El Observatorio Nacional de Medios (ONADEM) de la Fundación UNIR registró 59 casos de agresión a periodistas en la gestión 2010. Los sucesos se produjeron en mayor medida durante manifestaciones y movilizaciones de protesta, siguiendo la tendencia de los últimos tres años. Algunos funcionarios públicos continuaron agrediendo verbalmente a los trabajadores de la prensa.

Desde su nacimiento hace cinco años, el ONADEM prioriza el análisis del trabajo periodístico, sus condiciones, dificultades y rutinas. En ese marco, a partir de 2007 recoge en una base de datos los casos de agresión a periodistas o medios masivos que son denunciados públicamente.

En el Informe de 2009 se consignaron 82 casos o sucesos de agresión visibilizados y en el Informe de 2010, 59 sucesos. En ambos años los periodistas afectados sumaron 107. La Paz fue el departamento con mayor número de periodistas agredidos (39), especialmente durante el conflicto de Caranavi y otras movilizaciones sociales en las ciudades de La Paz y El Alto.

En 2010 aumentó a más del doble (de 6 a 15) el número de periodistas agredidos en Cochabamba. En Sucre se registraron 13 trabajadores de la información afectados; se trata de un incremento considerable dado que en año 2009 no se visibilizó más que un caso, subraya el Informe de ONADEM.

La conflictividad política siguió marcando la agenda de los hechos violentos contra periodistas en Bolivia. En Sucre, los conflictos por la Alcaldía desencadenaron agresiones a trabajadores de prensa, replicándose lo sucedido desde el 2006 al 2008, en el sentido de identificar a periodistas con tendencias político partidistas y usar esta estigmatización para agredirlos.

Ratificando la tendencia encontrada en los tres años anteriores, los periodistas de televisión y los fotoperiodistas que trabajan en diarios y agencias informativas fueron los más afectados por agresiones físicas.

El contexto de las agresiones

De los casos registrados en 2010, el 20,6% corresponde a agresiones físicas perpetradas por sectores sociales movilizados. Por ejemplo, el 21 de mayo organizaciones gremiales en El Alto amedrentaron a los trabajadores del periódico El Alteño, amenazando incluso con quemar sus oficinas bajo acusación de publicar una información falsa.

En julio, en un conflicto por tierras en la localidad de Takoloma (Arbieto, Cochabamba) resultaron agredidos al menos seis periodistas; incluso uno de ellos recibió una pedrada, además de sufrir el robo de sus equipos de filmación. Un mes antes, también se registraron hechos violentos contra periodistas en un conflicto de tierras en las Colinas de Santa Lucía.

En 2010 se incrementaron de manera notable los casos de obstaculización y entorpecimiento del trabajo periodístico, por parte de funcionarios públicos ligados con los órganos Ejecutivo y Judicial.

A varios periodistas que fueron a cubrir información sobre un conflicto se los citó después como testigos o se les pidió por vía judicial que revelen la fuente de su información. Según los dirigentes sindicales del sector, de esta manera se vulnera el secreto de fuente establecido en la Ley de Imprenta, por lo cual este tipo de citaciones “pueden considerarse agresiones”.

En 2009, la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz (FSTPSC) protestó por la citación de los fiscales a periodistas para que declaren como testigos en el caso del asesinato de la joven Yaritza Méndez. En marzo de 2010 fiscales citaron a periodistas de Cobija como testigos en el proceso que se le sigue a la ex asambleísta opositora Carmen Eva Gonzáles por la toma de instituciones públicas durante los conflictos de septiembre de 2008.

En La Paz, la periodista Carmen Melgar de la red Unitel denunció que el director de Insumos Bolivia, Oscar Sandy, la intimidó por una denuncia sobre la existencia de harina vencida en los depósitos de esa institución, amenazando con iniciarle un proceso penal.

Hubo periodistas maltratados por jueces, como Miguel Ángel Melendres, del diario paceño La Razón, a quien se le impidió realizar grabaciones durante una audiencia judicial el 7 de marzo, perjudicando de esa manera su trabajo.

Las autoridades continuaron con sus agresiones verbales a los trabajadores del sector. Un ejemplo conocido públicamente fue el protagonizado por el Presidente del Estado, Evo Morales, quien llamó a los periodistas “vuvuzuelas” (cornetas usadas para “hacer barra” en el Mundial de Fútbol África 2010).

Un gobernante extranjero agredió verbalmente a la prensa boliviana: el presidente venezolano Hugo Chávez, durante la Cumbre de los Pueblos para el Cambio Climático, en un encuentro con periodistas en Cochabamba, acusó a los medios bolivianos de “ejercer dictadura mediática”.

El 8 de junio el alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, amenazó con fusilar a los periodistas, en un nuevo ataque contra los trabajadores del sector: “Los voy a balear, yo he traído mi fusil y los voy a balear”, amenazó, y también los llamó “mariquitas”. El incidente comenzó cuando el periodista Oscar Hurtado de la Red ATB consultó al Alcalde sobre un conflicto entre la Alcaldía y los gremiales.

La Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz, ante esos hechos, presentó una querella contra el alcalde Fernández por amenazar de muerte a sus miembros y por reiterados atentados contra la libertad de prensa. La demanda fue presentada ante el Ministerio Público por el secretario ejecutivo de esa organización, Roberto Carlos Hurtado. “Hemos presentado otra demanda justamente por amenaza de muerte, atentado contra la libertad del trabajo, entre otros delitos”, declaró Hurtado.

El Informe de Agresiones a Periodistas 2009 de la Fundación UNIR Bolivia señalaba que crecieron los ataques violentos y anónimos contra periodistas. Estos ataques aún no han sido esclarecidos. En 2010 fueron denunciados siete ataques de este tipo, perpetrados por presuntos delincuentes, tres casos menos que en 2009.

El 90% de los casos registrados fueron presentados como denuncia pública a las organizaciones sindicales y gremiales, mientras que la denuncia a los niveles judiciales o policiales sólo alcanzó el 10% en 2010. En ese tema se nota un decrecimiento respecto a 2009, cuando se efectuaron más denuncias a las instancias judiciales correspondientes (15%).

Desde 2007, las agresiones físicas a periodistas han sido sancionadas sólo en dos ocasiones, (aproximadamente el 2% de los casos denunciados) con encarcelamiento temporal de los denunciados.

La Policía, agresora en crecimiento

La Policía protagonizó un número mayor de agresiones contra periodistas respecto a los tres años anteriores. En 2010 fue protagonista de 19 casos o sucesos, mientras que en 2009 estuvo involucrada en 8 sucesos. Estas agresiones ocasionaron incluso que la FSTPSC se pronunciara pidiendo garantías al Comando Departamental de la Policía en septiembre de 2009.

Ejemplos ocurridos en La Paz son los que vinculan a dos periodistas del diario Página Siete. La fotoperiodista Wara Vargas fue agredida y funcionarios del Ministerio de Gobierno le decomisaron sus fotos el 29 de junio. Asimismo, el periodista Richard Sánchez fue detenido momentáneamente en instalaciones policiales durante las manifestaciones en contra del “gasolinazo” en diciembre.

En dichas protestas, efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones de la Policía golpearon al camarógrafo Richard Pereira de Católica de Televisión, “cuyo pecado fue filmar a un uniformado que usó una honda (un arma que lanza proyectiles) para reprimir a los manifestantes”, según la denuncia del canal.

Periodistas internacionales también denunciaron abusos policiales. Según el diario ABC Color de Paraguay, sus periodistas Roque González Vera y Eduardo Quintana, y el chófer Roberto Torres, “enviados para obtener información sobre el Gobernador suspendido de Tarija, Mario Cossío, fueron detenidos el miércoles (29 de diciembre) por la policía de esa sureña ciudad y sometidos a interrogatorios durante dos horas”.

En Oruro, el periodista gráfico del diario La Patria Fidel Escalera fue agredido verbal y físicamente por un capitán de policía durante la cobertura informativa de la llegada de los restos de cuatro policías muertos en Uncía. El periodista fue arrastrado y amenazado por el capitán Juan José Álvarez, quien incluso llegó a pedir su detención. La Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Oruro denunció públicamente este hecho.

Agresiones internas

Los despidos injustos, las trabas que impiden conformar sindicatos dentro de las empresas, las condiciones laborales en creciente precarización, la falta de seguro médico, seguro de vida, estabilidad laboral, entre otras carencias, son ataques internos que reciben cotidianamente muchos periodistas en Bolivia. Las organizaciones sindicales han denunciado este tipo de agresiones de manera permanente.

Al respecto, el 2 de febrero del 2010, a raíz de despidos de trabajadores periodistas en Cadena A y Bolivia TV, la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de La Paz, en un comunicado, expresó que “tanto en medios privados como estatales debe respetarse la estabilidad laboral del personal y los derechos de los obreros de la información”.

El informe de ONADEM concluye que las agresiones a periodistas y a medios de comunicación en 2010 estuvieron marcadas por la cobertura informativa en situaciones de movilización y protesta social. Las denuncias de periodistas contra policías se duplicaron (de 8 a 19) respecto a 2009, mientras que ciertos funcionarios públicos y miembros del poder judicial continuaron realizando de manera pública agresiones y obstaculización el trabajo periodístico. La impunidad continuó como tendencia.