La Ley del Régimen Electoral (LRE) 026, promulgada el 30 de junio de 2010, constituye una de las cinco leyes estructurales que, según la disposición transitoria Segunda de la Constitución Política del Estado (CPE), por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). La presente ficha aborda las disposiciones contenidas en los títulos V al VII relativos a la organización de procesos electorales, faltas, sanciones y otras disposiciones operativas, procedimentales y de control de los procesos de legitimación democrática de los titulares del poder público estatal.

Antecedentes y objeto

La ley regula el régimen electoral para el ejercicio de la Democracia Intercultural (DI), basada en la democracia directa participativa, la democracia representativa y la democracia comunitaria en el Estado Plurinacional de Bolivia. La LRE consta de 266 artículos incluidos en una estructura de siete (7) Títulos además de nueve Disposiciones Transitorias y las respectivas disposiciones finales. Los Títulos, Capítulos y materias tratadas se distribuyen como sigue:

Título I. Disposiciones generales

Título II Democracia directa participativa

Título III. Democracia representativa

Título IV. Democracia comunitaria

Titulo V. Organización, proceso y acto de votación

Título VI. Faltas y delitos electorales

Título VII. Control social y transparencia

Disposiciones Transitorias (9) y Disposiciones Finales.

La presente ficha aborda las disposiciones contenidas en los títulos V al VII relativos a la organización de procesos electorales, faltas, sanciones y otras disposiciones operativas, procedimentales y de control de los procesos de legitimación democrática de los titulares del poder público estatal. Incluye las modificaciones al artículo 82 relativo a prohibiciones aplicables a la elección judicial aprobadas en mayo del año 2011.

Disposiciones generales: 12 principios

Son los siguientes: a. Soberanía Popular; b. Plurinacionalidad; c. Interculturalidad; d. Complementariedad; e. Igualdad; f. Participación y Control Social; g. Representación; h. Equivalencia; i. Pluralismo político; j. Mayoría y proporcionalidad; k. Preclusión y l) Publicidad y Transparencia.

Título V: Organización, proceso y acto de votación (Art: 94 -227)

Por la extensión del Título correspondiente, la presente ficha, hará referencia solo a algunos aspectos considerados relevantes.

Organización de la votación: Se refiere al conjunto de procedimientos y medidas técnicas administrativas y las condiciones que deberán garantizarse en el periodo previo al día y fecha establecida de la votación correspondiente a procesos electorales, de consulta o revocatoria.

Son siete las secciones y campos relativos a la fase organizativa de los procesos anotados. Cuatro de éstas establecen los plazos, procedimientos, condiciones de nulidad de convocatorias, así como las condiciones de administración y actualización del Padrón Electoral. También se refieren a las tareas de codificación y modificación de circunscripciones inherentes a la geografía electoral. Establece plazos y condiciones para la inscripción, sustitución e inhabilitación de candidaturas.

Convocatorias, fechas y calendarios: En los procesos electorales de mandato fijo establecidos en la CPE, serán convocados por el TSE con una anticipación de por lo menos 150 días a la fecha de realización de la votación. Para la elección de autoridades del Órgano Judicial (OJ) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Referendos y Revocatorios las convocatorias serán emitidas con anticipación mínima de 90 días.

Deberá garantizarse que la elección de nuevas autoridades y representantes se realice antes de la conclusión del mandato de las autoridades y representantes salientes. Los calendarios electorales deberán aprobarse y publicitarse dentro de los 10 días siguientes de emitida la respectiva convocatoria.

Padrón Electoral: Se refiere al sistema de registro biométrico de la población boliviana en edad de votar así como de los extranjeros que cumplan los requisitos para ejercer el derecho al voto. Está a cargo del Servicio de Registro Cívico (SERECI).

Su actualización será permanente mediante: La inclusión de las personas mayores de 18 años de edad; La depuración de las personas fallecidas; El cambio de domicilio; La suspensión o rehabilitación de los derechos de ciudadanía a efectos electorales; El registro de personas naturalizadas.

Geografía Electoral: Se refiere a la delimitación del espacio electoral en todo el territorio del EP y en los lugares del exterior donde se habiliten para votar bolivianos y bolivianas, aplicando criterios demográficos, socioculturales y territoriales, para la identificación y ubicación de las circunscripciones y asientos electorales.

La Geografía Electoral se refiere no solo a la delimitación de circunscripciones, sino también a la codificación electoral, la publicación y los procesos de modificación de éstas a fin de actualizarlas a los resultados de nuevos censos y cambios demográficos.

Inscripción de Candidaturas: En esta sección se dispone la verificación por parte del OEP de los requisitos y de causales de inelegibilidad establecidos en la CPE y en la Ley.

– La postulación de candidatos y las listas de candidaturas deberán cumplir con requisitos de paridad y alternancia. El incumplimiento dará lugar a la no admisión de la lista debiendo enmendarse en el plazo de 72 horas.

– Deberán ser postulados por OP y en el caso de circunscripciones especiales IOC, también serán postulados por sus organizaciones.

– La sustitución de candidaturas procederá únicamente por causa de renuncia, inhabilitación, fallecimiento, impedimento permanente e incapacidad total.

Propaganda Electoral (PRE) y Estudios de opinión en materia electoral: La normativa correspondiente a la Propaganda Electoral y de los Estudios de Opinión se fundamenta en el reconocimiento de los derechos fundamentales a la comunicación e información de la ciudadanía.

Preceptos de la difusión PRE:

– Pluralismo, acceso equitativo, participación informada y responsabilidad social

– Responsabilidad y Sujetos autorizados: Las OP o alianzas son responsables del contenido de la PRE, son también los únicos autorizados para realizar PRE durante procesos electorales.

En referendos o revocatorios de mandato, está autorizada a realizar PRE la OP o alianzas, las organizaciones de la sociedad civil y las NPIOC que se habiliten ante el Tribunal Electoral competente. Ninguna entidad pública a nivel nacional, departamental, regional o municipal puede realizar propaganda electoral en procesos electorales, referendos o revocatoria de mandato. Toda PRE no importando su formato deberá identificar a sus promotores.

Periodo:

– Actos públicos de campaña desde 90 días antes. En medios desde 30 días antes de los comicios en caso de segunda vuelta desde la convocatoria. En todos los casos la PRE cesara 72 horas antes del día de votación.

– En caso de incumplimiento, se aplicaran sanciones económicas a las OP y medios responsables con multa equivalente al doble de las tarifa promedio inscrita por el medio, además de la inhabilitación del medio para difundir PRE en siguiente proceso electoral.

Registro, tarifas y límites de tiempo:

– Todos los medios deberán registrarse e inscribirse ante el TSE y los Departamentales según corresponda. Se señalaran tarifa, no pudiendo ser superiores al promedio de las tarifas cobradas por concepto de publicidad comercial durante el semestre previo al acto electoral, y deberán ser las mismas para todas las organizaciones.

– Establece límites de tiempo de hasta 10 minutos y extensión máxima en medios escritos.

– Los actos especiales de proclamación de candidatos y de cierre de campaña podrán ser difundidos por un lapso de hasta dos horas.

– Dispone realización de monitoreo de la PRE.

Prohibiciones:

– Entre las prohibiciones para la PRE, se destacan aquella que prohíbe la propaganda gubernamental desde 30 días antes y hasta horas 20:00 del día de los comicios, incluye al nivel nacional, departamental y municipal y a los órganos legislativos.

– Las prohibiciones se extienden a los medios interactivos.

– Prohíbe el uso de medios de comunicación por parte de candidatos en cualesquier formato no propagandístico.

– Prohíbe la difusión de cualquier contenido propagandístico, informativo o de opinión que pueda favorecer o perjudicar a una organización política desde 48 horas antes del día de los comicios hasta las 18 horas de la jornada de votación.

Multas y sanciones:

Ante faltas electorales en materia de PRE, los medios de comunicación y la OP serán sancionadas con multas. En caso de no pago de la multa impuesta los medios quedarán inhabilitados para difundir propaganda en siguientes dos procesos electorales, consultivos y revocatorios. Página 5

Denuncias: Establece procedimientos y plazos para interponer denuncias.

Estudios de Opinión: Son de tres tipos: a) Encuestas preelectorales, b) Boca de urna y c) Conteo rápido. Su elaboración y difusión se sujeta a los preceptos de: calidad técnica , publicidad, transparencia y responsabilidad social.

– La ley establece normas relativas al periodo y límites de difusión de encuestas electorales. No podrán difundirse después del domingo anterior a las elecciones.

– En caso de resultados en boca de urna y conteo rápido, éstos solo podrán difundirse a partir de las 20 horas del día de votación.

– Las empresas especializadas de opinión pública, medios de comunicación, instituciones académicas y cualquier otra entidad que pretendan realizar estudios de opinión en materia electoral con fines de difusión deberán registrase ente el TSE o los TED según corresponda.

– Establece requisitos y prohibiciones para la difusión de los resultados, incluyendo a aquellos vinculados a las misiones nacionales e internacionales de acompañamiento electoral.

– Las sanciones son aplicables a empresas especializadas a los medios de comunicación y a las organizaciones políticas.

– El Servicio Intercultural de Fortalecimiento democrático(SIFDE) será la instancia encargada de registrar y difundir los resultados.

Material Electoral: Los materiales electorales a utilizarse el día de votación son los siguientes:

– Acta electoral con sus copias.

– Ánfora de sufragio.

– Papeletas de sufragio.

– Útiles Electorales.

– Tres sobres de seguridad.

– Listados Electorales.

– Certificados de Sufragio.

Acto de Votación: Este capítulo hace referencia a todas las disposiciones relativas a los procesos a desarrollarse durante el día de la elección, referendo o revocatoria de mandato.

Disposiciones electorales generales y etapa de votación

Dispone que será el Órgano Electoral Plurinacional la instancia al mando de la fuerza pública para garantizar la seguridad de los recintos y Tribunales electorales. Plantea el principio de colaboración y coordinación estatal, las garantías para el acto electoral, así como las disposiciones relativas a los delegados de las OP.

Las disposiciones generales abarcan aspectos relacionados a:

– Prohibiciones electorales.

– Derechos de las personas con necesidades particulares.

– Exigencia del certificado de sufragio.

– La etapa de votación, de los recintos, instalación y apertura de la mesa de sufragio.

– Tipo de votos, voto asistido, nulidad de voto, suspensiones.

– Procedimiento para el conteo de votos, condiciones de publicidad del conteo, apelaciones y observaciones al conteo, cierre de mesa y entrega de sobres de seguridad.

Preclusión y causales de nulidad: Durante el acto de votación, el jurado electoral es la única autoridad competente para el conteo de votos de la mesa de sufragio de manera definitiva y ninguna otra autoridad revisara ni repetirá este acto, salvo la existencia de causales de nulidad establecidas por Ley, siendo éstas las siguientes:

– Ausencia de firmas y huellas dactilares de por lo menos tres jurados electorales.

– Uso de formularios de actas no aprobados por la autoridad electoral.

– El funcionamiento de la mesa de sufragio en lugar y día distinto al señalado a la autoridad electoral.

– El computo de votos emitidos en papeletas distintas y en circunscripción uninominal distinta a la fijada por la autoridad electoral.

– La existencia de elementos que contradigan los resultados contenidos en el Acta Electoral.

– La existencia de datos asentados en el Acta Electoral que sean contradictorios o inconsistentes entre sí.

– La existencia de diferencias en los datos del Acta Electoral entre el original y sus copias.

– La existencia de alteración de datos, borrones y tachaduras en el Acta Electoral.

– La violación de la integridad del sobre de seguridad o el extravío del Acta original.

– Consignación de un número de votos en el Acta Electoral que superen a la cantidad de personas inscritas en la mesa.

Cómputo, Proclamación y Entrega de Credenciales

Cómputo departamental y cómputo nacional: En relación al cómputo departamental, el capítulo define el procedimiento de traslado de los sobres de seguridad, clausulas de seguridad y prohibiciones de modificar resultados, así como las apelaciones sobre el desarrollo del cómputo electoral, y las resoluciones de dichos recursos a nivel departamental.

El cómputo nacional incluye la resolución de recursos planteados al TSE, la verificación del cómputo nacional en sala plena y sesión pública; la corrección de errores de las Actas de computo departamental, la elaboración del Acta de computo nacional y publicación de los resultados nacionales en un plazo máximo de seis días a la proclamación de los resultados.

Entrega de credenciales: Oficializado el computo nacional y resueltos los recursos, se procederá a la entrega de credenciales a las autoridades o representantes electas en los distinto procesos electorales tanto a nivel nacional como departamental.

Sustitución de autoridades elegidas, se procederá en los siguientes casos:

Autoridades Legislativas

– En caso de renuncia, inhabilitación, fallecimiento o impedimento permanente de autoridades legislativas nacionales, departamentales y municipales el Tribunal Electoral competente habilitara al suplente.

– En caso de inhabilitación del titular y suplente, la OP tramitaran la habilitación del suplente de otro titular plurinominal o uninominal respetando el orden correlativo.

Autoridades Ejecutivas

La sustitución de autoridades de los OE de los distintos niveles de gobierno territorial procede en los siguientes casos.

– En caso de muerte, renuncia, ausencia o impedimento definitivo o sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal del Presidente del Estado Plurinacional se aplicara el mecanismo de sucesión establecido en la CPE.

– En el caso de autoridades departamentales, regionales y municipales, se aplicaran los mecanismos de sucesión establecidos en la CPE, las leyes, los Estatutos Autonómicos y las Cartas Orgánicas según corresponda.

Revocatoria de mandato. Por efecto de la revocatoria de mandato la Ley dispone lo siguiente:

– En caso de revocatoria de mandato del Presidente, el sucesor convocara a elecciones de inmediato, si pasados 15 días no se cumpliera con este mandato el TSE, convocara al proceso electoral.

– En caso de revocatoria de mandato de Gobernadores y de Alcaldes se aplicaran procedimientos establecidos en la CPE, las leyes, los Estatutos Autonómicos y las Cartas Orgánicas según corresponda.

– En caso de revocatoria de mandato de asambleístas plurinacionales, departamentales, regionales y concejales, la ALP convocara a elección de nuevos titulares y suplentes hasta la finalización del período constitucional. Si pasados 15 días no lo hiciera el TSE convocará al proceso electoral en forma inmediata para su verificativo en el plazo máximo días a partir de la convocatoria.

Procesos Electorales en el Exterior

Este capítulo se refiere al derecho al voto de los residentes en el exterior en caso de elecciones, referendos de alcance nacional y revocatorio de mandato para Presidente y Vicepresidente. Contempla la ubicación de los asientos electorales, los convenios de colaboración entre el país y los países anfitriones. Regula el registro de los bolivianos en el exterior, la remisión del material electoral por parte del TSE, la voluntariedad del voto y el régimen común de votación.

Procedimientos y Recursos en materia Electoral

Procedimientos sobre demandas de inhabilitación de candidaturas y postulaciones: En esta sección se regula el procedimiento para resolver las demandas para la inhabilitación de las candidaturas, autoridades ejecutivas y legislativas a nivel nacional, departamental, regional y municipal, así como de autoridades del Órgano Judicial y del TCP.

Están legitimados para presentar demandas de inhabilitación los ciudadanos y la OP con personalidad jurídica vigente. Dichas demandas serán interpuestas hasta 15 días antes de la elección para las postulaciones con jurisdicción nacional ante el TSE y en los demás casos ante los TED. El demandante deberá presentar prueba preconstituida. El TSE o el Departamental resolverán la demanda en el plazo de 72 horas de su presentación, sus fallos serán irrevisables. Se contempla el recurso de apelación a ser resuelto por el TSE.

Procedimientos de observaciones y recursos contra el Acta Electoral: Las observaciones contra el Acta, no requieren de ratificación y serán revisadas de oficio por el TDE competente. Las OP que pudieran resultar perjudicadas por la Resolución del TDE, antes de su decisión podrán fundamentar en forma oral o escrita las razones que les asisten.

El recurso de apelación contra el Acta podrá plantearse verbalmente ante las mesas de sufragio por una o más de las causales de nulidad previstas en la Ley; el jurado considera el recurso de manera inmediata ante el TED respectivo. El plazo es 48 horas siguientes al día de la votación. La resolución del TED podrá ser recurrida de nulidad ante el TSE.

Recurso extraordinario de revisión: Procede en casos de decisiones del los TED o del TSE, con posterioridad a la resolución cuando sobrevengan hechos nuevos o se descubran hechos preexistentes que demuestren con prueba de reciente obtención que la resolución fue dictada erróneamente. Solo procede en casos de demandas de inhabilitación de candidaturas y controversias diversas. Este recurso deberá interponerse ante la misma autoridad que emitió la decisión, en el plazo improrrogable de 5 días calendario computable a partir de la notificación.

Excusas y Recusaciones: Son causales de excusa o recusación de las autoridades electorales las siguientes:

– Tener amistad íntima o enemistad con alguna de las partes.

– Ser acreedor, deudor o fiador de una de las partes.

– Tener un litigio judicial pendiente con algún de las partes.

– Haber sido abogado, mandatario, testigo perito de alguna de las partes.

– Haber manifestado su opinión públicamente, con anterioridad al conocimiento de la causa.

– Ser o haber sido denunciante o querellante contra una de las partes o denunciado o querellado por cualquiera de éstas con anterioridad.

– Tener parentesco con alguna de las partes, hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o el derivado de vínculos de adopción.

Las excusas corresponden de oficio cuando la autoridad electoral éste comprendido en una de las causales; de no procederse así las partes interesadas podrán presentar recusación por las mismas causales en el plazo máximo de dos días. Las recusaciones serán resueltas en el plazo máximo de dos días por los otros miembros del Tribunal.

Conflicto de competencias: Los conflictos de competencias entre TED será resuelto por el TSE.El conflicto de competencias entre jueces, notarios y otras autoridades electorales departamentales será resuelto por el respectivo TED.

Recurso de Apelación contra otras resoluciones de los TDE: En esta sección se regula el procedimiento de los recursos de apelación aplicables contra resoluciones pronunciadas por los TED; sus resoluciones son apelables en un plazo de 48 horas ante el mismo para su respectiva tramitación y revisión ante el TSE en el plazo de 24 horas. El TSE resolverá la apelación en el plazo de 72 horas.

Título VI: Faltas y delitos electorales (T.VI:228-250)

Faltas electorales: La ley del Órgano Electoral Plurinacional Nº 18 identifica un conjunto de faltas de las autoridades electorales como jurados, notarios, servidores públicos, organizaciones políticas y particulares. Así mismo establece la prescripción, las sanciones, multas y el depósito de éstas.

Delitos electorales: Son los siguientes:

– Ilegal convocatoria o ilegal ejecución de procesos electorales.

– Doble o múltiple inscripción.

– Coacción electoral.

– Injerencia en la democracia comunitaria.

– Falsificación de documentos o uso de documento falsificado.

– Instalación ilegal de mesas.

– Asalto o destrucción de ánforas.

– Obstaculización de procesos electorales.

– Traslado fraudulento de personas.

– Manipulación informática.

– Inducción del voto por difusión ilegal de propaganda y encuestas.

– Alteración y ocultación de resultados.

– Alteración o modificación del Padrón Electora.

– Beneficios en función del cargo.

– Acta electoral suscrita dolosamente.

– Acoso político.

Su juzgamiento corresponde a la justicia penal ordinaria aplicando el Código de Procedimiento Penal.

Prescripción: La prescripción se sujetará al régimen establecido en el Código Penal y/o del Código de Procedimiento Penal. La ley define los procedimientos para tramitar faltas y delitos.

Título VII: Control social y transparencia (T.VII:251-266)

Control Social: Las autoridades electorales están obligadas a garantizar el ejercicio de la participación y el control social, además de la transparencia en sus actos y decisiones. La participación de la sociedad civil se da a través de los mecanismos establecidos del control social, las misiones de acompañamiento y las acciones de fiscalización en el financiamiento y uso de recursos.

El Control Social establecido por la CPE, en materia electoral tiene las siguientes facultades:

– Promover, coordinar y evaluar iniciativas legislativas.

– Acompañar la organización, dirección, supervisión, administración y ejecución de los procesos electorales, referendos y revocatoria de mandato.

– Conocer por escrito y en forma oportuna los informes de gestión y de rendición de cuenta de las autoridades electorales, la omisión a su cumplimiento se considera falta grave.

– Pedir complementación de los informes de las Autoridades Electorales.

– Acceder a la información brindada por las OP al órgano electoral, sobre su patrimonio, financiamiento y ejecución de gastos.

– Denunciar o coadyuvar denuncias por violación de derechos políticos, por la comisión de faltas o delitos electorales.

– Denunciar toda clase de información, propaganda y campañas electorales que violen los plazos límites y prohibiciones establecidas por la presente Ley.

– Promover iniciativas populares para la convocatoria a referendos y revocatorias de mandato.

– Participar en la impugnación e inhabilitación de candidaturas o postulaciones.

Acompañamiento electoral: El objeto del acompañamiento electoral es contribuir a la transparencia de gestión de los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato. Es realizado por la misiones de acompañamiento y no tiene efectos jurídicos, debiendo necesariamente obtener su acreditación por el Órgano Electoral.

El acompañamiento electoral de la Democracia Intercultural se sujeta a los siguientes preceptos: Imparcialidad, objetividad, independencia, responsabilidad, legalidad, no injerencia. Para la realización de misiones de acompañamiento electoral es requisito imprescindible la suscripción de un convenio marco con el TSE.

El TSE acreditara y podrán retirar la acreditación a las misiones nacionales e internacionales de observación electoral en los procesos electorales, referendos y revocatoria de mandato de alcance nacional, departamental, regional y municipal. Los TED acreditarán y podrán retirar la acreditación a las misiones nacionales de observación electoral en Referendos y Revocatorias de mandato de alcance departamental, regional y municipal.

Las misiones nacionales e internacionales de acompañamiento perderán su acreditación cuando incumplen o violen la CPE, la legislación electoral, los preceptos del acompañamiento y los términos del convenio. La observación electoral es de dos tipos: de Larga Duración, durante todo el proceso hasta la emisión de los resultados finales y de Corta Duración, solo el día de la votación.

El OEP otorgará a las misiones nacionales e internacionales de acompañamiento electoral las garantías para el cumplimiento de su actividad. El TSE se encargará de reglamentar la observación y acompañamiento electoral.

Fiscalización y transparencia: La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) es la instancia del OEP para regular y fiscalizar el Patrimonio, fuentes de financiamiento y el uso de recursos económicos de las OP. Para este efecto la OP deberá registrarse presentando un balance de apertura con información patrimonial, especificando fuetes de recursos al inicio y al final de cualquier proceso electoral.

El TSE, reglamentará el procedimiento para la entrega de información por parte de las OP y de los medios de comunicación, así como su procesamiento por la UTF. En el plazo de 60 días posteriores a los comicios las OP y los medios de comunicación proporcionarán declaración jurada tanto de las fuentes de financiamiento y de gastos realizados como de las facturas emitidas por los segundos. Los medios también presentaran el detalle de la facturación correspondiente a cada OP.

Disposiciones transitorias y finales

Transitorias

Primera: Las disposiciones relativas al control social se aplicarán a partir de la promulgación de la Ley que regula el control social.

Tercera: El TSE tiene el plazo de un año a partir de la vigencia de la LRE, para implementar el Padrón Biométrico de los bolivianos residentes en el exterior en todos los países en los que se tienen acreditadas representaciones diplomáticas y consulares. Página 12

Cuarta: Disposición de transferencia de activos y pasivos de la Corte Nacional Electoral al OEP.

Séptimo: Entretanto se implemente el SERECI continuará en vigencia el sistema de registro electoral actual.

Novena: El Órgano Ejecutivo reglamentará el proceso de Consulta Previa, en coordinación con las organizaciones de la NIOC.

Finales

Se derogan las disposiciones legales contrarias a la Ley en especial aquellas consignadas en: 1) Ley 1983 de Partidos Políticos, 2) Ley 2771 de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas y 3) Ley 2028 de Municipalidades

Se abrogan: 1) Ley 1984, de Código Electoral 2) Ley 4021, de Régimen Electoral Transitorio y 3) Ley 2769, de Referendo.

Aspectos relevantes

Inconstitucionalidad y efecto discriminatorio de la disposición transitoria relativa a la obligatoriedad de cumplimiento del requisito de hablar dos idiomas oficiales, cuando, de acuerdo a la CPE, la progresividad de esta disposición deberá definirse por ley especial.

No resuelve el carácter discriminatorio derivado del privilegio de doble votación de la circunscripción especial – indígena (en el ámbito subnacional).

El criterio de paridad y alternancia entre hombres y mujeres plantea dificultades de aplicación en el caso de los escaños uninominales, especiales IOC y en el marco de la Democracia Comunitaria.

Endurece requisitos para referendo por iniciativa popular.

Impone mayores restricciones y requisitos a publicación de encuestas y estudios de opinión

Dispone una fórmula no equitativa a la definición favorable de la Revocatoria de Mandato. La misma se ajusta a intereses coyunturales del OE.

No resuelve problemas relacionados a las asimetrías de las condiciones de competencia de OP, es más las acentúa considerando la reelección inmediata y la eliminación del financiamiento público a las OP.

* Fuente: http://www.institutoprisma.org/joomla/images/constituciones/fichas_constitucionales/ficha%20constitucional%2020a.pdf