Una de las motivaciones altruistas que impulsó a la ONU a proclamar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue la necesidad de extinguir las diferencias entre seres humanos. Las estratificaciones sociales subyacentes en diferentes países, por razones económicas, políticas, religiosas, raciales o de género, dieron lugar a la injusta convivencia dentro un Estado, de ciudadanos de primera, segunda, tercera y hasta de cuarta. Posteriores instrumentos internacionales como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana de los Derechos Humanos, ratificaron este principio de igualdad de las personas ante el Estado y la ley, con similares derechos y obligaciones.

Sin embargo de estas legítimas aspiraciones de promover el surgimiento de sociedades sin privilegiados ni excluidos y no obstante que la mayoría de las Constituciones Políticas de los Estados incorporaron en su textos estos principios, es evidente que, en pleno siglo XXI, aún tropezamos con la contradicción entre la normativa nacional e internacional que proclama dicha igualdad y la realidad fáctica que nos muestra la existencia de personas que por formar parte de los círculos de poder económico en unos casos y político en otros, se convirtieron en ciudadanos de primera, tal condición puede permitirles incluso garantizar su eventual impunidad en circunstancias de la comisión de delitos. A este tipo de personajes el penalista argentino Raúl Safaroni los califica como “delincuentes privilegiados o “delincuentes de cuello blanco”, quienes precisamente por el poder que ostentan, no serán objeto de una sanción penal, en razón de que los órganos estatales encargados de administrar justicia o los que tienen la tarea de la persecución penal, están por debajo de ellos.

En el caso boliviano nuestra historia está caracterizada por la impunidad de muchos delincuentes privilegiados, algunos ingresaron al palacio por la fuerza para encaramarse en el poder, asesinar y robar y jamás fueron sancionados, el caso de Hugo Bánzer es el más emblemático o el de aquellos que a diferencia de los delincuentes comunes que asaltaban bancos, decidieron crear bancos para asaltar a la gente, también fueron protegidos.

En la actualidad cuando pensábamos que estos privilegios tendrían que haberse extinguido, encontramos otros casos de determinados personajes con similares características. Podemos mencionar algunos, la anterior semana un Senador del Estado Plurinacional afirmó públicamente que la tortura es necesaria para investigar y que debe practicársela en Bolivia, este “ciudadano de primera” no toma en cuenta que dicha práctica está proscrita por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y por nuestra propia Constitución Política del Estado, incurrió además en Instigación Pública a Delinquir y Apología de un Delito, tipificados como tales en el Código Penal. Otro caso es el referido a un Senador que fue sorprendido en pleno estado de ebriedad, malogrando vehículos del Estado, las cámaras de la prensa evidenciaron los hechos ante una policía que no se atrevió a decirle nada, mas bien protegerlo en su delito. Por rara casualidad los personajes citados son congresales vinculados al partido de gobierno, es sintomático que el Ministerio Público no haya asumido de oficio la acción penal en contra de ellos, permitiendo su impunidad. Queda demostrado que aún nos desenvolvemos en una sociedad de ciudadanos de primera y de segunda. Este trato discriminado atenta el principio de igualdad que nuestro pueblo pretende consolidar y refuerza la ley del embudo, angosta para unos y ancha para otros. Ante esa circunstancia, se torna necesario promover la independencia política del Ministerio Público y del Órgano Judicial.