La Comisión de Planificación, Política y Finanzas de la Cámara de Diputados inició esta semana el análisis del proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación. La norma de 130 artículos impone nuevos tributos y obligaciones a los más de 3 mil operadores que prestan servicios de telecomunicación en el país.

La Constitución Política del Estado establece que el espacio electromagnético y electroacústico es un recurso natural de dominio público bajo tuición del Estado. El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2011 “Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para vivir bien”, aprobado por decreto el 12 de septiembre de 2007, señala que el Estado es responsable de conducir y controlar las telecomunicaciones de forma soberana, y garantizar el acceso universal a la información y comunicación.

En ese marco, el proyecto de Ley que se debate en la Cámara Baja establece un nuevo régimen general para las actividades y servicios de telecomunicación, considerados de interés público y sujetos a regulación, control, fiscalización y vigilancia del Estado.

Los objetivos principales de la norma son garantizar el “uso eficiente” del espectro electromagnético; el uso apropiado del comercio y gobierno electrónicos; la sanción de delitos informáticos; y sobre todo la promoción del libre acceso a la información. Se busca garantizar el acceso libre e irrestricto a todas las tecnologías de información, principalmente Internet, considerando que Bolivia tiene la mayor brecha digital de América Latina.

La penetración de la telefonía fija en Bolivia se ha mantenido en un 7% en los últimos años, y el 77% de las líneas instaladas se concentra en las ciudades del eje central. Hasta 2006, aproximadamente 26 mil localidades rurales no contaban con ningún tipo de servicio de telecomunicaciones.

La telefonía móvil creció 185% entre 2007 y 2010, alcanzando 7,2 millones de líneas hasta diciembre de 2010, con una densidad de penetración de 70,17%, lo que significa que siete de cada 10 habitantes tiene teléfono celular.

La tasa de crecimiento de conexiones de Internet está muy por debajo de la media regional, y en la actualidad solo 1,2 de cada 100 habitantes tiene Internet en su domicilio. Se estima que el 12% de la población boliviana es usuaria de Internet.

El presidente de la Comisión de Planificación, Política y Finanzas Marcelo Elio informó que la nueva Ley normará y regulará los servicios de telefonía inalámbrica, fija y móvil, los medios de comunicación en Internet, y el sistema postal para que “brinden un buen servicio a la ciudadanía, como una suerte de defensa del consumidor”.

El ministro de Comunicación Iván Canelas dijo que el Ejecutivo solicitará un informe del proyecto a la Asamblea Legislativa antes de emitir criterio, aunque el proyecto de Ley de 130 artículos ya fue enviado al Vicepresidente Alvaro García Linera el 5 de mayo de 2011.

El proyecto de Ley General de Telecomunicaciones

El anteproyecto de Ley define el concepto de Telecomunicaciones como el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de información.

La norma indica que el sector de telecomunicaciones está compuesto por servicios y actividades de telecomunicaciones, radiodifusión (radio y televisión), tecnologías de información y comunicación, y servicios postales.

Entre otras disposiciones, el proyecto establece que el dominio “bo” en Internet es un recurso de interés público bajo control del Estado, y administrado por el Ministerio de Obras Públicas. El artículo 86 señala que el Órgano Ejecutivo administrará el dominio “bo”, incluido el mantenimiento de las bases de datos correspondientes y los servicios asociados información al público, el registro de los nombres de dominio, su funcionamiento, la explotación de sus servidores y la difusión de archivos de zona del dominio.

Además, se reserva para uso gubernamental el 20% de las frecuencias de radiodifusión, y se dispone la licitación pública del 80% restante. Según el artículo 127 del proyecto, los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión deberán migrar sus autorizaciones transitorias, licencias, autorizaciones, registros a la nueva Ley en un plazo máximo de 12 meses a partir de la aplicación de la norma.

El viceministro de Telecomunicaciones Wilmer Flores estima que alrededor de 3.000 concesionarios (cooperativas telefónicas, distribuidoras de televisión por cable, radiodifusoras ENTEL y operadoras privadas) tendrán que tramitar nuevos contratos de prestación de servicios.

Los medios de comunicación y operadores de servicios de telecomunicación requerirán una nueva autorización o derecho para la prestación de servicios denominado “título habilitante”, otorgado por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), o por la Agencia Boliviana Espacial (ABE) cuando se trate de servicios de comunicación vía satélite.

Los títulos habilitantes se clasificarán en: 1. Licencia única para la prestación de servicios y operación de redes y telecomunicaciones y tecnologías de información y servicios de valor agregado con 10 años de vigencia; 2. Licencias de Radiodifusión y TV; 3. Habilitación de operación de red o prestación de servicio; 4. Autorización de uso de frecuencias electromagnéticas para la operación de redes privadas, radioaficionados y otros; y 5. Permiso para la prestación de servicio satelital por un año.

Los operadores deberán pagar una tasa de fiscalización y regulación. Los titulares de autorizaciones o registro pagarán hasta el 1% anual del valor estimado de sus equipos; los que ofrezcan servicios con valor agregado, hasta el 1% de sus ingresos brutos de operación del año anterior; y los servicios de radiodifusión, el 0,5% de sus ingresos brutos, deducibles por impuestos.

Además, los operadores y proveedores de servicios, con excepción de las radiodifusoras, aportarán obligatoriamente el 2% de sus ingresos brutos para financiar la servicios de telecomunicación en el área rural.

Los operadores de radiodifusión estarán obligados a transmitir en cadena los mensajes oficiales del Presidente sin pago alguno, señala el artículo 10 del proyecto ley.

Esta disposición no vulnera la libertad de expresión o de información, afirmó el Ministro Canelas, y recordó que en el pasado los mensajes presidenciales se transmitían “de manera gratuita por los medios de comunicación”.

Canelas reiteró que la Ley de Imprenta de 1925 “está totalmente vigente”, pese a que tiene problemas de procedimiento y presenta vacíos legales en lo referente a los medios orales y audiovisuales.

Recalcó que el Estado garantizará el derecho a la comunicación, a la información y a la libertad de expresión de ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa, en cumplimiento del artículo 106 de la Constitución.

Canelas dijo que la futura Ley de Medios de Comunicación será elaborada por el propio sector y posteriormente será consensuada con la sociedad civil. El diputado Elio anunció que la próxima semana se convocará a una audiencia a los representantes de la Federación de Empresarios Privados de Bolivia para analizar el proyecto de Ley de Telecomunicaciones.