Dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) reunidos en un ampliado de emergencia el jueves en la ciudad de La Paz rechazaron el incremento salarial de apenas 10% decretado por el Poder Ejecutivo porque no cubre en lo más mínimo el alza del costo de vida. Advirtieron que no volverán a la mesa de diálogo hasta que el gobierno de Evo Morales abrogue el decreto 809 que eleva el salario mínimo de 679,50 a 815,40 bolivianos.

Aprovechando la desmovilización de los sindicatos en vísperas de la fiesta de Carnaval, y la consternación ciudadana por los desastres naturales, el gobierno de Morales decretó un aumento salarial de 10 por ciento para los trabajadores en salud, magisterio, Fuerzas Armadas y Policía, y además de 20% de incremento del salario mínimo nacional.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) advirtió que el incremento salarial propuesto puede repercutir en el índice de los precios al consumidor y acentuar las presiones inflacionarias. El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) Armando Gumucio lamentó que el gobierno haya tomado esa determinación “sin fundamento”.

Según Gumucio, el decreto 809 fija un rango de negociación que tendrá, desde la óptica de los trabajadores, la meta del 20% de incremento. Consecuentemente “no se llegó a una solución al tema sino que se trasladó su resolución al sector privado en un marco de acción restringido que, sin duda, hará que las negociaciones sean más complejas”.

El dirigente patronal criticó también la decisión de aplicar el incremento de forma diferenciada y discrecional sólo a cuatros sectores, en tanto que el sector privado deberá atender un pedido generalizado sin posibilidad de hacer una diferenciación similar. En la práctica, dijo, la medida es discriminatoria y vulnera la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación.

Casi todos los sindicatos afiliados a la COB rechazan un incremento salarial acorde con el índice de inflación (7,18 % hasta diciembre del año pasado), como plantea el gobierno, simplemente porque el aumento de precios de los artículos de primera necesidad ha rebasado los límites del 30 y hasta el 40%. Por esa razón, cada vez más sectores populares se suman a la lucha por un salario acorde a la canasta familiar. A principios de febrero, los maestros urbanos de La Paz congregaron a más de ocho mil manifestantes en un cabildo; la Central Obrera Boliviana convocó a una protesta nacional el 18 de febrero y los fabriles paceños protagonizaron una masiva marcha el 24 de febrero.

La novedad del último proceso político es que la consigna de la canasta familiar se generaliza aún en aquellos sectores de la clase media profesional. Esta consigna equivalente al salario mínimo vital, que ya está consignada en la Tesis de Pulacayo de 1946, fue duramente combatida por el Estado burgués, por los empresarios y por la burocracia sindical, y tardó mucho en enraizar en el seno del proletariado, destaca el dirigente del magisterio urbano de Cochabamba Miguel Lora.

Presionados por las bases movilizadas, los burócratas sindicales de la COB se han visto obligados a repetir la consigna y a reclamar un salario de 8.309 bolivianos, aunque algunos explican que sólo es un “monto referencial” para negociar con el gobierno.

Algunos dirigentes cooptados por el gobierno, entre ellos el representante de la Confederación de Maestros Urbanos Federico Pinaya, opinan que en el capitalismo es imposible lograr el salario mínimo vital porque eso significaría “anular la plusvalía”; en su criterio, el salario mínimo vital sólo puede darse en el socialismo o en el comunismo, cuando se suprima la explotación del hombre por el hombre.

El plan del gobierno y de la burocracia es descabezar a los sindicatos “radicales”. En la clausura del congreso de maestros oficialistas de Cochabamba, el Vicepresidente Alvaro García Linera dijo que es una necesidad urgente echar a los trotskistas de la dirección del magisterio urbano, y ordenó a los maestros masistas que capturen esa organización. De inmediato, todos los sectores oficialistas (el estalinista Frente de Defensa, los masistas de LUMAC y el frente FUM) conformaron una alianza con la finalidad de bloquear al directorio de la Federación desde dentro, copar el Consejo Consultivo y sabotear las movilizaciones en las provincias.

En el ampliado de la COB celebrado el jueves, todos los representantes de organizaciones sindicales exigieron la inmediata abrogación “de ese maldito decreto (salarial) impuesto por algunos elementos que están en contra de los trabajadores”, declaró el secretario ejecutivo de la COB Pedro Montes.

El incremento ofrecido por el gobierno “es una burla” porque no repone en lo más mínimo el alza del costo de vida y “atenta contra la sobrevivencia de los trabajadores”, afirmaron los dirigentes de la Confederación de Trabajadores en Salud José Gonzales y de la Confederación de Maestros Rurales Bruno Apaza.

En Santa Cruz, hasta el dirigente de la Central Obrera Departamental (COD) afín al MAS Mario Vidal está “indignado” por el pírrico incremento salarial de 10% que no alcanza ni para cubrir el aumento de las tarifas de transporte superior al 30 por ciento. En Tarija, la COD de Tarija se declaró en estado de emergencia, ya que mínimamente esperaba un incremento del 20% y un salario básico de 1.000 bolivianos.

El ampliado de la COB determinó no reanudar el diálogo con el gobierno mientras no se abrogue el decreto 809 y convocó a un ampliado nacional el 15 de marzo para planificar nuevas medidas de presión.