No suman ni 100 los colonos oficialistas que pretenden cerrar el paso a más de 1.500 indígenas que marchan hacia La Paz. Con la venia del gobierno y del propio Presidente, los milicianos del MAS han cavado zanjas en Yucumo, siguiendo el ejemplo de los esbirros del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernandez que masacraron a 13 indios el 11 de septiembre de 2008 en Porvenir.

Desde el 31 de agosto un reducido grupo de colonizadores “interculturales” bloquea la ruta en Yucumo profiriendo amenazas e insultos, reteniendo y registrando gente y hasta hurtando bienes. Los vecinos de Yucumo dicen que los milicianos del MAS no son oriundos de la zona.

Días atrás, los oficialistas rodearon y amenazaron al dirigente de CONAMAQ Rafael Quispe en Yucumo; luego persiguieron al dirigente del MST Moisés Torres; y robaron alimentos, coca y teléfonos celulares a indígenas del altiplano.

“Nosotros no vamos a ser responsables que nuestros compañeros colonizadores de todo el norte de La Paz, de San Borja, Rurrenabaque y Yucumo tengan que reaccionar, (nosotros) no tenemos como controlarlos”, confesó el secretario general de la Confederación Sindical de Campesinos Interculturales de Bolivia (CSCIB) Gustavo Aliaga.

Periodistas, activistas de derechos humanos y miembros de la Defensoría del Pueblo exigieron al gobierno que ordene el desbloqueo de la ruta y brinde seguridad física a los marchistas, pero las autoridades se parcializan abiertamente con los bloqueadores.

El gobierno reprimió con dureza a indígenas guaraníes y ayoreos que bloqueban carreteras en apoyo a la VIII Marcha Indígena, pero ahora tolera y hasta justifica las agresiones de los masistas que cavan zanjas en Yucumo para detener la marcha de los pueblos originarios.

“Es bueno aclarar que ninguna de esas movilizaciones está siendo coordinada por el gobierno nacional; son movilizaciones naturales y espontaneas que se desarrollan en esas regiones, que están defendiendo la construcción del camino porque ven en él importantísimas oportunidades para desarrollar su región”, alegó el ministro de la Presidencia Carlos Romero.

Romero recomendó tomar “debida nota” de que ya hubo movilizaciones anti indígenas en San Ignacio y Yucumo y podrían surgir otras más adelante. “Esta no es una amenaza del gobierno, estamos profundamente preocupados por esas movilizaciones que aparecen, se masifican, se reproducen y se profundizan en la medida que los escenarios de diálogo son complejos, no se instalan o no avanzan con resultados efectivos”, advirtió.

A pesar del riesgo, el gobierno se niega a intervenir en el conflicto y pareciera que su intención es enfrentar a indígenas con campesinos. El pueblo de “Yucumo está hablando a la marcha a propósito de sus demandas, nosotros no podemos interceder”, dijo el ministro de Obras Públicas Walter Delgadillo. “En Yucumo no hay bloqueo, hay vigilia”, opinó el ex defensor de los “derechos humanos” y actual ministro de Gobierno Sacha Llorenti.

Así, mientras la VIII Marcha Indígena avanza de manera pacífica, el “gobierno indígena” criminaliza la protesta y envía a 400 policías a la zona para que refuercen el escuálido piquete de bloqueo, aparentemente comandado por los “matones” del senador masista Fidel Surco.

El diputado de la opositora Convergencia Nacional (CN) Osney Martínez denunció que Surco “organiza y dirige” una emboscada junto a dos asambleístas departamentales de Beni, pero el acusado negó categóricamente ese extremo. “Incluso habían dicho que yo estaría organizando una acción terrorista, o preparando bombas molotov, lo único que hice es comunicarme Adolfo Chávez para flexibilizar el diálogo, cumpliendo mi rol de senador por el departamento de La Paz sobre los anuncios por parte de dirigentes del norte paceño de contramarchas”, explicó el legislador oficialista.

Surco también justificó la movilización de los campesinos de Yucumo “que apoyan la construcción de la carretera (Villa Tunaria-San Ignacio de Moxos) y protestan por la demanda de los indígenas del TIPNIS de que se paralicen los tramos carreteros Yucumo-Rurrenabaque, San Buenaventura-Ixiamas, que van en contra del desarrollo de la región; ese es el motivo de la movilización”.

Lo cierto es que, temiendo un probable desborde popular, el gobierno ha decidido impedir a cualquier costo que la marcha indígena llegue a La Paz, inclusive propiciando un enfrentamiento entre hermanos.

En febrero de este año, el Vicepresidente Alvaro García Linera convocó a campesinos, interculturales y a otros gremios oficialistas a “cerrar filas y proteger a nuestro gobierno para evitar que la ultraderecha derroque a Evo”. En agosto, el propio Presidente Evo Morales anunció en Chapare que sus bases organizarían una contramarcha para contener a los indígenas.

El primero en jurar lealtad al régimen fue el secretario ejecutivo de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) Roberto Coraite: “Debemos unir nuestros objetivos, consolidar el proceso de cambio, garantizar a nuestro gobierno y enfrentar a las inclemencias políticas que se viene dando en el país….”.

“Nosotros estamos para frenar ese tipo de atentados contra el proceso de cambio”, afirmó Coarite en febrero, refiriéndose a los dirigentes trotskistas que exigían un “descabellado e irracional” aumento salarial del 70%; y ahora fustiga sin piedad a los indígenas “salvajes” que no quieren carreteras.