Desbaratado el gasolinazo que al mejor estilo neoliberal impuso los últimos seis días de diciembre, provocando sin embargo un alza generalizada y protestas que sacudieron al país, el gobierno izquierdista del presidente Evo Morales cumplirá en dos semanas el primer año de su segundo mandato, en medio de ajustes internos y saldo de cuentas con sus adversarios.

Pero la crisis que sucedió a la pretendida “nivelación” de costos de la gasolina y el diesel, y que perturbó el costo de la canasta familiar, sin que muchos de los productos retornen a sus anteriores niveles, enardeciendo a miles de ciudadanos y disparando la inflación, permitió ver no sólo la dimensión sociopolítica del llamado “entorno presidencial” sino la del mismo mandatario, encerrado en un círculo de mando que puede condicionarle el ejercicio de su poder.

Morales fue literalmente obligado hace apenas una semana por los mismos movimientos sociales que conforman su régimen, a anular su medida; aunque su sagaz retroceso, inimaginable para la soberbia que se le atribuye, sea considerado sólo una temporal retirada estratégica que le facilitará volver a la carga este 2011, curiosamente con el apoyo de las bases que le impugnaron sus remedios a las dificultades económicas que afronta su administración.

La enorme carga de insultos que recibió en sólo días el presidente más votado del país, junto con el clamor por su renuncia extendido entre los manifestantes callejeros –resultados ambos del error en que incurrió el gobernante al no consensuar su alza con los sustentos de su poder y no cerrar el paso a una solución neoliberal– permitieron asimismo advertir que las finanzas plurinacionales no brillan tanto como las bruñe su ministro Luis Arce, quizá el personaje más detestado de los últimos días en que hizo olvidar en parte la figura de su colega del Gobierno.

Tampoco que el régimen las puede tener todas consigo, sobre todo si la gente sale a las calles como no lo hacía desde hace siete años, pese a tener el control de la Asamblea Legislativa y siete de las nueve gobernaciones departamentales, y más de 200 de los 337 municipios del país, además de la judicatura y otros poderes estatales en el intento de copar todo, “inclusive la cultura”.

Para empezar, la inflación ya trepó a más del 7 % sin contar que la de enero la rebasará ampliamente, según las tendencias del alza reciente, estimulando un aumento salarial mayor al previsto sin gasolinazo, incremento que de todas maneras no se convertirá siquiera en un paliativo para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos familiares.

La reservas internacionales que bordean los 10 mil millones de dólares, empalidecen frente al crecimiento de la deuda nacional, interna sobre todo ($us 4,436 millones esta última), quedando un saldo de unos 3.000, sin descontar lo que se aparta para la petrolera estatal, ávida de inversiones.

Por el mismo lado, el sector hidrocarburos no sólo presenta problemas de inyección financiera, prospección y reservas gasíferas ralas, y producción descendente de líquidos; sino también deudas como la factura pendiente con Venezuela por 270 millones de dólares, o aprietos como el contrabando de combustibles –pretexto del gasolinazo, junto con la subvención a los agroempresarios– un ilícito imposible de resolver para la galardonada presidenta de Aduanas, dispuesta a no aferrarse a tan espinosa tarea supuesto que los contrabandistas están en las mismas poblaciones originarias de frontera y reciben ayuda oficiosa en muchas oficinas de La Paz y Santa Cruz..

De lo perdido…

Las tensiones ha permitido develar también que, de ser protagonistas, los movimientos sociales, excepto sus dirigentes enrolados a la burocracia estatal, tienden a convertirse en espectadores del llamado proceso de cambio, habiendo sido las víctimas inconsultas del reciente decretazo, al menos por seis días, por lo que, desde que algunos de sus sectores se apoderaron nuevamente de las calles, se están jugando, virtualmente, su futuro, y no sólo en la serie de debates y evaluaciones como la que el presidente comenzará este viernes.

“No basta con tener razón –reflexionó incluso a miles de kilómetros de La Paz, Guillermo Almeyra de LaJornada de México–: poner los precios al nivel de los países vecinos sin colocar previamente los salarios en la misma condición equivale, en cualquier parte, a rebajar los ingresos y provocar una fuerte protesta social”

“La inoportunidad de la medida (con Evo dando ayuda a Venezuela mientras se rebajaban los ingresos de los bolivianos), la brutalidad de la misma, la despreocupación por cómo la vería la gente común, son indicios preocupantes porque demuestran que los dirigentes más importantes del gobierno no son enteramente capaces de leer la crítica implícita en los resultados de las elecciones pasadas o las explícitas de muchos que, apoyando fuertemente el proceso de cambio, buscan corregir errores en el mismo o previenen sobre lo que consideran que podría ser peligroso”, agregó Almeyra uno de los columnistas más sólidos del influyente diario mexicano.

Más allá de las reconvenciones, el Presidente está por el momento ocupado en identificar a “patriotas” y traidores, cuando no a los “infiltrados”, para darles su merecido, según las circunstancias, mientras analiza las medidas post gasolinazo (sin descartarse alzas a partir del actual precio base) y se apresta a convencer a la población acerca de los riesgos de no conceder el aumento al bono escolar, no incrementar la renta de los 130 mil jubilados o suspender el seguro agrícola, al tiempo que se desata la retaliación contra los adversarios, que ya han comenzado a ser enjuiciados, como Samuel Doria Medina y Juan Del Granado, a salvo como se halla temporalmente en Asunción el ex gobernador tarijeño Mario Cossío o condenado como está el ex alcalde potosino, René Joaquino.

Debate entre pocos

Aprobada ya en Conapes-Udape/Planificación, tres ministros propusieron la medida al Gabinete en ausencia del Presidente, de visita humanitaria a Venezuela, quien habría dejado la discusión de los últimos tres meses en el aumento de un boliviano y no de casi tres. Fuentes allegadas a la larga mesa refirieron que el segundo mandatario no estaba “definitivamente” con los titulares de Economía y de la Presidencia, siendo manifiesta la oposición del ministro de Autonomías, seguido por su par de Desarrollo Rural, entre otros.

El débil intento de consensuar entre los dos grupos, impulsado por el Vicepresidente habría naufragado ante la reciedumbre del de Economía (mas o menos: “Ud. tendrá que explicar esta medida al Sr. Presidente”), sucediendo lo que ya se sabe (la llamada al mandatario ausente informándole de la promulgación sí o sí), en medio de versiones sobre un “amarre” con los transportistas o al menos sus tres mayores líderes de Confederación y amonestaciones al beneficio que lograban las petroleras con el aumento de los precios del mercado interno, bajo la mirada al parecer indiferente del presidente de YPFB; todo en sondeos que si bien se extendían a ciertos grupos, no se esparcían entre los movimientos sociales sólo consultados después del gasolinazo.

Retroceso

Pero el repliegue no tendría que ver precisamente con la revisión de la medida (un paso atrás, dos adelante) y la posterior abrogación, festejada con cohetes en vísperas del Año Nuevo, sino con la movilización, diferente según los casos, de las organizaciones:

Internamente, por un lado las dirigencias de campesinos, “bartolinas” y colonizadores no dijeron casi nada y mas bien apoyaban la medida diciendo a lo mucho, cuando las papas empezaban a quemarse, que era “inoportuna”, aunque en varias asambleas comunales en presencia de sus dirigentes o delegados masistas, las bases rechazaron la medida; lo que, curiosamente, no habría sido informado al Presidente, quien había enviado a los dirigentes de organizaciones a explicarla, sin que ellos le cuenten el resultado.

Paralelamente, entre los colonizadores de Santa Cruz se desparramaban aprestos de bloqueo, seguidos muy de cerca en el Chapare, mientras en Yungas y Caranavi preparaban marcha hacia La Paz, lo mismo que los cooperativistas de Llallagua, Huanuni y el norte paceño, además de la movilización urbana en los municipios de Potosí, Oruro, La Paz, Cochabamba y Tarija, siendo brillante la ausencia de las clases medias cruceñas y su oligarquía, que esperaban hasta el lunes 3.

“Las organizaciones indígenas y campesinas, como la CSUTCB, la Confederación de Pueblos Interculturales, la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, los trabajadores petroleros, han apoyado la medida y nos dieron su respaldo; evidentemente, hay críticas de otros sectores que entendemos, pero lo importante es que nosotros siempre hemos tomado decisiones en consulta con trabajadores y movimientos sociales para precautelar su interés social”, aseguró García Linera a la CNN una semana después, confirmando la consulta post.

“En realidad, casi todos ocultaron, o el presidente estaba seguro que como ellos (los dirigentes) apoyaban, las bases apoyarían también”, dijo uno de los allegados y no exactamente de los que exaltaban las anchas espaldas del gobernante para afrontar la reacción.

Traidores y patriotas

Por lo pronto, al comenzar la semana el Presidente advirtió en Oruro y Cochabamba, consecutivamente, que ahora el Gobierno y el MAS analizarán qué sectores sociales fueron “patriotas” porque apoyaron el gasolinazo, y cuáles resultaron “traidores” presionándolo para retroceder.

Al interior de los aposentos palaciegos se da por descontada las existencia de tres grupos: a) el de las organizaciones y dirigentes que apoyaron públicamente, incluidos “los que no dieron la cara” , b) el de las organizaciones que sólo buscaron sus espacios, “sin defender”, únicamente pensando en sus intereses (cooperativas, Conamaq, etc., a quienes Morales les habría dado “todo”, maquinaria, espacios, etc., “pero “miren”), y c) los depurados y críticos: (ahí están los que los hemos sacado, esos son los traidores, los pondremos a disposición de las organizaciones; para ellos no habrá indulgencia, hay que darles con todo, en referencia a Felix Patzi, Filemón Escóbar, Oscar Olivera entre otros ex aliados), además de los opositores tradicionales que pese a su estampida alcanzaron a tirar leña al fuego (tal como lo hiciera el ex dirigente cocalero en sus mejores tiempos).

El desquite, o redesquite, según lo diga el tiempo, no esconde sin embargo la preocupación por haber ”mostrado debilidad”, es decir: haber lanzado el gasolinazo comprobando con ello la caída de producción del crudo (ratificada el último miércoles), sin que haya señales de cambios profundos en el Gabinete, arremetiéndose todo contra los enemigos “externos” en busca, precisamente, de no “mostrar debilidad”, peor sacando del Gabinete al ministro del gasolinazo.

Lo demás (el restrictivo “mandar obedeciendo”, difícil de soslayar al menos frente a la masa) resulta de la emergencia de la crisis, una vez que se ha probado que primero fue el golpe y luego la conciliación, aunque el primer mandatario esté consciente de que la debilidad estuvo también en el gasolinazo, y de que se imponen cambios más profundos en el sector hidrocarburos revisando las posiciones de Carlos Villegas, presidente de YPFB, y las que sustentan todavía Economía y Planificación, donde las macro perspectivas de empleo (no de emergencia) y mejor administración de los ingresos están todavía en ciernes.

“Gobernar obedeciendo es un desafío intelectual y al mismo tiempo un desafío político… es tener la capacidad de escuchar todas las voces de la sociedad. Todas, sin exclusiones de ningún tipo. Menuda tarea, pero alentadora señal”, comentó Carlos Cordero, un analista tildado por el oficialismo como “neoliberal”.

¿Y…el “Instrumento”?

A dos semanas de conmemorar un año de su célebre discurso parlamentario anti-exclusiones en el Congreso y de la ceremonia ancestral en Tiwanaku cuando lució el ch’uku de cuatro puntas unidas por su base redonda (presagio frustrado de la cuadratura del círculo que, de acuerdo con filósofo Javier Medina, a Morales le tocaba concretar juntando o tejiendo los opuestos), el Presidente se encuentra todavía preocupado por subir los precios de los combustibles, aunque a futuro “en concertación con los movimientos sociales” y no de manera unilateral, menos, quizá, en Alasitas, Carnavales, Semana Santa o las fiestas patrias.

Tal respaldo popular, refirió Carlos Quiroga, de la agencia Reuters “partiría del convencimiento de que Bolivia necesita captar inversiones privadas para aumentar su producción de crudo, que actualmente abastece apenas tres cuartas partes de su consumo que ronda los 60.000 barriles diarios”.

“Acabando la subvención se incentiva la inversión …los inversionistas tienen derecho a recuperar su inversión y tener utilidades, pero si reciben sólo 10 dólares por barril no se recupera la inversión, menos se tiene utilidades”, llegó a decir Morales.

Los 10 dólares son el pago final que reciben los operadores petroleros por cada barril de crudo, descontados tributos y otras cargas desde el precio congelado actual de 27 dólares, recordó Reuters.

“No es posible que la empresa petrolera estatal o los operadores trabajen a pérdida”, agregó el mandatario mientras la prensa recordó que la venta de gas a Argentina y Brasil representó para Bolivia el 2010 en un negocio de unos 3.000 millones de dólares.

En lo inmediato y eventual, más que coyuntural o estructural, se estima que Morales preferiría no hacer más cambios, excepto los indispensables, teniendo en cuenta la tendencia mundial a la baja del barril de petróleo, aunque en materia de nombres para el Gabinete las fuentes allegadas a Palacio mencionan con alguna insistencia a Marcelo Zabalaga, Walker San Miguel y Pablo Solón, si se concreta el pase de David Choquehuanca a los actuales reductos de Coca o Llorenti.

En lo de fondo y sustancial del proceso, Raúl Prada ha sido claro al señalar que, al menos para las organizaciones sociales “intervinientes en la movilización contra el decreto”, el derrotado es el realismo político, el pragmatismo, la tendencia al capitalismo de Estado, “ahora descubierto en su hibridación y mezcla con la herencia de procedimientos y razonamientos del periodo neoliberal”.

Por el contrario, ha resultado ganador “el pueblo, la asonada popular, la movilización social, que ganó las calles para rechazar que el peso recaiga sobre la magra economía y los cuerpos de los más pobres. Ha ganado la movilización que reclama la consulta al pueblo, por lo tanto, la participación social en las decisiones políticas, sobre todo en las estratégicas y en las que afectan a la magra economía popular”.

Para otros observadores, el horizonte punitivo es sin embargo nimio, dado el alcance de la coyuntura: es decir, Bolivia está en puertas de otro proceso, esta vez sin adjetivo.

Si antes del 2005 los partidos dejaron de ser canal de representación de la sociedad civil y sus demandas y ese sistema ha estallado, ahora el país estaría ante un proceso de vida o muerte de las organizaciones como instrumento.

En otras esferas se encuentra también el convencimiento de que se está jugando el destino de los movimientos sociales. Baste recordar que los mallkus de la Conamaq, y sobre todo los cooperativistas dijeron: ¡cuidado! y ahora son “traidores” que sin embargo van camino de fortalecerse ante sus bases, dado que otros sectores más domesticados y obsequiosos mostraron que “están verdes” para hacer política y la Conalcam fue “una lagrima” poniéndose a negociar la medida al estilo “apoyas y qué quieres”.

Y si bien destacaron los adulones y el entorno sin personalidad, también otros brillaron por su ausencia, como el alcalde de El Alto, de quien no se sabe aún si es considerado “traidor” o “héroe”, con el riesgo de que el Presidente se vuelva a equivocar y, al mismo tiempo, a aprender de sus errores, pues los yerros también enseñan.

A pocos días de su primera evaluación pública de conjunto, el mandatario ha declarado que si él fuese sindicalista y no presidente habría reaccionado como lo hicieron los transportistas y la Central Obrera Boliviana (desautorizando así de paso las acusaciones a los huelguistas de tener motivaciones políticas reaccionarias, recuerda Guillermo Almeyra).

“Pero el daño ya está hecho. El autoritarismo, el decisionismo verticalista y burocrático que se reflejaron en la forma en que se trató de imponer este aumento de los combustibles, asestaron un duro golpe al prestigio del gobierno en las ciudades y podrían dar nuevo aliento a una oposición que vivía en abierta crisis”.

Pasado reciente

“Un solo presidente para dos Estados”, había remarcado Morales el 21 de enero pasado en alusión al estado colonial que, a su juicio, terminaba con su segunda posesión y el Estado Plurinacional que nacía en ese momento.

“Un Estado que murió y otro que nació, un Estado colonial que se va y un plurinacional que llega con mucha esperanza para los pueblos del mundo”, sentenció, agregando en su mensaje a la nación desde el Congreso, el 22 de enero del 2010: “Quiero trabajar cinco años más junto al pueblo y sometido a sus mandatos para promover el desarrollo, unidad e integración de Bolivia”.

En el camino han quedado las depuraciones. Yampara, Mamani, Del Granado, Loayza, son algunos de los apellidos que suenan ahora a adversarios irreconciliables, mientras la crítica y la propuesta interna, pese a su valentía, tienen destino incierto y son respondidas con el silencio, más aun cuando la escasez arrecia y la baja ejecución pública cuestiona cinco años de régimen y una experiencia insatisfactoria, mostrando fallas que tapan o desfiguran sus aciertos.