El Presidente del Estado Plurinacional pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que modifique el artículo 82 de la Ley del Régimen Electoral “…para reforzar y garantizar la mayor información y, por tanto (garantizar también), la participación del pueblo boliviano”, en las elecciones de magistrados. Y aunque el mandatario en otra parte de su discurso dice que su obligación es “garantizar la libertad de expresión” (1), en el proyecto de ley presentado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la ALP se mantienen las prohibiciones referidas a la opinión y/o a las campañas en aquella consulta de los máximos jueces del país (2). El mandatario informó que al TSE le solicitó una propuesta “técnica” para aquella modificación.

Una diputada del MAS respalda la decisión presidencial y establece las diferencias entre la información y la opinión. Otros asambleístas (incluidos opositores), dirigentes sindicales y de asociaciones profesionales de los trabajadores de los medios, así como periodistas de base saludan que el Presidente haya “escuchado” al pueblo, le aplauden al primer ciudadano, festejan un acontecimiento inconcluso… Creemos que aquélla es una celebración anticipada de una victoria a medias.

Es destacable que el Presidente admita, sin decirlo expresamente, que se equivocaron gobernantes, asambleístas, miembros del TSE y los que hasta hace horas defendían lo indefendible: que aquel artículo 82 no violaba ningún derecho consagrado en la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes.

Además de los derechos a la libertad de expresión y de prensa (incluidos otros específicos para los trabajadores de los medios de difusión), la Ley Fundamental de nuestro país reconoce los derechos, individuales y colectivos, a informar, comunicar, opinar e interpretar, para todos los bolivianos (CPE, incisos 5 y 6 del artículo 21) y, específicamente, para los trabajadores de los medios de difusión y para los dueños de éstos (CPE, artículos 106 y107) (3).

El siguiente antecedente no debe perderse de vista: El Papa Juan XXIII, el Papa Bueno, en su Encíclica Paz en la Tierra propone el derecho a la información y plantea que la información sea veraz (4).

“Para nosotros —dice Ignacio Ramonet—, ¿qué es informar? Es revelar un hecho y dar el contexto sociopolítico y sociocultural que rodea a este hecho: quién ha hecho qué, con qué intención, con qué objetivo, con qué causas” (5). Nos apropiamos de ese criterio y, apoyados en nuestras normas y en los convenios internacionales sobre la materia (los que son leyes bolivianas a la vez), planteamos ejercer ese derecho aunque fuera negado por los dueños del poder político, junto con los otros mencionados aquí y, en particular, el de difundir ideas (6).

Opinar es valorar uno o varios hechos y/o dichos y, en consecuencia, emitir ideas sobre la base de esos datos y de esos dichos. A mayor información, la posibilidad es que las ideas fluyan más sustentables y en mayor volumen. Se trata de los criterios, puntos de vista, pareceres, juicios, expresiones que deben ser emitidos con responsabilidad (7). Las ideas son lanzadas con el propósito de que de ellas se apropien las audiencias y los lectores. Viene a cuento añadir que las ideas luchan, pero sólo luchan las ideas que se conocen, que se difunden (8). La opinión, empero, seguirá proscrita por el artículo 82 de la Ley del Régimen Electoral, según el proyecto de ley del TSE que hemos reproducido en esta nota, sobre lo que lamentamos el silencio sobre todo de los trabajadores de los medios de difusión y sus organizaciones.

La Convención Americana sobre los Derechos Humanos dispone: “Artículo 13. Libertad de pensamiento y de expresión. I. Toda persona tiene derecho a la liberad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro medio a su elección”. (9).

Aquella Convención determina que no hay censura previa (nadie debe decir qué no debe publicarse), pero la responsabilidad por lo que se difunde es posterior a la publicación respectiva. Es decir, el límite de la libertad de expresión es la responsabilidad porque todos los derechos tienen límites (El respeto del derecho ajeno es la paz, dejó dicho Benito Juárez).

La campaña en las elecciones de magistrados está prohibida. Campaña que “Es la propaganda martillante sobre un mismo asunto, los esfuerzos continuados destinados a lograr un resultado”. En la que se emplean todos los géneros periodísticos, acota el cubano Evelio Tellería Toca. (10).

El Presidente dijo que los candidatos, en elecciones generales, prometen “cielo y tierra”. Esa afirmación, comparte la apreciación del francés Guy Durandin quien asegura que la publicidad comercial y la propaganda política contienen mentiras, lo que es verificable. Esos que ofrecen el cielo y la tierra en tiempos electorales son los mentirosos, de los que quizá haya en número crecido en las elecciones de magistrados (11).

Para nosotros es cuando menos discutible que desde la trinchera del principal gobernante se admita como acertado que se permita informar (con veracidad, añadimos) durante las elecciones de magistrados, pero que se calle ante la prohibición de las opiniones, de la propaganda y de las campañas durante esa consulta electoral.

El ejercicio de un derecho no debe violar otros derechos, dice uno de los principios de la CPE. Que se legisle el derecho a la información, como señalan las normas, es algo para destacar en la primera página de un diario y como nota principal, para decirlo como los periodistas.

Pero, por qué aceptar que se restrinja (en el artículo 82) el derecho a la opinión. Ésta es sustentable cuando se apoyo y/o se elabora en y con datos verdaderos. Una opinión incorpora información, aunque si en una noticia hay opiniones estaremos ante otro escrito periodístico.

En otro tiempo se decía que, en elecciones generales, el que escruta gana. Ahora añadimos que quien cuenta con la ventaja de los dos tercios en la ALP selecciona a sus candidatos a magistrados y así tendrá posibilidades crecidas de ganar en las elecciones de jueces supremos.

Tampoco debemos perder de vista que los dueños de los medios son los que ejercen, sin límites, la libertad de expresión y de prensa. Lo raro es que empresarios y trabajadores compartimos la trinchera en la defensa de los derechos a informar, comunicar, opinar e interpretar, a la libertad de pensamiento y de expresión y a la libertad de prensa, pero, cuando se trata de los derechos, lo mejor que podemos hacer es ejercerlos.

También tendría que estar muy claro que será muy difícil y hasta imposible que en las elecciones de magistrados sólo se informe y que se evite la opinión. Se sabe, sin embargo, que cuando se pretende proscribir las ideas, éstas pueden salir desde una cueva, según Martí.

Notas:

(1) El resumen de las declaraciones del Presidente fue publicado por el matutino Cambio (del gobierno o del Estado, como gusta decir el Ministro de Comunicación), del 21 de mayo de 2011. Allí el primer mandatario dice que la democracia se profundizará con las elecciones de magistrados.

(2) Propuesta de modificación

Artículo único.- Se derogan los incisos b) y e) del parágrafo I; los incisos a) y b) del parágrafo II, y el parágrafo IV del artículo 82 de la Ley del Régimen Electoral.


II. Se modifica el inciso d) del numeral I del artículo 82 de la Ley del Régimen Electoral, con el siguiente texto:

c) Dirigir o conducir programas radiales o televisivos o mantener espacios informativos o de opinión en medios escritos…


III. El Tribunal Supremo Electoral queda encargado de reglamentar las previsiones de los artículos 80, 81, 82, 83 y 84 de la Ley del Régimen Electoral.



Disposición Transitoria.- Las derogatorias y modificaciones contenidas en la presente ley se aplicarán a la elección de autoridades del Órgano Judicial (Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura), y del Tribunal Constitucional Plurinacional del 16 de octubre de 2011.

El artículo 82, según la propuesta del TSE quedaría redactado así:

Artículo 82: (Prohibiciones). En el marco del régimen especial de propaganda para los procesos de elección de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, se establecen las siguientes prohibiciones:

I. Las y los postulantes, desde el momento de su postulación, bajo sanción de inhabilitación, están prohibidos de:

a) Efectuar directa o indirectamente cualquier forma de campaña o propaganda relativa a su postulación en medios de comunicación radiales, televisivos, escritos o espacios públicos;


c) Emitir opinión a su favor, o a favor o en contra de otros postulantes, en medios de comunicación radiales, televisivos, escritos o espacios públicos;



d) Dirigir o conducir programas radiales o televisivos, o mantener espacios informativos o de opinión en medios escritos; o

II. A partir de la convocatoria, los medios de comunicación, bajo sanción y sin perjuicio de su responsabilidad penal, están prohibidos de:


c) Generar espacios de opinión de ninguna índole sobre los postulantes.

d) Dar espacios de opinión, conducción o participación en programas a cualquier postulante.

III. A partir de la convocatoria, ninguna persona particular, individual o colectiva, organización social, colegiada o política, podrá realizar campaña o propaganda a favor o en contra de alguna o algún postulante por ningún medio de comunicación, incluyendo Internet y mensajes masivos de texto por telefonía celular, constituyendo falta electoral sin perjuicio de su calificación penal. (Tomado del diario Cambio del 21 de mayo de 2011).

(3) Constitución Política del Estado: “Artículo 21. Las bolivianas y los bolivianas tienen los siguientes derechos:

5. A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva.

6. A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva.

CPE: Artículo 106

I. El Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información.

II. El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa.

III. El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información.

IV. Se reconoce la cláusula de conciencia de los trabajadores de la información.

Artículo 107.

I. Los medios de comunicación social deberán contribuir a la promoción de los valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas del país, con la producción y difusión de programas educativos plurilingües y en lenguaje alternativo para discapacitados.

II. La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley.

III. Los medios de comunicación social no podrán conformar, de manera directa o indirecta, monopolios u oligopolios.

IV. El Estado apoyará la creación de medios de comunicación comunitarios en igualdad de condiciones y oportunidades.

(4) “Para concebir en sus dimensiones reales esta nueva, novísima, rama del Derecho y delimitarla en cuanto tal, para poder hablar de un Derecho de la Información en cuanto comprensivo el fenómeno moderno de la Información jurídicamente contemplado, es preciso por tanto referirse primero al derecho a estar informado y a informar; al derecho a la Información como derecho subjetivo, fundamental, propio del hombre en cuanto tal, un derecho natural —si nos decidimos a emplear tal terminología— que, en diversas formas, a lo largo de los siglos y especialmente a partir de la invención de la imprenta, ha ido apareciendo en las leyes fundamentales de los Estados ligado al despertar del Derecho constitucional, pero que no ha acabado por encontrar una formulación terminológica clara hasta la Encíclica Pacen in Terris del Papa Juan XXIII, en la que reconoce su entidad como derecho fundamental de la persona humana”, dice Manual Fernández Areal, en Introducción al derecho de la información, editorial A.T.E., Barcelona, España, 1977.

(5) Ignacio Ramonet. “En el imperio de la imagen”/Sustrato político y económico de la comunicación. La televisión, un reto teórico, nota del libro: Colección de intermon 3 (edición de Carmen Pérez Babot). La aldea Babel/ Medio de Comunicación y Relaciones Norte-Sur, Deriva editorial, Barcelona , España, 1994.

(6) El Página Siete (La Paz), la red de radios Erbol (La Paz y Bolivia), el matutino Opinión (Cochabamba), dijeron que iban a ejercer los derechos a informar, etc., conforme establece la CPE, antes del anuncio de modificación del artículo 82 de la Ley de Régimen Electoral. A esa decisión se sumó el semanario Aquí.

(7) En el artículo 106 de la CPE, aunque en una redacción defectuosa, dispone que la opinión que difundan los medios de difusión debe ser responsable. La Convención. El punto 2 del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmada en San José de Costa Rica en 1969 y que es ley en Bolivia del 11 de febrero de 1993, dice: “2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente (referido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión) no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el ejercicio de los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.

(8) La Federación Latinoamericana de Periodistas, Felap, es la que afirma que las ideas que no se conocen, no luchan. Aquella organización, sin duda, comparte el planeamiento de Fidel Castro que planteó, hace tiempo, la lucha de ideas como tarea fundamental de los revolucionarios.

(9) La Convención Americana sobre Derechos Humanos fue aprobada (ver nota 7).

Fidel Castro, sobre la libertad de prensa dice: “(…) La libertad no es el derecho a poder hablar y a morirse de hambre, porque, en definitiva, el que pasa hambre no puede hablar; el que pasa hambre, no puede ni escribir: el analfabeto no se le puede hablar de libertad de prensa, porque no sabe escribir (…)”.

(10) Evelio Tellería Toca. Diccionario Periodístico, Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 1986.

(11) Resumen de lo que dijo el Presidente sobre el tema en el diario Cambio del 21 de mayo de 2011. El estudioso francés, Guy Durandin, en su libro: La mentira en la propaganda política y en la publicidad, afirma que la publicidad comercial y la propaganda política tienen una dosis de mentiras. A veces más mentiras que verdades, añadimos nosotros. Ver Guy Durandin. La mentira en la propaganda política y en la publicidad, Editorial Paidos comunicación. Barcelona (Espala), 1982

* Periodista. Fuente: http://www.semanarioaqui.com