Se agudizan los problemas económicos y el malestar social crece como bola de nieve. Los reclusos radicalizan sus medidas de presión en siete cárceles del país y los trabajadores de la Caja Nacional de Salud se declararon en huelga indefinida. Este miércoles miles de asalariados de todo el país llegan a la ciudad de La Paz para marchar y exigir al gobierno un salario justo.

En enero de 2011 se registraron 114 conflictos sociales en Bolivia, casi cuatro veces más que los 30 casos de enero de 2010, lo que representa un incremento de 280%, revela el Informe sobre conflictividad social de la Fundación UNIR Bolivia.

Una conjunción de factores contribuyó al aumento del número de conflictos en enero de este año (se contabilizaron 169 medidas de presión), entre los que destacan los efectos del fallido decreto 748 y las demandas laborales propias del inicio de año.

Los conflictos más destacados fueron consecuencia del “gasolinazo” de diciembre. Se esperaba que la abrogación del DS 748 detenga la espiral inflacionaria, pero los precios no bajaron y hubo escasez de azúcar. Aunque el índice inflacionario de enero se situó en 1,29%, creció el malestar social y la agudización de los problemas económicos tuvo un efecto expansivo.

Varias problemáticas no resueltas por el gobierno (como la escasez de alimentos y la inflación) están dando lugar a un fenómeno de efecto “bola de nieve”; esto significa que las tendencias presentes en enero son, en realidad, una continuación de las ya observadas a lo largo del último trimestre de 2010, explica el informe de UNIR.

La COB y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) encabezaron las protestas por el aumento de precios de los alimentos y del servicio de transporte público. Los maestros urbanos y rurales, los trabajadores sanitarios y los fabriles se movilizaron exigiendo un salario de 8.309 bolivianos o un aumento salarial superior al 30 por ciento.

La Confederación Sindical de Choferes pidió al gobierno que autorice el alza de tarifas de transporte; los productores lecheros de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz solicitaron permiso para incrementar los precios de los lácteos; y la Asociación Nacional de Colegios Privados (ANDECOP) propuso “nivelar” las pensiones escolares.

Por otro lado, la Confederación de Gremiales de Bolivia exigió al gobierno que cierre de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) e Insumos Bolivia, supuestamente porque promueve la competencia desleal. Luego, el Sistema Integrado de la Seguridad Social Universitaria Boliviana (SISSUB) rechazó la Ley Financial 2011 que le obliga a inscribir su patrimonio institucional en el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE).

Además, los reclusos de los penales de San Pedro y Chonchocoro de La Paz; San Antonio, San Pedro y San Pablo de Cochabamba; San Roque de Sucre y Villa Busch de Pando se declararon en estado de emergencia exigiendo un aumento de sus prediarios y mejores condiciones de vida. “Las cárceles son una verdadera bomba de tiempo”, advirtió el sacerdote Leonardo da Silva Costa, coordinador Nacional de Pastoral Penitenciaria.

La movilización por un prediario digno

Reclusos de siete penales del país radicalizan sus medidas de presión exigiendo un prediario de al menos 10 bolivianos; rechazan la limosna de 6 bolivianos con sesenta centavos ofrecida por el gobierno porque no alcanza para costear su desayuno, almuerzo y cena diarios.

En el Centro de Orientación Femenina de Obrajes (COF) ayunan 80 reclusas, mientras que en la cárcel de Miraflores 47 mujeres se mantienen en huelga de hambre desde el martes de la semana pasada. Al menos 93 internos del penal de Chonchocoro se crucificaron, enterraron, se cosieron los labios y amenazan con sacarse sangre como medida de protesta.

“Comemos un día una sopa con menudencia, al día siguiente ají de fideo sin carne y en el desayuno se da dos panes que tienen que alcanzar para todo el día”, lamentó una reclusa del COF de Obrajes en La Paz.

“Un presupuesto de 6 bolivianos diarios podría ser insuficiente en términos de alimentación y otros servicios”, reconoció el representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Bolivia Denis Racicot, y recordó que las normas internacionales obligan al Estado a brindar a los reclusos una alimentación “adecuada y de calidad”.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Bolivia Navi Pillay calificó de inhumanas las condiciones de vida y el hacinamiento de los reclusos. “Esta tendencia se acentuó en 2010 con la aprobación de normas que aumentaron las causales para la detención preventiva, su duración y restricción de criterios para su cesación”, señala un reciente informe presentado por Pillay.

A principios de 2006 se contabilizaron 7.782 reclusos distribuidos en 54 establecimientos penitenciarios del país, de los cuales 5.808 (74%) carecían de sentencia. Las prisiones de las ciudades capitales concentraban a 6.793 internos, 38% en Santa Cruz, 27% en La Paz y 17% en Cochabamba, según datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario.

Entre junio de 2010 y enero de 2011 la población carcelaria aumentó de 7.500 a 8.500 internos hacinados en prisiones con capacidad para albergar a no más de 5 mil presos. En ese período más del 70% de los reclusos no tenía sentencia.

Según el último informe oficial, la población penal total en Bolivia es de 9.067 personas (7.996 varones y 1.071 mujeres): 3.030 en Santa Cruz, 2.039 en La Paz, 1.968 en Cochabamba, 145 en Cobija, 287 en Oruro, 359 en Potosí, 216 en Sucre, 510 en Tarija y 413 en Trinidad. La Dirección de Régimen Penitenciario estima que 890 niños viven con sus padres en las cárceles.

La ONU pidió al gobierno de Evo Morales que explique por qué más del 70% de los presos están detenidos de manera preventiva, y que informe cuál es la situación del proyecto de modificación de la Ley 2298 relativa a la rendición de penas.

De las 50.340 causas que ingresaron a las nueve fiscalías de distrito en 2010, sólo el 1,5% cuenta con sentencia condenatoria, informó el Fiscal General del Estado. Mario Uribe precisó que el 70% de las denuncias no pasan la fase de la imputación y en muchos casos los tribunales no inician los juicios debido a la excesiva carga laboral de 425 fiscales de materia.

Movilización obrera

La Fundación UNIR advierte que la acumulación de antiguos conflictos no resueltos podría ocasionar graves problemas de ingobernabilidad en el futuro. Por ejemplo, el Comité Cívico Potosinista, que paralizó la Villa Imperial durante 15 días en 2010, ahora reclama la nacionalización sin indemnización de la mina San Cristóbal, operada por la transnacional Sumitomo.

San Cristóbal contamina sembradíos y consume millones de litros de agua sin pagar un centavo, denunciaron comunidades indígenas afectadas. Hace poco una huelga obrera paralizó durante 10 días la mina, que supuestamente gana más de mil millones de dólares y sólo aporta 35 millones al Estado. La empresa asegura que pagó 358 millones de dólares en impuestos en una década.

Los sindicatos mineros denuncian que el gobierno de Evo Morales no defiende a la “Pachamama” sino que protege a los inversionistas extranjeros. Lo peor de todo es que tampoco quiere el abrogar el decreto que instauró el neoliberalismo en Bolivia.

El diputado opositor Williams Cardozo presentó el proyecto de ley 0037/2011 que abroga el tristemente célebre decreto 21060, pero los Ministros de Trabajo, Finanzas y Planificación explicaron que tal derogación perjudicaría a los trabajadores.

Abrogar el 21060 con otros decretos es mentirle al país, ya que cambiar este instrumento es una tarea a largo plazo, justificó el ministro de Trabajo Félix Rojas. Con esas recomendaciones, la Comisión de Política Económica de la Cámara de Diputados rechazó el proyecto presentado por Cardozo, y éste cuestionó: “¿Donde quedó el discurso antineoliberal, anticapitalista y antigonista del gobierno?”

Echando más leña al fuego, en los últimos días el ministro de Economía Luis Arce reveló que el gobierno planea crear un impuesto al salario, mientras que el ministro de Trabajo reiteró que el incremento salarial de 10% decretado por el gobierno es innegociable.

Cinco ministros esperaron a los dirigentes de la COB para reanudar el diálogo este martes, pero los sindicalistas los dejaron plantados y reiteraron que solo se reunirán con el Presidente o con el Vicepresidente.

Este martes los salubristas del país iniciaron un paro nacional movilizado. El secretario Ejecutivo de la CNS Ariel Cáceres aseguró que la medida fue acatada por el 100 por ciento de los trabajadores de la regional La Paz. “Un paro en medio de una epidemia de dengue es criminal; el pretexto es la derogatoria del Artículo 23 de la Ley Financial, pese a que no es atentatorio porque no confisca recursos y sólo pide transparencia en el tema de las cuentas fiscales”, replicó la ministra de Salud Nila Heredia.

Cáceres confirmó que su sector participará en la movilización convocada por la COB para este miércoles en la sede de gobierno. Los marchistas se concentrarán a las ocho de la mañana en la Ceja de El Alto y desde ahí marcharán con rumbo al centro paceño.

El dirigente del magisterio Urbano de La Paz José Luis Álvarez informó que su gremio marchará desde el Cementerio General y posteriormente se plegará a la marcha de la COB. El dirigente aclaró que “las clases no se suspenden para garantizar una presencia masiva de los maestros… Al gobierno no le vamos a convencer en la mesa de negociaciones, corresponde aplastarle en las calles”.

Llegarán al menos 500 trabajadores de Tarija, y cerca de 500 fabriles y maestros de Cochabamba para participar en la marcha de la COB. La Federación de Mineros espera congregar a por lo menos 20 mil afiliados. El ministro de Gobierno Sacha Llorenti garantizó el derecho a la protesta, pero pidió a los mineros que se abstengan de usar dinamita para no causar zozobra en la ciudadanía paceña.