La Nueva Arquitectura Financiera Regional apunta a garantizar condiciones para la construcción de mercados regionales que fortalezcan la soberanía alimentaria, energética y producción de conocimiento; y el despliegue de una infraestructura física que permita romper con las lógicas del intercambio y desarrollo desigual y la explotación neocolonial, explica el representante plenipotenciario de Ecuador para el diseño del Banco del Sur Pedro Páez.

P. ¿Qué es la nueva arquitectura financiera?

R. La Nueva Arquitectura Financiera Internacional da cuenta de una serie de transformaciones orientadas a cambiar la articulación entre la economía del Estado, la economía capitalista privada y la economía popular que buscan recuperar la coherencia entre la producción y el consumo a escala global. Este nuevo horizonte de relaciones se fundamenta en la interacción de tres vectores que implican, en primer lugar, la creación de nuevas condiciones para que el Estado pase a representar al conjunto de los intereses estratégicos de la nación y, desde allí, pueda redefinir su participación en la economía. Se busca superar la situación de captura corporativa del Estado, que hace que éste se autoinvalide con el fin de crear mejores condiciones de rentabilización y de rentismo para la empresa capitalista monopolista.

El segundo vector se relaciona con la transformación de las relaciones entre las esferas de las finanzas y de la producción en términos de recuperar la coherencia de la relación entre producción y consumo, que hoy por hoy están rotos por la fragmentación exacerbada que ha provocado el proceso evolutivo de la globalización, y por la hipertrofia parasitaria del capital financiero. El desarrollo del sistema capitalista de las últimas décadas evidencia que el sector financiero ha capturado el proceso de acumulación separándolo del proceso productivo sobre la base de instrumentos e innovaciones financieras autoreferenciales, que en lugar de facilitar y de propiciar el desarrollo de las fuerzas productivas, crean mecanismos de reclamo y de punción sobre el valor generado en la economía real bajo condiciones de rentismo y de explotación del conjunto de la sociedad.

Bajo este horizonte, un aspecto fundamental será abrir espacio a una economía que se base en racionalidades distintas a la capitalista, y que, hoy por hoy, está siendo asimilada a esa lógica por la fuerza y las condiciones del mercado. La situación de crisis estructural del capitalismo como modo de producción y de vida sólo puede ser superada desde una lógica que ponga en primer lugar la vida de la gente, es decir, el trabajo humano, y que reconozca otro tipo de lógicas productivas, otro tipo de mecanismos de distribución y estructuras de incentivos que den lugar a procesos que, aunque no sean los dominantes bajo la lógica del mercado y la rentabilidad capitalista, puedan estabilizarse gradualmente y, además, ser replicables y sostenibles en el tiempo.

Finalmente, el tercer vector fundamental de la Nueva Arquitectura Financiera Internacional –y que se basa en los dos anteriores– se relaciona con la renegociación del rol de las economías emergentes como periferia en la división internacional del trabajo. Es decir, sobre la base de una nueva articulación entre la economía capitalista privada, el rol del Estado y la economía popular en toda su diversidad, y por otro lado, de una nueva relación entre la producción y las finanzas, se podrá redefinir el rol como periferia que cumplen las economías emergentes en una división internacional del trabajo que hoy está caduca. De hecho, una de las expresiones más claras de la crisis estructural que atravesamos se relaciona con los desequilibrios macroeconómicos globales. La lógica de crecimiento basada en el endeudamiento de los países centrales con la creación de una semiperiferia productora de manufacturas y una periferia cada vez más relegada a la provisión de materias primas es absolutamente insostenible, no solamente en términos ambientales o sociales, sino desde la propia lógica del capital.

P. ¿Cuáles son los problemas con la vieja arquitectura financiera?

R. La vieja arquitectura financiera hace referencia al conjunto de instituciones nacidas a partir del pacto de Bretton Woods, forjado en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, y que estaban llamadas a configurar los pilares de lo que sería el Nuevo Orden Económico. Pero traicionaron el propósito original para el que fueron creadas, especialmente a partir de 1971, cuando los Estados Unidos rompen unilateralmente con el compromiso planetario de Bretton Woods.

Con el quiebre del sistema de Bretton Woods, se inaugura también un proceso agresivo por parte de los Estados Unidos y el Reino Unido para obligar al resto de países a flotar sus monedas y emprender procesos de desregulación y desmantelamiento institucional de sus economías. Específicamente, la expansión de las políticas neoliberales fue promovida de forma permanente desde las condicionalidades impuestas por las instituciones de la vieja arquitectura financiera internacional.

Es decir, de la vocación inicial de Bretton Woods, orientada a fortalecer la institucionalidad monetaria interna y las instituciones regulatorias soberanas, se pasa a una situación en la que se presiona por la apertura de las cuentas de capitales, las cuentas de comercio exterior y la desregulación de los mercados financieros, de tal manera que se debilitan las funciones de la moneda y se estructura un espacio específico para la transnacionalización y financiarización de la economía, así como para la introducción del dólar –sobre todo en el caso de América Latina– como moneda fundamental, restando espacio al funcionamiento de las monedas nacionales y, por tanto, de la propia fiscalidad local.

En este contexto, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) de los años ochenta cambiaron radicalmente el propósito para el que fueron creados en los años cuarenta. A pesar de que hay ciertos elementos de continuidad, es mucho más claro el papel de chantaje que han ejercido sobre nuestros países, en una tarea que, nuevamente, se evidencia con las políticas de ajuste y de austeridad aplicadas actualmente en Europa, que son del mismo tipo de las que se aplicaron en América Latina en los años ochenta y noventa. Por ejemplo, los primeros créditos otorgados por el FMI –incluso a los países desarrollados en la misma Europa– no estaban orientados al recorte y al ajuste presupuestario, sino a la creación de las condiciones necesarias para políticas expansivas vinculadas con el desarrollo del Estado de bienestar y con los procesos de reconstrucción material de la Europa de la posguerra.

Así, por ejemplo, la capacidad del FMI para monitorear la política macroeconómica de los países miembros establecida en su convenio constitutivo, que estaba ligada en el período de vigencia de Bretton Woods a una política de preservar la estabilidad del sistema de tipos de cambio fijos pero ajustables, se convierte en un mecanismo fundamental para descalificar a los Estados en el escenario de los mercados internacionales y en un mecanismo para anular la capacidad soberana de dichos Estados para emitir regulaciones en ese plano.

En este giro, la deuda externa se constituyó –junto con la complicidad de las fuerzas internas y todo el peso político militar de los Estados Unidos– en uno de los mecanismos fundamentales para desregular la economía de la periferia y, en particular, la de América Latina. Precisamente, las políticas de corte neoconservador impulsadas por los Estados Unidos forzaron a que nuestros países tuvieran que pagar muchísimo más por su deuda pública en condiciones totalmente injustificables. Es decir, con la política de aumentar la tasa de interés de los Estados Unidos y, en consecuencia, incrementar la tasa relevante para la mayoría de los créditos que había adquirido el continente en el marco del endeudamiento agresivo de la segunda mitad de los años setenta, se logró multiplicar por tres y por cuatro el servicio de la deuda de nuestros países. Dada la correlación de fuerzas de ese entonces, esto dio lugar a un proceso de nacionalización de las deudas privadas, por la cual el riesgo que asumieron las empresas fue finalmente asumido por el Estado, en la típica situación de socialización de las pérdidas y privatización de las ganancias.

La crisis de la deuda trastorna todo el horizonte de desarrollo de América Latina y, sobre todo, genera condiciones favorables para una presencia mucho más fuerte y más intrusiva por parte del FMI y del Banco Mundial, que aprovechan estas nuevas condiciones de fuerza para cambiar rápidamente los estándares de aplicación de sus principios.

En América Latina, por ejemplo, existen algo más de cien instituciones de desarrollo, entre instituciones multilaterales, regionales, subregionales, nacionales e incluso subnacionales. Buena parte de esos bancos de desarrollo nacieron ligados al proyecto de industrialización por sustitución de importaciones, vigente en la región desde los años setenta, lo que incluye también al propio Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Paradójicamente, esas instituciones han ido desnaturalizándose respecto a su espíritu original. Por ejemplo, hace sólo dos años, el BID fue forzado a reconocer que había sufrido pérdidas de su capital social por más del 20 por ciento, producto de inversiones en activos tóxicos.

Aquí, la pregunta natural que debe realizarse es qué hace una banca de desarrollo para América Latina haciendo inversiones especulativas en los Estados Unidos. Sin duda, habrá justificaciones en el manejo de tesorería y cuestiones afines, pero eso sólo evidencia el hecho de la desnaturalización con la que están funcionando este tipo de bancos. Lo mismo puede decirse de las prácticas de la Corporación Andina de Fomento y del propio BID de crear líneas de créditos que tienen nombres como “Combate a la pobreza” pero que, en realidad, se tornan en créditos para financiar consultorías sobre la pobreza que, por lo general, están ligados a una corta lista de consultores y que, básicamente, reproducen la visión y los conceptos que tiene el Consenso de Washington en torno a estos problemas.

De esta forma, la perspectiva de los bancos de desarrollo como bancos de inversión en temas prioritarios para el desarrollo regional, como la construcción de infraestructura, ha sido abandonada y, en su lugar, esas instituciones de desarrollo se han convertido en los instrumentos regionales de la condicionalidad cruzada de las instituciones de la vieja arquitectura financiera internacional.

P. ¿Cuáles son las lecciones de la crisis económica que estamos viviendo ahora?

R. En primer lugar, se debe precisar el carácter de la presente crisis económica mundial. Se trata de una crisis estructural del sistema, que no implica exclusivamente al modo de producción capitalista, sino también al modo de vida, porque la crisis que estamos viviendo está amenazando las condiciones mismas de la subsistencia de la especie. La crisis actual es una evidencia de esa situación que nos plantea como humanidad una encrucijada histórica, por la que, por un lado, se plantea un horizonte muy amenazante de agudización del conflicto social y de degradación civilizatoria en el que las mismas conquistas alcanzadas en la sociedad capitalista moderna se vuelven disfuncionales al poder del capital; pero, por otro lado, esa incapacidad que tiene el sistema para dar respuesta a las demandas de la sociedad en todos los planos –no sólo en el objetivo, material, sino también en el plano subjetivo, de la generación de sentido– se vuelve una oportunidad gigantesca y una responsabilidad gigantesca para definir la posibilidad de una nueva alternativa de desarrollo histórico, en cuyo núcleo se encuentra el reto de redefinir un nuevo modo de vida.

La economía que hoy por hoy existe nace de un proceso permanente de exclusión y de desposesión. Este sistema no funciona –como lo presenta el discurso oficial– como el sistema de la iniciativa privada; al contrario, es el sistema el que nos priva de la iniciativa: millones de sueños y de proyectos están siendo bloqueados precisamente por este sistema que establece límites que dejan fuera de juego a una gran cantidad de posibilidades que nacen de nuestra propia iniciativa.

La sociedad capitalista nace históricamente de un proceso simultáneo de concentración de los medios de producción, del poder político, de los medios para ejercer la violencia, del conocimiento y de los medios para difundir y reproducir su versión de la realidad en una minoría cada vez más estrecha; y del otro lado, la concentración de las condiciones de despojo, de desposesión, de miseria y de precariedad en la gran mayoría de la humanidad. La crisis internacional evidencia el callejón sin salida que ha generado ese tipo de prácticas. Nosotros creemos que es posible tener una alternativa de ganar-ganar para todos los sectores porque, precisamente, estamos abriendo las puertas para una cantidad de oportunidades de inversión gigantescas, que podrán tener tasas de rentabilidad más bajas, pero que son más sostenibles en el largo plazo.

Uno de los elementos clave de la crisis es la sobreacumulación de capitales. Es decir, hay tal acumulación de capitales que no encuentran oportunidades de ser reinvertidos, por lo que se trata de forjar –desde las innovaciones financieras, los derivados y el capital ficticio– oportunidades de corto plazo que se convierten rápidamente en esquemas Ponzi, burbujas especulativas que, a la vuelta de la esquina, terminan reventando.

La alternativa que estamos planteando es un proceso sostenible en los planos ambiental, social y económico que va a generar rentabilidades mucho más modestas que aquellas a las que han estado acostumbradas las secciones del gran capital monopolista transnacional, pero que, en cambio, se convierten en elementos sostenibles para el largo plazo en el relanzamiento de la economía. El viejo esquema de la especulación que entronizó el neoliberalismo puede, sin duda, perpetuarse, pero en condiciones de incremento de la polarización social, de recesión y de degradación civilizatoria. Las opciones que se plantean desde la Nueva Arquitectura Financiera Internacional generan las condiciones de gestación de nuevas coaliciones sociales que pueden apostar por un futuro diferente.

La Nueva Arquitectura Financiera Internacional está llamada a proveer los recursos que permitan a los Estados desplegar actividades, solos o con la participación de la economía privada o popular, mucho más allá de lo que la vieja arquitectura financiera lo permite. Al poder trabajar con recursos que no solamente vienen de las divisas internacionales –es decir, de nuestra inserción en la división internacional del trabajo que reproduce el modelo primario extractivista y desfalca la fuerza de trabajo y la naturaleza–, lo que estamos haciendo es crear la posibilidad de generar recursos adicionales que provienen de las potencialidades, por ejemplo, del Banco del Sur. Y por eso es tan importante la participación ciudadana y de las organizaciones sociales, para permitir la gestación de condiciones para que los Gobiernos avancen hacia transformaciones más profundas.

Esta situación de distorsión tan brutal en el marco de una situación estructural de fragmentación del proceso productivo hace que la provisión de alimentos en una comunidad determinada, por ejemplo, ya no dependa de una comarca, sino que dependa de una logística internacional planetaria tremendamente complicada y que involucra el comercio a larga distancia y una serie de transacciones que en el sistema financiero está presente por todos lados. Es decir, si una carta de crédito en el embarque de alimentos es suspendida por falta de confianza en el banco que la emitió, esos productos perecederos pueden no llegar a su destino final, poniendo en riesgo la posibilidad de consumo de una población entera. Esta situación, de por sí delicada, está siendo fragilizada más y más por las supuestas soluciones ofrecidas a la crisis internacional, que son decididas de manera totalmente unilateral por un pequeño grupo países condicionados por los poderes fácticos de los que son prisioneros, sin tomar en cuenta el destino del conjunto de la humanidad, que sufre las consecuencias.

P. ¿Cómo comenzó la iniciativa de lanzar una nueva arquitectura financiera en América Latina?

R. La Nueva Arquitectura Financiera Internacional nace, en un principio, a mediados de los años noventa como un concepto impulsado por los sectores más ortodoxos de los países del Norte, que pretendían que el papel del FMI y del resto de organismos multilaterales convencionales se volviera todavía más despiadado en contra de los pueblos. Sin embargo, de manera posterior, su contenido fue objeto de intensas disputas, especialmente desde América Latina, donde actualmente denota una perspectiva más bien progresista. Cuando se habla ahora de Nueva Arquitectura Financiera Internacional se está pensando, al menos, en una recuperación del espíritu del New Deal, es decir, de las políticas de regulación estatal que dieron lugar al pacto socialdemócrata en Europa, al Estado de bienestar en los Estados Unidos y a los procesos de descolonización e industrialización por sustitución de importaciones en la periferia.

Para el caso de América Latina, se debe destacar el papel de la iniciativa lanzada por el presidente Hugo Chávez en torno al Banco del Sur desde el año 2006, que permitió concentrar muchos de los esfuerzos que se venían desplegando desde distintos sectores de la academia y la sociedad civil en torno a la necesidad de transformar la Arquitectura Financiera Internacional. Esas iniciativas tomaron forma en la reunión del 3 de mayo de 2007 realizada en Quito, en la que los ministros de Economía de seis países suramericanos (Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia, Brasil y Paraguay) acordaron, junto con el presidente ecuatoriano Rafael Correa, los tres pilares básicos en los que se asienta la propuesta suramericana para la Nueva Arquitectura Financiera Internacional: la creación de un banco de desarrollo de nuevo tipo, la creación de un Fondo de Reservas del Sur, como una alternativa al FMI, y la construcción de un espacio monetario común latinoamericano.

Es decir, el nuevo conjunto de prioridades representadas en cada uno de los componentes de la Nueva Arquitectura Financiera Internacional, que incluyen la construcción del Banco del Sur, nacen estrechamente ligadas al nuevo horizonte de integración latinoamericana que vivimos en el presente período y que se refleja en estructuras como la UNASUR y el Consejo de Estados Latinoamericanos y del Caribe.

En este mismo sentido, iniciativas como la del G192, que reivindicó la necesidad de que las respuestas globales frente a la presente crisis económica mundial sean consensuadas democráticamente en el escenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas –y no en el G7, el G8 o el G20– permitieron evidenciar la necesidad de hacer un balance crítico de las instituciones de la vieja arquitectura financiera internacional que, como dijimos, no han cumplido con el espíritu para el que fueron creadas en Bretton Woods.

P. ¿En qué consisten los tres pilares de la nueva arquitectura financiera?

R: La Nueva Arquitectura Financiera Regional, tal como consta en la Declaración de Quito de 2007 que ya mencionamos, contempla tres pilares básicos, no exclusivos: el Banco del Sur, como un banco de desarrollo de nuevo tipo; el Fondo del Sur, como una alternativa al FMI; y la gestación de un sistema monetario común latinoamericano.

El primer pilar, la creación del Banco del Sur, busca impulsar, desde un esquema de banca de desarrollo de nuevo tipo, nuevas prioridades para el desarrollo regional con enfoque en el fortalecimiento de las soberanías alimentaria, energética, del cuidado de la salud, del conocimiento y de los recursos naturales de la región, pero incorporando también un componente monetario muy importante, en términos de potenciar el uso de las monedas nacionales y la construcción de un sistema monetario regional.

El segundo pilar, la creación de un Fondo del Sur, busca construir no sólo un Fondo Común de Reservas, sino también una serie de mecanismos de gestión y defensa de las reservas regionales que buscan configurar una verdadera red de seguridad financiera continental frente a las turbulencias internacionales.

El tercer pilar busca el fortalecimiento de las monedas nacionales a través de la creación de un sistema monetario regional basado en sistemas de compensación de pagos, en un esquema totalmente diferente al diseño neoliberal del euro que, precisamente, está en el origen de la crisis que enfrenta en estos momentos Europa. En este horizonte, se ha avanzado mucho con la propuesta del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), desarrollada por los países de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).

La implementación de estos tres pilares tiene, sin embargo, un carácter modular. Es decir, cada uno de ellos puede funcionar de forma independiente, lo que tiene la ventaja adicional de permitir avanzar con mucha flexibilidad en el proceso de negociaciones entre los países de la UNASUR, puesto que la implementación de cada uno de los pilares puede ajustarse a los ritmos internos y las necesidades domésticas de cada país.

P. ¿Y cuáles son los avances hasta ahora?

R. En el ámbito del Banco del Sur, las negociaciones incorporan actualmente la participación de Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil, Paraguay y la República del Uruguay como países fundadores. De éstos, cuatro de ellos ya han ratificado el Convenio (Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina), lo que aproxima muy fuertemente el inicio de sus operaciones. El Convenio del Banco del Sur permite que éste entre en vigencia bajo dos condiciones: la primera, que sea ratificado por la mayoría simple de sus países fundadores y, la segunda, que represente dos terceras partes del capital suscrito del Banco, por lo que faltaría un solo país para que el Banco pueda empezar a funcionar. Además, el proceso de negociación ha contado con la participación de Chile, Surinam, Guyana y Colombia como países observadores, aunque éstos todavía no se han integrado de lleno en el proceso.

Respecto del establecimiento del segundo pilar, el Fondo del Sur, se han generado fuertes expectativas a escala regional. La primera declaración del Consejo Suramericano de Economía y Finanzas, recientemente aprobada en la ciudad de Buenos Aires, incluye como una de las metas urgentes para enfrentar la crisis económica global el diseño de nuevos mecanismos de cooperación técnica en lo atinente al manejo y la movilización de las reservas internacionales, que constituye el punto de partida de la propuesta de un fondo monetario del Sur. La delegación ecuatoriana ha presentado en el seno de UNASUR una propuesta integral de diseño de una red de seguridad financiera continental que articula múltiples mecanismos de gestión y defensa estratégica de las reservas regionales articulada en torno al diseño o replanteamiento de un fondo de reservas suramericano.

Entre otros mecanismos, se contemplan la conexión de los sistemas electrónicos de pagos de los bancos centrales del continente, la creación de una matriz de créditos recíprocos, y el establecimiento de un mercado virtual de valores a escala continental en el que puedan negociarse, por ejemplo, los diversos instrumentos que se desarrollen en el marco de los demás pilares de la Nueva Arquitectura Financiera Internacional, como el Banco del Sur.

Finalmente, respecto del último pilar, se ha avanzado mucho con la construcción del SUCRE, como unidad de cuenta común de los países del ALBA. El presidente del Ecuador, sin todavía pertenecer al ALBA, hizo una propuesta a los jefes de Estado a fines de noviembre de 2008 y, en poco más de un año, empezó ya a funcionar el SUCRE, en el que, hoy por hoy, participan Venezuela, Cuba, Ecuador y Bolivia, y próximamente Nicaragua, cuyo Parlamento debe ratificar el Tratado Constitutivo del SUCRE. Además, desde la delegación ecuatoriana se está impulsando una iniciativa que permita la participación de nuevos Estados. También se debe destacar que existe un gran interés de la sociedad civil –entre las organizaciones populares como la micro y mediana empresa, las cooperativas y otras estructuras populares del continente, especialmente en el Cono Sur, Centroamérica y el Caribe– de integrarse a esta propuesta.

P. ¿Qué capacidad tendrá el Banco del Sur para invertir y transformar las economías y sociedad de los países integrantes?

R. El Banco del Sur viene a aportar una salida a la paradoja histórica del desarrollo económico y social de la región. La dinámica de la vieja arquitectura financiera ha propiciado que países en desarrollo como los nuestros hayan destinado permanentemente ingentes recursos privados y públicos hacia entidades e instrumentos financieros de países del Primer Mundo, a la vez que sus propias necesidades de financiamiento han sido insuficientemente satisfechas a través de un continuo endeudamiento con los organismos multilaterales tradicionales y, muchas veces, condicionadas a intereses ajenos a los intereses nacionales y regionales.

Este objetivo es precisamente una parte fundamental de la Nueva Arquitectura Financiera Regional que estamos trabajando, que apunta a garantizar las condiciones de coherencia continental en la construcción de la patria grande, en la construcción de mercados regionales que fortalezcan la soberanía alimentaria, la soberanía en el cuidado de la salud, la soberanía energética, la soberanía en la producción de conocimiento y el despliegue de una infraestructura que nos conecte físicamente entre las regiones y que permita establecer una dinámica de mercado regional que rompa con las lógicas del intercambio y del desarrollo desigual, de las condiciones de explotación neocolonial de carácter externas pero también internas a nuestros países (como las relaciones de desigualdad que se generan entre la ciudad y el campo, entre la capital y la provincia, etcétera). Todos estos elementos se convierten ahora en temas centrales de la banca de nuevo tipo de desarrollo que, al mismo tiempo, va a ser el banco de desarrollo de nuevo tipo.

P. ¿Cuáles son las características del Banco del Sur que lo distinguen de las instituciones de la vieja arquitectura financiera internacional, como el Banco Mundial o el FMI?

R. El Banco del Sur incorpora un nuevo conjunto de modalidades de operación que lo distinguen claramente de las instituciones financieras multilaterales tradicionales. El primero es el tipo de inversiones priorizadas, que están ligadas con la definición de nuevas prioridades de financiamiento para el desarrollo regional con miras a fortalecer la soberanía alimentaria, energética, de los recursos naturales, del conocimiento y del cuidado de la salud de la región, la economía popular, etcétera.

El segundo eje de cambios radicales que plantea el Banco del Sur se refiere al tema de las modalidades de operación bancaria, que incluye los principales parámetros para la formulación, evaluación y priorización de proyectos que se financiarán, y que buscan, por ejemplo, nuevos mecanismos para internalizar las externalidades ambientales y sociales. En este sentido, una de las propuestas que se ha estado trabajando desde la delegación ecuatoriana es un proyecto de manual de crédito que se convierta en el parámetro de referencia de acción en la gestión cotidiana del Banco.

Hay un subsidio gigantesco que está dando la comunidad y la familia al mercado mundial y a las grandes transnacionales precisamente desde la invisibilización del trabajo de la mujer, de los niños o de los mayores como parte de la economía de la reproducción de la comunidad y que, en el caso de aquellas regiones donde hay una fuerte presencia indígena, forman parte de una serie de mecanismos ancestrales ligados a la religiosidad, la espiritualidad y la cultura de la gente; pero que, en última instancia, han sido refuncionalizados por el mercado para “autoexplotar” a la familia y a la comunidad. Así, en lugar de convertirse en un elemento que mejore las condiciones de vida, a la larga se convierte en uno de los elementos con los que cuenta el capitalismo para abaratar la fuerza de trabajo y la naturaleza.

La idea es entonces construir herramientas concretas para el funcionamiento bancario de una institución de desarrollo que, sin dejar de ser sustentable en las actuales condiciones de las finanzas públicas de América Latina, pueda redefinir los parámetros de evaluación, no solamente de la rentabilidad social y ambiental, sino de la rentabilidad económica. Es decir, no sólo un banco, sino un banco de nuevo tipo. No es sólo un banco para el desarrollo de nuevo tipo, sino que es un banco de nuevo tipo para el desarrollo.

Es inclusive necesario pensar en un Banco que pueda subsistir un ciclo de vacas flacas que puede venir en cualquier momento en el continente, y que, por tanto, tiene que establecer los criterios de manejo técnico bancario más adecuados. Eso no es un tema fácil porque, además, está atravesado por posiciones irreconciliables de parte de las comunidades epistémicas y la sociedad civil, que tienden a asumir una visión muy maniquea y que no aporta soluciones al dilema de cómo llevar a la práctica concreta en términos sustentables el proyecto de un banco de desarrollo de nuevo tipo.

El tercer eje se refiere al tema de las nuevas prácticas bancarias, que incluye el importante aspecto de la vigilancia ciudadana. Para este fin, se necesita, en primer lugar, un código de ética por el que las empresas que participen del financiamiento del Banco del Sur estén obligadas a firmar un compromiso de código de conducta que implica cumplir estándares mínimos de responsabilidad social, ambiental, tributaria, laboral, comunitaria, de transparencia y de ética.

En segundo lugar, partiendo de esa base, el papel de la vigilancia ciudadana cambia radicalmente de naturaleza y de eficacia porque se pueden incluir en el Banco del Sur mecanismos como la publicación sistemática, abierta a todo el público, de los costos unitarios de cada una de las obras que están siendo financiadas, controlados por grados de dificultad, por tipo de obra, etcétera. Éste es un elemento central para el ejercicio del control social de las operaciones del Banco, puesto que, si se transparentan los costos unitarios de cada proyecto, se podrán identificar de manera más expedita las distorsiones de los procesos de contratación.

Además, se pueden retomar experiencias ya en práctica, como el uso de cartas de crédito que defiendan al consumidor. Si uno compra, por ejemplo, una televisión y le cobran por ese artículo más allá del umbral de la base de la distribución de precios de mercado, la tarjeta de crédito no reconoce al almacén más allá de ese umbral, y no hay ningún riesgo para el cliente. Lo mismo se puede replicar en la contratación de las obras públicas. En la medida en que se suscriba un código de ética por parte de las empresas, el Banco no reconocería la planilla de los constructores más allá de ciertos costos unitarios establecidos en la licitación de contratación, sin que el Gobierno esté involucrado en la disputa. Estos nuevos horizontes demandan la generación de nuevos productos financieros y no financieros que atiendan a las necesidades de desarrollo regional, y que ofrezcan respuestas a tareas que no han sido resueltas por la vieja arquitectura financiera.

P. ¿Cuáles son los posibles proyectos en los cuales va a invertir el Banco?

R. Como dijimos, el Convenio Constitutivo del Banco del Sur establece un nuevo conjunto de prioridades de inversión en torno al fortalecimiento de las soberanías alimentaria, del cuidado de la salud, energética, de los recursos naturales y del conocimiento.

En el ámbito de la soberanía alimentaria, la delegación ecuatoriana ha propuesto la priorización del establecimiento de un sistema de silos administrados localmente con la cooperación de gobiernos seccionales y los productores agrícolas locales, bajo un esquema de articulación continental en un sistema electrónico digital de inventarios, orientado a garantizar de manera dinámica una reserva estratégica de alimentos básicos para la región, que permita componer una canasta nutricionalmente adecuada para las necesidades de la región y afrontar potenciales escenarios de crisis alimentarias.

Sobre esa base, se lograría movilizar la producción de los pequeños, medianos y grandes productores, así como de las cooperativas agrícolas, comunidades y demás formas de la economía campesina popular y solidaria, en torno a la gestación de un mercado seguro que permita la inclusión de actores que hasta ahora están sujetos a la incertidumbre del mercado y a las actividades predatorias de sectores usureros e intermediarios.

En el plano de la soberanía de la salud, el Banco del Sur podría orientarse a garantizar a la población de los países de la región el acceso a medicamentos de marca y genéricos, a costos asequibles y de producción local y que combatan, principalmente, enfermedades endémicas de la región que no son atendidas por la oferta convencional de las grandes casas farmacéuticas del mundo desarrollado por no tratarse de mercados de alta rentabilidad. En este mismo ámbito, también se abrirían espacios para apoyar la investigación sobre prácticas médicas ancestrales, incluyendo los conocimientos agrícolas y ecológicos de los pueblos nativos.

En el plano de la soberanía energética, se apuntará a consolidar la capacidad de los países de aprovechar sus propios recursos energéticos renovables y no renovables sobre la base de sus necesidades y con independencia de otras fuentes externas, respetando el medio ambiente y minimizando el impacto ecológico resultante de su obtención y utilización. América Latina es un continente dotado de una enorme cantidad de recursos energéticos, tanto renovables como no renovables. Somos exportadores netos de energía y, sin embargo, tenemos una provisión energética deficiente que no cubre las necesidades de toda la población. Ese no es el caso del Ecuador, donde tenemos un récord de más del 95 por ciento de cobertura en la red eléctrica, pero, de todas maneras, tenemos problemas como apagones permanentes y un alto costo de la energía.

Esta situación torna urgente la necesidad de generar inversión en investigación y desarrollo sobre este tema, con miras a establecer una plataforma de provisión de energía muy barata y eficiente, pensada en una perspectiva estratégica que cambie la lógica de nuestra inserción internacional. En el actual escenario mundial, va a ser la eficiencia y el bajo costo de la provisión de energía –y no el bajo costo de la naturaleza o del talento humano– lo que va a determinar la posición y el tipo de nuestra inserción internacional.

En este marco de nuevas prioridades, el Banco del Sur también promoverá el desarrollo de instrumentos y mercados dirigidos a precautelar el medio ambiente y a proteger el acervo ecológico de la región y que, sobre todo, forme parte de una estrategia que haga sustentable el modelo de desarrollo de América Latina en su integralidad. El Ecuador ha planteado a la comunidad internacional de Estados, por ejemplo, la propuesta de dejar el crudo bajo tierra, tanto en el proyecto Sarayacu de principios de siglo como en el proyecto Yasuní. El Banco del Sur podría impulsar instrumentos financieros de nuevo tipo que no solamente hagan estos proyectos viables, sino también replicables; que no sean solamente iniciativas del Gobierno, sino que podrían ser iniciativas de gobiernos seccionales o de comunidades, inclusive transfronterizas. Hay zonas de gran valor ecológico en zonas de frontera que podrían prosperar con proyectos de este tipo desde una perspectiva totalmente distinta al tema de la explotación capitalista, muy poco amigable con el medio ambiente.

Finalmente, una tarea crucial será abrir espacio a una economía que se base en racionalidades distintas a la capitalista y que, hoy por hoy, está siendo asimilada a esta lógica por la fuerza y las condiciones del mercado. Se requiere financiar la economía popular en toda su heterogeneidad, a la micro, la pequeña y la mediana empresa, las cooperativas, las comunas y una cantidad de formas productivas que ni siquiera tienen nombre, pero que parten de otro tipo de lógicas productivas, otro tipo de mecanismos de distribución y estructuras de incentivos, que pueden dar lugar a procesos que, aunque no sean los dominantes bajo la lógica del mercado y la rentabilidad capitalista, puedan estabilizarse gradualmente y además ser replicables y sostenibles en el tiempo.

Estas tareas urgentes para el desarrollo regional podrían inclusive impulsarse antes de que el Banco del Sur inicie sus funciones, a través de mecanismos expeditos de financiamiento, como un sistema de fideicomisos que incorpore una provisión que disponga que los proyectos pasarían íntegramente al Banco del Sur una vez que éste inicie sus funciones. Ello nos daría mucha flexibilidad porque abriría las puertas para la participación de actores que, hoy por hoy, no están en el Banco del Sur, o que ni siquiera están en UNASUR, como ONG que estén interesadas en las nuevas prioridades de desarrollo regional. Este sistema de fideicomisos constituiría un mecanismo de financiamiento alternativo que no entrañaría deuda externa o recursos presupuestarios, sino que podría basarse en aportes en moneda nacional, lo que da una cabida muy importante para una serie de innovaciones financieras –éstas sí positivas– pensadas desde el interés de nuestras naciones.

P. ¿Qué rol ha jugado Brasil en el proceso del Banco del Sur? ¿Cuáles son los principales obstáculos para la consolidación del Banco?

R. Durante el proceso de negociación, ha habido un significativo esfuerzo por parte del Gobierno brasileño de construir el proceso latinoamericano en un ámbito de respeto a la diversidad y a los países más pequeños. Es evidente que el peso relativo de Brasil es muy superior en términos de la dimensión de su territorio, del tamaño de su población o del tamaño de su PIB; y sin embargo, en términos de la representación, ha habido una actitud muy considerada por parte del Gobierno brasileño a lo largo de todo este proceso que se evidencia en la expresión de “un país, un voto”, consignado en el Convenio Constitutivo del Banco del Sur. Claro que también se incluye una calificación más allá de ciertos umbrales de crédito que se corresponde con los límites en que puede ponerse en riesgo el capital social del banco, pero que no desdice la orientación democrática que ha estado presente en el Banco del Sur y, más en general, en toda la construcción de UNASUR.

Sin embargo, hay sin duda una oposición de las grandes transnacionales y de las viejas oligarquías a todo lo que signifique un proceso de cambio. Creo que esa oposición corresponde, en buena parte, a una serie de atavismos ideológicos. Porque si uno revisa críticamente lo que ha sido el proceso de construcción europeo, uno va a darse cuenta de que la gran apuesta que hizo el capital francés y alemán, luego de siglos de provocar que los pueblos se maten los unos a los otros por las rivalidades entre las élites, fue precisamente el apostarle al desarrollo de la periferia europea.

Yo creo que eso mismo debería estar presente en la visión de los grandes capitales de América Latina y sus élites. Deberían dejar ese pasado oligárquico excluyente, acaparador, basado en la polarización social y en el atraso; y deberían pensar en un proceso de construcción en el que ellos tendrían muchísimo que ganar. Sin duda, hay retardo en la aprobación del Banco del Sur; nadie más ansioso que yo para que esto salga adelante, pero si uno se pone a analizar las negociaciones internacionales y la creación de instituciones como éstas de financiamiento multilateral, las experiencias son totalmente aleccionadoras. Del BID empezó a hablarse en 1939, pero éste sólo empezó a dar sus préstamos a principios de los años sesenta. Y eso que estamos hablando de una situación en la que el proyecto lo presentaban fundamentalmente los Estados Unidos, y lo que tenían que hacer los demás países era poco más que adherirse.

Aquí estamos hablando de verdaderas negociaciones multilaterales, y en una situación de impasse ideológico, técnico doctrinario, en el que nadie tiene la receta perfecta, es un tema en el que hay que hacer exploraciones y nos tenemos que mover con mucha responsabilidad y con mucho rigor técnico. En un contexto en el que nadie tiene el monopolio de la verdad ni de la técnica, se requieren creaciones colectivas.

Y por eso es tan importante la participación ciudadana y de las organizaciones sociales, ya que esa participación permitirá generar –desde las iniciativas, desde las propuestas y desde la presión– las condiciones para que el rumbo transformador de las nuevas instituciones permita a los Gobiernos avanzar hacia transformaciones más profundas.

P. ¿Permitirá la nueva arquitectura financiera recuperar el rol de las monedas nacionales? ¿Cómo?

R. En el diseño de la Nueva Arquitectura Financiera Regional, un aspecto crucial es la recuperación de la función de las monedas nacionales. El neoliberalismo, a través de una serie de reformas legales impulsadas por agentes generalmente vinculados con la banca, auspició la imposición del uso del dólar en nuestras economías, en una situación en la que algunas funciones de la moneda nacional pasaron a ser cumplidas por el dólar, empezando, en el caso más común, por la notación de los precios de algunos bienes, especialmente de bienes raíces de alto valor.

En el marco de la lógica de la financiarización y de la globalización de nuestras economías, esta situación empieza a permear, poco a poco, a otros sectores de la sociedad; no sólo a sectores medios, sino incluso a sectores populares, en torno a bienes de consumo duradero como automóviles, refrigeradores o aspiradoras, y a otro tipo de funciones de la moneda, que incluyeron mecanismos directamente ligados con la lógica devaluatoria como la apertura de cuentas en dólares y concesión de préstamos nominados en dicha moneda; la notación de tasas de interés en dólares; los mecanismos de indexación que cada vez están menos ligados a tasas de inflación y más ligados al dólar; y la utilización de ciertos mecanismos financieros como mecanismos de cobertura para las empresas y los hogares, vulnerando las capacidades de nuestras monedas nacionales de poder actuar como medio de pago con poder liberatorio exclusivo de las deudas internas.

La erosión de esas capacidades implicó que la masa monetaria –o lo que es lo mismo, la masa de medios de pago disponibles en la economía– cada vez responda menos a las posibilidades de ampliación del aparato productivo y cada vez esté mucho más sometida a las expectativas especulativas de los mercados cambiarios. Es decir, en lugar de que la devaluación provoque inflación, es la posición dominante en los mercados de divisas de los grandes actores oligárquicos en nuestros países el que hace que el tipo de cambio suba y que termine convirtiéndose en un elemento retroalimentador del proceso inflacionario.

Esta espiral inflación-devaluación, que mina de manera significativa la capacidad tributaria de nuestros países, rompe la lógica de sostenibilidad del manejo presupuestario. Esta dinámica se agravará con la crisis de la deuda: el encarecimiento de la deuda externa de nuestros países pagada en dólares cada vez más apreciados, a tasas de interés cada vez más altas, tiene como contrapartida una generación de ingresos locales en una moneda nacional cada vez más débil y que cada vez está más sujeta a presiones inflacionarias.

Ahí hay una paradoja. Resulta ser que, para los panegíricos del neoliberalismo, todo el dinero que se les da a los bancos o al sector privado a través de paquetes de rescate financiero, por ejemplo, no es inflacionario, pero el dinero que se le presta al Gobierno para la construcción de escuelas, colegios, hospitales u obras de infraestructura para la producción, ese sí es inflacionario. O una paradoja todavía más absurda: decir que el dinero que viene de los préstamos externos, si es invertido en las mismas escuelas, colegios, hospitales u obras de infraestructura, no es inflacionario, pero si lo hacemos con recursos provenientes de créditos soberanos a través del banco central, esto sí constituye una práctica inflacionaria. Este dogma de fe orientó de manera transversal a la política económica de las últimas décadas, significando una situación de deterioro tanto en el plano de las políticas monetarias, financieras, fiscales y en el plano del sector externo, que se retroalimentan unas a otras, en condiciones de mayor insostenibilidad.

Por eso es que cuando disputamos el proyecto del Banco del Sur dejamos la puerta abierta para potenciar las monedas nacionales, e incluso para la eventual utilización de una moneda regional.

La necesidad de crear un espacio de soberanía monetaria supranacional, que constituye el tercer pilar de la propuesta suramericana para la Nueva Arquitectura Financiera Internacional, es un proceso paulatino, no puede darse de la noche a la mañana, pero debe orientarse por el objetivo básico de ligar la moneda –este tipo de moneda alternativa, que no necesariamente es una moneda física, ni necesariamente tiene que reemplazar a las monedas nacionales– a las transacciones reales. Es decir, que la moneda deje de ser el vehículo de la especulación, de la explotación, de la fuga de capitales, de las asimetrías y de la exclusión, y que se convierta, más bien, en un mecanismo de validación de la riqueza que genera el trabajo de la gente, de las posibilidades de intercambio y de complementariedad de nuestros pueblos, de la expresión de la creatividad de la gente, y de la realización de una cantidad de potencialidades desde las comunidades, desde los territorios, que hoy están totalmente bloqueados por esta lógica excluyente y cortoplacista, que demanda altísimas tasas de ganancia del modelo extrovertido y sustentado en la transnacionalización financiera.

En ese sentido, hemos recuperado las experiencias históricas de los sistemas de compensación de pagos de las bancas centrales a escala internacional, a través de un diseño de compensación de pagos que no requiere de la utilización directa de divisas –que están en la base de la debilidad de nuestros paquetes macroeconómicos y que están, además, en el corazón de la transnacionalización financiera que hemos vivido en las últimas décadas–, con lo que se ahorra una significativa cantidad de recursos que alivia mucha de la angustia por obtener dólares, que, dada nuestra posición en la división internacional del trabajo, sólo se resuelve sobra la base de exportaciones netas, positivas, cuya competitividad se basa en el abaratamiento de la fuerza de trabajo y de la naturaleza que ya habíamos mencionado.

P. ¿Cómo funciona el Sucre? ¿Cómo ayuda a la reducción del uso del dólar en la región?

R. El Sistema Unitario de Compensación Regional de los países del ALBA (SUCRE) constituye una moneda que no está basada en las restricciones neoliberales del euro y que, al contrario de esta erosión de las soberanías nacionales que ha implicado la construcción europea en el último período, se convierte en una premisa para la recuperación de las funciones de las monedas nacionales, como mencionamos, porque al reducirse la vulnerabilidad y la incertidumbre en el sector externo, financiero, y fiscal, y al aumentar el espacio de política doméstica en esos planos, estamos creando condiciones para recuperar las capacidades internas de cada país, e incluso abriendo grandes perspectivas para generar capacidades soberanas a nivel local, desde lo popular.

El SUCRE consiste precisamente en abrir una especie de tarjeta de crédito recíproca entre los bancos centrales que permite reducir la necesidad de dólares en las transacciones entre nuestros países. Por ejemplo, en un caso hipotético de importaciones que se hacen desde Perú de productos colombianos, el importador peruano, luego de convenir la transacción con el exportador colombiano, tiene que contratar un banco privado en su país para hacer efectivo el pago, y este banco privado en el Perú debe tener un banco privado corresponsal en los Estados Unidos que, a su vez , tiene que pasar por la Reserva Federal estadounidense a través de un mecanismo swift para comunicarse con el banco corresponsal privado en los Estados Unidos del banco del exportador colombiano, que tiene que pagarle al banco privado en Colombia, que sólo en este momento puede liquidar la operación y pagar al exportador. Y eso sin tomar en cuenta la relación entre el exportador y el productor final.

Este esquema de comercio vigente genera una demanda adicional totalmente artificial sobre el mercado regional de divisas. Por poner un ejemplo, supongamos un caso hipotético de comercio bilateral entre Perú y Colombia, en el que el total de exportaciones peruanas alcanzaran un valor de 500 millones de dólares y, el total de las exportaciones colombianas, de 750 millones. Eso significa que entre los dos países se produce una demanda artificial de divisas de 1.250 millones de dólares. Esa presión sobre los mercados de divisas genera una volatilidad que implica una cantidad de desequilibrios enormes que condicionan las políticas comerciales, cambiarias y, en general, el sector externo de cada uno de los países. Sin embargo, no son solamente las presiones internas del mercado cambiario interno las que generan estos mecanismos desestabilizadores, sino que, en muchos casos, las presiones en el mercado cambiario en Brasil están generando una serie de problemas en el manejo macroeconómico y la estabilidad financiera de Argentina, Uruguay o Paraguay.

Todos estos pasos implican, en primer lugar, tiempo; en segundo, costos por comisiones en cada uno de esos pasos; y, en tercero, riesgo, porque cada uno de estos pasos implica un problema de confianza. Si una vez hecho el pago, en cualquiera de los pasos, el banco involucrado quiebra o suspende sus pagos, o no confía en el otro banco, simplemente suspende el pago. En las crisis financieras de todos los países de América Latina conocemos casos en los que se hizo el pago a través del banco, y ese pago jamás llegó al beneficiario final. Todos estos elementos implican barreras de entrada para una gran cantidad de actores, que refuerzan el hecho de que el comercio de exportaciones, inclusive el de exportación regional, haya sido manejado siempre por grandes empresas y por especialistas ligados a los propios bancos. Si para las grandes empresas el esquema actual de comercio internacional que hemos descrito conlleva costos muy importantes y elementos de incertidumbre para decidir participar o no en los mercados, para el grueso de los actores económicos, incluyendo medianas, pequeñas y microempresas, cooperativas, comunas y otra cantidad de actores sociales, esta lógica simple y llanamente los deja afuera.

Este esquema de comercio se impone no sólo en las relaciones comerciales de nuestros países con los Estados Unidos, sino también con los demás bloques regionales en una situación absolutamente artificial basada en la fuerza y el chantaje. El conjunto de las transacciones petroleras, una proporción altísima de las transacciones de materias primas, incluyendo alimentos, y la casi totalidad de las transacciones financieras se hacen en dólares, aunque no involucren a los Estados Unidos, y tienen además que pasar por el sistema swift, que es un sistema privado, y por la Reserva Federal estadounidense.

Al tener este ahorro significativo de divisas, no sólo se liberan recursos y tensiones en el sector externo de las economías de nuestros países, sino que también se amplía el espacio de política monetaria y financiera, puesto que, al no necesitar ya subir la tasa de interés para mantener el tipo de cambio como se ha venido haciendo hasta ahora, el servicio de la deuda de los hogares, de las empresas y del propio Gobierno se reduce, lográndose liberar recursos para la inversión productiva o para el bienestar de la gente. Es decir, se amplía el margen de acción no solamente del Estado, sino también de los otros actores, que además pueden desenvolverse en un escenario de menor inestabilidad por el hecho de que las tasas de interés y el tipo de cambio también van a estar más estables. Precisamente aquí radica la diferencia fundamental con el euro.

El SUCRE, en cambio, reduce por completo esos pasos. El agente financiero del exportador o del productor directo –que, en el caso del Ecuador, no debe ser necesariamente un banco privado, sino también una cooperativa– se conecta electrónicamente y de manera directa, a través del sistema de pagos de su banco central, con el banco central del país importador, que, de acuerdo a la soberanía interna de cada país y a los arreglos domésticos, se conectará con el banco privado o con el agente financiero del importador para realizar la transacción. Bajo este esquema se reducen los tiempos, los costos y, de una manera brutal, la incertidumbre asociada con estos procesos. Más aún, el momento en que ya se perfecciona la transacción con la entrega de la cosa, el banco central del país importador acreditará el pago en moneda nacional al agente financiero del exportador conforme a las leyes internas.

Los bancos centrales se abren crédito recíprocamente por un monto definido por el máximo organismo de administración y vigilancia del SUCRE, el Consejo Monetario Regional, y que, al momento en que un cupo se llene, tiene facultades para ampliar ese cupo, dado que, al estar directamente respaldado por transacciones reales, no hay la posibilidad de que ésta de aquí se convierta en una burbuja especulativa, porque está directamente ligado a exportaciones reales de bienes.

La responsabilidad de cada banco central está limitada exclusivamente al aporte en moneda nacional respectivo para comprar su cuota de “sucres”, sin ningún costo financiero o fiscal porque se trata de emisión soberana. En el activo del sistema, se registra el aporte de cada uno de los países en monedas nacionales y, en el pasivo del sistema, aparece la emisión de sucres. En términos de costo presupuestario –con excepción del Ecuador, que tiene el caso del dólar y que requiere un bono especial en la moneda nacional–, todos los aportes en sucres no tienen costo; son emisiones soberanas que no tienen ninguna posibilidad de ir más allá de la cuota asignada a cada país. En el caso de que un banco central este bajo situaciones de tensión por alguna crisis financiera sistémica interna, los sucres siguen operando contra la cuenta del Consejo Monetario Regional de cada uno de los países, que está en el origen. Siempre hay la disciplina contable en cada uno de los pasos.

Estamos hablando de transacciones que se realizan en tiempo real, que permiten bajar el umbral que ha impedido que nuevos actores con otras lógicas económicas, que no necesariamente son capitalistas, puedan crear nuevos mercados, y ahí está la clave de lo que estamos planteando. En realidad, no estamos hablando de una propuesta estatista tradicional, sino de una participación más decidida del Estado a través de sus bancos centrales y, sobre todo, hablamos de la necesidad de crear más mercados, pero no los mercados típicamente controlados por los oligopolios y por las transnacionales –desde la lógica del cortoplacismo y de las altísimas tasas de interés, que obviamente han dejado afuera a una cantidad inmensa de actores sociales–, sino de mercados inclusivos, que permitan viabilizar la producción que ha generado la gente desde los territorios y comunidades. Eso abre un espectro enorme de intereses que, hasta ahora, no terminan de cuajar, precisamente por esos atavismos ideológicos que habíamos mencionado, y que cuentan con el apoyo de quienes se benefician hasta ahora con el statu quo, en especial el propio sistema financiero de nuestros países y las casas comerciales tradicionalmente beneficiarias del circuito tradicional de comercio exterior.

Sin embargo, inclusive esos actores tienen mucho que ganar con el nuevo esquema SUCRE, a través, por ejemplo, de ahorros significativos para las propias casas comerciales. En una reciente transacción entre Bolivia y Ecuador, una de las grandes empresas exportadoras intervinientes públicamente hace una rueda de prensa y dice: “sí, miren, en realidad, con este mecanismo, las cosas han sido muy fáciles, sin ningún tipo de manejo burocrático y, en cuestión de 48 horas, hemos podido hacer una transacción completa”. E inmediatamente a la transacción, el importador se ha ahorrado, en el caso de Bolivia, el 5 por ciento en la transacción y, en el caso de Venezuela, el 15 por ciento; es decir, hay una ventaja competitiva muy significativa. De momento, las transacciones cursadas por el sistema son muy pocas, pero es evidente que habrá un salto cualitativo en el momento en que se rompa con los falsos temores que se han inculcado en la gente y en que se den cuenta de que hay una cuestión muy pragmática.

P. ¿Cuáles son los principales riesgos o desafíos que enfrenta la nueva arquitectura financiera?

R. Yo creo que, en general, los procesos de integración latinoamericanos están marcados por una contradicción entre la vocación de los pueblos por la integración, y los obstáculos que todavía representa la inercia de todo el pensamiento neoliberal respecto a los criterios de racionalidad y de razonabilidad de lo que es posible hacer y de lo que es técnicamente necesario. Además, ello se complejiza por cuanto esta especie de