La construcción del tramo II de la carretera que unirá los departamentos de Cochabamba y Beni, sin previa consulta a las comunidades que habitan esa región, viola los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución Política del Estado (CPE), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos que buscan garantizar el bienestar económico, social y cultural de los pueblos indígenas, reconociendo también los diversos conceptos de desarrollo que les son propios y afirmando que los pueblos indígenas deben participar plena y libremente en los proyectos que les afectan.

Las comunidades Yuracaré, Chiman y Moxeña ven amenazada la supervivencia de sus pueblos y de sus formas de vida y no solo de la flora y fauna de esa reserva natural de biodiversidad que se vería afectada de concretarse la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el Territorio Indígena – Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS)

En ese marco, las instituciones asociadas a la red UNITAS apoyamos las reivindicaciones de los pueblos indígenas de la misma manera como apoyamos, desde hace décadas, sus luchas y demandas para que ejerzan todos sus derechos porque reconocemos:

• su contribución al desarrollo y al proceso de transformaciones que vive Bolivia; el papel que desempeñan en la conservación y uso sostenible de los recursos naturales;

• su vulnerabilidad y el riesgo de que los proyectos de desarrollo puedan suponer una desventaja para ellos;

• que sus organizaciones tienen las capacidades para participar efectivamente en la planificación y aplicación de programas y proyectos de desarrollo que no atenten contra el ejercicio de sus derechos,

• que tienen derecho a elegir sus propias sendas de desarrollo, lo cual incluye el derecho a oponerse a proyectos que afecten sus vidas.

• que sus organizaciones tienen voz propia y capacidad de diálogo para defender sus intereses con o sin asesoramiento de ONGs.

Por ello, las instituciones que conformamos la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social manifestamos apoyo solidario con quienes ya marcharon el año 90 en busca del reconocimiento de sus derechos de autodeterminación, de tierra y territorio, y nos sumamos a la solicitud que hacen los pueblos indígenas al gobierno nacional, para que revierta la decisión de construir la carretera atravesando el TIPNIS.

Demandamos el cumplimiento de las Leyes Nacionales y de los compromisos del Estado Boliviano en materia de Derechos Humanos y, específicamente, en relación a los derechos de los pueblos indígenas que habitan en zonas cruciales para la conservación de la biodiversidad.

A su vez, reclamamos transparencia en la aplicación de procedimientos de Consulta previa para que los pueblos indígenas puedan ofrecer una opinión informada y para que la población boliviana conozca el impacto social y ambiental que puede tener este proyecto en desmedro de las comunidades indígenas Moxeña, Yurarcare y Chiman.

Finalmente, pedimos al gobierno que estudie la viabilidad de una nueva propuesta que no afecte a los pueblos indígenas del TIPNIS y que sea compatible con la integración caminera para el desarrollo que aspiramos tener todos los bolivianos y bolivianas.

Firman:

Fundación Acción Cultural Loyola (ACLO), Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA), Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Centro de Promoción Minera (CEPROMIN), Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija (CER-DET), Centro de Servicios Agropecuarios (CESA), Centro de Investigación y Apoyo Campesino (CIAC), Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI-Bolivia), Fundación Social Uramanta, Instituto de Investigación y Acción para el Desarrollo Integral (IIADI), Instituto de Investigación y Capacitación Campesina (IICCA), Instituto de Investigación Cultural para Educación Popular (INDICEP), Instituto Politécnico Tomás Katari (IPTK), Investigación Social y Asesoramiento Legal Potosí (ISALP), Apoyo al Desarrollo Sostenible Interandino KURMI, Mujeres en Acción, Oficina de Asistencia Social de la Iglesia (OASI), Centro de Comunicación y Educación Popular PIO XII, Promoción de la Mujer Tarija (PROMUTAR), Servicios Múltiples de Tecnologías Apropiadas (SEMTA), Taller de Educación Alternativa y Producción (TEAPRO), Centro de Promoción y Cooperación YUNTA y Programa NINA.