Siglo XX y La Paz (ABI).- Los comunarios de Uncía liberaron la madrugada del miércoles a los policías Edwin Ticona y Ramón Paco, y al civil Carlos Miranda, interceptados el domingo por pobladores de las comunidades del norte de Potosí cuando presuntamente extorsionaban a personas que circulaban con vehículos indocumentados.

Las tres personas fueron detenidas a medianoche del domingo acusados de haber extorsionado a un comunario que conducía un auto indocumentado, a quien le exigieron el pago de dinero para no ser detenido, informó a las radioemisoras locales el mallku de la Federación de Ayllus Originarios de Norte Potosí (FAOPI) Virgilio Huanca.

Huanca subrayó que “no era la primera vez que los uniformados procedían a esas prácticas de extorsión, por lo que la comunidad decidió sentar precedente”. En mayo de 2010, un grupo de comunarios detuvo a cuatro efectivos de la Dirección de Investigación y Prevención de Robo de Vehículos (DIPROVE), quienes fueron muertos, por lo que el Ministerio Público investiga el caso para su procesamiento ante la justicia.

Los representantes de los ayllus del norte de Potosí denunciaron que en forma periódica policías cometen actos ilegales en la región, por lo que exigió al gobierno sanciones drásticas para los infractores.

El viceministro de Régimen Interior Marcos Farfán negoció varias horas con las autoridades originarias de la región la libertad de los detenidos bajo la decisión de que iban a ser procesados y dados de baja de la institución policial.

Los dos policías acusados de extorsión serán puestos a disposición del Ministerio Público para su imputación, dijo Farfán. “Me he reunido con las autoridades originarias para hacerles conocer la decisión del Gobierno a fin de que los dos uniformados sean entregados al Gobierno para su traslado a la ciudad de La Paz”, enfatizó.

“Los dos acusados deben ser investigados por el Ministerio Pública para imputarlos y solicitar al Juez la fijación de una audiencia cautelar a fin de iniciar su procesamiento si el caso amerita”, anotó Farfán.

El Ministerio de Gobierno anunció el miércoles que demandará a los policías Paco y Ticona, acusados de extorsionar a comunarios, y anticipó una sanción “ejemplarizadora”, si son culpables. El ministro Sacha Llorenti informó que su despacho se constituirá en parte demandante en el proceso que se abrirá contra esos dos policías en el Ministerio Público.

“En el proceso el Ministerio de Gobierno será querellante a fin de garantizar una sanción ejemplarizadora, tomando en cuenta que resta el trámite administrativo para la baja de los agentes sin goce de haber”, explicó.

Anticipó que la investigación preliminar estableció fuertes indicios de que los dos policías estaban extorsionando a personas que conducían vehículos indocumentados en las comunidades del Norte de Potosí.

El Ministro de Gobierno dijo que está preocupado por este nuevo caso, al recordar que son varias las denuncias que involucran a policías en actividades ilícitas, que no solamente infringen las normas sino “afectan la imagen institucional”.

En esa dirección, ratificó la decisión de su despacho y del Gobierno de redoblar esfuerzos en la lucha contra la corrupción y advirtió que no dejará pasar acciones que violen los Derechos Humanos, el abuso policial o la vinculación de los agentes en bandas delictivas.

“Creo humildemente y honestamente que en cada uno de los casos hemos actuado de manera efectiva, por ejemplo, en la agresión a periodistas de parte de policías en los sucesos recientes de la Apacheta”, sustentó.

Llorenti anunció que en muy breve tiempo agentes encubiertos combatirán la corrupción en la Policía, en el marco de la recientemente aprobada Ley de Régimen Disciplinario. “Nosotros nos estamos preparando para activar a la brevedad posible el uso de los agentes encubiertos, esa es una tarea importante porque creemos que es un mecanismo para luchar contra la corrupción”.

Según la norma, para la investigación de faltas graves, el Director General de la Oficina de Control Interno instruirá la intervención de los agentes encubiertos o infiltrados en misiones previamente autorizadas. La información que provenga de esos agentes y que sea corroborada con otras pruebas, será suficiente para imponer una sanción a los uniformados que incurran en faltas graves.

Aclaró que está convencido de que “la inmensa mayoría de los policías son honestos, que trabajan sacrificadamente y por ello se debe implementar una doctrina revolucionaria en la Policía Boliviana”.