La traición de la Agenda de Octubre definió originalmente de cuerpo entero el carácter conservador y reformista del gobierno de Evo Morales. En esa perspectiva, el gasolinazo de diciembre de 2010 y la represión actual a la marcha indígena en defensa del TIPNIS deben explicarse como consecuencia de esta política entreguista al poder transnacional que se perfiló con la falsa nacionalización, continuó con la política de privilegiar con gas los mercados externos en detrimento del mercado interno nacional y procesos de industrialización del país y cuando garantizó las ganancias extraordinarias de las empresas mineras extranjeras como San Cristóbal.

Cabe destacar que la denominada “Guerra del Gas” del año 2003 fue la más grande insurrección de la nación boliviana de los últimos 50 años contra el estado transnacional alrededor de un programa de carácter socialista que unió intersubjetivamente a todos los explotados y oprimidos del país en torno a la necesidad de nacionalizar las empresas transnacionales, refundar YPFB, (también COMIBOL) e industrializar los hidrocarburos, lo que se conoce como la Agenda de Octubre.

Este programa alrededor de la nacionalización del gran capital transnacional con expropiación como primer etapa de una revolución socialista y que desestructuró el estado neoliberal, sepultó la partidocracia y derrotó a los gobiernos de Sánchez de Lozada y Carlos Mesa al costo de 67 vidas, no fue cumplido por el gobierno de Evo Morales, a pesar de la insostenible declaración de que su gobierno “Cumplió con la Agenda de octubre” y que hay que hacer “una nueva agenda” alrededor de las elecciones judiciales, para “profundizar la lucha” (LR/9/10).

Morales cuando emitió el 1 de mayo de 2006 el Decreto Supremo 28701 de “nacionalización sin expropiación”, una contradicción absoluta, posibilitó la legitimación de los contratos petroleros derivados del gonismo, legalizados luego por unanimidad por el MAS y PODEMOS en el Congreso con la complicidad del MSM. Con este decreto se posibilitó la permanencia por 20 años de las mismas multinacionales petroleras que habían saqueado al país como lo demostraron las auditorías petroleras conducidas por el eximio Enrique Mariaca Bilbao.

Cabe decir que la Agenda de Octubre de 2003, nacionalización e industrialización de todos los recursos naturales, fue y es comprendida intersubjetivamente por el pueblo boliviano, como un medio para crear las condiciones de justicia social, derechos humanos y liberación nacional a partir del control y soberanía sobre los recursos naturales, como afirmaba Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Hay que recordar que en su dimensión democrática, la Guerra del Gas fue una insurrección de la nación boliviana contra el estado neoliberal y sus leyes, la policía y fuerzas armadas y en su despliegue puso en crisis el Estado transnacional, las mediaciones partidarias liberales (neo-coloniales) y la llamada democracia pactada y representativa, demandando y ejerciendo democracia directa y un gobierno de la “gente para la gente”.

En retrospectiva, la insurrección de octubre impidió la estrategia de imponer mediante la fuerza (Banzer y Goni) los proyectos transnacionales de exportación de gas como materia prima a los Estados Unidos y Chile a partir de la emergencia de un programa nacional encarnado en los sectores indígenas, obreros y clases medias empobrecidas que exigieron la industrialización de este recurso en territorio boliviano a través de una empresa estatal (YPFB)y, sobre todo, exigió la nacionalización del excedente económico de este recurso transferido dolosamente a las empresas extranjeras en el marco de la capitalización gonista.

Por eso, los planes actuales de las transnacionales y gobierno del MAS de vender gas directamente a Chile son un contrasentido histórico a la demanda central de la Agenda de octubre de 2003 y buscan enterrar la memoria de los caídos de la Guerra del Gas de 2003. En lo posterior, Evo Morales ganaría las elecciones en 2005 gracias a esta movilización para dar cumplimiento en lo esencial a la demanda del pueblo boliviano empobrecido y explotado de nacionalización de los hidrocarburos. Sin embargo, con la emisión del decreto 28701 de “nacionalización” “Héroes del chaco”, se expresó la pobreza programática de inicio de un gobierno reformista y liquidacionista del proyecto de octubre y de la más grande movilización social de la nación oprimida de los últimos 50 años.

El efecto político estatal de la traición a la Agenda de Octubre fue el signo distintivo y marcó originalmente el carácter conservador y reformista del gobierno de Evo Morales. El gasolinazo de diciembre de 2010 que pretendía cargar sobre las espaldas del pueblo la subvención económica a las petroleras y la represión actual de la lucha de los indígenas en defensa del TIPNIS deben entenderse como consecuencia de esta política entreguista al poder transnacional que se perfiló con la falsa nacionalización contenida en el D.S. 28701 de mayo de 2006, continuó con la política de privilegiar con gas los mercados externos (Brasil, Argentina-Chile) en detrimento de la seguridad energética de la nación y cuando garantizó las ganancias extraordinarias de las empresas mineras extranjera como San Cristóbal.

El D.S. 28701 marcó una línea de continuidad del nuevo gobierno con la política neoliberal y pro transnacional de los anteriores regímenes que habían priorizado la exportación de materias primas en detrimento del mercado interno y los procesos de industrialización y en su efecto legal blindó constitucionalmente los contratos petroleros de las compañías extranjeras en un Congreso dominado por el MAS y PODEMOS.

Desde entonces, el gobierno de Evo Morales, para ocultar su traición a la Agenda de Octubre, junto a la estructura oligárquica derivada del poder transnacional, promovieron un proceso de etnicización de la política para generar confrontación entre “indios” y “blancos”, autonomistas” e “indigenistas” con la finalidad de confundir y bloquear la polarización histórica y estructural del pueblo boliviano contra las transnacionales e imperialismo por la querella del excedente iniciada con la Guerra del agua el año 2000.

Carlos Mesa, heredero del gonismo, entre los años 2003 y 2005, intentó lo mismo, pero sin ningún resultado debido a su debilidad política partidaria. A ocho años de aquella Guerra del Gas no hay nacionalización, refundación de YPFB. Más aún, en seis años de régimen masista ni una sola molécula de gas se ha industrializado y contra la principal demanda del pueblo boliviano el gobierno planifica, como lo dijo Cristian Inchauste, presidente de YPFB Transportes, vender gas a Chile directamente y resucitar el proyecto Pacific LNG de venta de gas a “mercados extra regionales”.

En otras palabras, el gobierno del MAS entregó a la voracidad transnacional mayores ventajas en las áreas de hidrocarburos y minería y pretende consolidar esta política entreguista con nuevas leyes que se cocinan en la “Asamblea plurinacional” a partir de sus dos tercios. Este es el “músculo” institucional del MAS del que carecieron los anteriores gobiernos entreguistas para favorecer al poder transnacional. Dicho de otra manera, con el gobierno del MAS, el estado intermediario del saqueo se fortaleció con acentuados rasgos autoritarios y caudillistas, como parte del proyecto transnacional, para intentar liquidar las luchas del pueblo boliviano alrededor de la querella del excedente de los hidrocarburos y minería.

Los últimos acontecimientos vinculados a la represión del pueblo trabajador movilizado por mejores salarios y a la conculcación de los derechos indígenas en defensa del TIPNIS son parte de este proyecto transnacional que el gobierno se empeñó en ocultar. Sin embargo, se puede decir que la identificación del enemigo principal: el poder transnacional, es lo que une esencialmente la Guerra del Gas y la lucha indígena por el TIPNIS, lo que a 8 años de aquella gesta y sacrificio del pueblo explotado y empobrecido, es la base de la viabilidad de la Agenda de Octubre que el pueblo boliviano abonó con su sangre.

* Director de la publicación Hora 25.