Desde diciembre de 2010, cuando el gobierno del Presidente Evo Morales tuvo que retroceder y retirar el decreto del llamado “gasolinazo”, por el que se pretendía descargar sobre las espaldas de la población el costo de la subvención a los carburantes, el pueblo ha podido evidenciar que junto con las medidas abortadas en esa coyuntura no solamente se había producido un momento de quiebre e inflexión del proceso de cambio iniciado hace algo más de 5 años, sino que también se hacía patente una clara separación entre el discurso y la práctica. No otra cosa entrañaba el Decreto Supremo impugnado popularmente. 

Para ese momento y habiéndose producido diversas movilizaciones populares, así como pronunciamientos y análisis realizados por connotados intelectuales y militantes del proceso (libres de toda sospecha), también se había expresado el descontento, la desazón y el reclamo por la mala gestión gubernamental que no estaba cumpliendo inclusive con compromisos asumidos con diversos sectores sociales, y que tampoco avanzaba en las tareas y áreas estratégicas establecidas por mandato popular.

La reacción gubernamental frente a esa doble percepción y criterio popular sobre la mala gestión gubernamental y su incongruencia entre discurso y praxis, fue irónicamente muy clara y contundente: la ausencia de capacidad autocrítica, que se tradujo (lamentablemente) tanto en el uso de la violencia estatal y la represión, como en el recurrente y absoluto rechazo, descalificación y desconocimiento a las demandas, los planteamientos y las propuestas planteadas, ya no desde posiciones derechistas y conservadoras, sino por quienes constituyen los aliados estratégicos y naturales del proceso. Es decir, los sectores populares e importantes intelectuales comprometidos.

En otras palabras, la línea de conducta gubernamental asumida frente a esta situación, estaba vinculada a un comportamiento confrontacional, polarizador y excluyente, donde toda aquella expresión que mostrase descontento o desacuerdo, era asociada a posiciones derechistas, o vinculada a intereses antinacionales. Fue precisamente esta forma de abordar y manejar la gestión gubernamental, que permitió que la derecha y los sectores conservadores intenten asociar al gobierno plurinacional con regímenes dictatoriales, autoritarios y antidemocráticos que están muy lejos de equipararse con el contenido y las proyecciones del proceso de transformación emprendido por el pueblo.Una muestra de lo señalado anteriormente puede corroborarse cuando se observan algunos hechos como los siguientes:

a) La insistente y muy reiterada exigencia presidencial para acelerar e incrementar significativamente la inversión pública en todos los niveles que, aunque de por sí evidentemente no es cuestionable puesto que ha permitido realizar diversas obras y emprendimientos que han incidido positivamente en algunos indicadores macroeconómicos que tradicionalmente miden el desarrollo económico capitalista; sin embargo, al no haber estado acompañada con una visión y un programa estratégico que operativice el objetivo de construir un nuevo Estado Plurinacional acorde a los principios y lineamientos definidos en la Constitución Política del Estado, en el marco del paradigma del Vivir Bien y la relación armoniosa con la naturaleza, sólo ha implicado reproducir y alentar el antiguo y supuestamente combatido modelo neoliberal, extractivista, que es connatural al enfoque capitalista de explotación de los recursos naturales y la fuerza de trabajo, lo cual está muy lejos del socialismo comunitario declarado.

Un asunto no menor a este respecto es que aunque en principio no sea posible prescindir del capital y la tecnología internacional para poder desarrollar las áreas estratégicas de la economía nacional, resulta por demás sorprendente que no se haga el menor esfuerzo por desarrollar la ciencia y tecnología nacionales, así como impulsar Proyectos acordes y compatibles a la nueva visión de desarrollo del Estado Plurinacional y Comunitario, y se continúe incentivando y profundizando la relación de dependencia con el capital y la industria transnacional que, indudablemente, no solo reforzará la dominación y dependencia a la que nos somete, sino que impedirá la adopción y desarrollo soberano de nuestro país.

b) La supuesta defensa y protección de la Madre Tierra (Pachamama), que a pesar de haber implicado la realización de gestiones internacionales para que, así como Bolivia aprobó una Ley, también puedan aprobarse los derechos de la Madre Tierra en el seno de las Naciones Unidas; pero que sin embargo se encuentra en franca contradicción con la decisión (“quieran o no” a decir del Presidente del Estado Plurinacional), de afectar un Parque Nacional y Territorio Indígena, con la construcción de una carretera cuyo trazo implicaría transgredir y violar los derechos de los pueblos indígenas así como la legislación ambiental que protege al Parque Nacional.

c) La flagrante contradicción existente al impulsar y promover la instalación y funcionamiento de megaproyectos extractivistas (que suponen fuertes impactos ambientales y sociales, así como alimentar una creciente dependencia y subordinación a los intereses y el capital transnacional), que además de responder a la lógica neoliberal y capitalista de explotación de los recursos naturales que declarativamente se repudia, argumentando un supuesto interés público de desarrollo que estaría por encima de toda alternativa; significa ir en franca contradicción con el paradigma del Vivir Bien (Suma Qamaña), del establecimiento de una relación armoniosa con la naturaleza, pero sobre todo de la oportunidad de construir un modelo alternativo al desarrollo capitalista en crisis, cuyos principios ya no sean la sobreexplotación de los recursos naturales, la competencia, ni el extractivismo predominante.

d) La expresa reticencia y rechazo al cumplimiento y aplicación del derecho de consulta y participación de los pueblos indígenas, reconocido tanto en la Constitución Política del Estado, normas expresas y la legislación internacional ratificada por el Estado, argumentando que dicho derecho se encuentra en colisión con las iniciativas de inversión y explotación de los recursos naturales, o que sencillamente son “un dolor de cabeza” y no existe conformidad con su aplicación, a decir del Ministro de Hidrocarburos; siendo que en realidad no solo existe la obligación gubernamental de aplicar la norma y cumplir con el procedimiento, sino de alcanzar un acuerdo mutuo con las comunidades indígenas en todos aquellos aspectos, medidas, disposiciones o proyectos que puedan afectarles. Es decir y nuevamente en contrario de lo sostenido por el Ministro de la Presidencia y otras autoridades gubernamentales, la aplicación y cumplimiento del procedimiento de consulta previa e informada, también tiene un carácter vinculante, en tanto supone alcanzar un acuerdo de mutuo consentimiento.

e) El explícito y total apoyo expresado por el Presidente Evo Morales al planteamiento (supuestamente revolucionario y acorde al proceso de transformación) de las organizaciones nacionales de colonizadores y campesinos, para aprobar hasta el mes de Octubre de 2011 una nueva Ley Agraria que permita tanto el acceso y propiedad individual y privada de la tierra, como también la legalización expedita de avasallamientos y tomas de tierras, bajo el argumento de erradicar el latifundio. Ello implicaría echar por la borda un largo y muy costoso proceso de saneamiento y regularización de la propiedad agraria que ha permitido atender la histórica e inequitativa distribución de tierras que había prevalecido en Bolivia, poner en riesgo y potencial conflicto y disputa a los territorios comunitarios e indígenas; pero además y lo que es más grave, implicaría avalar el establecimiento de fundos individuales y privados que responden al sistema capitalista de explotación de los recursos naturales y el mercado libre de tierras, que se encuentra en franca contradicción a la lógica y las prácticas comunitarias de la producción y la propiedad, cuya base de sustento es diametralmente opuesta a la “farmerización” individual de los predios rurales que se pretende imponer a la brevedad .

f) Sobre la incapacidad autocrítica o la intolerancia frente a planteamientos diferentes o demandas sociales que regularmente se ha traducido en descalificación y rechazo, o el uso de la represión y la fuerza; solo baste mencionar la forma cómo se abordaron los conflictos de Caranavi, Huanuni, Potosí, etc., donde inclusive se produjo y tuvo que sufrir la muerte de varios ciudadanos bolivianos. Por otra parte, también debe mencionarse la forma desproporcionalmente agresiva y verbalmente violenta de responder a los planteamientos e ideas que surgieron de las propias filas populares e intelectuales del proceso, que solo alimentaron y contribuyeron a conformar un escenario confrontacional y disociador, antes que al dialogo, el encuentro y la complementariedad , el respeto a la diferencia y la diversidad y la construcción de la interculturalidad del Estado Plurinacional comunitario.

El resultado de esta sumatoria de incongruencias no solo plantea cuestionamientos sobre la gestión, sino la ausencia de una agenda clara, de una carta de navegación estratégica que oriente y dirija operativa y políticamente la construcción y desarrollo del nuevo Estado Plurinacional y el nuevo modelo de desarrollo para Vivir Bien. Si no es así, entonces habría que preguntarse por qué luego de más de un quinquenio aún no se ha logrado construir los indicadores para medir el Vivir Bien y el nuevo sistema de planificación y desarrollo nacional.

Pero como las ideas no son suficientes para lograr en la práctica una nueva alternativa de desarrollo, también debería impulsarse la recuperación e implementación de proyectos y propuestas acordes al modelo de desarrollo buscado y, sobre todo, que la inversión pública en significativa proporción, destine recursos y esté orientada a crear tecnología nacional, así como a incentivar las nuevas iniciativas y emprendimientos tecnológicos y científicos nacionales, y no a la inversa como sucede hasta ahora, que responde y está al servicio de la tecnología y el capital transnacional.

* Sociólogo boliviano.