapuche ubicadas en Loma de la Lata por la presencia de metales pesados en el organismo.

* No se ha realizado remediación o restitución de suelos por la explotación minera.

* Violencia producida por el desempleo, que se traduce en cuadros severos de angustia, malestar y/o sufrimiento psíquico, adicciones, violencias, etc., lo que impacta no sólo en la persona afectada, sino también en sus vínculos familiares y sociales.

* Multiplicación de enfermedades agudas. En el caso de las regiones de explotación petrolera, las enfermedades más comunes que se presentan son: infecciones respiratorias agudas (bronco neumonía y gripe), diarreas, hepatitis, parasitosis y desnutrición. El paludismo y las diarreas infantiles son las enfermedades de mayor incidencia en las zonas rurales, presentándose ambas en época de verano. La desnutrición se da en menores de dos a cinco años. La mayoría de casos ocurren en la población indígena. Los lugareños sostienen padecer diversos síntomas (micosis de piel, cansancio, irritación de la nariz, de los ojos), indicadores de la contaminación de la zona.

* Fue denunciado en este tribunal que las grandes empresas transnacionales farmacéuticas utilizan para el desarrollo de nuevos productos, a personas de países periféricos, aprovechando la falta de regulaciones que permiten abusar de su salud, prácticamente sin costos. Muchos médicos en Argentina, “reclutan” pacientes para protocolos de investigaciones generadas por las empresas en sus países de origen, y cobran entre 200 y 15.000 US$ por cada uno de ellos. Empresas transnacionales (como Big Pharma) y médicos reclutadores, prueban antihipertensivos, vacunas experimentales, antiepilépticos, antidepresivos, etc., haciendo un gran negocio en el que los pacientes ponen su cuerpo ingenuamente.

El Ministerio de Salud y demás organismos estatales permiten esta aberrante práctica de investigación privada. Más de 50.000 argentinos pasan o pasaron por estos ensayos clínicos comerciales, y el número de protocolos sigue aumentando, habiendo en curso cerca de 1.000 en el corriente año.

Respecto de la violación de derechos de la Naturaleza que impactan sobre la vida

Históricamente, la naturaleza ha sido considerada como un “capital” o una “canasta de recursos inagotables”. Esta visión antropocéntrica propia de la Modernidad, centrada en la idea de una naturaleza inagotable e infinita, ha encontrado una nueva inflexión en la actual dinámica de acumulación del capital, basada en la apropiación y sobre-explotación de la vida. Desde los minerales, el agua, la biodiversidad, hasta las semillas, los saberes medicinales ancestrales y la fotosíntesis hoy son concebidas como “mercancías” que forman parte del mercado global.

Contra este modelo civilizatorio, emerge un nuevo Constitucionalismo Latinoamericano que proclama una convivencia con todos los seres vivientes de la tierra, denunciando el fundamentalismo de mercado desde una perspectiva más amplia y universal. El telón de fondo sobre el que nacen los que hoy se denominan Derechos de la Naturaleza, principalmente desde las sabidurías y luchas de los pueblos originarios es, en gran medida, la emergencia planetaria como resultado de la destrucción de ecosistemas enteros.

En este sentido, este Tribunal valora la perspectiva jurídico-filosófica, -que aparece por primera vez en la nueva Constitución Ecuatoriana (2.009)-, que subraya el desplazamiento desde una visión antropocéntrica de la Naturaleza hacia otra “socio-biocéntrica”. Así, la Naturaleza aparece como sujeto de derechos, a los cuales se define como “el derecho a que se respete integralmente su existencia, y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos” (artículo 71). La Naturaleza posee valores intrínsecos (también llamados valores propios), que están en los seres vivos y en el ambiente, y que no dependen de la utilidad o consideración humana.

Dicha postura estableció que toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad tiene la facultad de exigir el cumplimiento de los Derechos de la Naturaleza (Art. 71 y ss). Tal como sostienen algunos juristas “lo que es más importante es que al reconocerle a la Naturaleza el carácter de sujeto de derechos, adquiere ésta la condición de tercero agredido cuando se la ataque ilegítimamente y habilita así el ejercicio de la legítima defensa en su favor (legítima defensa de terceros)”.

Desde estas posiciones, consideramos que el actual “modelo de maldesarrollo”, traducido por la mercantilización de la naturaleza, es un modelo profundamente “tanático” o destructivo, que incorpora la vida a la muerte, en lugar de incorporar la muerte a la vida. Es un modelo que incurre en la sistemática violación de los Derechos de la Naturaleza (y de los Derechos Humanos), y amenaza en ello con su destrucción masiva.

Entre otras implicancias, este Tribunal ha constatado:

* Destrucción de bienes naturales que agravan y aceleran el cambio climático.

* Multiplicación de megaproyectos extractivos que producen deforestación, una de las principales causas del efecto invernadero. Varios de los casos presentados ante este tribunal evidencian, como consecuencia de la deforestación que, en época de lluvias, se producen aludes de barro que arrasan con las casas y han producido la muerte de familias enteras. Las grandes lluvias también afectan la flora y la fauna de la zona impactando sobre la biodiversidad.

* Desaparición de bosques nativos, deterioro de ecosistemas y pérdida de biodiversidad, como consecuencia de las actividades llevadas a cabo por diferentes industrias extractivas juzgadas por este Tribunal, en manos de agentes transnacionales.

* Destrucción de los ecosistemas y comunidades durante las tres etapas de prospección, exploración y explotación de la megaminería “a cielo abierto”, como consecuencia de la utilización de sustancias químicas, reactivos tóxicos de lixiviación y sistemas de flotación que destruyen economías regionales, exprimen suelos, humedales y cuencas hidrográficas no renovables. Entre otros efectos, éstas producen:

-pérdida de vegetación por la emisión de cargas contaminantes al aire y al agua y procesos de erosión acelerados;

– efectos erosivos sobre el suelo y ruptura de las cadenas alimentarias de la que dependen la fauna; provocados por la pérdida de vegetación de pradera;

– Amenaza de extinción de especies animales y vegetales;

– Afectación de los cursos de agua por la generación de aguas ácidas, o por la presencia de sólidos en suspensión que, al aumentar la turbiedad, disminuyen los rangos de luminosidad, afectando los procesos biológicos de fauna y flora que habita en los medios acuáticos.

* Afectación del suelo: remoción incontrolada de la capa vegetal y deforestación; procesos erosivos incontrolados; cambios en el paisaje; alteraciones en el drenaje; absorción de contaminantes transportados por vía aérea; desertificación y pérdida de fertilidad de los suelos.

* Afectación del agua: agotamiento de las fuentes de agua; captación y acumulación monopólica de los derechos de agua; cambios en la hidromorfología; contaminación de acuíferos; alteración de la mecánica de las corrientes de agua; contaminación de cuencas hídricas con metales pesados, o compuestos de cianuro; drenajes ácidos de minas (DAM) y drenajes ácidos de roca (DAR).

Este Tribunal subraya la gravedad de estas violaciones y recuerda la importante decisión de Naciones Unidas, por la cual el 28 de julio de 2.010 declaró el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento. Esa declaración manifiesta además su “profunda preocupación” porque “aproximadamente 884 millones de personas carecen de acceso al agua potable y más de 2.600 millones no tienen acceso al saneamiento básico”. Agrega su “alarma” porque “cada año fallecen aproximadamente 1,5 millones de niños menores de cinco años y se pierden 443 millones de días lectivos a consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento”.

* Afectación del aire: contaminación por dispersión de sólidos en suspensión (plomo, mercurio, uranio y arsénico, entre muchos otros metales y metaloides); generación y transporte de nubes de lluvias ácidas por emisión de minerales sulfatados.

Un caso testigo corresponde a las actividades petroleras que contaminan los acuíferos, los ríos y esteros por los desechos generados y porque interrumpen su flujo. La contaminación petrolera no se limita al área inmediata de su operación; fluye con el agua. El agua, además, es el vehículo comunicacional hacia la biósfera y el de toda la cadena trófica.

Al respecto, este Tribunal ha constatado que ninguna de las empresas representativas de los modelos extractivos aquí analizados incorpora operativamente o respeta los principios preventivo y precautorio contenidos en la Ley General del Ambiente (Ley Nro. 25.675, sancionada el 6 de noviembre de 2.002), que son la base de todo el derecho ambiental.

Éstos son:

Principio de prevención: a través del cual se establece que las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir.

Principio precautorio: a través del cual se establece que, cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.

Principio de equidad intergeneracional: a través del cual se establece que los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras.

Respecto de las violaciones de Derechos Culturales

La violación de Derechos Culturales se manifiesta en una diversidad de situaciones, en una compleja trama que incluye desde la mercantilización de la vida a la invisibilización de las culturas consideradas subalternas y la desapropiación de saberes ancestrales. Entre otras violaciones, este Tribunal ha constatado:

* Imposición de un sistema alimentario global que tiene consecuencias catastróficas en la alimentación, ya que los sistemas alimentarios locales y las prácticas culturales y culinarias tradicionales se ven erosionadas, lo cual conduce tendencialmente a su extinción.

* Desapropiación de plantas y saberes asociados a ellas. Las empresas transnacionales son responsables de biopiratería, del robo y la apropiación de los saberes de los pueblos.

* Negación, invisibilización y borramiento de la historia y la cultura de los pueblos y sustitución por un pensamiento uniforme referido a un orden global hegemónico.

* Afectación del territorio de las comunidades indígenas, que constituye la base de su cosmovisión e identidad cultural y social. Un caso testigo presentado ante este Tribunal es el del Proyecto Navidad, referido al traslado de un cementerio mapuche de la zona (en la época en que el proyecto estaba en manos de la empresa IMA – Inversiones Mineras Argentinas), palmaria demostración de que el emprendimiento está emplazado en territorio ancestral. Esta ruptura de las formas de vida tradicionales ha generado el surgimiento de refugiados ambientales que han perdido sus territorios y en muchos casos han ido a engrosar los barrios marginales de las ciudades en condiciones de pobreza, miseria y exclusión.

* Generación de escenarios propicios para el incremento del consumo de drogas, el juego y la constitución de redes de trata de mujeres para la prostitución, debido a las condiciones laborales de estas industrias, caracterizadas por la concentración de hombres solos en zonas de explotación petrolera o localidades cercanas.

* Alteración de las formas de vida de los pueblos, desconocimiento de sus usos y costumbres, y negación de sus identidades.

* Destrucción y afectación del patrimonio arqueológico de la región.

* Las políticas de legitimación, como la mal llamada “compensación ambiental”, por ejemplo, a través de los bonos verdes, significa de hecho la compra de un permiso para contaminar, y las “disculpas” por contaminar.

Respecto de las violaciones de Derechos Civiles y Políticos

El Tribunal considera que este modelo de maldesarrollo pone en jaque a la democracia y los derechos fundamentales de los pueblos, porque avanza sin consenso de las poblaciones, generando todo tipo de conflictos sociales, de divisiones en la sociedad, y una espiral de la criminalización de las resistencias que, sin dudas, abre un nuevo y peligroso capítulo de violación de los Derechos Humanos, y habilita la consumación de nuevos genocidios.

En consecuencia, este Tribunal considera que no se trata solamente de una discusión económica, técnica o ambiental, sino también de una discusión política sobre los alcances mismos de la democracia.

Entre las violaciones y atentados a los derechos civiles y políticos se han constatado:

*Desterritorialización del Estado y desestatización del territorio. La omnipresencia de los intereses de las corporaciones transnacionales ha implicado una significativa pérdida de la capacidad de regulación y control de los territorios, esto es una pérdida de soberanía nacional y popular. Uno de los casos emblemáticos es el de la compañía Barrick Gold, que gracias a la firma de un tratado binacional controla porciones del territorio argentino y chileno.

* Corrosión institucional y corrupción política: en tanto grupos de presión con fuerte capacidad de lobby, las empresas transnacionales intervienen activamente en la formulación de políticas nacionales, imposición o remoción de funcionarios, derogación y/o sanción de diferentes normativas en sus diferentes niveles, cooptación de medios de comunicación en función de sus objetivos económicos y en detrimento de derechos constitucionales fundamentales.

* Pago de sobornos a funcionarios públicos con el fin de ocultar información y/o evitar la realización de serias evaluaciones de impacto ambiental y social de sus emprendimientos además de sus métodos de producción y comercialización. Asimismo, la estrategia que se conoce como “puertas giratorias” implica que altos funcionarios de la administración del estado pasan a ocupar cargos importantes en las empresas y viceversa, lo que les otorga la posibilidad de conocer y de influir en las decisiones gubernamentales.

* Control social y estigmatización de perspectivas críticas, visiones diferentes y organizaciones y sujetos que las expresan. Este Tribunal ha podido constatar la construcción de una narrativa descalificadora y estigmatizante, a través de la difusión e imposición de un discurso hegemónico en nombre del “desarrollo” y la “defensa del empleo” (a través de medios de comunicación, universidades, fundaciones, publicaciones del sector, entre otros). Entre los dispositivos de control social, las empresas transnacionales implementan la llamada Responsabilidad Social Empresaria (RSE), con proyectos “comunitarios” que les permiten realizar un “lavado verde de su imagen” y desarrollar políticas de cooptación y asistencialismo de las poblaciones afectadas por sus explotaciones, a fin de lograr la licencia social para las empresas. Un ejemplo de ello son los proyectos de forestación con especies exóticas de coníferas en zonas cordilleranas por empresas petroleras como YPF y Chevron, que incrementan los monocultivos forestales en campos de veranada de las comunidades mapuche y crianceros criollos. Estos generan conflictos territoriales por la afectación de las rutas de trashumancia y la reducción de los espacios de pastoreo, además de impactar sobre el bosque nativo expuesto al avance colonizador de estas especies exóticas.

* Prohibición y/o no realización de Consultas Públicas a las poblaciones sobre temas relevantes, tal como lo prevé la reforma de la Constitución Nacional de 1.994, en relación a la implementación de proyectos extractivos que afectan severamente las condiciones de vida de la población. Los casos emblemáticos analizados por este Tribunal corresponden a la industria minera. A excepción de la consulta realizada en la localidad chubutense de Esquel (2.003), todas las otras consultas solicitadas por la población y/o los municipios han sido prohibidas (Calingasta, Tinogasta, Andalgalá., Iglesias, Loncopué).

*Denegación del acceso a y ocultamiento de la información pública, acerca de los diferentes proyectos extractivos, sobre todo en lo que respecta al estadio de desarrollo e informes de impacto ambiental. Se testimonió el ocultamiento de información, como ocurrió con Monsanto en relación a las consecuencias negativas sobre la salud que trae el PCB (bifenilos policlorados), aceite químico refrigerante que se utiliza en los transformadores eléctricos, que fue el producto estrella de la empresa por más de cincuenta años, aún después de haberse demostrado que es causante de hepatitis, cáncer y diabetes. Lo mismo ocurrió en relación al agente naranja, utilizado para arrasar aldeas y cultivos, despejar los bosques y facilitar los bombardeos a la población durante la guerra de Vietnam. Su utilización trajo como consecuencia la muerte de 400.000 vietnamitas y 500.000 nacimientos de niño/as con malformaciones, además de bajas en el propio ejército norteamericano.

*Cierre de los canales de expresión pública, debido al control de los medios de comunicación por parte de sectores interesados en promover dichos proyectos extractivos, y publicidad engañosa como en el caso del glifosato, presentado por Monsanto como un producto biodegradable e inocuo para la salud.

-Agravamiento de la criminalización y judicialización de la protesta social, represión y amenazas sobre las poblaciones que se niegan a la implementación y/o avance de los proyectos empresariales. Este dispositivo global encuentra una potenciación en el marco de la expansión de las industrias extractivas.

Entre los casos presentados ante este tribunal están los siguientes:

-En el sector de agronegocios denuncia la fiscalía de Monsanto: “Desalojos compulsivos, abusos policiales, apremios ilegales, asesinatos, entre otras violaciones han sido moneda común desde la aceleración de la expansión agrícola producida por la irrupción de la soja transgénica y el paquete tecnológico asociado forman parte de las estrategias de criminalización y represión que sufren las comunidades que se oponen a la desaparición de las formas tradicionales de producción campesina ante el avance de una agricultura sin agricultores”. Estos hechos son realizados con el concurso de la represión institucional, responsabilidad de los Estados.

-En el caso de la industria petrolera, los conflictos desencadenados entre empresas del sector y las comunidades mapuche por concesiones, exploración o explotación en territorios ancestrales han tenido como respuesta la represión y judicialización de integrantes de las comunidades, como en el caso de la comunidad Lonko Purán en la zona centro de Neuquén.

– En provincias como Salta, Neuquén y Jujuy, la campaña de deslegitimación contra las organizaciones de trabajadores desocupados, llevada a cabo desde los sectores de poder y por el propio gobierno nacional, con fuerte presencia mediática, favoreció un contexto de rechazo a la protesta social, reforzando una política de represión policial que viene desarrollándose desde mediados de los ´90 en las provincias con mayores niveles de conflicto social.

– Militarización de los territorios en conflicto. En estas estrategias represivas participan tanto las fuerzas de seguridad públicas como privadas, provinciales como nacionales, e incluso las patotas vinculadas a la burocracia sindical han intervenido violentamente en diferentes conflictos.

En el caso de las empresas petroleras, se viene registrando un despliegue de las fuerzas de seguridad, en aras de reprimir las demandas de las comunidades indígenas, organizaciones sociales y trabajadores petroleros, que afectan la producción de los yacimientos o instalaciones de procesamiento o transporte de hidrocarburos. Los controles de población en las fronteras, la creación de fuerzas policiales especiales en las diferentes provincias, las bases y operativos militares, y leyes antiterroristas nacionales forman parte de este denso dispositivo multiescalar de militarización.

En las áreas de explotación minera, la represión apunta a tildar como fundamentalistas ecológicos a activistas defensores del medio ambiente o de los derechos de la Madre Tierra. Desde la instalación del modelo minero como ‘política de estado’, se ha judicializado a más de un centenar de pobladores que, en la defensa de sus fuentes de agua y de sus tierras, han recurrido a bloqueos informativos de los transportes de insumos tóxicos de las mineras como último recurso.

Este Tribunal quiere llamar la atención acerca de la nueva ley antiterrorista presentada por el Poder Ejecutivo nacional al Senado de la Nación (14/10/2011, presentadas por el Ministro de Justicia J.Alak y el Jefe de Gabinete A.Fernández). Dicha ley deroga las figuras actuales (ya de por sí objetables), para establecer una agravante genérica para cualquier delito. Pretende, ingenua o maliciosamente, que “quedan fuera de toda interpretación criminalizante los hechos de protesta social”, siempre que se trate del ejercicio de un derecho constitucional, cuando en realidad el proyecto de ley evidencia una clara potencialidad represora. Por otra parte, la figura de financiamiento al terrorismo es muy amplia, y apunta a hostigar a las ONGs que apoyan a las organizaciones y movimientos sociales, y a cortar las posibilidades de sostenimiento de estos movimientos.

-Este Tribunal ha podido constatar la alarmante continuidad en las actuales empresas transnacionales, de agentes de la represión que intervinieron bajo el terrorismo de Estado. Dos de los casos más resonantes corresponden a megamineras transnacionales: Barrick Gold y Minera La Alumbrera YMAD UTE

– Respecto de las violaciones de los derechos ancestrales de los pueblos originarios y afrodescendientes.

Este Tribunal quiere destacar la histórica situación de opresión de los pueblos originarios y afrodescendientes, hoy agravada por la expansión de las industrias extractivas. Ésta encuentra en la Argentina una exacerbación particular o extrema a raíz de la persistente negación de lo indígena, al cual se niega o no se reconoce otro lugar que el de la exclusión y la marginalidad. El esquema de “progreso” estimulado por las políticas de Estado, no incluye a los indígenas (históricamente los ha excluido), pero lo que une los actuales modelos de desarrollo con aquellos del pasado, es que ambos conllevan la expulsión y desplazamiento de poblaciones.

En última instancia, el gobierno busca incluir a los pueblos originarios como “pobres” (en el sentido sociológico), a través de políticas sociales compensatorias, pero no como “sujeto político”, a partir de las demandas de posesión integral de sus tierras y territorios (derecho a la libre determinación). Así, la batalla por el reconocimiento de los derechos colectivos debe atravesar el camino arduo, y a veces interminable, de la judicialización, tal como ha podido constatar este Tribunal que sucede en muchas provincias.

En la actualidad, la dinámica de desposesión viene acompañada por políticas que, lejos de resolver los problemas ligados a las desigualdades estructurales, apuntan a la manipulación simbólica. Por ello, este Tribunal considera que el problema fundamental es la persistencia de dichas estructuras de desigualdad y las políticas etnocidas, las cuales no sólo no han retrocedido, sino que se han agravado en el actual contexto de acaparamiento de tierras y de expansión de las industrias extractivas y los agronegocios.

Entre los derechos conculcados, se ha comprobado la violación de derechos sociales, económicos, culturales, territoriales y políticos:

Un ejemplo ilustrativo es la violación del derecho al territorio. Se ha constatado el incumplimiento de los convenios y pactos internacionales que protegen a los pueblos y naciones originarias, tales como el Convenio 169 de la OIT (1.989), la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU (2.007), incorporadas con rango supraconstitucional en las constituciones provinciales, y nacional. En los últimos tiempos, se han constatado maniobras fraudulentas conjuntas entre corporaciones y gobiernos para violentar y malversar ética y políticamente el derecho al consentimiento libre, previo e informado que exige el Convenio 169 de la OIT, a través de estrategias de cooptación, clientelismo, divisionismo e intervencionismo manipulador sobre las comunidades.

Asimismo, se evidencia el incumplimiento de los artículos de las constituciones de las provincias y de la Nación, sobre el derecho de los pueblos indígenas a participar en las decisiones sobre la utilización de los bienes de sus territorios.

Por otro lado, tal como sostiene el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Indígenas: “Los pueblos indígenas tienen derecho a l