Muchas autoridades del gobierno mienten y lo peor es que no siguen las sabias palabras de un ex viceministro de Relaciones Exteriores: “No hay que hacerse pescar”.

Nadie se hace responsable de la represión brutal del “Domingo represivo”, del 25 de septiembre, y descargan toda la responsabilidad a los policías, que como en tantos otros lugares son formados para reprimir. Este “nuevo” Estado Plurinacional sigue con prácticas de los anteriores regímenes en materia represiva.

Pero antes de que nadie se haga responsable de la “evacuación”, como gusta llamar el ministro Carlos Romero, la primera autoridad de la cartera de Defensa, Cecilia Chacón, se retiró del gabinete, quien dijo que no podía justificar la represión: “…no comparto la medida de intervención de la marcha que ha asumido el gobierno y no puedo defender o justificar la misma, en tanto existan otras alternativas en el marco del diálogo, respeto a los Derechos Humanos, no violencia y defensa de la Madre Tierra.” http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20110926/carta-de-renuncia-de-la-ministra-de-defensa-cecilia-chacon_143271_295234.html ¿Es posible defender y justificar el pisoteo de los derechos humanos, el amordazamiento, la persecución como a animales, la golpiza entre muchos a un sólo marchista?

Uno de los primeros que justificó la represión fue el entonces ministro de Gobierno, Sacha Lllorenti, aduciendo que la había ejecutado con un requerimiento fiscal; pero, tanto el fiscal aludido, Edwin Sarmiento, como el fiscal general, Mario Uribe, respondieron que no habían emitido esa orden.

Desmentido Llorenti, el martes 27 responsabiliza de la represión a su inmediato inferior, a Marcos Farfán, viceministro de Régimen Interior y Policía: “Fue una decisión que se lo tomó en ese lugar, por el informe que tenemos lo ha tomado el viceministro Farfán a sugerencia de algunos mandos policiales, nosotros nos enteramos cuando ya estaba en curso el operativo”, dijo Llorenti. http://eldia.com.bo/index.php?c=Portada&articulo=Renuncia-viceministro-del-Regimen-Interior&cat=1&pla=3&id_articulo=74635 Pero Farfán ya había renunciado el día anterior, deslindando responsabilidad, aunque su dimisión recién se la conoció el martes, luego de la acusación del entonces Ministro de Gobierno; sin embargo, Farfán no responsabiliza de las órdenes a ninguna autoridad del Órgano Ejecutivo (Poder Ejecutivo), descargándola a los policías: “…expreso mi desacuerdo pleno con la forma en que se procedió con la intervención de la marcha indígena en Yucumo, que ha respondido a una decisión operativa y no así, proveniente del Órgano Ejecutivo ni de mi persona como parte del mismo”, dice. http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20110927/carta-de-renuncia-del-exviceministro-de-regimen-in-y-policia-marcos_143406_295518.html. Sin embargo, el jueves 29, en una carta a la Opinión Pública, Farfán se anima a señalar de dónde vino la orden de reprimir, la que habría sido emanada de “instancia superior”: “…en lo que respecta a la actividad político-administrativa, inherente al cargo, todas y cada una de las decisiones tomadas en dicha función, han respondido, sin excepción alguna, a instrucciones emanadas de la instancia superior, puesto que, como abogado, y ex juez de partido, tengo plena conciencia, no solo de los efectos que produce cada acto, sino de lo delicado que es asumir, en cada situación determinada, decisiones de tan alta responsabilidad.”

Ya en la noche del lunes 26, el Presidente deslindó responsabilidades y dijo que no sabía nada y “que instruiría una profunda investigación”. Esa misma noche en el programa televisivo “Los abogados del Diablo”, la dirigenta guaraní Justa Cabrera dijo que una fuente responsable le dio la información de que el Presidente Morales dio la orden de reprimir, a la marcha el domingo 25, desde el avión en el que volvía de una concentración en el TIPNIS acto que, dicho sea de paso, contó con pocos pobladores, como se pudo ver en las imágenes del Canal 7.

Las falsedades de Sacha Llorenti fueron puestas en evidencia, quien renunció el mismo martes “con la conciencia tranquila” y con muchísimos elogios del Presidente.

La búsqueda de un chivo expiatorio recayó en la Ministra de Justicia, Nilda Copa, quien solicitó a la Fiscalía, el sábado 24 de septiembre, se investiguen los hechos del mismo día cuando el canciller, David Choquehuanca, fue obligado a marchar junto a los indígenas desde Chaparina hasta Yucumo, para lo cual solicitó se “requiera la intervención de la fuerza pública en caso necesario”, aclarando que para cualquier requerimiento se estila solicitar la fuerza pública, lo que no significa que se haya instruido la represión, aclaración nuevamente confirmada por la ministra Copa.

Tras la renuncia de Cecilia Chacón, tanto Wilfredo Chávez, entonces viceministro y ahora ministro de Gobierno, como Daniel Santalla, ministro de Trabajo, dijeron que la dimisión era extemporánea porque ya todos (el gabinete) sabíamos lo que iba a pasar, por lo que si no estaba de acuerdo, debía decirlo en su momento. Esas descalificaciones a la renuncia, ponen en evidencia que el gobierno ya se había decidido reprimir la marcha, lo que es corroborado por declaraciones de policías que prefieren mantener el anonimato por temor a represalias: “Teníamos la misión de evitar que pase la marcha y no tocar a los colonizadores”. http://www.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483950149 Entonces sólo faltaba la orden para realizar la acción represiva. ¿Quién la dio si ya varios de los acusados desmintieron haberlo hecho?

En anteriores situaciones represivas, el Presidente asumió la responsabilidad. Así lo hizo cuando desbloquearon la ruta a Caranavi y reprimieron al pueblo, uno de cuyos resultados es la muerte, por disparos de policías de dos jóvenes caranaveños; lo mismo sucedió cuando allanaron las oficinas de los abogados Quiroz y Lecoña, defensores de aquellas las víctimas. http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20101004/evo-admite-que-el-ordeno-a-llorenti-allanar_92554_178439.html

El jueves 29, el vicepresidente García Linera hizo un anuncio inédito, propio de un Estado de fantasía o de una novela, donde el suspenso debe apoderarse de los espectadores: “Hemos averiguado internamente, y el Gobierno ya sabe quién ordenó la intervención.” http://www.paginasiete.bo/2011-09-29/Nacional/Destacados/vice.aspx

Si ya se sabe quién dio la orden represiva, por qué no se lo detiene inmediatamente, se lo juzga y se le hace cargo de los daños ocasionados. Y por supuesto estaría obligado a reparar el daño físico y psicológico ocasionado a los marchistas.

Alternativas para evitar una investigación engorrosa

Ya que ninguno de los altos dignatarios del Estado dio la orden de reprimir a los marchistas, represión que sí hubo y fue brutal y sabiendo, de boca del Vicepresidente, que ya se sabe quién dio la orden de represión, el Presidente debería solicitar que se le inicie un proceso penal y no como pretende ahora, procesar a los que ejecutaron la acción, es decir a los jefes, oficiales y tropa policial que actuaron en Yucumo,

Por qué se quiere descargar toda la responsabilidad en los mandos policiales y en la tropa de los hechos del “Domingo represivo”, sabiendo que el Presidente ha tratado de liberar de culpa a mandos de las fuerzas represivas. Recordemos que el pasado 7 de agosto, día de la Fuerzas Armadas, el presidente Morales dijo ante la tropa en Sucre: “Qué culpa tienen los ex Comandantes, saludamos a los oficiales en servicio pasivo, que en algún momento cumplían órdenes políticas” http://www.jornadanet.com/n.php?a=66480-1 por lo que se desprende que el Presidente y sus ministros serían quienes dieron la orden de la represión a los indígenas.

Además, el mismo gobierno, es decir, el Gabinete en pleno, debería instruir un juicio penal a sí mismo por negarse a denunciar “delitos de acción pública”, de acuerdo al Código de Procedimiento Penal en vigencia que dice: Artículo 286º.- (Obligación de denunciar). Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública: 1) Los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones;

Bolivia de hoy, después de octubre del 2003, caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, ya no es la misma de antes. El pueblo se cansó de oír mentiras porque no es ni somos tontos; más aún, los pueblos indígenas, a los que aún hoy algunos obedientes les llaman “salvajes”, ya no creen en lo que dicen muchos de los gobernantes.

Éstos quieren que la marcha indígena sea sólo reivindicativa. No señores, aquélla exige el respeto a los derechos conquistados: derecho a la vida, al territorio, a la autonomía, a no ser invadidos con más coca ni las calles con cocaína, derechos humanos reconocidos por convenciones internacionales y por la nueva Constitución Política del Estado.

*Historiador y periodista.