De a poco el Movimiento al Socialismo está llegando al monopolio de los medios de comunicación social, refrendado en la cara de la población con el Decreto Reglamentario 762 de la Ley 045 Lucha contra el racismo y toda forma de discriminación.

Porque según los gratuitos defensores de la democracia vertical a la que está acostumbrado el Órgano Ejecutivo y el clientelismo de los asambleistas, el Decreto fue un largo y penoso consenso de instituciones representativas de la población boliviana que debatieron el mejor instrumento que no permitirá el racismo y la discriminación, no solo en los medios, sino en la población misma.

Ahora ya se dio el puntapié inicial al escabroso juego, donde el presidente certeramente asestó un nuevo rodillazo al pasivo pueblo, más preocupado por lo que pasa entre la multitud y los reclamos por falta de pan, de azúcar, por los precios que suben todos los días, por estar mejor ubicado en la larga cola, por saber quienes serán parte del Órgano Judicial o si su nombre no está siendo registrado en los libros de la fiscalía por opinar diferente.

Pero nos abocaremos al artículo 17 (SANCIONES) del Decreto Reglamentario y sus sanciones sobre los días multas, los cuales van desde los 10 días hasta los 360, según las faltas en las cuales hayan incurrido los medios de comunicación, estipuladas en el artículo 16 del mismo Reglamento.

Y nos preguntamos ¿días multa?, ¿qué nos quieren decir o proponer los ilustres participantes en la redacción del Decreto? y la amarga respuesta es, nos quieren cerrar los medios, quieren dejar sin alternativa de disentir al pueblo, ya no quieren que se conozcan los actos de corrupción en los que a caído el gobierno y que han sido denunciados por la prensa, tanto oral, escrita y televisiva.

Ahora el pueblo quedará a merced de los medios estatales o afines, donde se le permite a los gobernantes expulsar durante horas su amargura de no poder arrancarle la cabeza de una vez por todas a una oposición no partidaria, pero si, política y que se encuentra depositada en el alma de una población decidida a defender su derecho.

De esta manera los medios quedarán a merced del juez que determinará cuanto es la multa, es decir, el pago económico por infringir la norma. El Decreto Reglamentario no especifica el porcentaje que se debe cancelar y al parecer se queda a merced de la predisposición de la justicia o de la cara del medio infractor.

Y continuamos preguntándonos ¿se les exigirá un multa de un 10, 20, 30, 40, 50 o más % de lo recaudado en el día? No debemos olvidar que la eficacia de la multa depende de que el procesado, en este caso, el medio de comunicación, tenga la capacidad suficiente para soportar la carga económica y de sentirla como una sanción racional y justa.

Y es aquí donde hay que hacer grandes diferencias entre los medios de comunicación, porque hay algunos que si tienen recursos económicos y otros que no y sería irracional imponer una obligación a quien se sabe que es incapaz de cumplirla o exigir una obligación que ya no le permita al medio contar con la misma cantidad de trabajadores, que contaba antes de la sanción, no importando que el Reglamento insista en el pago del salario al funcionario, porque si no hay plata, ni en el liberalismo o socialismo los trabajadores están seguros, ejemplo Cuba.

Es así que la realidad nos demuestra que hay medios solventes e insolventes, los solventes tengan la seguridad que cumplirán con su obligación en los quince días estipulados en el Reglamento, porque no comprometería los recursos indispensable para su funcionamiento, evitando de esta manera la anotación preventiva de los bienes del medio de comunicación (art. 24 par. II), pero ya queda la espinita para la reingeniería administrativa.

Pero al no haberse aceptado las enmiendas al art 23 de la Ley 045, los periodistas quedan a expensa de las sanciones del artículo 281, bis, ter, quater, septieser, octies del Código Penal y con la seguridad que la supremacía de la Constitución Política del Estado Plurinacional la harán respetar y sin el debido proceso o dejando de lado la presunción de inocencia por la forma en la que está estructurado el Comité contra el racismo y toda forma de discriminación.

Y esto nos demuestra una vez más que nada se debate, ni en la Asamblea Plurinacional, ni en las Asambleas departamentales, ni en las comisiones y peor en los grupos que se forman para apoyar las determinaciones del Órgano Ejecutivo.

* Comunicador Social.