Indignante y doloroso es ver profesores/as en las calles, bajo el imperio de la fuerza bruta de las fuerzas del “orden”, ante la indiferencia de una sociedad sumida en el analfabetismo. Profesores que son apresados como viles delincuentes tan sólo por exigir el respeto y la reposición de sus derechos conculcados. Y la sociedad mira sin ver, ni conmoverse.

Las y los educadores no están locos para salir a las calles a protestar sin motivos. El INPREMA fue y es saqueada por la partidocracia, a muchos profesores/as el Estado les debe los salarios de varios meses, el Congreso Nacional, dice por “error”, suspendió el estatuto del docente. Y a las y los educadores que protestas contra estos y otros abusos, el gobierno central los persigue y los manda apresar, para sentarlos enmanillados ante los tribunales de justicia. ¿Qué espíritu humano, medianamente lúcido, quedaría indiferente ante este sistemático abuso intimidatorio?

Y como si fuera poco. Ahora, el gobierno central impulsa la municipalización de la educación como la solución a este histórico problema irresuelto. Y, así, nuevamente las y los educadores son obligados a salir a las calles, dejando sin clases a las y los estudiantes, porque la tal municipalización no es más que el inicio de la privatización educativa, según el magisterio. Mientras tanto, los patrones de Honduras se frotan las manos porque tienen para rato un feudo de analfabetos. Y la sociedad murmura contra las/os maestros como si fueran causantes de esta vorágine de analfabetismo-empobrecimiento-dominación.

La municipalización de los servicios, no es buena, ni mala en sí misma. Depende de las intensiones que están detrás de dicha descentralización administrativa. La experiencia internacional nos muestra que la simple descentralización de los servicios, sea de educación, salud, seguridad, etc., no ha tenido los objetivos esperados. La municipalización de la educación sólo es factible en el marco de la autonomía real de los municipios y/o departamentos. Y autonomía significa distribución del poder legislativo y ejecutivo (administrativo y financiero) a los municipios y/o departamentos. ¿Estará dispuesta la élite política de Tegucigalpa a compartir su monopolio de poder con las alcaldías?

¿De qué sirve transferir la propiedad de la infraestructura educativa a las alcaldías si no se les transfiere el presupuesto para pagar a los profesores, mucho menos potestad para hacer leyes y políticas públicas locales en educación? Es más, el Estado no ha sido capaz de montar una infraestructura básica para la educación nacional, ¿con qué presupuesto asumirán esta responsabilidad las alcaldías? ¿Será que el gobierno central transferiría también a las alcaldías las deudas y los problemas acumulados que tiene con el sector educativo? A todas luces, el gobierno central quiere cargarle un muerto gigante a las alcaldías.

Por las actitudes recurrentes del gobierno central, todo hace sospechar que la “municipalización” de la educación en Honduras, no es más que una propuesta desesperada e irresponsable como son las satíricas “ciudad modelo”. El gobierno central, incapaz de satisfacer el derecho a la educación del pueblo hondureño, ha convertido este derecho en un problema, y entonces, ahora dice: “que se las arreglen las alcaldías”. Y así, la municipalización no será otra cosa que mayor analfabetismo en el país, desarticulación de las organizaciones magisteriales y paraíso lucrativo para la empresa privada.

Además, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial desembolsan dinero al gobierno central con la condición neoliberal de que se reduzca al máximo el gasto público. Y eso significa reducir lo poco que el Estado invierte en Educación, salud, etc. Así, ante la necesidad de escuelas, y con la actual Ley de Inversión Público Privada, las empresas privadas tendrán campo abierto para lucrar con la educación y convertir este derecho en un lujo reservado sólo para ricos.