Si bien la fuente de legitimidad de origen de las autoridades políticas es el voto popular, ésta no se mantiene de manera estática e indefinida. Es la capacidad de los gobiernos de resolver los problemas de la gente lo que la mantiene. Cada vez con mayor énfasis, a los gobiernos se les juzga por su eficacia, no por su ideología, por su discurso o por su compromiso, sino por sus resultados.

Para asegurar el buen cumplimiento de las decisiones y el óptimo desarrollo de las políticas públicas, es necesario que la administración cuente con un diseño organizativo que sea capaz de dar respuesta a las funciones que la sociedad reclama. (Ana Sanz; La Administración Pública, en Miquel Caminal (coord.) Manual de Ciencia Política. Madrid, Ediciones Tecnos, página 419). Retirar una decisión implica cambiar el rumbo de la política pública, y si no existe claridad en la orientación de una política es muy poco probable que ésta sea exitosa.

Panorama general

El discurso simbólico muestra sus límites frente al impacto de las decisiones de políticas públicas del gobierno. Si bien la adscripción colectiva al “proceso de cambio” se mantiene fuerte, en el quinto año de gobierno y por primera vez, empieza a desgastarse la imagen del propio Presidente del Estado, más allá del desgaste que ha tenido el gobierno.

La decisión de derogar el D.S. 0748 tiene un costo político similar a la decisión de su promulgación. El cambio de orientación es percibido como falta de claridad respecto a la gestión, y la percepción de que el problema se centra en “malos asesores” se modifica, para asumir que son los primeros mandatarios los que se han equivocado, no su entorno. El efecto político central de los acontecimientos de fin de año es la des-mitificación de la imagen de gobierno popular y aún de Presidente comprometido con el pueblo. El “mandar obedeciendo” -tan seductor en el discurso de posesión del 2006-, ha perdido capacidad de interpelación sobre los destinatarios.

Legitimidad

a) Representación y sistema político

Son dos las organizaciones políticas que inician etapas de fortalecimiento en el periodo: en Santa Cruz Verdadera Democracia Social (Verdes) con un proceso de democratización interna, nuevos líderes regionales, la posesión del primer Tribunal Electoral del partido y de una comisión operativa para la promoción y expansión departamental y nacional; y en El Alto, Félix Patzi presentó su agrupación política Integración Para el Cambio (IPC) que buscará liderazgos políticos para el 2014 y empezará la recolección de firmas para obtener la personería jurídica del Tribunal Supremo Electoral.

b) Gestión legislativa

En los meses de noviembre y diciembre, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó 19 Leyes, siendo las más importantes las siguientes: Ley de Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes; Ley de la Procuraduría General del Estado; Ley de Pensiones; Ley de Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez y Ley de Derechos de la Madre Tierra.

Con la sola excepción de la Ley de la Madre Tierra –que fue aprobada en tiempo récord y sin ningún debate público ni publicidad previa-, todas las demás tuvieron múltiples cuestionamientos, en particular las leyes de Pensiones y de Educación que generaron conflictos sociales entre varios sectores. Como sucedió con proyectos, todas son propuestas del oficialismo, y en el debate parlamentario no sufren prácticamente ninguna modificación de contenido, aunque en algunos casos sí de forma.

c) Autonomías

El proceso de construcción del Estado con autonomías gradualmente pierde velocidad. En lo que se refiere a las autonomías departamentales, durante el periodo las nueve Asambleas Legislativas remitieron sus ternas para la designación de Tribunales Electorales Departamentales a la Cámara de Diputados, pero el Presidente del Estado tomó juramento solo a vocales de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba y Potosí, ya que la Comisión de Constitución devolvió las ternas a Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Oruro para su revisión, decisión que fue considerada una intromisión del Gobierno central.

Además, el presidente de la Comisión anunció que al menos doce postulantes quedarían inhabilitados por tener militancia política, aunque entre los posesionados existían candidatos con probada militancia. La Comisión anunció que la elección de autoridades judiciales está prevista para junio o julio próximo, con o sin autoridades departamentales.

En Tarija, la alianza entre el MAS y el PAN posibilitó la suspensión del Gobernador electo Mario Cossío y la posesión del nuevo Gobernador del MAS; el oficialismo rechazo las ternas y anunció la elección de otros vocales para Santa Cruz; en la Asamblea Departamental de Pando el MAS aprobó las ternas sin los dos tercios requeridos por Ley. La Ley del Órgano Electoral prohíbe a la Cámara Baja designar como vocales a personas no incluidas en las ternas pero le reconoce al Tribunal Supremo Electoral la atribución de administrar a los tribunales departamentales que no reúnan quórum o que hubieran sido intervenidos.

La Asamblea Legislativa cruceña aprobó la Ley Departamental de Suspensión de Autoridades que, a diferencia de la Ley Marco de Autonomías, prevé que la suspensión de autoridades o representantes no será efectiva por una simple acusación, ante lo cual autoridades del Gobierno aseguraron que la decisión no se enmarca en las competencias legislativas departamentales, por lo que desconocieron su validez y anunciaron acción legal por desacato.

En lo que se refiere a la autonomía indígena originario campesina, el Gobierno promulgó el DS 0727 que convierte a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) en Territorios Indígena Originario Campesinos (TIOC) de forma “directa”.

d) Corrupción

La Ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, denunció a ex miembros del directorio de la Aduana Nacional de Bolivia por autorizar de forma ilegal la ampliación de la jurisdicción de agencias despachadoras, y anunció que el Ministerio tiene 1.500 denuncias aceptadas en la gestión 2010 que serán investigadas durante el 2011.

Legalidad

a) Independencia y equilibrio de poderes

El Presidente Evo Morales aseguró que las Fuerzas Armadas no tienen ningún archivo clasificado y señaló que desde que asumió el poder impulsó su búsqueda sin obtener resultados. La Asamblea Legislativa otorgó la distinción Orden Parlamentaria al Mérito Democrático Marcelo Quiroga Santa Cruz al Ejército, decisión que fue severamente criticada por la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional, por haber utilizado el nombre de quien fue víctima precisamente de gobiernos militares.

Durante el acto de celebración por el Bicentenario de creación del Ejército Nacional en el Colegio Militar Gualberto Villarroel, el comandante general del Ejército declaró a la institución castrense “socialista, antiimperialista y anticapitalista” y anunció una transformación total para acompañar al “proceso de cambio”. El Presidente del Estado Plurinacional ratificó por un año más en sus cargos a los actuales comandantes de las Fuerzas Armadas.

Nueve de los diez magistrados de la Corte Suprema de Justicia retiraron su confianza y exigieron la renuncia del Presidente de esa entidad, para elegir una nueva autoridad del Poder Judicial. Después de dos semanas de tensiones y evasiones, Julio Ortiz renunció y Jorge Von Borries -designado por el Presidente Evo Morales mediante decreto-, es el nuevo titular de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura.

b) Estado de derecho y seguridad jurídica

Las cerca de medio millón de firmas de la iniciativa legislativa ciudadana en defensa de la libertad de expresión fueron entregadas a la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuyo Presidente reconoció la validez de 32.049 de ellas.

El proceso de judicialización o penalización de la política, presenta varios avances: El ex prefecto Leopoldo Fernández denunció que la abogada acusadora coacciona a algunos coimputados para inculparlo a cambio de aminorar sus penas, denuncia que fue corroborada por la abogada defensora de uno de los coimputados.

La ausencia de dos fiscales en la Corte Superior de Justicia determinó por cuarta vez la suspensión de la audiencia de cesación de detención para Fernández. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, tiene un nuevo proceso judicial por la creación de una Secretaría Departamental de Salud. La Gobernación de Cochabamba formalizó la décima querella penal contra el ex prefecto Manfred Reyes Villa por manejo irregular de la represa de Kecoma.

El ex alcalde potosino René Joaquino, quedó inhabilitado para ejercer cargos electivos tras ser sentenciado a tres años de prisión por la compra de autos usados el 2006. El ex alcalde de Sucre Jaime Barrón fue detenido preventivamente en el penal de San Roque después de su audiencia de medidas cautelares. La Fiscalía imputó formalmente al alcalde paceño Luis Revilla, por el cobro de gastos de representación no declarados cuando era Presidente del Concejo Municipal.

La Contraloría General denunció al ex alcalde Juan Del Granado ante la Fiscalía de Distrito de La Paz, por presuntos delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica en las addenda al contrato de los Puentes Trillizos. El Ministerio Público presentó una nueva imputación por supuesta legitimación de ganancias ilícitas en contra de la ex alcaldesa de Sucre, Aydée Nava.

El Ministerio Público determinó la anotación preventiva de los bienes del gerente general y del principal accionista de Soboce, Samuel Doria Medina dentro del proceso Universidad-Soboce. El Ministerio Público acusó al Presidente del Concejo Municipal de Quillacollo de uso indebido de bienes del Estado y será suspendido de sus funciones.

La jueza 2ª de Instrucción en lo Penal negó la cesación de la detención preventiva del ex Ministro de Gobierno, Guillermo Fortún, argumentando que en la normativa no están contemplados los motivos de salud. La Unidad de Auditoría Interna de la Gobernación de Oruro denunció a la ex prefecta Mirtha Quevedo, por daño económico durante su gestión y la Contraloría General determinó responsabilidad civil.

El ex director de Recursos Humanos del Ministerio de Gobierno Jesús Matorra Áreas (1999-2002) fue aprehendido por el caso del manejo irregular de gastos reservados. La ex esposa de Santos Ramírez, Giovanna Navia acusó al fiscal del caso Catler-Uniservice de haber recibido $Us. 100 mil de un procesado que obtuvo “una sentencia benigna”, y el Ministerio Público ordenó su aprehensión por falsificación de documentos para acusar al mencionado fiscal.

El fiscal Marcelo Soza presentó acusación formal contra 42 personas por varios delitos contra la seguridad interna del Estado, terrorismo, alzamiento armado, sedición y otros. El Concejo Municipal de Buenavista -con mayoría oficialista- destituyó al alcalde y al secretario del legislativo de ese municipio -de la agrupación Verdes-, para que enfrenten un juicio por uso indebido de bienes públicos en las elecciones del 4 de abril. Sin embargo, el alcalde del MAS de Chacarilla, provincia Gualberto Villarroel en La Paz, se mantiene en funciones a pesar de tener una acusación formal por el delito de transporte de sustancias controladas.

La Asamblea Legislativa Plurinacional también avanza en varios procesos: la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados reimpulsa 36 juicios de responsabilidad abiertos contra ex autoridades, y la Comisión de Ministerio Público de la misma Cámara reactivó 16 casos de juicios de responsabilidades contra ex y actuales autoridades judiciales.

Por otra parte, el senador de Convergencia Nacional (CN) Luis Pedraza presentó pruebas y denunció un complot para derrocar al gobernador Mario Cossío, propiciado por el MAS y el Gobierno nacional. El Gobernador de Tarija presentó una demanda judicial contra los ministros de Economía y de Justicia, y otros ciudadanos por delitos de sedición, a pesar de lo cual el oficialismo y sus aliados en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, decidieron la suspensión temporal del gobernador electo y eligieron al masista Lino Condori como su reemplazante. Cossío tiene 55 denuncias en su contra, de las cuales 18 se encuentran en proceso de investigación, cinco están en etapa conclusiva, ninguna tiene sentencia y la última fue presentada por la Fiscalía de Distrito de Tarija por presunta negligencia al no haber hecho el seguimiento a la ejecución de una póliza de garantía de una aseguradora.

El Órgano Ejecutivo también ha incrementado la incertidumbre y la inseguridad jurídica con la promulgación del Decreto Supremo 0726 que transforma las concesiones mineras, de recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y de servicios básicos, otorgadas con anterioridad al 6 de diciembre de 2010, en Autorizaciones Transitorias Especiales. Cerca de 9.000 concesiones mineras privadas, 51 forestales, 16 de agua potable, más de 1.000 radiales y más de 500 operadores de televisión, ingresaron en la fase de transición para adecuarse a las normas sectoriales que elaboran los ministerios. Adicionalmente, el presidente de la Cámara Nacional de Minería, denunció que 201 concesiones mineras chicas, medianas y cooperativas de Potosí, La Paz, Cochabamba y Oruro fueron avasalladas por comunarios desde 2004.

Por último, de acuerdo a informe del Comandante General de la Policía, Óscar Nina, un total de 173 policías fueron retirados de la institución, por haber cometido diferentes delitos entre el 1 de enero y 30 de octubre de 2010: tentativa de homicidio (10); homicidio (7); peculado (7); lesiones (23); robo y robo agravado (30); tentativa de violación (2); violación (16); estafa (4); tráfico de sustancias controladas (7); cohecho pasivo propio (6); uso indebido de influencias (1); extorsión (5); encubrimiento (5); falsificación (1); privación de libertad y trabajo (1); concusión propia (2); concusión impropia (6); uso de arma de fuego (2); asociación delictuosa (8); favorecimiento a la evasión (4); falsedad material e ideológica (9); asesinato (5); alteración o sustitución de objeto del delito (3); aborto (1); conducción peligrosa (1); incumplimiento de deberes (2); abuso deshonesto (2); amenazas (2) y allanamiento (1).

Políticas públicas

La política pública con mayor impulso es la de defensa. En el seminario “Patriotas del Estado Plurinacional de Bolivia” organizado por el Ejército, el vicepresidente del Estado expuso la estrategia cuyo principal eje es la alianza militar con la sociedad para sostener una eventual guerra con ejércitos superiores en número de tropas y de armamento que se ciernen sobre Bolivia buscando impedir la construcción de la soberanía nacional, señaló, doctrina que sustenta la política pública denominada “Plan Patriotas”. La nueva doctrina del Ejército aprobada en el seminario, también establece que militares y movimientos sociales serán responsables de la custodia de los recursos estratégicos del país.

Complementariamente, el gobierno anunció que promueve el adoctrinamiento político de sectores sociales urbanos y rurales para formar nuevos cuadros y líderes que garanticen la consolidación del proceso de cambio. La denominada Escuela Nacional de Formación Política “Construyendo el Cambio Revolucionario” tiene su sede en La Paz, cuenta con siete regionales en ciudades capitales -excepto Beni-, tiene como objetivo formar a 10.000 nuevos líderes entre los movimientos sociales, quienes eligen a los ciudadanos a ser capacitados.

La coordinación del proyecto se encuentra a cargo del ex ministro de Gobierno Alfredo Rada, autoridades del Gobierno como el canciller del Estado y el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales son parte del proyecto. La Presidenta de la Comisión de Autonomía de Diputados del MAS, informó que la primera fase del proceso concluyó con la entrega de certificados a 150 líderes políticos de los movimientos sociales de La Paz. El Presidente del Estado, en una reunión de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) en Cochabamba, explicó que la labor del centro de capacitación será “ideologizar” a militantes.

La creación de nuevas empresas estatales sigue en marcha a pesar de que el Estado sufrió un daño económico de más de US$ un millón por incumplimiento de plazos y las multas de los contratos de diseño de la planta de Papelbol. El director de la Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), Juan Ramón Quintana, anunció la creación de la Empresa Boliviana del Oro (EBO); la reversión de concesiones forestales para la creación de la Empresa Boliviana Forestal (EBOF) en el primer trimestre de 2011; y la creación de una empresa de transporte fluvial en la amazonia que estará en manos de la Armada boliviana.

De acuerdo a informes oficiales, hasta el mes de octubre las diferentes entidades del Estado ejecutaron el 55 % de la inversión pública programada para la gestión.

a) Narcotráfico

El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, advirtió que entre el 35% y el 40% de la coca que se produce en el país se destina al narcotráfico, a pesar de lo cual anunció que se establecerá 20 000 hectáreas cultivables de coca en lugar de las 12.000 hectáreas aceptadas en la Ley 1008. De acuerdo a información oficial y a pesar de la insuficiencia de personal y de apoyo logístico, la Fuerza de Tarea Conjunta erradicó 8.200 hectáreas de coca ilegal durante la gestión, mientras que las confiscaciones alcanzan más de dos toneladas de cocaína, 23 toneladas de pasta base, 1.053 toneladas de marihuana, la aprehensión de 3.397 narcotraficantes en 12.880 operativos, un promedio de 40 operativos diarios.

El Gobierno anunció un presupuesto de US$ 20 millones provenientes del Tesoro General de la Nación para mejorar la tecnología en materia de lucha contra el narcotráfico, y que Gran Bretaña colaborará en la adquisición de equipos especializados para investigar llamadas telefónicas de gente involucrada con tráfico de drogas.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha elaborado cuatro estudios ambientales en los Yungas de La Paz, que revelan daño ambiental severo por el monocultivo de hoja de coca en la región oeste, donde los cultivos se han expandido a zonas no reconocidas como tradicionales. El informe advierte que la erosión provocará desastres, desaparición de peces y reducción de la biodiversidad. El ex viceministro de Tierras Alejandro Almaraz, denunció que áreas protegidas del departamento de Cochabamba han sido invadidas por las plantaciones ilegales de coca.

Cohesión social

a) Conflictos

Los conflictos latentes del periodo se relacionan con la aprobación de la Ley de Pensiones que generó rechazo entre diversos sectores. El proceso de reformas generó conflictos localizados: la toma del Campamento Tres Amigos de la compañía Sinchi Wayra por cooperativistas pidiendo nuevas concesiones; el bloqueo de la ruta La Paz-Oruro por campesinos de Challapata exigiendo la aprobación de la Ley de Unidades Territoriales.

Algunas políticas gubernamentales generaron rechazo: los cocaleros de Apolo bloquearon la vía entre esa localidad y La Paz en oposición al carnet biométrico impulsado por el Gobierno; los cocaleros de Palos Blancos de Sud Yungas de La Paz se enfrentaron a la Fuerza de Tarea Conjunta en rechazo a la erradicación de cocales con un saldo de al menos 30 heridos entre militares, policías y civiles y 16 cocaleros detenidos; y los pobladores de Rurrenabaque se movilizaron en rechazo a la decisión gubernamental de construir un puente afectando el casco viejo del pueblo y solicitaron su reubicación.

Los conflictos potenciales se centran en el incumplimiento de acuerdos gubernamentales. En el Departamento de Potosí el Comité Cívico denunció que el acuerdo firmado en agosto no tiene avances en cinco de los seis puntos, a lo que se suma el descontento por la inasistencia de los primeros mandatarios a la celebración del Bicentenario que derivó en la declaración de estado de emergencia hasta que se cumpla el acuerdo, y hasta se propuso la federalización. Las Asociaciones Departamentales de Regantes de Sistemas Comunitarios de Agua Potable también se declararon en estado de emergencia por la falta de atención a sus demandas.

Dos aspectos adicionales que generan rechazo son el incremento salarial para la próxima gestión y el alza de precios de productos de primera necesidad. Dirigentes de la Federación de Campesinos Túpac Katari, de la Federación del Trópico Cochabambino, del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu y de la Asamblea del Pueblo Guaraní cuestionaron la labor de los ministros de Desarrollo Rural y Tierras; Salud; Gobierno y Hacienda.

Relaciones internacionales

El 27 de octubre en Teherán, el Presidente Evo Morales firmó una declaración conjunta y seis memorandos de entendimiento con el Presidente de la República Islámica de Irán, Mahmud Ahmadineyad. En noviembre, el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, informó que las autoridades iraníes propusieron avanzar primero en el uso de la energía nuclear con fines medicinales antes de generar energía eléctrica. Además de la fabricación de baterías de litio en el salar de Uyuni, la planta nuclear y la fábrica de tractores, Irán proveerá al Gobierno boliviano aviones militares FAJR-3, S-68 e Irán-140, helicópteros para entrenamiento de pilotos de la Fuerza Aérea Boliviana y técnicos para el mantenimiento de las naves militares.

Por otra parte, el viceministro de Coordinación Gubernamental, informó del apoyo iraní para un nuevo canal de televisión con alcance nacional que se instalará en el Chapare, tendrá carácter informativo cultural y uno de sus objetivos será difundir las facetas socioculturales de Irán. Representantes de ambos gobiernos negaron la búsqueda de uranio en Bolivia y subrayaron que ese tema no es el central en la relación bilateral.

Se realizó en Santa Cruz la IX Conferencia de Ministros de Defensa con la participación de ministros de 28 países del continente, y una agenda de tres temas: mantener a la región como una zona de paz; género e interculturalidad; y la lucha contra desastres naturales y gestión de riesgos. Durante el encuentro se incluyó el tema de la transparentación de los gastos militares que de acuerdo a consenso de los Ministros deberían ser centralizados y manejados por la Organización de las Naciones Unidas. El Ministro de Defensa boliviano advirtió que Unasur busca establecer una metodología propia para el control de los gastos militares en la sub región.

En su discurso inaugural, el Presidente Morales calificó de golpista al Gobierno de Estados Unidos por intentar consolidar golpes de Estado en Bolivia, Ecuador, Venezuela y Honduras. El Secretario de Defensa de Estados Unidos Robert Gates -presente en el evento-, pidió cautela a los países que están negociando con Irán, y el Ministro de Defensa del Ecuador que se encuentra como secretario Pro Témpore del Consejo de Defensa Suramericano de la Unasur, afirmó que el convenio que agrupa a 12 países no está en contra del uso de energía nuclear en la región.

En la clausura del evento, el vicepresidente Álvaro García planteó la necesidad de conformar una doctrina militar latinoamericana en el continente, y dejar de lado a Estados Unidos y Canadá, por considerar que pertenecen a una realidad ajena a los países de la región, además propuso avanzar en estructuras propias continentales de centros de formación militar.

Posteriormente, el Presidente Evo Morales informó que ya está lista la Escuela de Seguridad de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) que alentará una nueva doctrina de recuperación de los recursos naturales, antiimperialista, anticapitalista y socialista. El Ministro de Defensa, Rubén Saavedra informó que en este centro se impartirá entrenamiento militar no sólo a soldados sino también a civiles. El comandante en jefe de la Fuerza Aérea Boliviana General Róger Tito Gandarillas, confirmó que la escuela para militares y civiles funcionará a partir de 2011 en Warnes, a 23 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz.

Importantes visitas que arribaron al país son la ministra española de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez; la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay; y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Otras visitas fueron anunciadas y luego suspendidas: la llegada de los mandatarios Luiz Ignácio Lula da Silva del Brasil, Sebastián Piñera de Chile y de la Presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff fue cancelada por problemas de agenda y de salud del ex mandatario brasileño; el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, primero retrasó y luego suspendió su visita debido a los desastres naturales que enfrenta su país; y el Presidente de España José Luis Rodríguez Zapatero suspendió de improviso su llegada por razones de “orden interno

Las autoridades de Gobierno, Defensa y Relaciones Exteriores, firmaron acuerdos de cooperación bilateral: con el Ministro de Justicia del Brasil para luchar contra el narcotráfico; con el Ministro de Interior de Chile para combatir el narcotráfico en la zona fronteriza; con los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa del Paraguay para luchar contra el contrabando, narcotráfico y tráfico de armas.

En cuanto al tema marítimo, la ex Presidenta Michelle Bachelet aclaró que ni la soberanía ni la división del territorio chileno fueron temas tratados en las conversaciones que sostuvo su administración con Bolivia en el marco de la demanda boliviana de mediterraneidad.

El canciller de Chile pidió explicaciones al cónsul boliviano en Santiago en torno al contenido de un video de las Fuerzas Armadas difundido en la web con arengas contra Chile; y el Ministro peruano del Interior, hizo público un video que se habría grabado en Bolivia, en el que se encuentran miembros del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) llamando a combatir el Gobierno constitucional de Alan García. Fuentes de Inteligencia policial de la Dirección contra el Terrorismo de Perú indican que el MRTA tendría un campamento militar en Bolivia, aunque el comandante de la Policía Nacional descartó tal posibilidad y agregó que los servicios de Inteligencia del Estado no han detectado nada.

A principios del mes de noviembre, representantes de Bolivia, Ecuador, Cuba, Nicaragua y Venezuela -miembros del ALBA -participaron en la reunión de constitución del Comité Ministerial de Defensa de la Naturaleza, que a convocatoria de Bolivia buscó reforzar lineamientos para defender los derechos de la Madre Tierra en la 16 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP16) de Cancún.

Sin embargo, tras el acuerdo al que llegaron los representantes de 193 países que asistieron a la cumbre en Cancún, la delegación boliviana quedó sola en su oposición y con su propuesta de Ley de la Madre Tierra. Por otra parte, la viceministra de Medio Ambiente y Biodiversidad informó que Bolivia no suscribió la “Declaración de Santo Domingo para el Desarrollo Sostenible de las Américas” porque dicho documento promueve la valoración monetaria y el desarrollo de mercados de carbono. Los demás países miembros de la OEA asumieron el compromiso de destinar mayores recursos a la prevención y mitigación de desastres naturales.

En la Cumbre que sostuvo el Mercado Común del Sur (Mercosur) en Foz de Iguazú, Brasil, el Presidente Morales solicitó apoyo para lograr el reconocimiento del consumo tradicional de la hoja de coca como derecho de los pueblos indígenas de Bolivia, Perú y Ecuador, y anunció que Bolivia reconocerá a Palestina como Estado soberano e independiente.

En la cumbre del foro Urupabol (Uruguay, Paraguay y Bolivia), en la ciudad paraguaya de Hernandarías, los jefes de Estado de Evo Morales; Fernando Lugo; y José Mujica, relanzaron un antiguo proyecto para abastecer con gas boliviano a los otros dos países. El Presidente Morales presentó disculpas públicas al canciller paraguayo, por haber dicho que llevaba hojas de coca desde Bolivia en valija diplomática para tratarse de la diabetes que sufre, declaración que fue negada por el mencionado canciller.

El ex comandante general del Ejército y actual senador del MAS, Freddy Bersatti, admitió que las Fuerzas Armadas de Bolivia recibieron colaboración económica de Venezuela como parte de los proyectos de las Fuerzas Armadas dentro del programa “Bolivia cambia Evo cumple”.

Temas de coyuntura

Durante el periodo se produjo una nueva confrontación del oficialismo con la Iglesia Católica después de que el arzobispo de Cochabamba, Monseñor Tito Solari, hizo pública su preocupación por el uso de niños y adolescentes en el tráfico de drogas y por la proliferación de vuelos ilegales en la zona del Chapare. El Presidente del Estado se refirió al arzobispo como el “mejor vocero” del Departamento de Estado de Estados Unidos; el viceministro de Defensa Social afirmó que la DEA estaría detrás de las declaraciones; el senador oficialista David Sánchez acusó al cardenal Julio Terrazas y al obispo de Sucre de avalar los intereses de los sectores opositores y de buscar la división del país; y dirigentes de las federaciones de cocaleros del trópico de Cochabamba dieron plazo al arzobispo para que se retracte y lo declararon persona no grata. El fiscal general del Estado, ordenó al fiscal de Distrito de Cochabamba iniciar una investigación sobre la presunta vinculación de menores de edad en el narcotráfico.

La Fiscalía de Sustancias Controladas de Cochabamba informó que atendió 45 casos de menores vinculados con el tráfico de cocaína entre 2003 y 2006 – 24 corresponden al Chapare-; autoridades chilenas detectaron 4 menores bolivianos que ingresaron a su país traficando droga el 2010; el Ministro de Gobierno, informo que entre 2003 y 2010 se detuvo a 7 adolescentes vinculados al narcotráfico; y el comandante de la Policía, general Óscar Nina, admitió que los narcotraficantes utilizan a algunos menores porque son inimputables.

El segundo tema central de la coyuntura fue la promulgación y posterior derogación del D.S. 0748 denominado como “gasolinazo”, que incrementó los precios de los líquidos hasta en un 83%. La vigencia de la medida tuvo escasos 6 días y la conflictualidad política y social que desató tuvo repercusiones nacionales y multi sectoriales.

Los acontecimientos de esos días pusieron en evidencia un desgaste gubernamental que se empezó a percibir con los resultados de las elecciones sub nacionales del 4 de abril y se manifestó con diversos conflictos, siendo los más significativos los de Caranavi y contra el incremento salarial menor al 5% en el mes de mayo; la VII Marcha Indígena del mes de julio; la huelga del Comité Cívico potosino en el mes de agosto; y la iniciativa legislativa ciudadana en defensa de la libertad de expresión en los meses de octubre y noviembre.

La medida aplicada y sobre todo su anulación, ocasionó graves efectos sobre los precios del transporte y sobre los productos de primera necesidad que aún no han sido controlados en su totalidad, pero sobre todo tuvo un alto costo político que no se reduce a la coyuntura, sino que ha generado un proceso de desencantamiento o des-mitificación del gobierno, del propio Presidente del Estado, y ha dejado en vacío discursivo la lucha contra el neoliberalismo.

* Fuente: http://institutoprisma.org/joomla/images/Dossieres/coyuntura_politica/informe%20coyuntura%20politica%2008%202010%20noviembre-diciembre.pdf