La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) insistió hoy en que el contrato con la empresa brasileña OAS para la construcción de la carretera entre Villa Tunari – San Ignacio de Moxos es legal. Sin embargo, el líder del Movimiento sin Miedo (MSM) Juan del Granado reiteró que el contrato fue firmado al margen de la legalidad y que existe un sobreprecio de 200 millones de dólares en la carretera.

Del Granado presentó la semana pasada ante el Ministerio Público una demanda contra funcionarios de la ABC, la empresa brasileña OAS, y contra la ex presidenta de ABC Patricia Ballivián por irregularidades en el contrato suscrito para realizar la vía. “El MSM ratifica que existe sobreprecio en la carretera y que la licitación y contratación han sido contrarios a la norma”, afirmó del Granado.

Dichas anomalías fueron advertidas en informes de la Contraloría General del Estado, y también del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento (VIPFE) fechados el 31 de julio de 2008 y remitidos al Ministerio de Hacienda el 19 de agosto de ese año. Un informe del 3 de septiembre de 2008 señala que “No existe una propuesta formal de las condiciones financieras con que se contratará este crédito, por tanto se requiere continuar las negociaciones con la Embajada del Brasil a objeto de incrementar la concesionalidad del mismo. Si no se logra este aspecto, se sugiere buscar fuentes alternativas de recursos”.

Pese a las observaciones, el gobierno firmó el contrato de obra sin financiamiento de OAS el 4 de agosto de 2008. La prueba de que no existía financiamiento es la cláusula 40 del Contrato de construcción de la carretera que textualmente señala: “Las partes acuerdan que la vigencia del contrato se encuentra sujeta a la condición suspensiva de la suscripción del convenio de crédito (financiamiento) y a su aprobación a través de Ley de la República”. Después de dos años y medio, el 15 de febrero de 2011, recién se firmó el Contrato de Financiamiento entre el BNDES de Brasil y el Estado boliviano por $us 332 millones que representa el 80% del costo de la carretera.

Del Granado informó que la brasileña OAS se adjudicó el contrato sin ofrecer financiamiento propio. “Es una propuesta donde claramente OAS plantea a ABC que sea el Estado Plurinacional de Bolivia el que contraiga un crédito con la BNDES del Brasil”. En conclusión, la adjudicación, contratación y financiamiento de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos a la empresa OAS, sin contar con financiamiento propio, y peor trasladando esa obligación de financiamiento al Estado boliviano constituyen una flagrante violación y atropello a la Constitución Política del Estado y a las leyes bolivianas.

En la demanda presentada por del Granado se afirma que los responsables de la firma del contrato con OAS incurrieron en los delitos de contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, resoluciones contrarias y a las leyes, además de privación de libertad, vejaciones y torturas contra los indígenas a quiénes el gobierno reprimió con violencia.

El gobierno y la ABC se defienden

“Se han recibido una serie de acusaciones en el marco legal, una vez que se demuestre su falsedad, los acusaremos por calumnia e infamia. Iniciaremos nuestra réplica legal sobre la gente que ha iniciado el proceso (contra ABC) con falsas acusaciones”, dijo el secretario general de ABC Antonio Mullisaca. El funcionario dijo que la ABC está abierta a cualquier tipo de investigación, aunque reconoció que la Contraloría General del Estado realizó algunas observaciones de carácter administrativo al contrato con OAS, las que según él fueron subsanados.

El Ministro de la Presidencia Carlos Romero informó el martes que el segundo informe de la Contraloría sobre el contrato de construcción de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos suscrito por el Gobierno y la empresa Brasileña OAS, no tiene observaciones. “Entregamos a los medios de comunicación este segundo informe de la Contraloría del Estado para despejar dudas sobre el contrato para la construcción de la carretera”, aclaró.

El Vicepresidente Álvaro García Linera consideró que la “campaña agresiva de falsedades” dirigida por el líder del opositor MSM solo busca dañar la gestión del Presidente Evo Morales, y cuestionó tres puntos de sus acusaciones: el sobreprecio, la denuncia una extensión de 209 kilómetros lineales de puentes y que toda controversia será sometida a leyes y tribunales brasileños, en una presunta violación al artículo 320 de la Constitución.

“Hay una campaña de falsedades, de mentiras, dirigidas a dañar al Gobierno y dirigidas a encubrir un pensamiento privatizador en toda esta campaña. Entregar las reservas internacionales a empresas privadas, entregar concesiones a empresas privadas, entregar el protagonismo de la economía a empresas privadas. Eso es lo que está en juego”, aseguró García Linera.

Aclaró que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos “no es la más cara por kilómetro lineal”, sino ocupa el cuarto lugar con 1,3 millones de dólares por kilómetro, después del precio de la carretera Cotapata-Santa Bárbara que registró 3,6 millones de dólares; de la vía Padilla-Monteagudo de 1,8 millones de dólares; y de la carretera Santa Cruz-Cotoca, cuyo precio por kilómetro lineal fue de 1,4 millones de dólares. “No es la más cara, hay carreteras mucho más caras por la topografía, estamos hablando de una carretera en la selva. Esa es la primera acusación y la primera falsedad”, precisó.

Detalló que la segunda falsedad en el documento establece una extensión y un número “irrisorio” de puentes sobre 209 kilómetros lineales, cuando el contrato contempla sólo tres kilómetros lineales de puentes. El Vicepresidente comparó el supuesto sobreprecio de esa carretera con los 20 millones de dólares por kilometro lineal que costó la construcción de los Puentes Trillizos, obra situada en la ciudad de La Paz y ejecutada bajo la administración de Juan del Granado.

“No se puede mentir a Bolivia de esa manera, esta bien que se hagan las criticas pero no falseando la realidad”, dijo al señalar que multiplicando ese precio por los 306 kilómetros de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos costaría la extraordinaria cifra de 6.000 millones de dólares.

Respecto a la supuesta inversión extranjera de la carretera, García Linera desmintió que la vía sea una inversión privada de OAS, sino una inversión del Estado boliviano. “Una carretera no es inversión extranjera no le pertenece a nadie son bienes públicos, otra cosa es el crédito extranjero, que ha confundido, que se someten a procedimientos de ley, a las normas internacionales”. Explicó que el artículo 320 de la Carta Magna señala que toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y las autoridades bolivianas, pero dijo que ese precepto no rige para la construcción de la carretera, porque no es una inversión privada de la empresa OAS.

García Linera afirmó que el Gobierno está dispuesto a cualquier tipo de observación o investigación, para que todo quede claro, pero rechazó las observaciones “que se basan en mentiras”.

El MSM ratifica sus denuncias

Luego de que García Linera acusara al MSM de mentir a propósito de las graves irregularidades en el proceso de licitación y contratación de la cuestionada carretera, Del Granado ratificó cada uno de sus cuestionamientos y aseguró que el gobierno no amedrentará a su partido.

“Este martes, el Vicepresidente ha intentado, de manera fallida, dar una respuesta a las denuncias del MSM sobre el tema de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos con dos objetivos. El primero es intentar descalificarnos de manera personal y política, señalando que fuimos diputados del MNR y que queremos privatizar las carreteras. El segundo objetivo nos preocupa más: el Vicepresidente está tratando de eludir y distraer el contenido principal de nuestra denuncia que tiene dos componentes que no han sido desmentidos en absoluto por el Vicepresidente. El primero es el sobreprecio de la carretera y el segundo es la licitación y la contratación ilegal de la empresa brasileña OAS”, aseveró Del Granado.

El jefe del MSM ratificó que existe sobreprecio en la carretera y que la licitación y la contratación han sido ilegales. “El Vicepresidente dijo que se trata de la carretera más cara de Bolivia. Nunca dijimos eso, lo que dijimos es que se trata de una carretera con sobreprecio, puede haber una carretera cara sin sobreprecio. Luego ha hablado durante 10 minutos sobre los 209 kilómetros de puentes. Al respecto, queremos pedirle al Vicepresidente que pida aclaración sobre el dato a sus funcionarios de la Contraloría General del Estado. En concreto, que le pida aclaración al señor Javier Vega Viza, gerente de Auditoria de la Contraloría, que es quien afirma que son 209 kilómetros en puentes, no el Movimiento Sin Miedo”, precisó el ex alcalde paceño.

En un documento registrado con el número 847 y fechado el 14 de junio del 2010, el Gerente de Auditoría Principal de la Contraloría dice: “Para la estimación de la longitud de puentes para la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, el profesional (el consultor Andrés Castro Kukoc) incluyó en sus análisis una longitud de 209 kilómetros”.

Según Del Granado, el Vicepresidente eludió explicar cuestionamientos de fondo: “¿Por qué se eliminó el asfalto en la provisión de la carretera, que representan 30 millones de dólares adicionales para el Estado?; ¿por qué se eliminó el mantenimiento de 5 años de la carretera?, 12 millones de dólares; ¿por qué se agregó el 30 por ciento como imprevistos?, 100 millones de dólares; ¿por qué no se proyectó el estudio de prefactibilidad?; ¿por qué se rebajó el 20 por ciento del financiamiento?; ¿por qué se hicieron cálculos a ojo de buen cubero?; ¿por qué tenemos un sobreprecio de por lo menos 800 mil dólares por kilometro lineal y cercano a los 200 millones de dólares en total? Esto es lo que tiene que responder el Vicepresidente”.

Por tanto, reiteró que la licitación y la contratación son contrarias a la ley, y que OAS debió ser descalificada porque no cumplió con el requisito de financiar la obra. El hecho es que el Estado se endeudó por OAS: “Contrato llave en mano con financiamiento del proponente significa autofinanciamiento. En marzo de 2008 la ABC como licitante, licitó el diseño, la construcción y el financiamiento. Las empresas que se presentasen debieron ofrecer la construcción, el diseño y contratar el financiamiento, esto es lo que se llama financiamiento del proponente o autofinanciamiento”.

“¿Qué ofertó OAS en julio de 2008? La empresa brasileña ofertó a ABC el diseño y la construcción y planteó que el Estado boliviano asuma la deuda y el financiamiento con un banco brasileño. ¿Qué se contrató? La ABC contrató con OAS el diseño y la construcción el 4 de agosto de 2008; y en febrero de 2011, dos años y medio después, el Estado boliviano y ABC contratan con el BNDES y OAS el financiamiento y la importación del Brasil de bienes y servicios para la carretera. ¿Qué decía el pliego de contratación? El Documento Base de Contratación (DBC), en el inciso 44 y la página 19 señala: Previo a la firma del contrato de obras con la empresa adjudicataria, el gobierno de la República de Bolivia deberá firmar y aprobar el convenio de financiamiento. Por tanto, el convenio de financiamiento debió ser previo al contrato de obras que se firma el 4 de agosto de 2008. Todo lo que propuso en agosto es que el Estado asuma el financiamiento y, por tanto, se violaron las normas básicas de contratación, el Decreto Supremo 29190 del año 2007”, explicó Del Granado.

“Pero aquí hay elementos nuevos. Se incorpora en los términos del contrato de financiamiento elementos de la construcción y, por tanto, se establece una vinculación indisoluble entre el contrato de financiamiento y el contrato de construcción y, por ello, se viola el artículo 320 de la Constitución Política del Estado porque el contrato de financiamiento que también comprende obras, importación de bienes y servicios, está sujeto a los tribunales de San Pablo del Brasil. ¿Cómo debió ser la contratación? La ABC debió contratar a OAS el diseño y la construcción y OAS, por su cuenta, debió contratar al BNDES, al banco Mercantil, a la Mutual de Ahorro y Préstamo para Vivienda, lo que fuere, para la construcción, sabiendo que nosotros íbamos a pagar el costo de ese endeudamiento. El Estado no podía contratar el financiamiento”, añadió del Granado.

Finalmente, el jefe del MSM pidió al gobierno que deje sin efecto el contrato ilegal de obra y el contrato ilegal de financiamiento. “Su política de amedrentamiento no va a surtir efecto y que no venga a pedirle explicaciones al Movimiento Sin Miedo. Vicepresidente, instruya a sus funcionarios que den explicaciones al Ministerio Publico, donde hemos presentado la doble denuncia”, sentenció.

Con datos de ABI.