Una misión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Bolivia se reunió este lunes con representantes de organizaciones indígenas y campesinas, y con asambleístas nacionales y departamentales de Beni para escuchar los argumentos que esgrimen para rechazar la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

El especialista en derechos Humanos del Alto Comisionado de Naciones Unidas Rubén Arteaga y la oficial Vilma Romero llegaron este lunes al Vicariato de Beni para reunirse con representantes indígenas que rechazan el proyecto vial, y también con sectores sociales que apoyan la construcción de esa carretera de 306 kilómetros que unirá la región chapareña de Villa Tunari en Cochabamba con la localidad de San Ignacio de Moxos en Beni.

La reunión se dio luego de que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sancionó el proyecto de ley 0345 que aprueba el contrato de colaboración financiera suscrito el 15 de febrero de 2011 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) por la suma de 332 millones de dólares, destinados al financiamiento del proyecto carretero Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.

Los funcionarios de la ONU explicaron que este es el primer encuentro con los sectores sociales afectados por el proyecto, y aclararon que no será el último, ya que su mandato es escuchar a los dos grupos en pugna. Se espera que la comisión viaje en las próximas horas a distintas comunidades del Tipnis para reunirse con los propios indígenas y conocer de cerca sus determinaciones, que son apoyadas incluso por los productores de cacao de la zona.

La carretera fue respaldada en 2009 por un crédito comprometido por el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, y formará parte del nuevo corredor bioceánico que atravesará por los departamentos de Oruro, Potosí, Sucre y La Paz, Cochabamba y Beni, una ruta anhelada “por más de 100 años”, según Evo Morales.

Luego de su aprobación en el Legislativo, el Órgano Ejecutivo se dispone a promulgar la Ley del Tipnis, la cual autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas asumir el repago de las obligaciones contraídas en la ejecución del contrato, con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN).

El presidente de la Subcentral Indígena del Tipnis Adolfo Moye calificó de “arbitraria” la aprobación del crédito del BNDES, y lamentó que la Ley haya sido enviada al Ejecutivo para su respectiva promulgación “sin considerar el grave impacto al ecosistema y a las reservas naturales de la región”, y sin consultar a los legítimos dueños del territorio afectado.

Según el artículo 352 de la Constitución Política del Estado, la explotación de recursos naturales y la construcción de infraestructura en territorios indígenas está sujeta a un proceso de consulta libre, previa e informada a los dueños del territorio. La consulta debe ser convocada por el Estado, respetando las normas y procedimientos propios de los pueblos afectados. Sin embargo, el gobierno de Morales vulneró abiertamente ese derecho indígena en el caso del Tipnis.

El cacique mayor Marco Herminio Fabricano dijo que pese al acercamiento que tuvieron con el gobierno, sus pedidos no fueron escuchados. “Nos hemos reunido con el gobierno, con la ABT (Autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierra), pero a la hora de la verdad los indígenas no estamos participando”, se quejó a la Agencia de Noticias Indígenas de la Red Erbol.

Los pobladores del Tipnis, situado entre los municipios de San Ignacio de Moxos y Loreto en Beni y Villa Tunari y Morochata en Cochabamba, se declararon en emergencia y advirtieron que resistirán la decisión del Presidente Evo Morales de construir la vía en un territorio que desde 1990 tiene el doble estatus de Área Protegida y Tierra Comunitaria de Origen (TCO).

En 1990, el gobierno de Jaime Paz Zamora declaró a la zona como Parque Nacional mediante decreto supremo, con el fin de evitar una disputa entre los departamentos de Cochabamba y Beni. Luego, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada convirtió el área en una TCO indígena con una extensión de 1.236.296 hectáreas, con el título de propiedad TCO – NAL – 000002.

El 14 de mayo de 1998 el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) inició el saneamiento de toda la superficie titulada del Tipnis, proceso que concluyó 10 años después con la titulación de 1.091.656 hectáreas. El propio Presidente Morales entregó el título de la TCO – NAL- 000229 el 13 de febrero de 2009.

El Tipnis posee una abundante diversidad de hábitats y especies debido a su posición biogeográfica de transición y encuentro entre los andes tropicales y la llanura amazónica; y al centro del área se ubica el corredor de conservación Amboró – Madidi. El parque colinda con las TCOs Yuracaré y Yuqui al Este, Territorio Indígena Chimán y Territorio Indígena Multiétnico al Norte, y es vecino de la TCO Mosetén al Oeste.

Todos estos territorios comunitarios se verán afectados por la construcción de la vía, que según los indígenas será el golpe final para destruir el principal pulmón ecológico y hogar de los pueblos yuracaré, chimán y moxeño-trinitario.

El Tipnis bajo presión

En los últimos años la región del Tipnis ha soportado innumerables avasallamientos de madereros, cazadores furtivos y empresas transnacionales. En la actualidad no existe actividad petrolera en la zona, pero se otorgaron recientemente dos concesiones: el bloque Chapare a la empresa Pan Andean y el bloque Sécure a la española Repsol. En el pasado hubo actividades hidrocarburíferas realizadas por la Gulf Oil Company, que fue expulsada del país en 1969, y por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

También han sido constantes los avasallamientos de colonizadores campesinos que deforestan permanentemente el monte para sembrar coca. Hace poco talaron al menos 40 hectáreas de bosques cerca de los ríos Ojotas e Ichoa, supuestamente para sembrar arroz, pero por debajo de los plantíos se hallaron plantines de hoja de coca de aproximadamente 20 centímetros.

Las organizaciones indígenas señalan que en el Tipnis existen tres grupos culturales, los yuracarés, moxeños y chimanes; sin embargo, algunos investigadores afirman que se debe agregar un cuarto grupo conformado por colonos del Altiplano, quienes comenzaron a asentarse en el Tipnis a partir de la segunda mitad del siglo pasado.

Los colonizadores campesinos han comenzado a desplazar de sus tierras a muchos indígenas, a dividir a las comunidades y a socavar las tradiciones comunitarias de los pueblos originarios. El dirigente indígena Adolfo Moye aseguró que la nueva “carretera es sinónimo de comercio de tierras” y agravará la invasión de colonizadores como ocurrió en las últimas dos décadas.

La carretera fue dividida en tres tramos, el primero entre Villa Tunari e Isinuta de una longitud de 47 kilómetros; el segundo entre Isinuta y Monte Grande de 177 kilómetros; y el tercero de 82 kilómetros desde Monte Grande hasta San Ignacio de Moxos. En agosto de 2010 se aprobaron las licencias ambientales para los tramos I y III, quedando pendiente el tramo II que atraviesa la zona núcleo del Tipnis.

Por el momento las obras de construcción están paralizadas debido a las protestas y medidas de presión asumidas por los indígenas del parque; pero luego de la aprobación del préstamo del BNDES en la ALP la construcción del primer tramo podría iniciarse en cualquier momento.

El diputado indígena del Movimiento al Socialismo (MAS) Pedro Nuni denunció que la empresa brasileña OAS encargada de las obras ya empezó a montar oficinas en la población de San Ignacio de Moxos y a contratar obreros para iniciar trabajos en el tercer tramo de la vía.

Moye exigió a las autoridades que re direccionen la política caminera y respeten los derechos de los pueblos indígenas que también votaron por el Presidente Morales. “A nosotros nadie nos ha regalado esta tierra; nosotros hemos tenido que luchar por ella con una marcha hasta la ciudad de La Paz, que duró casi 40 días, en la que pedimos tierra, territorio y dignidad”, recordó, haciendo referencia a la histórica marcha indígena de 1990.

Fabricano reclamó al gobierno que respete los derechos de los pueblos indígenas consagrados por la nueva Constitución y por tratados internacionales ratificados por el propio Estado boliviano.

El diputado indígena Pedro Nuni pidió al Presidente Evo Morales que “sea coherente” con su discurso de defensa de la “Madre Tierra”; y reiteró que “aunque le cueste su curul” se opondrá a la construcción de la polémica vía que atraviesa un territorio indígena habitado por más de 15 mil originarios de tres etnias.

* Fuente: Servicio de Noticias Ambientales (SENA-Fobomade) http://www.fobomade.org.bo/art-1168