Al fiscal que admitió la demanda de “genocidio” contra el Presidente Evo Morales y a los diputados opositores que la presentaron, deberían darles duro en la cabeza con un “mataburros”, para que no confundan chorizo con velocidad.

El diccionario de la Real Academia Española define “genocidio” como “exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad.”

Como nada de eso ha sucedido, la demanda es a todas luces un despropósito, o quizás una broma de mal gusto para devolverle a Evo Morales un poco de su propia medicina, su manera irresponsable y demagógica de utilizar las palabras, sin apego al significado real.

Por supuesto que no hay genocidio en la represión que ejerció el gobierno contra los indígenas, como tampoco lo hubo en el caso de Goni, cuando el ejército causó alrededor de 70 muertos en El Alto. En ambos casos se trata de represión social y política, con o sin muertos, pero no de genocidio. Aún en los casos de masacres, que los ha habido en varios momentos de la historia de Bolivia, no se ajustan a la noción de genocidio.

Quienes ponen de manera tan ligera la represión de la Marcha indígena al mismo nivel que los genocidios de Ruanda o de la ex Yugoslavia juegan irresponsablemente con cosas muy serias cuyo alcance no entienden porque el cerebro no les alcanza, o porque se enfrascan en la demagogia más burda.

Los problemas alrededor del TIPNIS son muy graves en la medida en que involucran factores geopolíticos internacionales y no solamente motivaciones cocaleras. Detrás de la actitud terca y empecinada de Evo Morales y de su Robespierre de alasitas, están por lo menos tres factores que deben esclarecerse: los intereses geopolíticos de Brasil, los negocios de las empresas constructoras (en las que podría haber involucrados funcionarios del gobierno boliviano), y la decisión política de favorecer la expansión de los cocaleros y del narcotráfico sobre tierras indígenas.

Las demandas contra el gobierno deberían partir de la propia Constitución Política del Estado, que ha sido violada. La paradoja –como hemos visto en ocasiones anteriores- es que se trata de la constitución que fue impuesta por el propio gobierno, a través de un proceso pleno de irregularidades y manipulaciones. Evo Morales se ha convertido en el principal violador de la Constitución que impuso a la fuerza.

Un juicio por genocidio sería desstimado por cualquier juez serio, y de ese modo se desviaría la atención de los verdaderos problemas. En cambio, procedería sin duda establecer un juicio de responsabilidades al presidente por no asumir las que la Constitución le obliga a respetar, o incluso un referéndum revocatorio (a ver si ahora se atreve), ya que hay argumentos suficientes para demostrar que Evo Morales actúa de manera autoritaria y ha puesto al servicio de sus caprichos a todos los poderes del Estado.