Buenos Aires y La Paz.- El Estado argentino protege los derechos de las personas migrantes a través de la Ley Nacional de Migraciones 25.871. Desde 2004, el Estado nacional reconoce a la migración como un derecho humano que debe ser garantizado bajo los principios de igualdad y universalidad, lo cual implica el derecho a acceder a la educación y la salud. Sin embargo, las barreras comunicativas, el desconocimiento y la resistencia a la norma migratoria y los rasgos culturales diferentes son algunos de los obstáculos para garantizar el acceso y la atención en salud a la población inmigrante.

En este contexto, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina y en Bolivia con el apoyo de AECID acompañan a ambos Estados y a organizaciones civiles en la tarea diaria de promover el derecho a la salud sexual y reproductiva. Considerando el intenso flujo migratorio desde Bolivia hacia la Argentina, el UNFPA coordina actividades en ambos países para que de las mujeres y jóvenes migrantes del país andino que residen en Argentina tengan acceso oportuno y de calidad a servicios de salud. Se trata de un trabajo colectivo que constituye el proyecto de “Acceso a la Salud Sexual y Reproductiva de mujeres y jóvenes migrantes bolivianos/as” que involucra pluralidad de estrategias orientadas a facilitar el acceso a la salud y proteger los derechos humanos de mujeres y hombres inmigrantes.

Es en el marco de este Proyecto, el UNFPA y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Argentina y Bolivia, llevaron a cabo la Tercera Reunión Binacional “Migración y salud sexual y reproductiva de las mujeres y los jóvenes bolivianos en la Argentina”.

El encuentro tuvo como principal objetivo compartir el diagnóstico sobre la situación de los derechos de las personas migrantes en nuestro país, especialmente en la comunidad boliviana de las regiones del Nordeste argentino (NOA) y el área metropolitana. Participaron de este diálogo diversos representantes de organismos públicos de ambos países: funcionarios de los Ministerios de Salud de Argentina y de Bolivia, la Cancillería argentina, el Consulado boliviano, el Ministerio del Interior de la Nación a través de las Direcciones de Población y de Migraciones y la Secretaría de Derechos Humanos. Las organizaciones de mujeres de la comunidad boliviana como Q’amasan Warmi, Fundación Andhes, Yanapacuna y la Red Comunicacional Boliviana en Argentina también estuvieron presentes junto a CAREF para participar en el diálogo entre el Estado y la sociedad civil.

A lo largo de la reunión las diferentes instancias involucradas presentaron su experiencia con el proyecto. El Viceministro de Salud de Bolivia, Dr. Martín Maturano, destacó la importancia de la salud sexual y reproductiva y la necesidad de eliminar las numerosas barreras que existen aun alrededor del tema, mientras el Sr. Jorge Oporto, representante de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, mencionó el interés de su institución en promover la agenda de los Derechos Sexuales y Reproductivos. El Sr. Ausberto Cortés, representante de la Dirección General de Régimen Consular expresó la importancia que ha tenido el proyecto para la Cancillería y la conveniencia de mantener dicho fortalecimiento, el cual es clave para garantizar que las funciones de protección consular se realizan en conformidad con los derechos de las y los migrantes.