El gobierno de Evo Morales creó por decreto presidencial del 15 febrero de 2011 el Ministerio de Comunicación. Alguien debería darle esa primicia al periodista Iván Canelas, pues no se ha enterado. Salta a la vista que las funciones que cumple actualmente como ministro no difieren en absoluto de las que cumplía como portavoz del presidente. En otras palabras, se ha creado un ministerio para hacer del portavoz gubernamental un ministro, pero las funciones del ministerio son más bien un misterio.

Nadie duda de las cualidades humanas y profesionales de Iván Canelas, es un periodista apreciado en el gremio, honesto hasta donde yo sé, comprometido y esforzado, al extremo de que es capaz de seguir el ritmo del presidente Morales, quien lo lleva de un lado a otro en sus viajes, como si Iván siguiera siendo su portavoz o asistente personal.

Las funciones de un ministro a cargo del área estratégica de comunicación no pueden ser esas. No basta ser buena gente ni resolver los problemas de imagen del presidente. El Ministro de Comunicación debería ante todo tener una visión global de la comunicación, y entender que su función no solamente trasciende las relaciones con los medios -papel que ejerce con cara compungida Iván Canelas- sino que también implica la promoción de las políticas de comunicación. Aunque el gobierno no se de cuenta de ello, el Ministro de Comunicación debería saber que la comunicación va más allá de la información y abarca mucho más de lo que los periodistas y los medios suelen abarcar.

Para empezar, comunicar no es informar. La confusión conceptual de estos términos ha sido analizada desde hace por lo menos cinco décadas por varios de los más importantes pensadores de la comunicación en el mundo. Suelo citar con frecuencia a Antonio Pasquali, quien fue Sub-Director General de Comunicación de la UNESCO; lo cito porque este especialista venezolano insistió en la importancia de diferenciar los medios masivos de información de los procesos de comunicación, así como distinguir la libertad de expresión del derecho a la comunicación. Otros pensadores, como el francés Dominique Wolton (en su libro “Informar no es comunicar”) o el argentino Eduardo Andrés Vizer, se han preocupado más recientemente de subrayar esas diferencias.

Por ello, pecaría de ignorancia el Ministro de Comunicación si no entendiera que las responsabilidades que tiene en sus manos son mucho más importantes (e interesantes), que traducir el pensamiento de Evo Morales o arreglar los entuertos que producen sus precipitadas y poco reflexivas declaraciones públicas (sobre la estrecha relación entre los pollos y la calvicie, sobre los efectos de las telenovelas en los divorcios, y otras bellezas retóricas).

El Ministerio de Comunicación debería saber que la más alta responsabilidad de su -por ahora- misterioso ministerio, es la definición de las políticas de comunicación nacionales, a partir de los escuetos fundamentos de la Constitución Política del Estado. Para ello no tiene que comenzar de cero, puesto que tenemos más de cuatro décadas de historia internacional en materia de políticas de comunicación, gracias a los esfuerzos que desplegó la UNESCO desde los años 1970.

Un país que no define su política de comunicación, difícilmente puede sustentar la promulgación de una Ley General de Comunicación que abarque no solamente los medios de difusión (que erróneamente muchos llaman medios de comunicación) y la administración por parte del Estado del recurso natural que constituye el espectro electromagnético, sino también la función que cumple la comunicación como proceso de integración en la cultura y el desarrollo nacionales.

Los decretos o leyes parciales que pretenden regular los aspectos técnicos separados de los aspectos sociales y culturales, son insostenibles y van a ser sin duda cuestionados por su improvisación y su sesgo exclusivamente técnico y económico.

Es esto precisamente lo que acaba de suceder con la contestada -pero ya aprobada- Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, que desde su nombre evidencia la falta de comprensión del tema. Se trata de una ley parcial, que aunque tiene aspectos positivos corre el riesgo de ser utilizada de manera arbitraria precisamente porque no está precedida de una política clara que defina el papel del Estado en el ámbito estratégico de la comunicación. Nos ocuparemos de ella en otro momento.

No cabe duda de que cada nación necesita legislar y regular la comunicación en tanto que bien común. Por ello es una falacia aquello de que “la mejor ley es la que no existe”, pues eso solamente puede favorecer a quienes pretenden beneficiarse del vacío legal para pescar en río revuelto. Todas las sociedades avanzadas, sin excepción, cuentan con leyes y normas para el sector de la comunicación, que debe regularse como cualquier otro sector de interés social y económico (el sistema bancario, las empresas farmacéuticas, la producción de alimentos, la educación, etc).

El papel rector del Estado parece obvio, sobre todo cuando se trata de representar los derechos ciudadanos, por eso cuesta entender que el Ministro de Comunicación no entienda el tema y siga correteando como ardilla agitada detrás del presidente, cumpliendo las estrechas funciones de vocero oficial.

El gobierno argentino, sin dárselas de revolucionario o de fundador de una nueva etapa de la historia, ha sabido escuchar a la sociedad civil en este tema. La aprobación de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, al cabo de un largo proceso de discusión que articuló los criterios de diferentes sectores de la ciudadanía, es un ejemplo que debe imitarse. El gobierno boliviano, que desde hace seis años se llena la boca con el discurso del cambio radical y de la refundación del país, parece en realidad tenerle mucho miedo a medidas que cambien algo más que el discurso.

Se está perdiendo una oportunidad histórica de contar con una Política Nacional de Comunicación y con una ley integral de comunicación que sea producto del diálogo y del debate. Ciertamente, no es responsabilidad exclusiva del gobierno nacional, sino de las organizaciones de la sociedad civil, que hasta ahora han manifestado su oposición a la sola idea de contar con una ley marco.

En la sociedad civil se distinguen tres posiciones principales: por una parte un sector de los periodistas en concubinato con los dueños de medios de difusión, haciendo causa común en contra de cualquier iniciativa de regulación; en el otro extremo la posición de aquellos periodistas que como tamborileros de desfile escolar suscriben cualquier medida gubernamental, sin propuesta propia, sin distancia crítica; y finalmente, una tercera posición de gente que piensa, debate y presenta propuestas o comentarios sobre propuestas ya existentes, pero que lamentablemente es incapaz de lograr lo que los argentinos lograron: una sola voz en la sociedad civil, producto del diálogo y el consenso, es decir, una propuesta que incluya los acuerdos básicos sobre el derecho a la comunicación, aquellos que representan el sentir de la mayoría de los ciudadanos. En este último grupo me encuentro, frustrado como muchos otros colegas.

Ojalá que el misterioso Ministerio de Comunicación justifique su existencia haciendo lo que debe hacer: favorecer un proceso de participación que incluya a los actores principales en el tema de la comunicación, para discutir una Política Nacional de Comunicación que le de sentido a la necesidad de legislar ese sector, en lugar de continuar con parches tecnocráticos o politizados, elaborados por funcionarios o ingenieros sin experiencia en comunicación, que confunden la comunicación con las comunicaciones, incapaces de tener una visión estratégica, de largo plazo.