Buenos Aires, (SEMlac).- ¿Quién conocía a Rosemarie antes de la noticia de su deceso? Quizás sólo los suyos: sus parientes, sus hijos -si es que los tenía. Apenas se supo, a través de los medios, que tenia 28 años y que era boliviana. También se conoció que se apellidaba Chura Puña y no Cupeña, como informaron al instante de su muerte.

Rosemarie fue una de las víctimas de un conflicto que se originó el martes 7 de diciembre en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Un numeroso grupo de personas que, con el correr de los días, llegó a más de 13.000, le reclamaban al gobierno porteño una vivienda digna. En medio de esa exigencia, ocuparon un predio público denominado Parque Indoamericano, ubicado en el barrio de Villa Soldati, de esta ciudad, uno de los que afronta más carencias.

La mayoría de las personas que ocuparon el terreno viven precariamente, hacinadas en villas aledañas y muchas de ellas son inmigrantes.

Ni bien iniciada la ocupación del terreno, el gobierno porteño consiguió una orden judicial para desalojar a los ocupantes mediante un operativo ejecutado por la policía Federal y la Metropolitana. El método utilizado fue una violenta represión que dejó como saldo tres víctimas fatales.

No se puede ignorar que la falta de acceso a la vivienda digna aumenta la exclusión social en las mujeres, porque muchas veces no sólo es el resguardo de la cotidianeidad, sino que son sus viviendas los lugares donde desarrollan los trabajos que sustentan su economía.

La xenofobia

Al deceso de Rosamarie se añade el de Bernardo Salgueiro, de nacionalidad paraguaya, y el de Juan Castañares Quispe, inmigrante boliviano, de 38 años.

Elizabeth Ovidio, compañera de Castañares Quispe, dijo a la prensa que su marido “estaba en la puerta del parque, estaba saliendo y empezaron a disparar de la policía Metropolitana”. La mujer relató que los policías metropolitanos, al momento de ocurrido el incidente, les decían: “bolivianos de mierda, váyanse a su país, qué hacen en este país”.

El conflicto se fue acrecentando y las discusiones acerca de quién debía intervenir, si la ciudad de Buenos Aires o el gobierno nacional, sólo ayudaron a encender más los ánimos incontrolables, no sólo de los ocupantes y de las fuerzas de seguridad, sino también de los vecinos que exigían el inmediato desalojo del Parque Indoamericano.

En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, no hizo más que manifestar su xenofobia en cada declaración: “todo este avance de la inmigración ilegal, donde se oculta el narcotráfico y la delincuencia”, (…) “tenemos que pararla, sancionemos leyes que eviten esta situación. En estos momentos, hay que demostrar coraje”, “todos los días llegan 100, 200 personas de la mano del narcotráfico y la delincuencia”.

Luego de estas declaraciones, Leonor Arauco, embajadora de Bolivia en Argentina, solicitó que el Jefe de Gobierno ofreciera disculpas públicas y dijo: [Macri] habló de “inmigración descontrolada y relacionó a los ocupantes con organizaciones mafiosas. Pero si de algo estamos orgullosos como estado boliviano es del millón.800.000 compatriotas que aportan a la economía de Argentina y que llegaron gracias a la sanción de la Ley Migratoria”.

El conflicto finalizó el martes 14 de diciembre, cuando se anunció a los ocupantes que el Estado nacional, junto al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, financiarán planes de vivienda.

El problema habitacional

Según el informe “Buenos Aires sin techo”, cerca de medio millón de personas no posee viviendas, y la presente gestión otorgó un presupuesto escaso que no alcanza para sanear la situación. “Al tercer trimestre de 2010 se ejecutó el 18,6 por ciento de los 409,5 millones de pesos (102,90 millones de dólares) asignados al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC)”, afirma el mencionado estudio.

“Hay desinterés por esta área”, denunció la legisladora Rocío Sánchez Andía, titular de la Comisión de Vivienda.

Sánchez Andía manifestó que existe una “incapacidad de reconocer la realidad” y remarcó que es evidente “la ausencia de herramientas eficaces y eficientes de asistencia y contención: no se hace un seguimiento de las familias, ni existe un accionar sistematizado, lo que provoca que a veces se dejen en la calle a familias enteras por falta de cupo en los dispositivos de emergencia, que presentan un ‘alto riesgo edilicio‘”.

El 9 de diciembre, en la legislatura porteña, Sánchez Andía, junto a sus colegas Diana Maffia y Fernando Sánchez, presentó un proyecto de declaración que repudia “el brutal desalojo y la represión perpetrada el pasado martes por las Policías Federal y Metropolitana contra las personas asentadas en el Parque Indoamericano.

“Los hechos acaecidos el 7 de diciembre de 2010 se encuadran dentro de la emergencia habitacional que padece la Ciudad desde hace ya 10 años, dando lugar a que cientos de familias sin hogar se vean en situación de ocupar terrenos de uso público donde vivir”, remarca el texto.

“Las autoridades, tanto porteñas como nacionales -continúa la declaración- son responsables de dificultar el acceso a la vivienda y no contar con una política habitacional, ya sea por error u omisión. Los datos en la Ciudad de Buenos Aires hablan por sí solos: hasta septiembre de 2010, sólo se había ejecutado el 27 por ciento del presupuesto destinado a políticas de vivienda, mientras que el 54 por ciento de los asentamientos y el 69 por ciento de las villas están en la zona sur de la Ciudad”.

En tanto, el titular del IVC, Omar Abbou, declaró que el problema de vivienda no es nuevo, y remarcó que la presente gestión está trabajando para solucionar esta carencia pero, “su resolución no es, bajo ninguna circunstancia, la usurpación del espacio público o privado”.

La Constitución de la Nación Argentina expresa claramente que se debe asegurar los “beneficios de la libertad” no sólo para los argentinos, sino “para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.

Desde el año 2003 quedó promulgada una ley de Migraciones, según la cual todos los ciudadanos de los países miembros del MERCOSUR (Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia y Venezuela) o de Estados allegados pueden obtener residencia legal en la Argentina sólo mediante la acreditación de su nacionalidad y la carencia de antecedentes penales.