Julio Urapotina fue posesionado este martes como nuevo director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en reemplazo de Juan Carlos Rojas. No se trata de un cambio rutinario de autoridades sino de un certero golpe político de la burocracia campesina del MAS, vanguardia indiscutible de la nueva derecha boliviana.

La Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria (LRCRA), hasta ahora la política oficial de tierras del gobierno de Evo Morales, apuntala la propiedad comunitaria de la tierra, en contraposición a la vieja reforma de 1953 que tituló individualmente pequeñas, medianas y grandes propiedades agrarias capitalistas.

La Carta Magna manda reconstituir el territorio indígena originario campesino (TIOC) mediante la redistribución de propiedades comunitarias o colectivas indivisibles, imprescriptibles, inembargables, inalienables e irreversibles, que comprenden áreas de producción, aprovechamiento y conservación de recursos naturales. (Arts. 394 III, 395 I y 403 II).

Bolivia reconstruye territorios indígenas ancestrales con el objetivo de desarrollar nuevas formas organizativas y de reproducción social, espiritual y cultural comunitarias alternativas al capitalismo. Cumplir este mandato constitucional es el principal propósito de la LRCRA.

La LRCRA se constituye en una estrategia clave en el “proceso de descolonización” iniciado en 2006, y el TIOC es uno de los fundamentos del “proceso de cambio”. Sin embargo, la burocracia campesina rechaza ambos instrumentos supuestamente porque “discriminan al campesinado nacional”, privilegian a los originarios de tierras bajas y crean un nuevo tipo de “latifundio indígena”.

En los últimos años, los burócratas que controlan la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolina Sisa y otros gremios pro oficialistas conspiraron abiertamente contra la ley y la Constitución “pro indígena” que impide “democratizar” el acceso a la tierra.

“No puede ser que las tierras fiscales se queden en manos de los indígenas, la tierra hay que repartirla equitativamente para todos”, reclamó la cocalera Leonilda Zurita; “nosotros también tenemos derecho a la tierra igual que ellos”, sentenció el ex líder campesino y actual senador del MAS Isaac Avalos.

Lo cierto es que el gobierno nunca discriminó a los campesinos; prueba de ello es que el INRA saneó más de 45 millones de hectáreas, 22 millones como TCOs indígenas y 19 millones a favor de campesinos y comunidades interculturales. En varias oportunidades el Estado ofreció a los campesinos una parte importante de las más de 13 millones de hectáreas de tierras fiscales disponibles para redistribución inmediata.

Pero la burocracia campesina rechazó las generosas ofertas, y para colmo saboteó la titulación de la TCO de Ayopaya, en el departamento de Cochabamba, un territorio comunitario reclamado por los campesinos de la provincia desde 2003.

El INRA había logrado sanear y titular dos de los cinco polígonos de ese territorio comunitario, pero el dirigente campesino y jefe del MAS de Cochabamba Feliciano Vegamonte obstruyó el trámite. Este cacique organizó sindicatos paralelos para dividir a los campesinos y comerciar tierras en la zona, denunció Sabino Mamani en un encuentro de secretarios de recursos naturales de la CSUTCB.

La cúpula campesina comandada por Ávalos quedó en evidencia y no tuvo más remedio que confesar que su verdadero objetivo no era “democratizar” el acceso a la tierra, sino modificar la Ley de reconducción comunitaria.

Los campesinos anticomunitaristas solicitaron en repetidas oportunidades al gobierno que autorice la distribución individual de tierras que se puedan heredar, comercializar e hipotecar. En otras palabras, querían restituir el libre mercado de tierras de la vieja reforma agraria capitalista que fragmentó y concentró la tierra en pocas manos.

Quienes piden titulación individual solo quieren vender y negociar con la tierra, pero la Madre Tierra no se vende porque no es una mercancía, les respondió el ex viceministro de Tierras Alejandro Almaraz.

El 6 de enero de 2010, el senador electo por Santa Cruz Isaac Ávalos envió una carta al Presidente Morales reclamando la cuota de poder de la CSUTCB en el Ejecutivo. El dirigente exigía dos ministerios, cinco viceministerios y la dirección nacional del INRA.

Avalos pidió las cabezas del director del INRA Juan Carlos Rojas y del viceministro Almaraz, acusándolos de hacer “poco o nada” por los campesinos. Que el director del INRA “trabaje por todos, que trabaje por los indígenas del oriente muy bien, pero que también sanee y distribuya tierras a los campesinos”, arengó el cacique masista.

La burocracia campesina conspiró contra Almaraz, lo derrocó, puso en su lugar a un hombre de confianza, y presentó un anteproyecto de ley que restituye la propiedad privada individual y el libre mercado de tierras.

La nueva elite campesina quiere censar a los indígenas del oriente del país, cuantificar sus verdaderas necesidades territoriales y redistribuir equitativamente las tierras “excesivas” de TCOs indígenas ya tituladas y consolidadas por el propio Presidente Morales.

“No queremos anular las TCO, planteamos un estudio especial que diga cuántos indígenas hay en el oriente y si justifica o no la cantidad de tierras que tienen”, confesaron algunos dirigentes al diario La Razón. Planean recortar o fraccionar los territorios comunitarios y redistribuirlos como propiedades individuales campesinas, o en su caso como “co propiedades” indígena-campesinas.

Los nuevos gamonales de poncho y ojotas redoblaron la presión sobre el INRA en 2011, y volvieron a disparar contra Rojas en un seminario organizado por la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz-Tupaj Katari (FDUTCLP-TK), el 8 de abril de 2011. (Fundación Tierra)

Los campesinos paceños denunciaron en esa oportunidad que el INRA saneó apenas 6,6 millones de un total de 12,8 millones de hectáreas susceptibles de saneamiento en el departamento de La Paz, la mayoría como Tierras Comunitarias de Origen (TCO) de propiedad colectiva y muy pocas propiedades individuales.

La conspiración triunfó este martes y los campesinos cantaron victoria por derrocamiento del director del INRA Juan Carlos Rojas, tal vez la última autoridad fiel a la reconducción comunitaria que quedaba en el gobierno del MAS.

Los masistas no avisaron a Rojas que lo habían destituido; lo echaron mientras él entregaba tierras a campesinos en el municipio Colcha K junto al Presidente Morales. Ni una silla le dieron a Rojas para que se siente junto a la comitiva oficial, Evo lo desdeño y estuvo a punto de irse del acto sin entregar los títulos.

Mientras tanto, en La Paz la ministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo recomendaba al flamante director del INRA Julio Urapotina que concluya el saneamiento de tierras del país hasta 2013, en “mayor coordinación con el Viceministerio de Tierras y las organizaciones sociales”.

Dice el ex viceministro Almaraz que dos bandos antagónicos combatieron al INRA en los últimos años: los grandes propietarios aglutinados en gremios agroempresariales, y cúpulas del sindicalismo campesino vinculadas al oficialismo.

Los propietarios agrarios defienden sus latifundios heredados y contraatacan impugnando el asalto de tierras por parte de advenedizos amparados por el nuevo poder político, que aspiran a sustituir a los primeros.

“Las cúpulas campesinas despliegan su consabida retórica antilatifundista y presionan, subrepticia pero intensamente, por acceder a la apropiación y al lucro individual de la tierra”, explica Almaraz. Las cúpulas sindicales han consolidado la ocupación política y administrativa en el Ejecutivo, y ahora pueden perforar desde dentro la Ley de reconducción comunitaria de la reforma agraria.

Los latifundistas blancos y los latifundistas originarios comparten una causa fundamental, precisa Almaraz: Ambos bandos quieren legalizar el mercado de la tierra, imprescindible condición para acumular propiedades agrarias de manera individual.