Estudiantes, docentes y personal administrativo de siete casas de estudios superiores se movilizaron hoy en La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Sucre y Potosí contra la Ley Financial y el proyecto de Seguro Único de Salud (SUS), dos iniciativas gubernamentales que conculcan la autonomía y confiscan los bienes de las universidades públicas del país.

En la primera movilización nacional en defensa de la autonomía y el seguro social universitario, marcharon y bloquearon calles y avenidas de sus respectivas ciudades los tres estamentos de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz (UMSA), Universidad Pública de El Alto (UPEA), Universidad Técnica de Oruro (UTO), Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Sucre (UMSFX), Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz (UAGRM), Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba (UMSS) y de la Universidad Tomás Frías de Potosí (UTF).

Los universitarios de Sucre bloquearon todas las arterias de la ciudad con sus pupitres, y los de Potosí protagonizaron una ruidosa marcha con petardos y dinamitas. Los afiliados a la Federación de Jubilados y Rentistas del sistema universitario se plegaron a la masiva movilización en La Paz, y los afiliados a la Caja Bancaria se sumaron a la protesta en Cochabamba.

Dirigentes de la Confederación Universitaria de Bolivia (CUB) y de las federaciones universitarias locales (FUL) denunciaron que el Ministerio de Economía instruyó a todos los seguros sociales universitarios que traspasen sus fondos a una cuenta fiscal, y su infraestructura a un sistema único de salud administrado por el Estado.

El proyecto de ley del Seguro Universal de Salud (SUS), al crear un gestor único de salud, anula los seguros universitarios, mientras que la Ley Financial dispone que los recursos de los seguros sociales universitarios deben dejar de registrarse en cuentas privadas y pasar a cuentas fiscales. Eso significa que los bienes de dichos seguros pasarán a manos de la Secretaría Nacional de los Bienes del Estado, explicó el rector de la UAGRM Reymi Ferreira.

Según el gobierno, la Ley Financial solo institucionaliza un sistema de monitoreo y fiscalización de recursos de las universidades públicas, las cuales deben rendir cuentas como todas las instituciones que reciben “dinero del pueblo”, explicó el Vicepresidente Alvaro García Linera. Aseguró que el presupuesto del sistema universitario se incrementó en casi 110% en los últimos cinco años, de 1.019 millones de bolivianos en 2005 a 2.277 millones de bolivianos en 2010.

Las universidades no se oponen a la fiscalización y a rendir cuentas, pero no están de acuerdo con las nuevas competencias del Ministerio de Economía y Finanzas, que ahora puede congelar fondos, una atribución que vulnera la autonomía universitaria.

El gerente del Sistema de Seguros Sociales Universitarios Rafael Peredo recordó que los seguros universitarios se crearon en el marco de las autonomías y con recursos propios, y aseguró que si se traspasan al SUS no beneficiarían a sus aportantes. “El gobierno quiere estandarizar la atención para todos y las universidades están de acuerdo, pero no a costa de la infraestructura y calidad de los seguros sociales (privados)”.

En criterio de los trabajadores y estudiantes, la gran inversión que demandará el SUS es una responsabilidad del Estado, pero ahora el gobierno quiere transferir esa carga al sistema de seguridad social financiado con sus aportes.

“Hemos aportado centavo a centavo, ladrillo a ladrillo, para la construcción de nuestras infraestructuras de salud y ahora el gobierno quiere aprovechar los aportes de los trabajadores; esto es prácticamente la confiscación de nuestros recursos”, reclamó un afiliado a la Caja Bancaria de Cochabamba.

El ministro de Comunicación Iván Canelas dijo que la Ley Financial establece que las cuentas del aparato universitario, que eran manejadas en fondos privados, deben pasar a una cuenta fiscal, pero aclaró que el manejo y la administración seguirán a cargo de las universidades. El ministro de Economía Luis Arce recalcó que los seguros universitarios continuarán vigentes y lo único que se está pidiendo es “transparentar el manejo de los recursos económicos”.

García Linera precisó que todavía no existe un proyecto de ley definitivo del SUS ni en la agenda de la Asamblea Legislativa Plurinacional ni en la del Ejecutivo; y prometió que cuando el nuevo sistema entre en vigencia “se respetará el patrimonio de los seguros universitarios y no será obligatorio que pasen al seguro universal”.

El gobierno se comprometió por escrito a no incluir a las cajas universitarias en el SUS, y a respetar la autonomía universitaria en el marco de la Constitución. El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales César Navarro informó que el Ejecutivo envió una carta a los dirigentes de la CUB y de las FULes ratificando esa posición manifestada por el Presidente Morales en la reunión del lunes.