A propósito de la represión violenta e inconstitucional ejecutada contra los indígenas del TIPNIS el día domingo 25 de septiembre, generando la indignación y el rechazo de todo el país, el presidente Evo Morales anunció la suspensión de obras de la carretera que atraviesa el TIPNIS y dejó entrever la posibilidad de una consulta o referéndum restringido a los pobladores de Trinidad y Cochabamba.

Se puede afirmar categóricamente que no hubo ninguna justificación jurídica para la represión contra los marchistas -quienes se hallaban pacíficamente cerca de Yucumo- la cual fue ilegal, inconstitucional, e inhumana. Con dicho ataque a los indígenas, se ha vulnerado derechos constitucionales, entre ellos: a la libertad, a la dignidad, al libre tránsito, a la seguridad personal, a la libertad de expresión, a la libre asociación, a la petición, a las comunicaciones privadas, etc., hechos reprochables e inadmisibles en un Estado de Derecho democrático, como se concibe un estado donde se gobierne cumpliendo las leyes, la Constitución, y los Acuerdos Internacionales.

Para analizar debidamente la problemática de la emboscada y represión en Yucumo, es preciso señalar los hechos por su nombre. Además de incurrir en violación de los derechos constitucionales de consulta y otros específicos de los indígenas, por parte del gobierno -que dieron lugar al inicio de la marcha- y de los derechos constitucionales vulnerados sistemáticamente en los 41 días de la misma, también se cometieron delitos.

Sabemos que la represión la autorizan y ejecutan personas, funcionarios, dignatarios con nombre y apellido, que conllevan una responsabilidad. Es en este sentido que la sociedad civil ha expresado una contundente censura a lo acontecido, mediante marchas, paros, movilizaciones, vigilias y huelgas de hambre, manifestando su reprobación contra el gobierno por el desprecio a la vida de los indígenas y de las leyes.

Está claro que se instruyó la “intervención” con el objetivo de finalizar la marcha, acallar a los marchistas y confinar a sus dirigentes, pero salió mal, por eso ahora el presidente Morales niega saber o haber autorizado la represión en Yucumo, empero, por los actos preparatorios y los elementos logísticos utilizados (aviones, buses, numerosos policías), se infiere que dicha operación fue cuidadosamente planeada. De no haber mediado la fuerte presión social de la población para liberar a los indígenas y las movilizaciones realizadas en el lugar, para que no despeguen los aviones, en este momento serían otros los resultados que lamentar.

El traslado de policías, todos ellos equipados para la represión, la ejecución de una emboscada y el conocimiento de la identidad de los dirigentes al momento de su captura, así como la disponibilidad de buses y aviones para trasladar a los indígenas, es evidencia clara de que fue un operativo bien estudiado, y consiguientemente autorizado desde los más altos niveles del gobierno.

En el bloqueo de colonizadores (llamada “vigilia” por el gobierno) se cometieron delitos contra los indígenas -al restringirles el acceso al agua y actos hostiles que hacían peligrar la seguridad de los marchistas- pero ningún fiscal ha dirigido persecución ni denuncias hacia los responsables de dichos delitos flagrantes, sencillamente porque estos actos eran funcionales al gobierno (por no decir orquestados por el gobierno)

No obstante estos hechos, que además constituyeron provocaciones dirigidas a generar la reacción de los indígenas, estos no reaccionaron, manteniéndose en una actitud pacífica –aunque valiente e indignada- por más de 40 días.

No había justificación jurídica alguna para la represión, y de haber existido un delito in fraganti, como el pretendido “secuestro” del canciller –quien estaba a la vista de los policías todo el tiempo- entonces éstos hubieran actuado en ese momento y no utilizar el pretexto para ejecutar la emboscada que ya estaba planificada.

En este contexto de guerra declarada a los marchistas, se siguió una secuencia de actos y provocaciones, tanto para desprestigiar el movimiento indígena como para justificar la brutal represión:

1° La suscripción del contrato sin consentimiento de los habitantes indígenas originarios (al área de doble protección constitucional)

2° El presidente ignoró la demanda de los indígenas y no accedió al diálogo directo: los 41 días de la marcha.

3° Espionaje y descalificación a los dirigentes, intervención a sus comunicaciones.

4º Acusaciones a los dirigentes indígenas de vínculos con la derecha, descalificaciones.

5º Bloqueo de colonizadores, con agresiones y amenazas a indígenas:”vigilia de Yucumo”

6º Cercamiento sin acceso al agua, instrumentalizado por colonizadores y la policía, lo cual constituye tentativa de homicidio, al impedirles que accedan al agua y a los alimentos.

7º Provocación del canciller aseverando que no existía bloqueo, generando el enojo.

8º Denuncia ante organismos internacionales contra los indígenas acusándolos de secuestro al canciller, siendo que acudió por su voluntad, no estuvo ni oculto, ni incomunicado, ni agredido, menos atado como los marchistas reprimidos

9° Anuncio de suspensión temporal de la carretera para desarmar a la ciudadanía que está movilizada

10° Planteamiento de referéndum a los actores que no prevé la constitución, para conservarse en el poder y ganar tiempo (y luego arremeter cuando la gente esté desorganizada: volverá a arrestar, gasificar a quienes reclamen, y hacer consultas cuando los pobladores estén ausentes, organizará “vigilias” y finalmente, seguirá construyendo)

Con esa bitácora de los 41 días de marcha, se deja entrever que se desarrolló una estrategia para consolidar los designios gubernamentales, distintos a la conciliación y respeto de los derechos de yuracarés, moxenos y chimanes,

Según John Rawls, el “Estado forajido” es aquél que estructura sus decisiones internas y externas sin ninguna consideración por los derechos humanos, donde la juricidad es una ficción unilateral y en los que la articulación ética que brindan la moral y las leyes ha sido substituida por un comportamiento propio de delincuentes. Es un Estado forajido cuando mediante quien ejerce el poder, invade, ataca o calumnia a otro país o nación dentro de su país, cometiendo genocidio.

Con los sucesos de Yucumo, el Estado Boliviano, mediante las decisiones del gobierno, configura un ejemplo de lo que se denomina Estado Forajido que aplica una lógica de guerra al tratar a los ciudadanos como enemigos, como hizo con la represión, persecución, invasión de comunicaciones privadas y espionaje sufrido por los marchistas del TIPNIS, sin tomar en cuenta que en esos tres grupos étnicos, existían niños, mujeres y ancianos, porque hasta en una guerra, hay convenciones respecto a ciudadanos desarmados, niños y mujeres.

Por su parte, el presidente continúa con la estrategia mediática aplicada los primeros años de su gobierno: acusar a la oposición de todos sus desaciertos, aplicando la clásica teoría de la conspiración. En esa lógica, luego de las movilizaciones de este miércoles 28 en repudio al

Yucumazo

e intentando ingresar a la plaza Murillo, el presidente declaró: “Los opositores, los que tienen mucha plata, no quieren que los pobres seamos gobierno, al igual que algunas personas no quieren el desarrollo para los pueblos con caminos, electricidad, agua, telecomunicaciones y otros”, evadiendo así la responsabilidad de los sucesos y desconociendo la legitimidad de las demandas de los indígenas del TIPNIS.

Y continúa el presidente Morales señalando enemigos, al acusar a la prensa de conspirar, según sus declaraciones: “…porque hay gente de la oposición que no acepta que en Bolivia un dirigente indígena haya asumido la Presidencia con el apoyo del pueblo y utiliza los medios de comunicación para desprestigiarlo…”.

Si bien en su discurso el presidente ignoró nuevamente las demandas legítimas, constitucionales y plenamente justificadas de los indígenas, procuró también con dicha divagación, distraer la atención evitando responder la interpelación social respecto a la autorización y responsabilidad de la represión en Yucumo, que generó la condena social.

Esta postura de trasladar la responsabilidad hacia terceras personas: los opositores y la prensa, obedece a la consabida estrategia de denunciar una conspiración -exitosa en épocas en que gozaba de credibilidad- pero simultáneamente, no da solución a la demanda principal que origina la crisis. Dicha estrategia,e s insuficiente en estos tiempos en que la sensible percepción de la sociedad civil espera respuestas claras y soluciones.

Si existiese una voluntad real para solucionar el conflicto, el presidente ya habría ordenad la suspensión definitiva de la construcción de la carretera y desistido de los anunciados referendos o consultas o “Leyes cortas” que lo único que hacen es dilatar la decisión que resuelva el fondo de la petición de los marchistas: la disolución del contrato para que la carretera no atraviese el TIPNIS.

Nuevamente, al proponer una consulta a grupos sociales que no son fundamentales para la decisión en cuestión, el presidente plantea una alternativa no contemplada en la Constitución, que consagra el derecho a la consulta para la colectividad de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos, de acuerdo a lo previsto en su Artículo 30 parágrafo II, numeral 15

:“A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”.

Otra previsión normativa es la doble condición de territorio indígena y área protegida, garantizados constitucionalmente, según establece el Artículo 385 de la CPE que señala que donde exista sobreposición de áreas protegidas y territorios indígena originario campesinos, la gestión compartida se realizará con sujeción a las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, respetando el objeto de creación de estas áreas. Por supuesto ello se aplica en combinación con los artículos 394-III y art. 381 de la Constitución Política del Estado.

Es preciso señalar que estos derechos han sido consagrados en la Constitución vigente propugnada por este gobierno, por lo que causa sorpresa y preocupación de toda la sociedad que el gobierno omita nuevamente su cumplimiento de manera ostensible y desafiante. La respuesta posible a dicha voluntad irreductible es que la polémica ruta que atravesaría tierras indígenas implica más que la delineación del trazo geográfico por donde deba construirse la carretera en cuestión y nos lleva a preguntarnos qué poderosos intereses mueven tal decisión.

La visión objetiva, el análisis jurídico y el sentido común, nos señala que la represión contra los indígenas del TIPNIS, fue ilegal, ya que ellos no estaban cometiendo ningún delito flagrante, única circunstancia que habilitaría dicha represión sin orden judicial (pero ni en tal caso con semejantes vejaciones). En estricto apego al derecho, correspondería juicio de responsabilidades contra las autoridades por atentados a los derechos humanos y derechos constitucionales vigentes, sin perjuicio de que además se deba resolver la demanda principal de los indígenas del TIPNIS: que la carretera no atraviese su territorio.

Por consiguiente, la responsabilidad de los autores mediatos de la represión en Yucumo, no debe quedar diluida en una “investigación” a la cabeza de oficialistas, como tantas otras, donde finalmente se disuelven en interminables recovecos procedimentales del actual sistema judicial doblegado a los designios políticos del Órgano Ejecutivo. Se debe encarar un juicio reservado a dignatarios y altos funcionarios de Estado.

Si tuviera un arrepentimiento sincero y una real voluntad para resolver el conflicto del TIPNIS, el presidente Morales debía enmendar de manera inmediata las decisiones inconstitucionales, dejando sin efecto el pacto contractual con la empresa OAS, para que la carretera no pase por el TIPNIS; lo contrario sólo representa una estrategia en esa lógica de guerra que digita la mente del oficialismo, en este caso para desarmar a la ciudadanía que está movilizada, y luego arremeter con insólitas e inconstitucionales consultas, “vigilias” mediante, para finalmente, seguir construyendo la carretera que atraviese el Isiboro Sécure.

Por ello, mientras no se solucione satisfactoriamente las demandas de los indígenas, la marcha debe continuar, como pacífica medida de presión hasta que el presidente Evo Morales reconozca que la carretera no debe atravesar el TIPNIS, simplemente porque los dueños de ese territorio no aceptan tal decisión, respaldados nada menos que en la Constitución.

Sin embargo, con los nefastos sucesos de Yucumo, queda en evidencia que el gobierno prodigó a los indígenas el trato que se confiere a los enemigos de guerra, desconociendo sus derechos humanos y la Constitución, y que esa lógica de guerra guía todas sus decisiones.

De ahí que quepa afirmar que cualquier otra decisión que no sea descartar la carretera atravesando el TIPNIS solo es para ganar tiempo y contraatacar, en esa lógica de guerra imperante en el accionar oficialista.