(PL y agencias).- La Oficina en Bolivia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó hoy la decisión de declarar el 24 de mayo Día contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación. Según esa entidad, la norma sancionada por la Asamblea legislativa honra la memoria de unos 20 labriegos que sufrieron vejámenes hace tres años en la ciudad de Sucre.

El documento subraya que la iniciativa es muy positiva para todas las víctimas de racismo y discriminación en el país andino. Asimismo señala la apertura del juicio oral y público ante el Tribunal Primero de Sentencia en Materia Penal de la ciudad de Sucre, el pasado 3 de marzo, en contra de los presuntos responsables de esos hechos.

La oficina de ONU recuerda que, a pesar de que durante estos tres años dicho proceso penal ha enfrentado obstáculos y dilataciones de distinta naturaleza, el mismo constituye un paso muy significativo en la lucha contra la impunidad.

“Reviste gran importancia no sólo para las víctimas, sino para el conjunto de la sociedad boliviana y la comunidad internacional”, remarca el mensaje del organismo internacional. Además precisa que la oficina de Derechos Humanos de la ONU alienta el respeto a la autoridad del Tribunal de Sentencia del caso y de los principios constitucionales de independencia, celeridad y transparencia.

“Este proceso debe conducir a la sanción de los responsables y la plena satisfacción de los derechos a la justicia, verdad y reparación de las víctimas”, agrega el texto.

El pasado 24 de mayo, en Sucre, una marcha de pueblos indígenas y campesinos y la inauguración de un monumento recordaron aquellos hechos de 2008, que llamron Día de la Vergüenza Nacional.

La tarde del 24 de mayo de 2008, unos 20 campesinos que debían participar en un acto de homenaje a la primera epopeya independentista de América, fueron tomados como rehenes por grupos radicales patrocinados por el opositor Comité Interinstitucional.

La jornada de violencia empañó la celebración, los entonces principales dirigentes de Chuquisaca rechazaban la visita a esa región del Presidente Evo Morales.

Para lograr sus objetivos, utilizaron grupos de choque vinculados a jóvenes de la Universidad San Francisco Xavier, quienes llegaron a agredir a efectivos policiales desplegados en el estadio Patria para garantizar la seguridad del jefe de Estado.

También las agrupaciones violentas amedrentaron a campesinos de varias provincias, interesados en asistir al acto de entrega de ambulancias y otros proyectos sociales para el territorio.

El extremo llegó cuando los jóvenes enardecidos tomaron a labriegos y los condujeron por la fuerza hasta la céntrica Plaza 25 de Mayo para allí vejarlos y humillarlos, obligándolos a despojarse de sus ropas y repetir consignas racistas.

El gobierno boliviano responsabilizó a las autoridades de Chuquisaca, entre ellos la exalcaldesa Aydeé Nava, la exprefecta Savina Cuéllar, el expresidente del Comité Interinstitucional, Jaime Barrón y al máximo dirigente del Comité Cívico, Jhon Cava, de incitar el clima de confrontación y los disturbios.

La 79 Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores en Sucre sancionó el lunes siete proyectos de Ley, entre ellos el Proyecto de Ley 422 que declara el 24 de mayo de cada año como “Día Nacional contra el Racismo y toda forma de Discriminación en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia”.

Además, sancionaron los Proyectos de Ley 349 que declara de prioridad nacional y necesidad departamental y de interés social, la forestación y reforestación de las zonas desérticas y semidesérticas del departamento de Chuquisaca: y el 202 que declara de prioridad nacional la producción, industrialización y comercialización del ají y maní en las regiones que posean esta vocación productiva en el país.

Se sancionó también el Proyecto de Ley 723 que autoriza al Ministerio de Salud y Deportes, la transferencia de terrenos de su propiedad para la construcción del “Complejo Hospitalario Instituto Oncológico Sucre” en la zona de Ura Lajas Tambo, provincia Oropeza del departamento de Chuquisaca.

Sancionaron también el Proyecto de Ley 279 que declara de prioridad nacional y urgente necesidad regional, la construcción y equipamiento de un Hospital de Segundo Nivel en Chuqui Chuqui – Distrito 7 del municipio de Sucre; el Proyecto de Ley 483 aprueba el contrato de préstamo, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento (CAF), destinado a financiar la ejecución del “Programa más inversión para el agua – Mi Agua”: el Proyecto de Ley 226 declara de prioridad nacional la construcción de un nuevo centro penitenciario en la ciudad de Sucre.