(Prensa Latina).- El año que termina habrá de ser recordado como el más violento en la historia del México contemporáneo. Cuando 2010 todavía no concluye, la cifra de homicidios relacionada con la “guerra” de Felipe Calderón contra algunos cárteles de la economía criminal alcanzó un nuevo récord: 12.456 entre enero y noviembre, 2.821 muertes más que las registradas durante 2009.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República, en lo que va del sexenio de Calderón murieron en ese contexto 30 mil 196 personas. Regiones enteras viven sumidas en el caos y la anarquía, a lo cual se suma la militarización y paramilitarización de amplias zonas del país, con la consiguiente secuela de violaciones flagrantes a los derechos humanos por parte de uniformados, lo que ha derivado en un terror generalizado y un éxodo de sectores de clase alta y media hacia Estados Unidos.

A las ejecuciones sumarias, los descuartizados y las desapariciones forzosas se suman otros fenómenos que agravan la situación. A manera de ejemplo sirva consignar que, el 17 de diciembre, 151 reos se fugaron de un penal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. El director de la prisión se encuentra desaparecido; la entidad es líder nacional en escapatorias y sólo este año se evadieron 258 presos.

Un día antes, en la ciudad de Chihuahua fue ejecutada Maricela Escobedo mientras instalaba un campamento frente a la sede del Poder Ejecutivo estatal, para exigir justicia por el asesinato en agosto de 2008 de su hija Rubí Frayre. “Si me matan, que lo hagan frente al palacio de gobierno, para que (a las autoridades) les dé vergüenza”, había dicho la víctima de manera premonitoria.

Pero su asesinato -muestra de la ineptitud, la corrupción y la complicidad de las autoridades estatales, municipales y federales- no acabó ahí.

Un día después, un comando armado quemó una maderería, propiedad de su esposo, y levantaron a su cuñado, quien apareció muerto a causa de asfixia por sofocación. El elevado índice de criminalidad convierte a la capital de Chihuahua en una ciudad amurallada: en los últimos dos años el robo a casas se disparó en 300 por ciento, y muchos vecinos levantan rejas, muros y casetas en los accesos a los barrios, en tanto otros emigran a Estados Unidos.

Sin embargo, la urbe más castigada por la violencia es Ciudad Juárez, en ese mismo estado, donde se cometieron más de tres mil asesinatos vinculados con el crimen organizado en lo que va del año. Y el colmo es que con cientos de heridos, la ciudad se está quedando sin médicos, ya que sicarios y uniformados los extorsionan, secuestran y asesinan.

El 13 de diciembre, los médicos de la ciudad pararon labores para exigir a las autoridades que frenen la ola de violencia; en lo que va del año, 11 galenos fueron secuestrados y dos de ellos asesinados. A raíz de la violencia, en los dos últimos trimestres cerraron en Ciudad Juárez 19 plantas maquiladoras, con la consiguiente pérdida de dos mil puestos de trabajo.

Después de cuatro años de gestión y de haber declarado una “guerra” al narcotráfico, el presidente Calderón admitió a mediados de diciembre que todas las corporaciones de seguridad y las instancias de justicia en México están corrompidas y propician la impunidad. Por principio de cuentas, el celo crítico de última hora exhibido por Calderón no sólo resulta extemporáneo, sino que al hablar durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2010 a Isabel Miranda de Wallace, incurrió en una aceptación implícita de ineptitud del sistema.

Olvidó que la activista, presidenta de la organización Alto al Secuestro, hubo de erigirse en protagonista de la investigación y en motor de la procuración de justicia porque, en el caso de su hijo secuestrado y asesinado, las autoridades no pudieron o no quisieron realizar las tareas que, por ley, le correspondían.

A los episodios anteriores se suman múltiples denuncias por tortura y maltrato contra detenidos, confiscaciones efectuadas por la autoridad sin apego a los procedimientos legales, montajes mediáticos realizados por jerarcas militares y de seguridad pública, la realización de aprehensiones y de allanamientos sin órdenes judiciales y la violación sistemática del principio de presunción de inocencia.

Todo eso, sólo un muestrario efímero de lo ocurrido durante 2010, haría de éste un año para olvidar; no obstante, se podría aventurar que se está en la antesala de algo peor en el que sigue, combinado con los aprontes de campaña para los comicios de 2012.

Michoacán: ¿Profecía autocumplida?

El pasado 16 de diciembre, en un contradictorio comunicado, la presunta agrupación criminal denominada La Familia Michoacana le declaró la “guerra” al gobierno de Felipe Calderón. En un documento enviado a los medios del estado de Michoacán, y distribuido en masivo volanteo en las principales ciudades de la entidad, el grupo fijó el 24 de diciembre como fecha límite para que el gobierno federal se avenga a negociar un plan de paz o se desatarán “enfrentamientos, bloqueos y guerrillas”.

De acuerdo con la misiva, “la batalla recién comienza” y el grupo delincuencial se apresta a recuperar los “territorios” que le fueron arrebatados tras una ofensiva gubernamental de seis días de duración en las inmediaciones de la Sierra Madre del Sur.

Las escaramuzas “bélicas” comenzaron el 8 de diciembre, cuando la Policía Federal lanzó un operativo quirúrgico en las rancherías Holanda y El Alcalde, municipio de Apatzingán, donde presumiblemente se realizaba una ceremonia religiosa con la asistencia de dos líderes de La Familia.

Durante la ofensiva, que contó con el apoyo de siete helicópteros artillados Black Hawk y Bel-412, y un millar de efectivos policiales y de las fuerzas armadas, habría muerto Nazario Moreno González, alias El Chayo, quien según las autoridades federales era el principal “líder ideológico” y “guía espiritual” del cártel.

Michoacán es la tierra natal del presidente Felipe Calderón, y en el municipio de Apatzingán se ubica Los Galeana, el rancho del ex gobernador de la entidad Cuauhtémoc Cárdenas, tres veces candidato presidencial por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El actual gobernador Leonel Godoy pertenece al PRD y es muy cercano al clan Cárdenas; a su vez, un hermano suyo, el diputado Julio César Godoy, fue recientemente desaforado y es acusado por la Procuraduría General de la República de ser el “enlace” entre La Familia y el gobierno estatal.

No es un dato baladí que la hermana del presidente de la República, Marías Luisa Calderón, esté contendiendo como candidata a la gubernatura de Michoacán por el Partido Acción Nacional (PAN) para los comicios del año próximo.

En ese juego de intereses se ubica la Operación Conjunta Michoacán, de corte militar, lanzada por Felipe Calderón en diciembre de 2006, a pocos días de iniciar su gestión, que en mayo de 2009 derivó en el llamado Michoacanazo, a raíz de la captura de 10 alcaldes y 16 altos funcionarios del estado por presuntos vínculos con el narco.

Todos fueron excarcelados este año por falta de pruebas, y sólo quedó pendiente el caso del hermano del gobernador Godoy; en ese contexto se ubica ahora el ataque militarizado contra La Familia Michoacana, señalada por no pocos analistas como parte de la “guerra electoral” por el control del estado.

Lo novedoso, en la coyuntura, son los enfrentamientos en escala cada vez mayores entre grupos de la economía criminal y efectivos uniformados, que tienen una relación causal con el empeño del presidente Calderón en catalogar como “guerra” algo que de suyo habría implicado un tratamiento policial, en el marco de un complejo fenómeno social.

La actitud gubernamental, de exterminar presuntos delincuentes considerados “enemigos”, deriva en la proliferación de escenarios de confrontación violenta y en el hecho de que grupos criminales se transformen en bandas beligerantes que pelean por el control de territorios.

Tras la ofensiva federal se registraron manifestaciones públicas de protesta, de personas que con el rostro descubierto y con notable participación de niños y mujeres, responsabilizaron al gobierno de Calderón de la violación masiva de derechos humanos por policías y militares.

“Señor Presidente, ya no construya hospitales, construya panteones”, rezaba el cartel que portaba una muchacha en una marcha el 12 de diciembre; otro manifestante declaró que “entre La Familia y sus desmadres, y Calderón y su Policía Federal, nos tienen jodidos, no nos dejan trabajar”.

Cuando todavía se desconoce el número de muertos y heridos de ambos bandos, saldo de los enfrentamientos, las movilizaciones antigubernamentales han venido a confirmar el control territorial que habría desarrollado La Familia en algunas regiones de Michoacán.

Ligada a un cierto sentido político que apela a una “causa justa” y una clara estrategia de comunicación mediática del grupo delincuencial, esa “base social”, mezclada con signos de religiosidad, narcotráfico, autodefensa y reivindicación popular, lleva a algunos analistas a hablar de una “narcoinsurgencia”.

Precisamente, fue el vaticinio formulado por la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, el pasado 9 de septiembre ante el poderoso Consejo de Relaciones Exteriores en Washington, luego descalificado por el presidente Barack Obama.

Ante el “anuncio” de La Familia, que en su comunicado habló de transformarse en “guerrilla”, estaríamos ante una profecía estadounidense autocumplida, en el marco de una guerra de contrainsurgencia con participación del propio Washington.

* El autor es un reconocido articulista de la prensa mexicana y colaborador de Prensa Latina.

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México 2010: Violencia genera violencia

Nubia Piqueras Grosso *

Las grandes transnacionales de la información difunden hoy la imagen del México violento del 2010 con un matiz morboso que recrea los detalles con la más refinada técnica del periodismo amarillista o la crónica roja.

“México no es más violento hoy que en el pasado, aunque sus crímenes tengan mayor visibilidad y el crimen organizado tenga, más que nunca, recursos para corromper, reclutar y armarse”, así afirma Héctor Aguilar Camín en su ensayo “Regreso al Futuro”.

La preparación de la opinión pública internacional sobre el tema, además de los análisis y opiniones “secretas” de la embajada estadounidense en Ciudad México reveladas por Wikileaks, sugieren ciertas sospechas de las eternas intenciones del poderoso vecino de penetrar en la vida mexicana.

Al respecto observadores políticos comentan que con el arribo al poder del actual presidente Felipe Calderón, en diciembre del 2006, comenzó un abierto combate contra el crimen organizado, del cual hasta el momento, existen opiniones coincidentes en que ha tenido miles de muertos y pocas victorias.

En el discurso de algunos de ellos subyace la idea de que con la llegada del oficialista Partido de Acción Nacional (PAN) a la residencia presidencial de Los Pinos, se terminó el arreglo implícito entre los traficantes de drogas y los gobiernos locales o estatales, principalmente los del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Las imputaciones se basan en que estos gobiernos permitían el libre paso de cargamentos de droga desde Suramérica hacia Estados Unidos por rutas, principalmente terrestres, definidas dentro del territorio mexicano.

Los señores del narco

El poder económico del crimen organizado ha llegado a niveles tales, que la revista estadounidense Forbes consideró como una de las primeras fortunas del mundo al mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, uno de los más fuertes y el que menos desgaste ha sufrido en la denominada “guerra contra el narcotráfico”. Para la periodista Anabel Hernández, el país vive una beligerancia entre cárteles y no un enfrentamiento del Gobierno contra estos delincuentes, por lo que México podría sufrir una mayor espiral de violencia si la guerra se traslada a los pequeños distribuidores de drogas.

De acuerdo a sus investigaciones, “la guerra que viene”, que tiene igualmente preocupados a los capos, será entre narcomenudistas (vendedores de droga al detalle), quienes se disputarán el mercado local, calle por calle.

Estados Unidos “es ya un mercado conquistado por los cárteles mexicanos de los Zetas o de Sinaloa, que desplazaron a los colombianos y a las mafias rusa y china; por eso allá no hay oleadas de muertos, cada quien tiene su territorio”, aseguró.

Desafortunadamente, lo que ocurre en el norte y en otros estados no fronterizos como Michoacán también se da en el resto del país, aunque el nivel de violencia en Ciudad Juárez o Tamaulipas no tiene la misma causa, opinó Lázaro Cárdenas, ex gobernador de Michoacán, en una entrevista reciente con un medio español.

Pese a las diferencias y a la intensidad de los actos violentos, lo cierto es que el crimen organizado está presente, actúa, busca penetrar las instituciones y utilizarlas a su favor en muchas zonas de México, aseguró Cárdenas.

En algunas regiones de la frontera con Centroamérica, las bandas criminales participan del tráfico de personas, a los cuales secuestran y extorsionan, y no pocas veces asesinan en el tránsito hacia Estados Unidos, objetivo final de esos emigrantes.

El hecho reciente que más estremeció a la opinión pública mundial en el 2010 ocurrió el 25 de agosto pasado, cuando la organización criminal “Los Zetas” masacraron en Tamaulipas a 72 personas de varias nacionalidades, porque no respondieron a sus exigencias de pago por dejarlos continuar en su camino.

Daños colaterales

La estrategia de enfrentamiento a las bandas del crimen organizado, cuyo impacto se hizo sentir con mayor fuerza en este 2010, es objeto hoy de críticas contrarias a las decisiones tomadas por el gobierno del presidente Felipe Calderón.

Muchos ataques provienen de políticos de oposición, pero también de la sociedad civil, que sufre los llamados “daños colaterales” ocasionados tanto por la violencia de los “narcos”, como por las fuerzas armadas que intentan rescatar el orden.

Recientes revelaciones del sitio digital Wikileaks, confirmó que funcionarios de la embajada estadounidense en México también comparten el criterio de la poca efectividad de las acciones gubernamentales, e incluso, pusieron en duda la capacidad de las instituciones armadas para enfrentar el grave problema.

No obstante, la más reciente ofensiva combinada de la Policía Federal, el Ejército, la Marina y otros cuerpos armados, apoyados por información de inteligencia, comienza a revertir las opiniones adversas.

Los efectivos golpes a la poderosa organización criminal “La Familia Michoacana” y la noticia de que por primera vez se le “pisa los talones a El Chapo Guzmán”, con la detención de su lugarteniente, pone en condiciones favorables a las fuerzas del orden ante la opinión pública nacional.

Sin embargo, los criterios continúan centrándose en que combatir con violencia a las bandas criminales, lejos de atemorizarlos, los convierte en más sanguinarios, en tanto cada vez les importa menos el daño a personas inocentes, actuar por el que culpan también al Gobierno.

Las recientes manifestaciones públicas de apoyo a “La Familia Michoacana”, en las calles de Morelia, capital del estado de Michoacán, y en el municipio de Apatzingán, confirman que las acciones de las fuerzas represivas, las cuales descabezaron a la organización criminal, no cuentan con total aprobación popular.

Sectores no minoritarios de la sociedad impugnan el método utilizado por los policías federales y el ejército, que combaten a las bandas en plena calle con la muerte de personas inocentes y otros daños humanos; mientras los supuestos debilitados cárteles se vuelven más violentos.

Las armas vienen del norte

Los cuerpos locales de la Policía, que actualmente combaten la “narcoviolencia”, se quejan del combate desigual frente a los delincuentes, quienes utilizan camionetas blindadas, fusiles automáticos, armas de grueso calibre, granadas y hasta helicópteros para operar.

Sobre el tema, el diario The Washington Post reveló los nombres de los 12 principales comerciantes de armas incautadas en los dos últimos años por la policía mexicana en acciones contra el crimen organizado, de los cuales ocho se ubican en Texas y tres en Arizona, muy cerca de la frontera común, y uno en California.

Con estas revelaciones, Estados Unidos se reafirma como mercado y proveedor, dos elementos que lejos de frenar, estimulan la continuidad del tráfico de drogas y la “protección del negocio” mediante las armas.

Por otra parte, algunos analistas llaman la atención sobre las causas internas que provoca la violencia como el incremento de la pobreza y la marginalización, además de la necesaria atención a las nuevas generaciones, que cada vez son más vulnerables a sumarse al crimen organizado, como un modo de vida.

La reciente captura de un niño de 14 años, cuya historia criminal resulta espeluznante, no sólo desató una amplia polémica en la sociedad mexicana, sino enormes interrogantes en torno a la creciente inseguridad, al punto que no son pocas las preguntas sobre si tendrán que convivir de por vida con este flagelo.

* La autora es corresponsal de Prensa Latina en México.