En tanto en Argentina el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner promulgaba el decreto 616/10, reglamentario de la Ley 25.871, publicada en el Boletín Oficial el 21 de enero del 2004, que derogó las disposiciones de la dictadura militar en relación con el tema de las inmigraciones, y la misma ley 24.309 o Ley Videla, emitida el mismo 23 de marzo de 1981, que castigaba a los inmigrantes “no deseados” por el “país blanco”, la gobernadora del Estado norteamericano de Arizona, Jan Brower, recreaba, en la execrable ley SB1070 que sería aprobada el 23 de abril, las disposiciones represivas que los uniformados locales habían aquí establecido para escarniar a los inmigrantes “indocumentados” de ese Estado.

En consonancia con la ley 24.309, o Ley Videla (así denominada en relación con el general Jorge Rafael Videla, titular de la Junta Militar que asoló al país desde 1976 hasta 1983), que, entre otras barbaridades, obligaba a médicos, enfermeras, maestros, etc. a denunciar a todo aquel inmigrante ilegal que concurriera a hospitales, escuelas o cualquier otro centro comunitario, la gobernadora reaccionaria de Arizona, con el apoyo de las bancadas mas ultramontanas del Partido Repúblicano y algunos Demócratas, siguió los pasos de los genocidas argentinos, promulgando un mamarracho legal que define como “delincuente” a todo aquel considerado “inmigrante ilegal” y pena a quien lo albergue, cure, eduque o le de trabajo.

Su engendro tiene antecedentes. Tres años atrás, Miriam Mendiola Martínez, una inmigrante mexicana indocumentada, encarcelada por haber obtenido un empleo con documento falso, debió dar a luz a un niño en el Centro Médico de Maricopa, Phoenix…encadenada a la cama. Al salir del centro médico, se consignó en una nota periodística, fue encadenada y escoltada a pie a la cárcel, sin saber que se había hecho de su hijo. “Al igual que Mendiola Martínez, a todas la mujeres embarazadas que llegan a la cárcel del Condado Maricopa se les niega el derecho a la fianza cuando son indocumentadas”- sostuvo la misma fuente (http//news.newamericamedia.org), agregando que no eran los médicos los que disponían el encadenamiento de las mujeres parturientas sino la Oficina del Sheriff del Condado Maricopa.

Así como la ley 24.309 fue considerada al ser derogada como “fábrica de ilegales”, la que se promulgó el 23 de abril en Arizona tendrá los mismos objetivos. ¿Por qué? Porque ambas no fueron concebidas para que el Estado facilite la documentación legal de los “indocumentados”, sino para que se constituya en su perseguidor y represor. ¿A quien recurrirían entonces los “ilegales” ante la persecución estatal?. A las mafias, obviamente, vinculadas con empresarios legales e ilegales, policías, agentes estatales, traficantes y servicios de inteligencia, entre otros. Así, la irregularidad documentaria se homologa con la mano de obra barata, la manipulación, el tráfico y trata de personas, órganos, menores y drogas, la superexplotación y la manipulación del “ilegal” para ejecutar cualquier acción, inclusive provocaciones y confidencias policiales, tal cual sucedió hace poco con una pareja de hermanos argentinos en EE.UU. que habían montado un local de tango como cobertura de sus actividades de delatores de “ilegales”.

Mientras el nuestro país no se reglamentó la ley 25.871, seguía en vigencia la Ley Videla y sus ratificaciones y reglamentaciones posteriores, una de ellas proyectada a mediados de los 90, cuando desde el gobierno derechista de Menem, Duhalde y compañía, que había entregado el patrimonio nacional a las corporaciones nacionales, los trabajadores a la voracidad de los patrones y el desempleo y la dignidad nacional y de clase a los perros, culpaba, con ayuda de la “prensa seria”, a los inmigrantes limítrofes de ser los causantes de la ola de “inseguridad” reinante.

Aunque a partir del 2003 y en consonancia con los países del MERCOSUR y otros asociados se establecieron los planes de regularización documentaria Patria Grande – hoy en su segunda etapa- y MERCOSUR, el tema de la legalización de millones de inmigrantes limítrofes y de otros países latinoamericanos y aún de Europa del este, no lograba ser resuelto. Ahora, con la Reglamentación de la nueva ley 25.871 mediante el decreto 616/10, que ya entró en vigencia, se entregarán Documentos Nacionales de Identidad a todos aquellos que estén tramitando su radicación precaria y permanente. Además ya entraron en vigencia los artículos de la Ley, que consagran el derecho a ser atendidos en hospitales y escuelas a todos los inmigrantes, sean o no “ilegales”.

Ante tamaño avance en la solución del tema migratorio y la legalidad documentaria que convierte a los parias en ciudadanos con derecho al pataleo, la reacción de la derecha/mafia no se hizo esperar. Tomas de predios por parte de inmigrantes estafados por punteros políticos de la reacción, discursos y acciones xenófobas llevadas a cabo por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que conduce el patriofinanciero Mauricio Macri, acción de bandas de desclasados y provocadores y otras, llevaron a instalar en la opinión pública, siempre con el apoyo de cierta prensa “seria”, que la contradicción pobres contra pobres en su transfiguración evidente: inmigrantes contra argentinos, signaba el momento político, llevando a algunos sectores locales atrasados a vociferar un racismo y xenofobia a voz de cuello. No lograron sin embargo su cometido, aunque no serían improbables nuevos cimbronazos en esa dirección, por cuanto, como dijimos más arriba, la ilegalidad es la madre del accionar de las mafias, que son al capitalismo como el calor a la llama.

En Arizona, empero, los tartufos, con chapas de funcionarios, policías, empresarios y tomadores del “tea” de la barbarie, que a la mañana son hombres o mujeres de bien y por la noche asesinos sin escrúpulos que planifican crímenes y delitos atroces en función de aumentar sus ganancias, se han salido a medias con la suya. Han conseguido, en Tucson y a principios de enero, balear y dejar por ahora fuera de combate a la congresista Gabrielle Gifford, que se oponía a la ley xenófoba SB1070 y promovía una Reforma Migratoria que permitiría la legalización de alrededor de 10 millones de inmigrantes, además de bregar por el Sistema de Salud que beneficiara a los sectores mas pobres. Arizona, quien según algunos autores creció significativamente en estos años, tiene un nivel de pobreza de un 21%, los sueldos de sus trabajadores son un 26% mas bajos que en el resto de EE.UU., hay un 10% de desocupados, el 20 % de sus habitantes -4.430.000 personas- carecen de asistencia sanitaria y sólo la mitad de sus habitantes goza de sistemas de salud. Superexplotando a los indocumentados los empresarios de cualquier tipo aumentan su tasa de ganancia, además de promover la lucha de locales contra extranjeros y lograr la unidad de los patrioteristas cuando existe riesgo de quiebre social.

A la par, como dijimos, la mafia se encarga, ante la persecución del Estado, de darles protección” a los “indocumentados” a cambio de su manipulación integral. La persecución de inmigrantes en Italia, Grecia, Francia, España y otros países europeos no les va en saga a los yanquis. Sus políticas son las de apretar y extorsionar a través del Estado a los que por necesidad deben dejar sus países debido al saqueo de las multinacionales y sus compinches locales, orígen de las desigualdades y miserias que padecen millones de seres en todo el planeta.

Más, como dijo don Carlos Marx: Si el capital no tiene patria, los trabajadores tampoco. Tienen derecho a migrar y trabajar donde les plazca.