Los que pensaban que el Presidente cocalero Evo Morales es revolucionario se convencieron de que en realidad es un representante más de la burguesía, aunque vista poncho y hable a nombre del pueblo indígena campesino. El gobierno del MAS se comporta igual que los regímenes neoliberales, y va más allá que ellos, al punto de hacer realidad los sueños más delirantes del ex presidente Goni Sánchez de Lozada, el máximo exponente del neoliberalismo en Bolivia.

El gobierno de Morales decretó por sorpresa y en plena fiesta de fin de año el peor gasolinazo de las últimas tres décadas, un garrotazo cruel contra el pueblo boliviano que parece calcado de los paquetazos neoliberales del pasado. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia Daniel Sánchez considera que el gobierno ejecuta lo que siempre recomendó el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“En Bolivia existió un Goni y un Gonicito que pretendió imitarlo, pero ahora estamos ante actitudes ideológicas, políticas y económicas que se pueden denominar ‘gonizasos’… El gobierno del MAS se arrodilló ante el FMI y el BM, aplicando sus ‘recomendaciones’”, describe el representante de la agrupación ciudadana cruceña Fuerza y Esperanza Alejandro Colanzi.

El gasolinazo –que los gobiernos neoliberales llamaban “reajuste” y “sinceramiento” y hoy denominado “nivelación para proteger la economía” por el gobierno del MAS– muestra de cuerpo entero a Evo Morales y a su “revolución cultural” al servicio de la gran burguesía, del capital financiero, de los terratenientes, de las transnacionales y del imperialismo, afirma el Centro de Estudios Populares (CEP).

“Este gobierno no se diferencia en nada de los gobiernos derechistas y neoliberales”, recalca el profesor Miguel Lora del POR. Como en el pasado, el gobierno masista prioriza la estabilidad y el equilibrio macroeconómico a las necesidades de la gente, y deja al descubierto su política burguesa pro imperialista, protectora de la gran propiedad privada, y por tanto antiobrera y antipopular.

El “golpe artero y brutal” del “gobierno del cambio” provocará una escandalosa escalada de los precios, acentuando las condiciones de miseria de la mayoría explotada del país. El gasolinazo acabará hundiendo en la miseria a los campesinos minifundiarios, y los obligará a migrar a las ciudades para engrosar las filas de desocupados. “Para el ejército de desocupados que se ganan la vida como pueden cada día en las calles, no hay compensación posible”, evalúa el Partido Obrero Revolucionario (POR).

“Se le cayó la careta ante aquellos sectores que aún guardaban confianza y esperanza con el gobierno masista”, sentencia el CEP. “Evo Morales se desenmascaró como sirviente de las empresas transnacionales y el gasolinazo puede ser el fin de su gobierno”, opina el dirigente campesino Rufo Calle.

Sospechoso gasolinazo

El gobierno decretó el aumento del precio de la gasolina y del diesel entre un 70 y 82% con el supuesto objetivo de frenar el contrabando. Muchos sindicalistas y analistas económicos creen el contrabando es solo un pretexto.

“Bolivia le vende casi todo su gas a Petrobras (Brasil) y Repsol (Argentina) y como no hicieron nunca la planta separadora de líquidos, el gas que se vende incluye sus líquidos, es decir su gas licuado y gasolina, que se extraen en Brasil y Argentina. Esto Bolivia lo entrega gratis a Petrobras y Repsol, causando un perjuicio al país de 400 millones de dólares (superior al subsidio total a la gasolina, que era de 350 millones de dólares). Esta es la verdadera hemorragia de Bolivia: el gobierno protege el saqueo de las transnacionales”, afirma la organización social de izquierda La Protesta.

La Protesta recuerda que “una sola empresa minera, la Sumitomo- San Cristóbal, se lleva en minerales 1000 millones de dólares y según el ministro de minería sólo aporta 35 millones al Estado, sin pagar por el agua que consume. Sólo con un impuesto adicional del 35% a esa empresa ya se cubriría todo el subsidio a la gasolina del país. Pero el gobierno prefiere castigar al pueblo y defender a las transnacionales”.

El gobierno siempre obró pensando más en términos políticos que económicos, y es extraño que en esta oportunidad decrete un durísimo gasolinazo que afectará a las grandes mayorías sin medir los costos políticos, advierte el analista Alberto Bonadona. Sus dudas son: “¿se trata solamente de un asunto relacionado con contrabando?… (El precio de) la gasolina todavía no está a la altura del Brasil, Perú o Chile; ¿eso quiere decir que se nos viene otro gasolinazo…?”.

Según el presidente del gremio del Transporte Pesado Internacional Erlan Melgar, no hay justificativo para semejante incremento de precios de los carburantes: “82% es demasiado y el contrabando no es justificativo… creo no se dice toda verdad sobre este tema”.

“Nos llama la atención y no entendemos una medida de esta magnitud, que se lanza en un país que está en quiebra. El gobierno se ha llenado la boca durante estos últimos meses hablando del equilibrio macroeconómico y de que vivimos tiempos de bonanza, y de pronto sube la gasolina en 76% y diesel en 83%; estas son las incongruencias que no terminamos de entender”, cuestiona el diputado de Unidad Nacional Jaime Navarro.

A Navarro le extraña que en 23 años de gobiernos neoliberales se haya podido mantener la subvención para justamente precautelar la economía de los más necesitados, y ahora “el gobierno de la nacionalización nos lanza una gasolinazo como éste. Llego a la conclusión de que la única razón que justifica esta medida es la incapacidad del gobierno, no es el contrabando”.

“Nunca en la vida hemos visto una medida tan dura como este incremento de precios, creo que es el fracaso de la política económica y financiera de este gobierno y es una ratificación de que las respuestas y los resultados tienen nomás corte neoliberal; la derecha está instalada en el gobierno”, opina la presidenta del Concejo Municipal de La Paz Gabriela Niño de Guzmán.

“El modelo neoliberal goza de buena salud en este momento, y las bolivianas y los bolivianos estamos efectivamente pagando la factura y el costo de esta mala gestión; tanto hemos hablado combatir el contrabando y de que hemos hecho una reingeniería de la Aduana, pero los resultados son exactamente lo contrario”, observa la concejal paceña.

El empresario Carlos Chalup cree que el gasolinazo decretado por el gobierno “es la demostración del rotundo fracaso de la política económica actual y es el síntoma de una grave crisis fiscal que desmiente la versión oficial sobre una supuesta solidez financiera”.

“En realidad, lo que hay es una oligarquía burocrática que está abusando de los recursos del Estado para sus propios fines, que se está enriqueciendo en base al crecimiento descontrolado del gasto público, empobreciendo al pueblo. Ahora, la burocracia quiere que todos los bolivianos paguemos de nuestro bolsillo por sus lujos y privilegios”, critica Chalup.

Para enfrentar la crisis fiscal, el empresario propone un plan de austeridad reduciendo drásticamente los lujos y gastos superfluos de la burocracia. “Para empezar, que se devuelva o venda el avión presidencial, lo que representa 38 millones de dólares. También hay que reducir de manera tajante el tamaño de la burocracia del gabinete a la mitad, despidiendo de paso a los ineptos que llevaron a esta bancarrota”.

Según Chalup, lo primero que hay que hacer es destituir a los ministros de Hacienda Luis Arce Catacora y de Hidrocarburos Fernando Vincenti y al presidente de YPFB Carlos Villegas, los “principales responsables de esta catástrofe económica”.

Preparan una movilización nacional

El Presidente Evo Morales llamó a reunión al Comité Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) para explicar los alcances del decreto supremo 748, pero los dirigentes no asistieron. El gobierno invitó también a los dirigentes del Pacto de la Unidad y del Consejo Nacional del Cambio (CONALCAM).

“Esta medida que tomamos no es para hacer daño a nadie; el Presidente y el gobierno jamás van a abandonar a los sectores trabajadores, tenemos propuestas concretas para seguir avanzando, pero no podemos permitir que la plata siga chorreándose hacia afuera por contrabando y corrupción. Es nuestra obligación cuidar la economía nacional”, justificó Evo Morales.

“Las y los bolivianos no somos una cuestión de números para cuadrar en un PGN, sino seres que sentimos, comemos y queremos; el gobierno debe divorciarse de la oligarquía minero-financiera, a quien sí debe nacionalizar para que no sigan profundizando la brecha económica y social”, opina Colanzi.

“La COB se declara en estado de emergencia (…) el gobierno tiene que abrogar ese maldito decreto criminal que va directo a matar de hambre a los que no tienen fuente de trabajo, a aquella gente pobre del campo que necesita de un trabajo”, declaró el secretario ejecutivo de la COB Pedro Montes a radio Pio XII de la Red Erbol.

El Comité Ejecutivo de de la COB se reúne desde las seis de la mañana de este lunes para determinar medidas de presión que serán comunicadas en un ampliado nacional de emergencia convocado para el 28 de diciembre. Pero los gremios de base dudan que los dirigentes cobistas controlados por el gobierno planifiquen una lucha tenaz hasta lograr la derogación del gasolinazo.

Poco puede esperarse de los dirigentes de la COB, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, de la Confederación nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, de los Colonizadores y del llamado Pacto de Unidad, un “aparato creado, apoyado y subvencionado corporativamente por el gobierno de Evo para que repitan cual coro de ángeles lo que diga el gobierno, aún así sean medidas en contra de los intereses populares”, dice La Protesta.

El docente Miguel Lora no espera nada de esos “traidores” que legitimaron las leyes antipopulares del gobierno como la Ley de Pensiones recientemente promulgada; mucho menos de los “vendidos” como el secretario ejecutivo de la Confederación de Maestros Urbanos Federico Pinaya, que ha declarado que el gasolinazo es una “medida drástica, pero inevitable”.

Varias organizaciones sociales de base coinciden en que al pueblo no le queda otro camino que ir barriendo a las dirigencias traidoras y organizarse de forma independiente para ir creando nuevas formas de lucha. La propuesta es potenciar la Intersindical de fabriles, maestros y trabajadores de la Caja de Salud de La Paz y de otros sectores ya organizados.

La Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia convocó a los Comités Sindicales, a los Sindicatos de fábrica, a las Federaciones Regionales y a las Federaciones Departamentales a preparar una lucha política nacional contra el gasolinazo y por el incremento salarial acorde a la canasta familiar. “La clase obrera ha derrotado este tipo de medidas neoliberales con la movilización y la acción política organizada”, recordaron los fabriles.

El secretario Ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Educación Urbana de La Paz José Luis Álvarez convocó a la unidad de todos los sectores laborales y sindicales del país para lograr un incremento salarial con escala móvil que compense el incremento de los precios de la canasta familiar.

Los trabajadores deben luchar por un aumento salarial hasta nivelarlo con el costo de la canasta familiar, y no aceptar “aumentos superiores al índice de inflación”, como anuncia el gobierno, porque todos saben que ese índice es totalmente falso; “corresponde organizar la lucha conjunta para echar al MAS y su gobierno al tacho de los vendepatrias, hambreadores y lacayos de los opresores”, plantean los sindicatos y agrupaciones trotskistas.

Los transportistas sindicalizados cumplieron hoy el primer día de paro indefinido en todo el país y un grupo de maestros protagonizó la primera movilización contra el gasolinazo de Evo. Este lunes, casi cien maestros urbanos pudieron eludir el control policial y se manifestaron en plena Plaza Murillo contra la medida antipopular, pero fueron violentamente desalojados por efectivos de la Unidad de Táctica de Operaciones Policiales (UTOP).

Hoy se registró una masiva movilización de trabajadores en la ciudad de Oruro; los mineros de Huanuni no descartaron iniciar un bloqueo en la carretera Huanuni-Oruro, y el alcalde de La Paz Luis Revilla convocó a los representantes de los gremiales, mercados, empresarios privados, choferes, universidades, juntas vecinales y de organizaciones cívicas para determinar medidas de presión contra el alza de precios.