(PL y agencias).- Cientos de miles de chilenos se movilizan en todo el país en rechazo a la privatización de la educación y al megaproyecto energético de Hidroaysén en la Patagonia. En la última semana las fuerzas policiales literalmente aplastaron a los manifestantes y los intoxicaron con gases lacrimógenos que provocan daños en los aparatos reproductivos masculino y femenino.

Crece un vasto movimiento de protesta social en las ciudades chilenas de Coyhaique, Valdivia, Talca, Chillán, Temuco, Puerto Montt, Antofagasta, Concepción, Valparaíso, Copiapó y Santiago, contra la privatización de la educación y la inminente aprobación del proyecto HidroAysén que prevé instalar cinco centrales hidroeléctricas en la Patagonia chilena, afectando a varias comunidades indígenas, pero generando millones de dólares de ganancias para las empresas privadas.

El conflicto suscitado por el proyecto HidroAysén se suma al contencioso territorial entre indígenas mapuches y autoridades de Temuco. Los líderes indígenas Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche fueron sentenciados a penas de entre 20 y 25 años de cárcel, supuestamente por haber participado en un atentado fallido contra un fiscal en 2008. El fallo condenatorio se basa en la ley antiterrorista impuesta por el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).

El conflicto indígena comienza a movilizar a ciudadanos de clase media. Al grito de “Dónde están que no se ven los terroristas de HidroAysén”, protestaron en la última semana miles de chilenos en Valparaíso, Valdivia, Temuco, Concepción, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Rancagua, Talca, Chillán y Puerto Montt.

El gobierno del ultraconservador Sebastián Piñera reprime brutalmente la inédita manifestación social que ya trascendió fronteras. En Estocolmo, varios activistas se manifestaron fuera de la Embajada de Chile contra el persistente atropello a los derechos del pueblo mapuche.

En la ciudad de Coyhaique, capital de la región de Aysén, la caballería policial aplastó a manifestantes que protestaban sentados, y violó el derecho ciudadano a la protesta en Valdivia, Talca, Chillán, Puerto Montt, Antofagasta, Concepción, Valparaíso, Copiapó y Santiago.

El 9 de mayo, 63 personas fueron detenidas en Santiago cuando se manifestaban en contra el proyecto HidroAysén, entre ellas la activista de Chile Sustentable Sara Larrain. El 12 de mayo, fuerzas especiales de carabineros ingresaron al campus de la Universidad de Concepción disparando bombas de gas de manera indiscriminada, una de las cuales impactó en pleno rostro de la estudiante Paulina Alejandra Rubilar Méndez. En vez de prestar auxilio a la joven que se desangraba en el piso, los represores se burlaron de ella.

Tan brutal es la represión policial que el Senado chileno aprobó por unanimidad un proyecto de acuerdo en el que pide al Ministerio del Interior investigar los excesos cometidos por las fuerzas policiales. Según los legisladores gestores de la iniciativa entre los más de cien detenidos hay un diputado y a una ex candidata presidencial.

Acentuó esta semana el repudio a los procedimientos de las fuerzas especiales nuevas revelaciones sobre el grave impacto en la salud causado por las bombas lacrimógenas, cuyos componentes químicos son potencialmente abortivos y generadores de edemas pulmonares.

En la noche del pasado viernes, el lanzamiento de bombas lacrimógenas contra más de 30 mil personas que marchaban por la avenida Alameda en contra del megaproyecto de Hidroaysén tornó irrespirable el ambiente en el centro de Santiago.

Se trata de gases irritantes para el tejido conjuntivo del ojo y de las mucosas del sistema respiratorio, y con ellos se busca asfixiar a las personas, lo que es especialmente grave para quienes padecen patologías crónicas del sistema respiratorio o sufren de asma u otro tipo de alergias.

Según el investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile Andrei Tchernitchin, hay antecedentes documentados de que los agentes químicos con los que se fabrican las bombas lacrimógenas son abortivos y ocasionan serios daños en los aparatos reproductivos masculino y femenino.

El profesor chileno declaró al diario español El Mundo que las bombas lacrimógenas utilizadas por la Policía de Carabineros son fabricadas exclusivamente para Chile y están prohibidas en la mayoría de los países del mundo. Añadió que su uso puede dañar el feto en el último trimestre del embarazo y a los niños en los primeros años de vida, provocando efectos en la salud que pueden resultar irreversibles. Ocasionan también edemas pulmonares y generan agresividad entre las personas afectadas.

“Los gases lacrimógenos fueron creados con fines militares, cuando las armas químicas eran usadas indiscriminadamente en conflictos armados y no hay razón alguna para que se empleen en contra de la población civil que ejerce un legítimo derecho a manifestarse”, aseveró el senador del opositor Partido por la Democracia Eugenio Tuma.

“En muchos países las armas químicas están prohibidas, incluso en las guerras, no puede ser que en el siglo XXI la opinión social sea reprimida con armas químicas que generan dolor, sufrimiento, imposibilitar a las personas respirar, a generar crisis de bronquitis obstructiva y descompensaciones cardiovasculares”, subrayó el presidente del Senado Guido Girardi.

El presidente del Partido de Izquierda Cristiana Víctor Osorio consideró que el Ministerio del Interior debe dar una explicación sobre la toxicidad de los gases para reprimir la protesta social, lo cual entra en clara contradicción con el amor a la vida que sostienen los slogans del gobierno.

Incluso la diputada oficialista del Partido de Renovación Nacional Karla Rubilar anunció que pedirá a la Comisión de Salud de la Cámara baja que investigue los efectos de las sustancias disuasivas de las fuerzas especiales chilenas.

El 17 de mayo, el gobierno de Chile anunció la suspensión del uso de esos gases lacrimógenos. “Nos parece que es razonable suspender el uso de gases lacrimógenos hasta que nuevos informes médicos permitan disipar, más allá de cualquier duda, la procedencia del empleo de estos gases para enfrentar situaciones de desorden público o vandalismo”, afirmó el titular del Ministerio del Interior Rodrigo Hinzpeter.

El tabú medioambiental y la censura informativa

El 13 de mayo fue detenida la periodista del sitio web Mapuexpress Marcela Rodríguez cuando protestaba en Temuco. La redacción del diario electrónico informó a Reporteros sin Fronteras que la mujer de 29 años de edad fue maltratada por los carabineros, y debe comparecer ante la justicia el 22 de junio, junto con otras diez personas procesadas por “desordenes públicos”.

La suerte de Marcela Rodríguez adquiere un eco particular cuando, al mismo tiempo, vuelve a surgir de una manera preocupante el caso de la documentalista Elena Varela, declaró Reporteros sin Fronteras.

Varela es autora de la película “Newen Mapuche”, que trata sobre el conflicto agrario y medioambiental que enfrenta a los pueblos indígenas de Araucanía y al gobierno. La documentalista fue arrestada e inculpada en un caso de derecho común durante la grabación del documental, en 2008, pero fue exonerada y puesta en libertad el 22 de abril 2010.

Según RSF, las numerosas zonas oscuras que rodean el expediente dejan lugar a sospechas de una maniobra de censura contra la cineasta, puesto que dos equipos de documentalistas extranjeros, que también fueron a Araucanía a cubrir la cuestión Mapuche, fueron expulsados del país en el mismo periodo.

El 13 de abril, la Corporación de Fomento (CORFO), a través de su Programa de Fomento al Cine y la Industria Audiovisual, comunicó a Varela su negativa a proporcionarle recursos para la distribución nacional e internacional de “Newen Mapuche”.

CORFO argumenta que “la obra dañaría la imagen del país”. “Es evidente que se trata de una censura política”, indicó la Asociación de Documentalistas de Chile (ADOC) en una carta abierta enviada el 12 de mayo a Hernán Cheyre, vicepresidente Ejecutivo de la CORFO, y al Ministro de Cultura Luciano Cruz-Coke.