La injusticia implica el no respeto por los derechos tanto de las personas como de la sociedad en su conjunto, y éste no respeto a los derechos humanos está latente desde hace 11 años de impunidad y no justicia con las víctimas de la Guerra del Agua, en la que se registró 1 muerto, más de una veintena de heridos de bala, treinta heridos por armas de dispersión y un sin número de detenidos y torturados en la Policía. 

Muchas de las víctimas se fueron del país y de la ciudad de Cochabamba, con el objetivo de rehacer su vida y olvidar el pasado, pero no todas las personas tienen la capacidad de salir de un trauma, por una parte y por la otra un grupo de 17 personas desde el 2004 no pierde la esperanza de que se haga justician y se les repare el daño físico y psicológico.

Con el apoyo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Cochabamba el pasado 13 de abril, después de un vía crucis en busca de justicia, este grupo de víctimas se reunió con delegados de el Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Bolivia para hacerles la entrega formal de una nota solicitando su apoyo para la conformación de la Asociación de Víctimas de la Guerra del Agua.

Cronología de la Guerra del Agua

El gobierno de Hugo Banzer, el alcalde y el Comité Cívico de Cochabamba iniciaron el proceso para privatizar el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) que concluyó en septiembre de 1999 con la adjudicación al consorcio internacional Aguas del Tunari, filial de la compañía californiana Bechtel, siendo la única empresa que se presentó.

En noviembre se creó la Coordinadora Departamental del Agua y la Vida, constituida por el Comité de Defensa del Agua y la Economía Familiar, un grupo de ambientalistas, profesionales, regantes, la Federación de Fabriles, maestros urbanos y rurales, universitarios, colonizadores del Chapare y la Federación del Transporte interdepartamental.

Las movilizaciones se reactivan en enero de 2000 debido a un alza en las tarifas del agua, paralizando la ciudad del 11 al 13. Las negociaciones acompañadas de la represión policial logran una tregua corta.

El 4 de febrero se rompió la negociación y la Coordinadora llamó a la “toma pacífica” de la plaza 14 de Septiembre. La movilización fue reprimida por la Policía y se extendió hasta el día siguiente en que la gente tomó la plaza. La acción terminó con 22 heridos y 135 detenidos. La Iglesia Católica y el Defensor del Pueblo mediaron para un nuevo acuerdo con los siguientes puntos: la revisión de la estructura tarifaria; el contrato suscrito con Aguas del Tunari y la Ley 2029 de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

El 5 de abril miles de manifestantes ingresan a la plaza 14 de Septiembre. Allí, los marchistas deciden la toma pacífica de las oficinas del Comité Cívico y Aguas del Tunari.

El 6 de abril se produce el bloqueo de carreteras interdepartamentales e interprovinciales, calles, puentes y avenidas de la ciudad paralizan las actividades públicas y privadas del departamento.

El 7 de abril, el Prefecto Hugo Galindo anunció que el Aguas del Tunari decidió rescindir el contrato. Los manifestantes abandonan la concentración y el servicio de autotransporte se normaliza. En horas de la noche la Superintendencia de Aguas desmintió el anuncio dado por el Prefecto. En ese espacio de tiempo se detuvo a dirigentes sindicales, cuando se negociaba en la Prefectura.

El 8 de abril, la ciudad amaneció con la noticia del “Estado de Sitio”, hecho que no impidió que la población saliera a las calles a expresar su protesta. Los enfrentamientos más intensos se vivieron en la plaza 14 de Septiembre y en las inmediaciones de la Séptima División del Ejército.

A las 4 de la tarde, un ciudadano cayó ante el impacto de una herida de bala en la pantorrilla derecha en la calle 25 de Mayo; Hugo Daza Argandoña, de 17 años, es víctima de un impacto de bala que le priva la vida. Además se registran varios heridos de bala. En imágenes televisivas se observó al militar, capitán Robinson Iriarte la Fuente, disparando un fusil de guerra, vestido de civil, en medio de un grupo soldados del Ejército que hacía frente a los manifestantes.

El 9 de abril la Coordinadora continuó con las medidas de presión para exigir las siguientes demandas: el retorno de los confinados, la libertad de los detenidos, el pago de la curación de los heridos y damnificados, “la indemnización de los caídos”, además de las modificaciones a la Ley 2029, que pretendía legalizar el contrato con Aguas del Tunari.

El 10 de abril se firmó el convenio entre el Gobierno y representantes de la Coordinadora y se anuncia el alejamiento de Aguas del Tunari de Cochabamba.

Víctimas y su valoración

El joven Hugo Daza Argandoña murió el 8 de abril por impacto de bala; Richard Ledezma Torrico, lesión gravísima; Rayner Pantoja Soruco, lesión gravísima en la columna; Alejandro Paredes Rojas, lesión gravísima, pérdida de un ojo; Niña, Ximena Zenteno Inochea, lesión gravísima, herida en la cara, necesita de una operación posterior según informes; Willy Dario Figueroa Kuno, lesión gravísima, herida en rótula; María Arispe de Tanabe, lesión gravísima, fractura expuesta del fémur izquierdo; Limbert Orellana Saavedra, lesión gravísima, pérdida de un ojo; Alejandro Luque Mendoza herida abierta en la cabeza y en el tobillo, falleció (la APDH-C se contacto con la familia, al parecer la lesión fue más psicológica); Jorge Vilela Arias, lesión gravísima, fractura del codo derecho; Jaime Choque Ventura, lesión gravísima, fractura multifragmentaria proximal de fémur izquierdo por impacto de proyectil de arma de fuego, 90 días de impedimento inicial; Antonio López Huaytari, fractura multifragmentaria proximal de humero derecho por impacto de proyectil de arma de fuego; Ariel Acebedo Salinas, herida en el muslo izquierdo por impacto de bala; Wanderley Siñani Cardozo, lesión gravísima, hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurisma de la arteria silviana izquierda, con antecedentes de trauma en región coxígea y exposición de tóxicos inhalantes de 15 días antes.[1]

De los citados 11 personas acudió a la Caja Nacional de Seguridad Social el 2001, para la elaboración de valoraciones médicas, los resultados no fueron entregados por falta de pago. Sólo Richard Ledezma Torrico (recogió el informe, previo pago independiente). Asimismo, varias de las víctimas piden el resarcimiento del gasto de pasajes, medicinas y rehabilitación.

Vía crucis por justicia

Según, la Dra. Pamela Ledezma, abogada de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Cochabamba (APDH-C) “por los hechos de abril la Asamblea en una primera instancia hizo la denuncia vía judicial y luego patrocinó las acciones encaminadas por las víctimas. Asimismo realizó gestiones para que el Estado se responsabilice de las atenciones médicas, promovió la firma de convenios para el resarcimiento a las víctimas y el seguimiento del caso”.

El 21 de julio de 2000 se puso en conocimiento de la Juez de Instrucción 5to en lo Penal el resultado de las investigaciones y el 7 octubre del mismo año se inició la primera fase del proceso por los delitos de: asesinato, lesiones y encubrimiento en contra de militares de la 7ma División Aerotransportada de Cochabamba.

Luego, la APDH-C y los heridos presentan solicitudes ante la Sra. Juez para que sean declarados querellantes y víctimas en el caso, explica Ledezma, pero ese petitorio nunca fue respondido. Dos días después el día 9, el General José Antonio Gil presentó un documento en el que se solicita el envío del caso a la Justicia Militar, el mismo es aceptado por la Juez. Ante esa acción la Asamblea de Cochabamba hizo una apelación la cual fue adversa y en marzo de 2001 todo el proceso se derivó a la Justicia Militar.

Las víctimas desanimadas rehacen su vida y se desligaron de la Asamblea, a pesar de las gestiones realizadas a favor delproceso. Sin la participación de las víctimas la APDH-C se desvinculó del caso. Agrega Ledezma.

En abril de 2004, familiares de tres víctimas se apersonan a la Asamblea de Cochabamba: la madre del fallecido Víctor Hugo Daza, la madre del herido Richard Ledezma y Willy Figueroa Kuno, quienes dan a conocer que no se les notificó sobre el proceso que se abrió en la Justicia Ordinaria y luego fue derivado a la Justicia Militar.

La Asamblea de Cochabamba reasume el caso y acumula información sobre el estado de la causa en la Justicia Militar, a la vez contacta a las víctimas. Asimismo una técnica en el área impunidad fue enviada a La Paz para acumular pruebas con el apoyo de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB). Luego de un año de insistencias y el anuncio de Amparo Constitucional, el Tribunal Permanente de Justicia Militar el 25 de febrero de 2005 entregó un informe sobre el caso, el cual refiere haber absolutoria a favor de los denunciados y se exime de la entrega de fotocopias legalizadas de obrados señalando que fueron quemados cuando una turba atacó sus oficinas en el 2003.

En ese sentido, y considerando una vulneración al derecho humano a la justicia, a la vida, integridad corporal y otros en contra de las víctimas a las que nunca se notificó, bajo la premisa de que a quien no conoce no le corren términos, la APDH-C presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 25 de agosto de 2005[2], habiéndose remitido como prueba literal en febrero de 2006.

El 16 de noviembre de 2006, explica la Dra. Ledezma, después de varios intentos infructuosos de acercamiento al Gobierno, la Asamblea acude a la CIDH aprovechando la visita de personeros solicitando una audiencia para considerarse la vía conciliatoria como alternativa. A dicha reunión asistió en calidad de representante por el Estado Boliviano la Jefa de la Unidad Legal de la Cancillería, Dra. Barrionuevo, junto a miembros del Tribunal Supremo de Justicia Militar y otros funcionarios, la representante del Estado asume lo siguiente: 1. El Estado reconoce violación de derechos humanos en el caso Guerra del Agua. 2. Se compromete en el caso de las víctimas a asumir sus responsabilidades al margen del proceso incluso, en la vía humanitaria. 3. Resolver este caso en una vía conciliatoria.

Asimismo, la APDHB presentó una propuesta de solución, que por una parte considera a las víctimas directas, y por otra exige compromisos del Estado con el tema de lucha contra la impunidad como la apertura de los casos remitidos a la Justicia Militar que tiene que ver con protestas sociales y la conformación de una Comisión de la Verdad entre otros puntos.

Posteriormente a solicitud de la APDHB se realizó una reunión con el Estado en julio de 2007, la APDHB y APDH-C son recibidas por el Viceministro de Relaciones Exteriores Fernández, en la misma, explica la Dra. Ledezma, en la misma las citadas autoridades se limitaron a presentar el Decreto Supremo 29125, que en su artículo 1° el Estado acepta el pago de curaciones de un solo herido de la Guerra del Agua, como único avance de parte.

La Asamblea, consideró como avance el Decreto Supremo en el reconocimiento de la responsabilidad del Estado pero insuficiente, en ese sentido, la APDHB se comprometió a enviar nuevamente listas oficiales de heridos a Cancillería en el día y las autoridades se comprometieron a presentar una contra propuesta de solución amistosa también en el día, respuesta que no llegó.

Ante ese silencio la APDH-C en reunión ampliada decide el abandono del proceso de solución amistosa y continuar el proceso, para ello en septiembre de 2007 se contactan con Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL[3] quien apoya capacita al equipo técnico sin constituirse en patrocinante.

Nuevamente se reasumen los compromisos acordados en noviembre 2006, se realizan visitas a víctimas y reuniones trabajo con la Unidad Legal de la Cancillería, el 22 de julio de 2008 y 7 de septiembre de 2009 con un seguimiento riguroso de los compromisos y tiempos por la APDH-C y el CEJIL. No obstante este esfuerzo y el tiempo transcurrido no hay ningún avance ni aún en el cumplimiento del Decreto Supremo 29125 de mayo de 2007. Relata la Dra. Ledezma.

Efectos del abandono a las víctimas

Un hecho de violencia genera en las víctimas un trauma. Se considera trauma a toda aquella herida o lesión que se provoca sobre el organismo o la psiquis de una persona que deja una secuela, ya sea ésta física, moral, emotiva o mental.

Según el Dr. Andrés Gautier, Director responsable del área socio terapéutica del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal, “toca de forma general este ejemplo, que está ocurriendo con el abandono a las personas víctimas de la Guerra del Agua, donde se da a los afectados una valoración y atención después de los hechos, en la mayoría de los casos se les acompaña un tiempo, luego viene el olvido”.

Sin embargo, los traumas psicológicos pueden ser mucho más difíciles de curar que los traumas físicos ya que si bien existen procedimientos de terapia para tratarlos, estos pueden no ser siempre igual de efectivos. Además, un trauma psicológico puede cambiar completamente la personalidad de una persona y transformar su vida en una experiencia totalmente distinta.

Para Gautier, “las personas que han sido víctimas de abuso policial o militar, no en todo los casos, hay un requiebre en los más débiles; otros que son más fuertes, las secuelas no son tan traumáticas”.

“En las personas las manifestaciones típicas del trauma son: las pesadillas que no acaban, insomnio, trastorno de estrés postraumático, depresión, tendencias de evitación, que tienen que ver con el miedo, es decir cosas que hacían antes no lo hacen más, para no exponerse a la humillación a la vergüenza para no sufrir, incremento del alcoholismo”, agregó Gautier.

La atención psicológica, explica, ayuda a un grado de recuperación, algunos se recuperan bien otros necesitan un tratamiento muy individual, porque si uno llega a la situación traumática es como una herida que se abre, si en su historia ha tenido otras historias traumáticas, las abre también, entonces es largo el tratamiento.

Si alguien ha tenido una vida más o menos equilibrada ese primer trauma, con algunas sesiones terapéuticas 4 ó 5 puede tener un efecto, porque logra apropiarse de lo ocurrido, enfrentar, aceptar su historia, y a los elementos para enfrentar la realidad, porque el trauma es algo que se quiere olvidar es la reacción que se quiere poner de lado, el tema terapéutico es cómo se puede olvidar el hecho y enfrentarlo.

Como sociedad, explica Gautier, nos afecta primero con el aumento de violencia, porque los efectos más clásicos son la violencia; y segundo el factor de desagregación familiar es duro, porque la persona ya no es la misma, no sabe lo que le ocurre, en muchos casos, no puede hablar de lo que ocurre.

Esa impotencia es terrible para la población, es un factor que puede explotar y dónde explota, no se sabe, porque va a explotar en un lugar más desplazado debido a que hay una violencia reprimida, está ahí, y la sociedad se vuelve más dura, más intolerante en lo cotidiano. Señalo Gautier.

Víctima: Richard Ledezma Torrico

Durante todo el proceso la situación de las víctimas ha empeorado, explica la Dra. Ledezma, “el caso más crítico de las 17 que representamos es el de Richard Ledezma Torrico, quien fue herido por una bala que le llegó a la cabeza y quedó en estado infantil de hasta 3 años. Desde ese momento luchó para recuperarse logró un buen avance en base a un esfuerzo familiar y los medicamentos que debía tomar de por vida. El Estado le apoyó económicamente y cubrió los gastos médicos hasta el 2002 luego fue abandonado, cubriendo el mismo sus necesidades en base a su trabajo de taxista.

Un informe psicológico elaborado el 2006 a las víctimas mostraba serias tendencias al suicidio y depresión de esta persona, y tendencias similar en alguna otra, por ello la APDH-C decide asumir contacto limitado con aquellas para no generar expectativas que puedan provocar daños imprevisibles”

Según el Decreto Supremo No. 29125 de mayo de 2007 en su Artículo 1° que autorizó la transferencia de recursos al Ministerio de Salud y Deportes para la cancelación de la atención médica del señor Richard Ledesma T., afectado en la denominada Guerra del Agua. El mismo no recibió ningún resarcimiento económico.

Agrega, la Dra. Ledezma, “en una reunión de víctimas realizada en enero del 2010, Richard nos informó que ya no trabaja porque su enfermedad empeoró por la falta de medicamentos y sesiones de rehabilitación, teniendo como efecto convulsiones dolorosas”.

Resignación ante la injusticia

Gracias a la denominada Guerra del Agua se logró la aprobación de leyes para que el agua sea considerado un bien común y un derecho humano por una parte; por la otra motivó y unió a diferentes sectores sociales, sindicatos y a gente de a pie a participar en las movilizaciones sin importar el riesgo de perder la vida.

Ante ese suceso se abre las siguientes interrogantes: ¿dónde están los sindicatos, federaciones, asociaciones y la población de Cochabamba, que salió a las calles a reclamar por sus derechos el 2000, pero hasta la fecha no han hecho sentir de manera efectiva su rechazo y menos aún su condena al Estado por la violación a los derechos humanos por acción? ¿Por qué no exigen al Estado que identifique a los represores, los cuales caminan por las calles sin recibir la sanción moral de la ciudadanía? Será que las víctimas y la población se han resignado a la injusticia que se manifiesta a través de la pérdida de valores, falta de la verdad, un no respeto a los derechos y ausencia de solidaridad.

No todo está perdido

Mientras no haya justicia y reparación a las víctimas, las heridas están abiertas en lo individual, familiar y social, pero no todo está perdido, porque según Gautier, las experiencias de los sucesos del 2003 y del 2008 nos han enseñado que para que haya justicia “primero las víctimas tienen que organizarse; segundo se tiene que conseguir apoyo económico y gente profesional que apoye todo el proceso y sea consecuente y tercero se debe prestar ayuda terapéutica a las víctimas para que éstas puedan conocer y aceptar la realidad, para transformar aquello que les resulta doloroso”.

El primer paso ya se dio, al querer conformar la Asociación de Víctimas de la Guerra del Agua, ahora falta que profesionales se sensibilicen y apoyen a esta futura Asociación para que se les haga justicia, porque cualquier persona en algún momento puede llegar a ser una víctima directa o indirecta al reclamar un derecho.

[1] Lista Oficial de heridos de la Guerra del Agua, proporcionada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Cochabamba, a través de la Dra. Pamela Ledezma.

[2] Las víctimas a las cuales patrocina legalmente la APDH-C son 17.

[3] El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización es una organización dedicada a la defensa y la promoción de los derechos humanos en el continente americano, y al litigio ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos