Lo que inicialmente parecía constituir un tema cuya conflictividad se restringía al desacuerdo entre la organización del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y la actual gestión de gobierno: la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Mojos, paulatinamente va involucrando a otros actores sociales sensibles a la temática y se inserta como punto prioritario en la agenda orgánica del movimiento indígena de tierras bajas aglutinados en la CIDOB.

En términos más generales, este impasse plantea al gobierno una prueba de fuego, es decir, el reto de demostración de su convicción ideológica respecto a un derecho fundamental para los pueblos y naciones indígenas: el de la libre determinación, consagrada en la Constitución Política del Estado (CPE) y establecida en convenios y declaraciones internacionales de derechos de los pueblos indígenas, que para el caso que nos ocupa, pasa por el respeto al derecho a la consulta previa, libre e informada.

Los pueblos indígenas de la región aún aguardan de parte del gobierno la aplicación de la consulta para a partir de ahí buscar mecanismos que permitan superar el actual estado de tensión respecto al trazo de la carretera, y de ese modo desestimar acciones orgánicas como la realización de una nueva marcha indígena, una expresión reivindicativa tan original entre este sector social, inaugurada en 1990 con dos demandas muy claras, pero cuyas respuestas aún se mantienen en penumbras: el derecho al territorio y la dignidad. Paradójicamente es lo mismo que ahora se reclama: el respeto a la integridad de su territorio, en este caso el del TIPNIS, por donde tiene previsto atravesar la mencionada carretera; pero también el respeto a la dignidad, es decir, el ser consultados como pueblos, previo a la implementación de un proyecto (la carretera) en el que automáticamente están involucrados.

La historia del país está nutrida de emprendimientos dirigidos a la búsqueda de desarrollo encarados no sólo a espaldas del sector indígena, sino a expensas de ellos. En tierras altas, por ejemplo el costo de la explotación minera y la agricultura hacendal, la debieron pagar ellos con sus brazos, con sus tierras, con su libertad; lo mismo ocurrió en tierras bajas donde la extracción de la goma en el norte amazónico se la hizo en sus territorios, sin consulta y a expensas de los brazos y la vida de indígenas obligados a trabajar en condiciones de esclavitud; se repitió con la ganadería en la sabana beniana que, se establecieron sin consulta de los pueblos que la habitaban, avasallando sus tierras y reduciéndolos a peones de estancia; eso mismo ocurrió con las concesiones madereras que fueron instituidas a costa de los recursos forestales de pueblos indígenas que por siglos aprovecharon sin depredarlos; situación similar ocurrió con la explotación hidrocarburíferas y la construcción de infraestructuras viales, afectando de manera inconsulta territorios y calidad ambiental de pueblos indígenas. Ocurrió lo mismo con la ampliación de la frontera agrícola en tierras bajas, y cuyo ímpetu parece resurgir con nuevos bríos.

De acuerdo a la letra fría de la CPE y la legislación internacional, con la construcción de esta carretera de perspectiva internacional, no tendría que repetirse aquella triste secuencia etnocida que nos recuerda la historia, y es precisamente en esta coyuntura donde se aguarda la ruptura definitiva con aquella vieja mentalidad etnocéntrica, que hoy por hoy sitúa en el reverso de este proyecto al movimiento indígena de tierras bajas. El desenlace de esta disyuntiva nos dirá si una vez más se impone la visión desarrollista en la que las políticas públicas del país se insertan cada vez con mayor determinación, aunque fuese a expensas de otras opciones de vida existentes en nuestra realidad plurinacional.

En el anverso de la construcción de la carretera Villa Tunari –San Ignacio de Mojos, las expectativas son crecientes y albergan un optimismo de desarrollo regional muy similar al experimentado, según registros testimoniales, cuando se construyó la carretera que ahora une Trinidad con la ciudad de La Paz. Visto desde una perspectiva económica, con este proyecto de vinculación vial entre el Beni y Cochabamba, en primera instancia serán los rubros del comercio, la ganadería y el extractivismo de la madera y la castaña los que logren impactos positivos en su economía, el resto, estará sujeto al diseño de políticas públicas pertinentes enfocadas a unas condiciones ecológicas y culturales muy particulares en la región, lo que en los hechos representa un reto para la implementación de la economía plural.

Asimismo, el debate en torno a la construcción de la carretera, ha reactivado entre algunos sectores empresariales y urbanos, discursos de intolerancia hacia las exigencias de garantías a sus territorios que demanda el sector indígena. De ahí la consigna que tipifica de manera tácita: “quien no está a favor de la carretera, está en contra del desarrollo del Beni y por tanto debe irse a vivir a otro lugar”; aunque suene paradójico, los dueños de casa, es decir, los pueblos indígenas, son objeto de esta conminación. Ya antes se actuó de la misma manera con quienes cuestionaron el afán enajenador en la permisión de ingreso de las empresas madereras a tomar posesión en concesiones forestales concedidas por el gobierno de entonces, pese a que posteriormente la experiencia demostró que de desarrollo no quedó nada, pero sí mucho de saqueo y destrucción de los territorios indígenas.

Pero al margen de estas y otras consideraciones vinculadas a la construcción de la mencionada carretera, reiteramos que el punto central de su actual conflictividad está centrado en el intento de transgresión de un derecho fundamental para los pueblos indígenas consagrado en la CPE: la consulta. Este proyecto debió iniciarse por ahí, por la consulta, por el respeto a estos pueblos y a la CPE, en el marco de un diálogo horizontal. En cambio, lo que se hizo con el proyecto primero fue diseñarlo en su concepción actual, luego se lo financió, posteriormente se lo decretó, hasta finalmente adjudicarlo; posterior a todo este proceso, como si solo se tratase de una formalidad administrativa, se intenta una consulta escoltada por dos mecanismos de presión: 1) la fragmentación del proyecto en tres tramos, como buscando aislar entre sí a la organización del TIPNIS (tramo dos) y el Territorio Indígena Multiétnico (tramo tres), pero también aislándolos de su organización matriz (la CPM-B) y; 2) la determinación de iniciar obras en los dos extremos del proyecto que al final implicará una presión de asfixia para el TIPNIS, donde la resistencia se muestra más firme.

Finalmente, lo que constata este conflicto Estado-pueblos indígenas, que en el fondo implica un choque de lógicas propio de una composición social de carácter plurinacional con desequilibrios aún no resueltos, es que una vez más el sector indígena del país busca ejercer control social de la implementación de derechos constitucionales ceñidos en el marco del denominado proceso de cambio en el que se perfila el país, y a lograr el paso definitivo entre una fase discursiva actual y una praxis efectiva esperada de respeto pleno a la madre tierra, en tanto principio de un nuevo paradigma de desarrollo.

* Sociólogo e Investigador de Cipca – Beni .