En una actitud autoritaria, el gobierno se apresuró en aprobar el Reglamento de la Ley Antirracista, sin las consultas a la ciudadanía, de las que se habló, aunque lo más grave es que aquel Decreto Supremo (DS), interpreta y modifica los artículos referidos a los medios de difusión lo que viola la nueva Constitución que sí ayudamos a redactar y por la que votamos.

Aquel DS fue aprobado por el gobierno con autoritarismo porque los gobernantes debieron conseguir una mejor redacción de los dos artículos que norman la actividad de los medios de difusión con una ley interpretativa u otra que modifique aquellas disposiciones. Cualquiera de aquellas leyes hubiera reforzado la vigencia de la legalidad o del llamado estado de derecho.

Para todos los bolivianos es necesario recordar que sólo la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene mandato constitucional para interpretar y/o modificar (así como derogar y abrogar) una ley que sea aprobada por ese mismo cuerpo legislativo.

Si un DS, como el que merece esta nota, contiene interpretaciones y/o modificaciones, se contrapone a la CPE vigente y, por tanto, es inconstitucional o anticonstitucional. En consecuencia, además del natural descrédito ante la ciudadanía, una norma como ésa puede ser declarada contraria a la Carta Magna e invalidada por tribunales imparciales a los que se recurra.

Hubo y hay una lectura defectuosa de los que decían que las sanciones contra los medios, establecidas en la Ley Antirracista, se aplicarán según reglamento. Linealmente, como no debe ser, aquellos compatriotas entendían y entienden que lo que no tiene aquella Ley sería añadido en el reglamento que adquiere la forma de un DS aprobado por los ministros y el Presidente del Estado Plurinacional.

Las otras propuestas, como la necesidad de una ley interpretativa, modificatoria o derogatoria de esos dos artículos fueron desechadas.

Un DS tampoco debe modificar ni interpretar una ley boliviana, como lo hicieron erróneamente los redactores del Reglamento que nos ocupa. ¿Algún abogado del gobierno asesoró a los redactadotes de aquel DS?

Vamos a lo principal de ese Reglamento referido a los medios:

Afirmar, como hacen sobre todo los dueños de los medios de difusión, que el Reglamento ratificó la violación del derecho a la libre expresión que hace, dicen, la Ley Antirracista es de una simpleza insostenible propia de los que sienten amenazados viejos privilegios y dejan ante eso dejan de razonar.

Nosotros creemos que la libertad de expresión y de prensa, así como los derechos individuales y colectivos a informar, comunicar, opinar e interpretar, que consagra la nueva CPE, tienen como límite la responsabilidad. Más aún, convenios internacionales, como la Convención sobre Derechos Humanos firmada en San José de Costa Rica (1969) y que es Ley de Bolivia desde (1993), establecen que las restricciones a los derechos citados deben constar expresamente en una ley.

Los derechos ilimitados que reclaman los empresarios de medios no existen en el mundo, es decir, en ninguno de los países afiliados a la ONU.

Dicho aquello tratamos, en las próximas líneas, de mostrar las fallas que encontramos en el DS que Reglamenta la Ley Antrirracista.

Desde varios medios y entre periodistas se escuchan y/o se leen afirmaciones como aquella de que fue suavizada la Ley Antirracista en la parte referida a los medios de difusión. Aquélla que es una apreciación muestra que leemos de manera diferente una ley, así como hacemos lecturas dispares de la realidad. Se asegura que fue suavizada esa Ley porque ahora no se procesará ni sancionará al periodista ni al medio cuando un entrevistado se comporte racista y/o discriminador. Sin embargo, en ese punto el DS reglamentario interpreta y modifica la Ley.

La Ley Antirracista no manda la suspensión de la licencia de funcionamiento de los medios electrónicos con carácter definitivo ni temporal, sólo dispone la suspensión de la licencia. Sin embargo, el Reglamento incorpora instituciones en contra de la legalidad del país.

La CPE, cuando se refiere a los medios, en ninguna parte de su texto determina el cierre de medios ni temporal ni definitivo. Incluso la Ley de Imprenta, sabia a pesar de su vejez, prohíbe el cierre de medios impresos (en 1925 sólo había periódicos en Bolivia). En cambio, el Reglamento y no la Ley Antirracista, ordena el cierre de impresos temporalmente tres veces: la tercera durante un año por racismo o discriminación gravísimos. Para evitar la palabra cierre de medios impresos, aquellos reglamentadotes, encontraron el término “inhabilitación”. Y aunque los sinónimos nunca expresan lo mismo, también es lícito decir que aunque se ha escrito inhabilitación para eludir la prohibición del cierre de medios, sin duda alguna, por sus efectos aquella inhabilitación quiere decir cierre, así aquel término ni siquiera alcanza a configurar una mentira. Un análisis semántico elemental no resiste aquella invención propia de abogados que quizá son ellos los que se sienten obligados a enmendar las fallas de los gobernantes; quizá esos abogados, de acuerdo a una confesión gubernamental, pretendieron “arreglar”, en el Reglamento, la defectuosa redacción de la Ley Antirracista.

El Director de Descolonización del ministerio de Culturas, ha dicho que las sanciones contra los medios impresos no se aplicarán. Ésa nos parece una confesión que hace un abogado sobre la inutilidad al menos de esa parte del Reglamento que nos ocupa. Que conste que ese abogado es el que inhabilita verbalmente, esta vez, a la norma. Amigo, en verdad le digo, usted da cuenta de otro error de un Reglamento tan “estudiado”, pero que contiene errores a evidentes.

El Reglamento en cuestión, además, manda el cierre de medios virtuales, cuyo número se desconoce. La Ley Antirracista nada dispone sobre estos novísimos medios. En cambio, el Reglamento es omnipotente en su texto. Otra vez el Director descolonizador dijo que serán inhabilitados (cerrados) los más conocidos. Ese profesional abogado, a pesar de esa otra confesión de otra falta del Reglamento (por lo que no hacen falta más pruebas), seguirá repitiendo que la aplicación de la ley es universal (y otros que no se negocia, que se cumple).

Los dueños de un medio cerrado por un año, aunque tampoco se dice expresamente en el Reglamento, suponemos que mantendrán en su puesto de trabajo a sus dependientes: esos asalariados disfrutarán de un “año sabático”, el que ojalá fuera para leer y para escribir.

Jueces honestos declararían, al Reglamento de la Ley Antirracista en lo referido a los medios, contrario a la CPE y a leyes, como la de Imprenta, porque la interpreta y la modifica, mandato que para eso no tiene el Órgano Ejecutivo. Y éste, con esos excesos, sólo muestra autoritarismo que tendría que evitar y/o enmendar sin demora.

* Periodista. Fuente: Aquí, Año 1. N. 11.