La ley de pensiones y el problema salarial son los catalizadores que vuelcan a las masas a las calles. El gobierno pretende neutralizar el malestar social con millonarias campañas y shows mediáticos. La burocracia sindical ya no es un instrumento capaz de arrastrar a los explotados detrás de sí y en el calor de las movilizaciones surgen direcciones desde las bases a través de los pactos inter sindicales.

El proceso en torno a la lucha por la ley de pensiones no concluye con la aprobación del proyecto gubernamental en la Asamblea Legislativa Plurinacional; por el contrario, se profundiza ahora con la incorporación de otro elemento demasiado urticante que afecta al conjunto de la población, la subida exorbitante de los precios de los artículo de primera necesidad que se traduce en una mayor miseria: caída del poder adquisitivo en los sueldos, la depauperación de los ya miserables ingresos de los sectores no dependientes (que son los más), etc.

Estos dos problemas que, en su naturaleza, tienen la misma raíz –sueldos actuales y sueldos diferidos (rentas) miserables- se tornan en catalizadores y empiezan a volcar a los explotados a las calles pero con proyecciones mucho más explosivas porque incorporan también a sectores independientes como los artesanos, pequeños comerciantes, campesinos que concurren a los mercados locales, etc., que igualmente agonizan de hambre.

Como siempre ocurre en este tipo de procesos de rápida explosividad, surgen nuevos sectores que exigen sus demandas también legítimas porque emergen de sus necesidades inmediatas, tales son por ejemplo los jubilados que piden la nivelación de sus rentas a las nuevas jubilaciones, las regiones que reivindican sus necesidades insatisfechas, etc.

Todo este panorama complejo en extremo, a diferencia del pasado donde los conflictos se mantenían aisladas unas de otras, ahora confluyen en el mismo torrente incontenible que son las movilizaciones contra un gobierno que no atina a atender las exigencias de los explotados. Ensaya remiendos desesperados como eso de la importación de azúcar del Brasil y otras de la misma naturaleza que de ninguna manera solucionará el problema de la crisis que empieza a golpear dramáticamente a los bolivianos.

Como de costumbre, frente a la impotencia para atender efectivamente a los diferentes sectores, el gobierno recurre a dos recursos ya desgastados: a una millonaria campaña para justificar su proyecto antiobrero y pro patronal de ley de pensiones. El eje de su campaña consiste en mostrar que se trata de una de las leyes más consensuadas y utiliza a la burocracia corrupta y servil para justificar su argumento; arrecia sus ataques contra una dirección que emerge desde las bases y se fortalece a la sombra grandes movilizaciones, cuyas cabezas visibles son los dirigentes identificados como trotskistas.

Por otra parte, recurre al desgastado show mediático como el enfrentamiento con la Iglesia, el uso cínico de los tribunales de justicia contra los gobernadores opositores de derecha, la maniobra de la llegada de Insulsa para brindar descarado apoyo al gobierno, etc.

Sin embargo, estos recursos mediáticos ya no tienen los resultados esperados y, por el contrario, acrecientan el malestar social porque los explotados perciben que este gobierno, en lugar de derrochar la plata en publicidad debería usarla para paliar el hambre de la gente. Cuando estos recursos mediáticos que usa, hasta la víspera efectivos, ahora se agotan significa que se está produciendo un salto en la conciencia de la gente que impulsa el proceso de emancipación política de los explotados del control de gobierno.

Por otro lado, la burocracia sindical cínicamente servil ya se torna en un instrumento inservible para las maniobras del oficialismo. Los ampliados y reuniones nacionales ya no representan a nadie y sus resoluciones inmediatamente son repudiadas por los explotados. Frente a la furia de las masas, gobierno y burocracia se sienten acorralados sin poder ya poner en marcha sus maniobras que, hasta la víspera, podían contener las movilizaciones de los inconformes.

Gobernantes reaccionarios y dirigentes atacan al POR

El Partido Obrero Revolucionario, aplicando rigurosamente su programa al problema de la seguridad social, ha dado la respuesta obrera contra el planteamiento pro patronal y anti obrero del proyecto de ley gubernamental. Las condiciones políticas imperantes han permitido que rápidamente esta respuesta encarne en gruesos sectores del movimiento obrero, consolidando un sólido pacto con un sector combativo de la clase media como son los maestros y que se ha plasmado en grandes movilizaciones unitarias en las ciudades más importantes del país.

Todo esto ha ocurrido en momentos en que el gobierno, apoyado en la burocracia sindical servil, buscaba mostrar la apariencia de que la nueva ley que se aprobará en la Asamblea Legislativa Plurinacional sea legítima y producto del gran consenso entre gobernantes y trabajadores.

La fortaleza del planteamiento obrero sobre la seguridad social ha permitido que en el debate se desnude la naturaleza anti obrera del proyecto de ley y, por tanto, la naturaleza reaccionaria del gobierno, a pesar de sus poses “anticapitalistas y antiimperialistas”. Esto es lo que no pueden perdonar los gobernantes reaccionarios y sus sirvientes incrustados en las direcciones sindicales.

En ocasión de la entrega del proyectos supuestamente consensuado al parlamento, Evo Morales le ha dedicado largos minutos de su discurso al POR. En su habitual lenguaje enrevesado ha querido dar a entender que si los trotskystas se oponen al proyecto, sin embargo no proponen nada. Afirmación que está fuera de lugar porque la respuesta poristas es la que ha dado contenido político a las multitudinarias movilizaciones callejeras; por otra parte ha repetido la falacia de que “su gobierno es el pueblo” y quién se opone al pueblo está con el imperio para llegar a la conclusión de que los trotskistas son los aliados de la derecha y del imperialismo.

Este discurso ya no confunde a nadie porque todos comprenden que en el escenario se yergue poderosa una oposición revolucionaria al gobierno derechista del MAS. Aquí la lucha de clases se dibuja, de manera cada vez más nítida, entre el gobierno que es la expresión política de la clase dominante y la política del proletariado encarnada en el programa trotskista. Es natural que gobernantes y sirvientes se refieran al POR y no está lejos de que se verán obligados a reprimir a los combatientes revolucionarios.

Los sicarios del gobierno ya han anunciado su deseo de expulsar de las organizaciones sindicales a los dirigentes trotskistas más esclarecidos y el gobierno no debe descartar la posibilidad de llenar las cárceles con poristas montando acusaciones cínicas porque parece que García Linera, el “demócrata”, tiene predilección por los métodos stalinistas.

A esta altura del desarrollo del proceso político urge consolidar las direcciones que surgen desde las bases y generalizar las movilizaciones cada vez más radicales; incorporar a todos los sectores explotados ampliando una plataforma de lucha que exprese las necesidades vitales de todos los sectores. Sólo de este modo se podrá frenar la imposición de leyes reaccionarias y anti obreras que este gobierno pretende implantar para proteger los intereses de la clase dominante nativa y de las transnacionales.

* Profesor de filosofìa y dirigente de URMA.