El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz Alcides Villagómez fue recluido preventivamente en la cárcel de Palmasola por negarse a posesionar como asambleísta a la representante del pueblo yucararé-moxeño Rossmeri Gutiérrez. El año pasado el gobierno denostó a los “minoritarios” pueblos indígenas de tierras bajas que exigían 18 escaños parlamentarios, y ahora defiende a capa y espada el curul de un pueblo originario con menos de 2.500 habitantes.

Villagómez incumplió un fallo de la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz emitido el 17 de febrero, el cual instruye posesionar a Gutiérrez y a su suplente Roberto Carlos Cortéz, elegidos por voto como representantes indígenas en la Asamblea Departamental de Santa Cruz.

La jueza de la Sala Primera de la Corte de Distrito Valeria Salas ordenó este viernes la reclusión de Villagómez en el penal de Palmasola, en medio de protestas de activistas cívicos, políticos opositores y militantes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), quienes quemaron un ejemplar de la Constitución Política del Estado (CPE).

Dirigentes políticos y empresarios de Santa Cruz repudiaron el “abusivo” fallo judicial, que según el gobernador Rubén Costas “es el inicio de un movimiento de desestabilización contra el gobierno departamental de Santa Cruz” encabezado por el gobierno de Evo Morales. El presidente del Comité Cívico cruceño Herland Vaca Diez declaró estado de emergencia.

El ente deliberativo cruceño controlado por la oposición desacató el dictamen argumentando que el pueblo yuracaré-moxeño “no existe” y que Gutiérrez no es natural de Santa Cruz. Algunos medios informaron que ni siquiera votó en su comunidad sino en Warnes. El diputado de Convergencia Nacional Antonio Franco explicó que la Constitución no menciona a la etnia Yuracaré Moxeño entre los 36 pueblos indígenas oficialmente reconocidos en Bolivia.

El artículo 5 de la Carta Magna reconoce a las etnias indígenas aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uruchipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, zamuco, y a los pueblos mojeño-trinitario y mojeño-ignaciano, diferenciados de la etnia yuracaré.

El lingüista Juan Marcelo Columba declaró al diario Opinión de Cochabamba que la nacionalidad “Yuracaré-Mojeña no existe”. Según Columba, la lengua materna es el fundamento de la identidad étnica de las 36 naciones originarias reconocidas por la Constitución, pero la última edición de “Ethnologue” (que estudia las lenguas menos conocidas del mundo) no registra ninguna lengua Yuracaré-Mojeña.

El especialista aseguró que la obra “Lenguas indígenas de Bolivia” del investigador Dick Ibarra Grasso tampoco hace referencia a una familia lingüística Yuracaré-Moxeña que se diferencie de otras lenguas de etnias o culturas regionales. Citó además el texto “Antropología Cultural Boliviana” de Mario Montaño Aragón, que identifica 26 lenguas nativas en Bolivia, entre las cuales figuran por separado las familias lingüísticas Mojeño y Yuracaré.

Columba explicó que sí existe una comunidad Yuracaré con lengua propia, que habita a lo largo del río Chapare entre los departamentos de Cochabamba y Beni. Por otro lado, los indígenas mojeño-trinitario y mojeño-ignaciano son oriundos del departamento de Beni; prueba de ello es que el representante “mojeño-ignaciano” Pedro Nuny es diputado de la circunscripción especial indígena de Beni.

La Carta Magna no menciona al pueblo yuracaré-mojeño, pero la Ley Electoral N. 026 del 30 de junio de 2010 sí reconoce a ese grupo originario. Esta norma establece cinco circunscripciones especiales para naciones y pueblos indígenas minoritarios en Santa Cruz: Chiquitano, Guaraní, Guarayo, Ayoreo y Yuracaré – Mojeño.

Los yuracaré-mojeños también son reconocidos como uno de los cuatro pueblos originarios que integran la Confederación de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC).

Son parte de la CPESC la Organización Indígena Chiquitana (OICH) con una población aproximada de 60 mil habitantes en las provincias Ángel Sandoval, Velasco, Germán Busch, Chiquitos y Ñuflo de Chávez; la Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB) con unas 2.500 personas asentadas en las provincias Ñuflo de Chávez, Germán Busch, Chiquitos y Andrés Ibáñez; y la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos (COPNAG) que representa a 12 mil personas que habitan en la Provincia Guarayos.

Por último, la CPESC legitima al Concejo Indígena de Pueblos Yuracares/Mojeños (CIPYM), integrado por cinco comunidades con una población estimada de 250 familias asentadas en las riveras del Río Ichilo, Municipio de Yapacaní, Provincia Ichilo.

La Asamblea Legislativa de Santa Cruz controlada por la agrupación opositora Verdes Frente Amplio se niega a posesionar a la representante del CIPYM alegando que esa identidad indígena no existe formalmente. “No podemos reconocer la combinación de más de uno de estos pueblos porque sino en Bolivia tendríamos alrededor de mil pueblos indígenas originarios”, precisó el diputado Franco.

Además, Rossmeri Gutiérrez y su suplente ni siquiera pertenecen a los pueblos indígenas a los que dicen representar, pues sus cédulas de identidad y certificados de nacimiento prueban que son oriundos de Puerto Villaroel, provincia Carrasco de Cochabamba, demostró el abogado defensor Villagómez, Roberto Parada.

Doble discurso

A mediados de 2010, el gobierno del MAS denostó a miles de indígenas que marchaban hacia La Paz exigiendo más escaños parlamentarios; y ahora defiende a capa y espada a los indígenas yuracarés-mojeños que marchan rumbo a la ciudad de Santa Cruz, a la cabeza de Carlos Moye, reclamando la posesión inmediata de su representante.

Para elegir a un parlamentario en las ciudades se necesitan más de 100 mil votos y no solo “unos 500”, reprochó el Presidente Morales a los pueblos indígenas “minoritarios” del oriente del país que le pedían al menos 18 escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Está bien que las minorías tengan representación, pero esta forma de obtener la representación parlamentaria, solamente con 500 ó 1.000 votos, frente a 120 mil, también es otra forma discriminación”, reflexionó Morales en esa oportunidad.

En la actualidad, el gobierno defiende el curul de la CIPYM en la Asamblea cruceña, pese a que representa a menos de 2.500 personas. No reconocer ese derecho legítimo del pueblo Yuracaré Moxeño es un “acto discriminatorio”, criticó el ministro de Comunicación Iván Canelas.

Es “una burla y una falta absoluta de respeto a los pueblos indígenas de Santa Cruz porque los están tratando como si fueran indígenas de otro país, pero ellos tienen el mismo derecho que cualquier boliviano de ejercer los cargos para los que fueron elegidos”, deploró el Vicepresidente Alvaro García Linera.