Algunos rasgos típicos del nacionalsocialismo comienzan a percibirse en el gobierno de Evo Morales. El régimen carece de ideología propia y recurre a mitos culturales para movilizar a las masas. Promueve el enfrentamiento y la anulación política y física de cualquier fuerza que contraríe los intereses del Estado plurinacional, con la promesa de un “cambio” y un “desarrollo industrial”.

Las distintas experiencias nacionalsocialistas se han caracterizado por reemplazar las ideologías de la Ilustración por mitos culturales, y por emprender “revoluciones espirituales” contra los valores morales de la sociedad decadente, guiadas por un líder infalible y amado por las masas.

El Estado fascista incluyente y mediador promueve el desarrollo industrial y la expansión de la iniciativa pública en los sectores estratégicos de la economía, negando siempre la lucha de clases. Para ello aglutina a toda la sociedad en torno a mitos culturales, coopta a los sindicatos, coarta la libertad sindical, anula el debate y lucha contra todas las fuerzas o sectores nacionales conflictivos.

Desde el su primer año de gestión, el Ejecutivo masista alentó el enfrentamiento entre asalariados y campesinos, y tildó de “revoltosos”, “radicales” y “enemigos del proceso de cambio” a todos los sectores que reclamaron mejoras laborales o transformaciones sociales y económicas más profundas.

Con el paso de los años se acentuaron los rasgos fascistas del gobierno nacionalista, a medida que el Vicepresidente Álvaro García Linera perfeccionó la manipulación del poder público para coartar la libertad de opinión y movilizar a las bases masistas contra los sindicatos críticos. Poco a poco se fue puliendo el mensaje central de la campaña propagandística del régimen: un enemigo único de “ultraderecha” (indígenas, cívicos, sindicalistas, intelectuales críticos) conspira contra el “proceso de cambio” y la “revolución cultural”.

En 2006, primer año de gobierno del MAS, más de 10 trabajadores murieron en un cruento enfrentamiento entre mineros asalariados y cooperativistas que se disputaban los yacimientos estatales de Huanuni. Los cooperativistas ocuparon físicamente el centro minero, asumiendo que era su derecho explotar la rica mina porque uno de los suyos era Ministro de Minería. García Linera no previno el enfrentamiento y declaró que “en vez de mandar al ejército voy a mandar ataúdes”.

En agosto de 2008 se registraron los primeros roces entre cocaleros y maestros en Chapare. Productores de coca y padres de familia retuvieron a decenas de maestros en el corregimiento de Eterazama y reprimieron a todos los docentes que acataron una huelga general de la COB. En Shinaota, un ampliado de juntas escolares resolvió destituir de sus cargos a todos los huelguistas. El alcalde de Sipe Sipe organizó hordas de campesinos, padres de familia y alumnospara reprimir a maestros que bloqueaban el camino Cochabamba – Oruro, y posteriormente puso en acefalía todos los cargos de las unidades educativas del Distrito.

En marzo de 2009 comenzó a preocupar la radicalización de grupos corporativos afines al gobierno como los cocaleros del Chapare, los Ponchos Rojos de Achacachi, los Satucos y el Comité Cívico Popular de La Paz, los regantes del Valle Bajo y otros gremios.

Los cocaleros volvieron a reprimir a los maestros que acataron un paro de actividades, y amenazaron con declarar la profesión libre en el magisterio para escarmentar a los normalistas que rechazan la reforma educativa del gobierno. En 2009 el Ejecutivo también lanzó una campaña feroz contra los transportistas que intentaron subir tarifas, convocó a la población a movilizarse y amenazó juicios a los dirigentes.

Desde entonces, todo sector que se atrevió a reclamar sufrió este tipo de represión camuflada y la excusa siempre fue la misma: las “organizaciones sociales” defienden a su gobierno de la acción “subversiva de los opositores”.

A principios de mayo de 2010, el Vicepresidente reconoció que era legítimo y hasta saludable que existan diferencias políticas al interior de las organizaciones sociales: “Hay compañeros del magisterio que no están de acuerdo con cierta decisión porque quieren más salario; eso es legítimo, es parte de las tensiones y fricciones en el seno del movimiento popular boliviano, eso es parte de su riqueza”.

Sin embargo, pocos días después el mismo García Linera sugirió marginar a los “contrarrevolucionarios” de la COB que declararon huelga general indefinida, en su criterio “una medida política extrema para derrocar gobiernos”.

“Los contrarrevolucionarios que en 1985 abonaron el terreno para que el MNR, la ADN y el MIR entraran a pisotear a los bolivianos durante 20 años, son los mismos que hoy han planteado preparar el terreno para la derecha fascista y cavernaria”, dijo el Mandatario, refiriéndose a “tres o cuatro infiltrados” de extrema derecha.

“Nosotros y los padres de familia de las comunidades vamos a movilizarnos contra aquellos que quieren distorsionar el proceso de cambio”, advirtió entonces el senador del MAS Eugenio Rojas, representante de los Ponchos Rojos.

Por primera vez, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (Cnmciob-bs), las seis Federaciones de cocaleros del trópico de Cochabamba y la Central Obrera Departamental de Santa Cruz articularon un bloque para defender al gobierno. El portavoz de ese naciente grupo para estatal fue el dirigente campesino Roberto Coarite, ex diputado suplente del MAS.

Entre abril y mayo de 2010, los sindicatos acólitos al gobierno, agrupados en la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) se enfrentaron a maestros, fabriles e incluso a las bases campesinas masistas que se rebelaron en Caranavi.

En julio de 2010, el movimiento campesino masista enfrentó abiertamente a sus hermanos indígenas de tierras bajas que marchaban hacia La Paz exigiendo al gobierno que respete sus derechos al territorio y a la autonomía, reconocidos por la Constitución.

En dos décadas de lucha las organizaciones indígenas fueron reprimidas y perseguidas por varios gobiernos neoliberales, pero nunca antes soportaron una doble arremetida, de las fuerzas represivas del Estado y de sus propios hermanos de lucha, en este caso la CSUTCB, las Bartolinas y otros gremios oficialistas.

En el propio Palacio de Gobierno, la burocracia campesina reafirmó su “apoyo militante e incondicional al proceso de cambio y al liderazgo del hermano Evo Morales”, y fustigó a los dirigentes indígenas de la CIDOB “financiados por ONGs y grupos de derecha” que utilizan la demanda autonómica para “violar y deslegitimar la Constitución Política del Estado”.

Los cocaleros de Chapare advirtieron que no permitirán que la marcha indígena “traidora del proceso” ponga un pie en esa región del trópico de Cochabamba. Combatiremos a los “conspiradores”, amenazaron el jefe máximo de la CSUTCB Roberto Coraite y el dirigente cocalero y senador del MAS Julio Salazar.

Los campesinos confrontaron a los indígenas por intereses materiales concretos: el control de la tierra. La cocalera Leonilda Zurita y los senadores Isaac Ávalos y Fidel Surco denunciaron que los indígenas querían apoderarse de todas las tierras fiscales del país. La CSUTCB aseveró que la Ley de reconducción comunitaria de la reforma agraria privilegió a los originarios de tierras bajas y creó un nuevo “latifundio indígena”.

La burocracia campesina propuso elaborar un censo de indígenas del oriente para cuantificar sus verdaderas necesidades territoriales y redistribuir las TCOs “excesivas”. Su objetivo de fondo era paralizar la titulación colectiva de territorios y legalizar la propiedad privada de la tierra.

A fines de agosto de 2010, un grupo de “defensores de derechos humanos” y trabajadores de ONGs afines al gobierno comenzaron a elaborar una “lista negra” de los activistas críticos al gobierno. Luego la Conalcam anunció que expulsaría de sus filas a los dirigentes que “generen conflicto, enfrentamiento o división entre las organizaciones sociales”.

En febrero de 2011, García Linera convocó otra vez a campesinos y militantes del “proceso” a “cerrar filas y proteger a nuestro gobierno para evitar que la ultraderecha, vía el trotskismo o vía MSM, logre sus objetivos”.

“Debemos unir nuestros objetivos, consolidar el proceso de cambio y enfrentar las inclemencias políticas que se vienen dando en el país…. Nosotros estamos para frenar ese tipo de atentados contra el proceso de cambio”, planteó Coarite, aludiendo a los dirigentes “trotskistas” que exigen un “descabellado e irracional” aumento salarial del 70%.

El 13 de abril la CSUTCB, los cocaleros de Chapare y otras organizaciones de la pro masista Conalcam se declararon en estado de emergencia y anunciaron que convocarán a una movilización en La Paz para defender el “proceso de cambio”.

Al día siguiente, el senador del MAS Fidel Surco explicó que los campesinos decidieron reorganizar la Conalcam para hacer frente a la “convulsión que se está viviendo en La Paz ante la falta de responsabilidad de algunos dirigentes”, y pidió a los dirigentes de la Coordinadora “que se pronuncien porque no podemos esperar que busquen enfrentamientos para tratar de desestabilizar al gobierno”.

En 15 de abril la Federación de padres de familia de El Alto se declaró en emergencia. “Nuestros hijos se ven perjudicados en su formación por un injusto paro obligado por dirigentes de línea trotskista que buscan sus apetitos personales”, denunció el presidente de la organización Freddy Valencia, y declaró a los trotskistas “enemigos de la educación”. Emplazó a los docentes a reanudar labores escolares este lunes o caso contrario “nos veremos obligados a tomas medidas de hecho, como la marcha contra los dirigentes y prohibir el ingreso a los establecimientos educativos”.

El 16 de abril la Coordinadora de cocaleros del Trópico de Cochabamba convocó a sus bases a concentrarse en Cochabamba este martes para repudiar las “acciones intransigentes” de la COB y del magisterio, mientras que la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa propuso declarar al magisterio como profesión libre en un referéndum.

La campaña en los medios del Estado fue subiendo de tono en los últimos días. “Manifestantes cobran Bs 50 por jornada de protesta”; “Denuncian que hay un plan para desestabilizar a Evo”, tituló hace poco el diario Cambio. Las alertas fueron reproducidas profusamente por algunas organizaciones sociales como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz.

Como en las dictaduras de René Barrientos, Hugo Banzer y Luis García Meza, los sectores más reaccionarios del gobierno del “cambio” convocan públicamente a los campesinos pobres a enfrentar a COB y a los maestros desde esta semana.

El ideal del desarrollo

El nacionalsocialismo mezcla ideales nacionalistas y socialistas para movilizar a las masas en pos de un “cambio” y el desarrollo industrial de la nación. Curiosamente, uno de los ejes de la “revolución democrática y cultural del MAS” es el programa de desarrollo denominado “salto industrial”.

La lucha “salarialista” es legítima, no desconocemos la necesidad de que se incremente el salario de los obreros, de los maestros, del sector de salud, pero este es un objetivo táctico que no responde a la naturaleza de la construcción estratégica de nuevo Estado, que tiene que ver con la transformación estructural de la economía, explicó el director de la ADEMAF Juan Ramón Quintana.

Según Quintana, la petición “salarialista tiene un alma neoliberal” y es “alentada tal vez por afanes de reelección sindical de algunos miembros de la COB con mirada corta” que están abandonando el desafío de involucrase en el proceso complejo, difícil, pero patriótico a la vez de fundar el nuevo Estado Plurinacional.

“Al Estado Plurinacional le corresponde desarrollar una economía basada en el gran salto industrial. Si el país no logra dar ese gran salto, la COB quedará simplemente como una estatua de sal congelada en la historia. El gran salto industrial que debemos dar tiene que estar acompañado por la COB, porque el resultado de ese gran salto beneficiará directamente a los obreros, trabajadores y a sus hijos para que no repitan la triste historia de recibir unos centavos como salario”, definió Quintanta.

El ex ministro de la Presidencia tiene la impresión de que las “demandas salarialistas tienen una fuerte inclinación andinocéntrica; hay como una carga andina muy fuerte en esta demanda, lo que significa que se está peleando más por el salario de los mineros aquí en el área andina. Yo quisiera que estos compañeros de la COB nos acompañen a visitar las comunidades amazónicas, las comunidades chiquitanas, chaqueñas, que no reciben un solo centavo como salario. El 90 por ciento de esas comunidades vive de lo que cosechan del bosque, de lo que pescan del río, viven en realidad en la mayor orfandad del Estado”.

Los afiliados a la COB “pelean por el mejoramiento del nivel salarial; está bien, es absolutamente legítimo, comprensible, pero quisiéramos que peleen por la situación de esos compañeros que están a las orillas de esos cerros fronterizos… ¿Qué les toca a esas poblaciones de Pando, de Beni, de la chiquitanía cruceña, del Chaco tarijeño, del área andina? Nada…”, reflexionó Quintana.

El ex ministro criticó a los que creen que están “haciendo historia al poner al gobierno contra la pared”. Evo Morales llegó a la Presidencia a fuerza de bloqueos y protestas callejeras, pero ahora Quintana dice que la fuerza de los obreros “no es la fuerza del estampido de la dinamita en la calles, no es la fuerza del bloqueo en las esquinas o evitar que los niños vayan a la escuela; esa es un expresión de un tipo de violencia”.

En los tiempos de “cambio”, precisó Quintana, “la verdadera fuerza social, política e ideológica del gran movimiento obrero es ponerse en sintonía con los desafíos de la historia, y llegar a eso nos va costar porque desafortunadamente hemos tenido 20 o 30 años de una cultura política que ha ido vaciando a los dirigentes sindicales de su vinculación y de su compromiso con la Patria y con el Estado (porque) en todo el ciclo neoliberal se optó por una estrategia de la cooptación y de la prebenda”.