Varios gremios movilizados desde la semana pasada radicalizaron sus medidas de presión en La Paz y en otras ciudades del país, y un ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB) convocó al bloqueo de caminos, luego de que el Presidente Evo Morales reiteró que no autorizará un incremento salarial superior al 10%.

Dirigentes de la COB reunidos en un ampliado de emergencia rechazaron este martes el preacuerdo alcanzado entre la noche del domingo y la mañana del lunes por dirigentes de la máxima organización laboral y representantes del gobierno.

El ampliado rechazó el documento consensuado luego de 17 horas de negociación en la Vicepresidencia, y redactó una “contrapropuesta” de 8 puntos que fue enviada a Palacio de Gobierno al promediar las 18 horas, reportó la cadena radial Patria Nueva.

La “contrapropuesta” cobista refuerza las demandas laborales con “argumentos más sólidos”, y será la base de una nueva ronda de negociación con el gobierno, explicó el secretario ejecutivo de la COB Pedro Montes.

El pliego “reforzado” reclama la abrogación del artículo 23 de la Ley 062, el cual instruye a las cajas de salud depositar el dinero aportado por los trabajadores en cuentas bancarias autorizadas por el Ministerio de Finanzas. El decreto reglamentario de esa norma ordena a la Caja Nacional de Salud entregar al TGN hasta el 60% de sus ingresos.

Los trabajadores aclaran que no están en contra del Seguro Universal impulsado por el gobierno, pero exigen que ese servicio se financie con recursos del Estado y no confiscando los aportes laborales

Además, el pliego laboral reclama un incremento salarial de al menos 15%. En la reunión del lunes los dirigentes propusieron utilizar una parte de los 10 mil millones de dólares de Reservas Internacionales Netas del Banco Central para financiar un aumento salarial superior al 10% ofrecido por el Ejecutivo.

Algunos dirigentes sugirieron al Presidente que destine al pago de salarios los 255 millones de dólares que gastará en la compra del satélite Tupac Katari.

El Presidente rechazó nuevamente la demanda salarial de la COB porque “el Estado no cuenta conlos suficientes recursos y por una cuestión de responsabilidad con los dineros que son del pueblo”.

“Incrementar los salarios de cuatro sectores (salud, magisterio, Policía y Fuerzas Armadas) en un 15 por ciento, y no en 10%, como se definió, aumentará el déficit fiscal y perjudicará el desempeño de la economía nacional”, justificó Morales.

Se pronosticó un déficit fiscal de 4,5% del PIB para la gestión 2011 (aproximadamente 880 millones de dólares), y un incremento de 15% para esos cuatro sectores demandaría un gasto adicional de 150 millones de bolivianos. “Ese hecho significaría que el Estado arrastraría 1.000 millones de bolivianos de déficit este año”, explicó Morales.

Evo está dispuesto a explicar en un ampliado de la COB por qué no puede aumentar los salarios en un porcentaje superior a la inflación del año pasado, que fue del 7,18%: “Mi gobierno tiene una política de transparencia porque no tiene nada que ocultar, y está decidido a explicar lo que sucede con las finanzas nacionales allí donde sea convocado”.

Morales anunció que promulgará el 1 de Mayo, día del trabajador, un Decreto Supremo para acelerar la promulgación de un paquete de leyes (Minería, Trabajo, Forestal, Financial) con el objetivo de “sepultar gradualmente” al decreto 21060 que instauró el neoliberalismo en Bolivia en 1985.

El Presidente recordó que su gobierno nacionalizó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), y reveló que planea continuar con la “estatización” de empresas productivas.

Dijo que el 1 de mayo anunciará la recuperación de las minas que pertenecieron al Estado, entre ellas la metalúrgica de Vinto. “Esas minas que no han sido recuperadas y que antes eran del Estado serán recuperadas, nacionalizadas o estatizadas, que es el termino más correcto; pero en acuerdo con sus movimientos sociales o sindicales; aquel Sindicato que nos diga hay que nacionalizar no hay ningún problema”, prometió el Jefe de Estado.

Radicalizan las protestas

“Una vez más los dirigentes de la COB están comprobando en los hechos que no es necesario ver la cara de Evo Morales para resolver los problemas de los trabajadores; en la última reunión no se ha resuelto nada”, comentó el secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de La Paz José Luis Álvarez.

“Prometen elaborar leyes y decretos para eliminar el 21060 y recuperar las empresas privatizadas, pero eso no satisface para nada. La reactivación económica es falsa porque se sigue saqueando nuestros recursos naturales y en los últimos cinco años los agroindustriales han producido solo para la exportación y los compañeros campesinos son cada vez más pobres”, dijo Álvarez.

El dirigente aseguró que el gobierno “prefiere mantener los sueldos de hambre para que las grandes empresas transnacionales y los empresarios bolivianos obtengan ganancias a costa de la miseria del trabajador”.

Según el INE, la participación de los salarios en el Producto Interno Bruto (PIB) se redujo de 35% en 1999 a 31% en 2005. Entre 2006 y 2008, la participación del salario en el PIB se redujo hasta 25%. Esto significa que, a pesar del crecimiento anual del PIB (4.61% en promedio), los trabajadores ganan cada vez menos. (http://www.amrbolivia.tk)

Por todas esas razones, explicó Álvarez, un consejo consultivo del magisterio paceño resolvió “no rifar la movilización sin que haya un verdadero incremento salarial”. Simultáneamente, un ampliado de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia se pronunció por no firmar ningún acuerdo mientras el gobierno no atienda las demandas del sector.

“Tenemos un convenio incumplido por el Ministerio de Educación, y no tenemos una respuesta hasta este momento; por lo tanto hemos decidido asumir medidas más radicales aún”, confirmó el secretario ejecutivo de la Confederación de Maestros Urbanos Federico Pinaya.

El magisterio urbano nacional continuará movilizado, y si hasta el viernes no recibe una respuesta a su pliego, masificará las protestas en todos los departamentos del país y los dirigentes nacionales se tapiarán.

Este martes, los maestros urbanos y rurales y otros sectores sociales paralizaron nuevamente la sede de gobierno con marchas y bloqueos de calles y avenidas. Por la mañana los maestros rurales cerraron la autopista La Paz- El Alto y otros accesos que vinculan ambas ciudades, como las avenidas Marcelo Quiroga Santa Cruz y Max Fernández. Por la tarde, miles de manifestantes colapsaron la sede de gobierno por sexto día consecutivo.

El ampliado cobista celebrado este martes en La Paz decidió mantener todas las medidas de presión y la huelga general, y convocó al bloqueo de caminos desde este martes. En Beni, los afiliados a la COD bloquearon las carreteras que vinculan ese departamento con Santa Cruz y Loreto; en Potosí se instalaron al menos 15 puntos de bloqueo en el centro de la ciudad; y las movilizaciones paralizaron la ciudad capital de Tarija.

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia controlada por el gobierno se desmarcó de las movilizaciones, pero algunos de sus afiliados comienzan a incorporarse a las protestas.

En el encuentro Crisis Alimentaria, Tierra Territorio y explotación de los Recursos Naturales celebrado en Cochabamba el 8 y 9 de abril, dirigentes indígenas y campesinos de ayllus de Cochabamba, CONAMAQ, Movimiento Sin Tierra, FEJUVE de El Alto y del Comité de Defensa de la Economía Popular y los Recursos Naturales sellaron una alianza para hacer respetar los derechos sociales y colectivos reconocidos por la Constitución.

El colectivo campesino-indígena reivindicó el derecho a la consulta previa libre e informada ante toda medida administrativa y legislativa, obra o proyecto a ser implementado en sus territorios; y exigió la titulación colectiva de territorios ancestrales con el fin de garantizar la existencia de comunidades indígenas y campesinas amenazadas por la titulación individual que promueve el mercado de tierras y conduce al minifundio y surcufundio de la tierra.

El encuentro social demandó la eliminación del latifundio agroindustrial, y una verdadera revolución agraria que garantice una verdadera distribución igualitaria de la tierra.

Los asistentes exigieron al gobierno “una verdadera nacionalización de los recursos naturales (hidrocarburos y minería) con industrialización y en beneficio para todo el país, recuperando la propiedad y dominio de los recursos naturales que se encuentra en manos de transnacionales, empresarios mineros y terratenientes”.