Lo que actualmente está sucediendo con la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, la cual se proyecta atraviese por en medio del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, mejor conocido como TIPNIS, es el mejor ejemplo de la radical diferencia que existe entre un campesino y un indígena, los cuales, por mucho que el Gobierno y sus intelectuales del “indigenismo” se esfuercen en equiparar, son conceptos totalmente antagónicos.

Para un campesino, la lógica de la propiedad comunal de la tierra está entendida, tal y como la clasificó hace un tiempo atrás el actual senador Isaac Ávalos, como una especie de “latifundio indígena”. Ávalos pidió nada menos que se realice un censo de los indígenas del oriente boliviano con el objetivo de “cuantificar sus verdaderas necesidades territoriales y redistribuir equitativamente las tierras excesivas de las TCOs ya tituladas” -lo que ya parece un hecho con la nueva norma de “Reconducción Comunitaria” -puesto que se estaría discriminando a los campesinos, los cuales, según los sociólogos del gobierno, también serían indígenas.

Lo que pretende el senador Ávalos, según sus propias palabras, es que se realice la distribución individual de tierras que se puedan “heredar, comercializar e hipotecar”. Es precisamente ahí donde radica la diferencia entre campesinos e indígenas, o en otras palabras, lo que los hace tan distintos: la forma de propiedad de la tierra.

El campesino posee una concepción privada y mercantil de posesión de la tierra, mientras que el indígena se maneja mediante una lógica comunal (o comunitaria, según la jerga sociológica) de propiedad de la misma. El indigenismo es una forma y un modo de vida muy particular que se encuentra determinado por las condiciones reales y materiales de existencia, no por la raza o por ciertas costumbres culturales que aún pervivan. Lo indígena busca un equilibrio con la naturaleza. Basa su existencia en el uso racional de los recursos con los que cuenta y en la distribución colectiva de los mismos, sin otro afán que la obtención de lo estrictamente necesario para él y su comunidad, sin vistas a la mercantilización de ellos; de ahí precisamente su carácter comunal, lo cual quiere decir, como es lógico, “de todos”.

El campesino, por otra parte, y como ya lo mencionamos, posee una concepción mercantil de la tierra. Su modo de vida se sustenta en la pequeña propiedad parcelaria individual. No produce para su “comunidad”, porque objetivamente no pertenece a ninguna, sino que produce para el mercado, dejando una pequeña parte para su sustento y el de su familia. Al producir para el mercado, depende de él y mantiene una relación de intercambio con él, más que un intercambio con la naturaleza, como es el caso de los indígenas.

Es obvio que el gobierno utiliza el tema indígena como discurso de circunstancia al que puede manipular para sacarle el mayor rédito político, al punto de crear neo-etnias cuando cree que la situación política así lo amerita, como aquella “etnia” Yuracaré – Mojeña, la cual ni siquiera se cuenta dentro de las 36 naciones contempladas en la CPE. Hasta ahora ninguno de los tantos teóricos del oficialismo, y penosamente tampoco de la oposición, se ha preocupado por esclarecer el concepto de qué es lo indígena, ni cuales son los elementos o características que hacen a una persona tener calidad de tal.

El mismísimo Vicepresidente de la República, gran teórico del indigenismo y autoproclamado “Qhananchiri” (aquél que clarifica las cosas), Alvaro García Linera, se declara incapaz de aclarar el entuerto, al afirmar en un comentario publicado en la revista T‘inkazos No. 13, que para él “el indio no es una raza, y tampoco una cultura” por tanto “…no es posible tener una definición objetiva de la categoría indio o indígena” ya que “ni el idioma, ni el origen sociogeográfico, ni la autoidentificación, son elementos suficientes y estables para la construcción categoría”, pero que sin embargo “el hecho que no pueda definirse objetivamente al indio, no debe hacer olvidar su objetivación negativa desde la época de la Colonia y los efectos sociales de la misma”; en otras palabras, el Vicepresidente teoriza sobre algo cuyo principal sujeto es incapaz de identificar.

Con ello vemos que la “claridad” teórica del máximo esclarecedor, es más bien oscura, ya que en nada ayuda a definir al sujeto ni mucho menos a entender el problema.

Lo que tiene que entenderse es que al no existir un concepto claro, preciso y objetivo de algo, carece de todo rigor científico, por tanto –y es precisamente lo que está ocurriendo– es pasible de ser manipulado y darle la dirección que mejor convenga, al punto, en este caso, de establecer o definir arbitrariamente quién merece o no ser reconocido como indígena.

Por lo dicho, lo único que realmente está claro es la intencionalidad del Gobierno. Hacer pasar por indígenas a los campesinos (de ahí el término de campesino-indígena originario) para reconocerle derechos sobre los territorios que a ellos les interesa, pasando incluso por encima de los verdaderos indígenas a quienes clasifican de “pequeños sectores” que van en contra del desarrollo nacional y el “proceso de cambio”, aliados para ello con algunas ONGs y con la “oligarquía cruceña” comercializadora de carne.

De ser así, tendríamos que aceptar que esa “oligarquía” y esa “derecha cavernaria” y neoliberal del pasado, a la que tanto encono le tiene el partido gobernante, resultaron ser más defensoras de la naturaleza y de los derechos indígenas que el propio Gobierno de “los indígenas”, ya que fueron precisamente en esos gobiernos que se promulgaron leyes en defensa del Parque como reserva natural.

Con la construcción de la carretera a través del TPNIS se estaría asistiendo al comienzo de la destrucción no sólo de la naturaleza de la zona, sino también de las pocas comunidades verdaderamente indígenas que aún subsisten en Bolivia y tal vez en el mundo.

Sabemos que el Gobierno del MAS es pasajero, pero de darse la construcción de la carretera, tal como se tiene previsto, el daño será eterno e irreparable. No dejemos que eso ocurra.

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