El Estado boliviano pagará 100 millones de dólares de indemnización a la italiana Eurotelecom International (ETI) por la nacionalización de sus acciones en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), informó el ministro de Obras Públicas Walter Delgadillo.

El 24 de noviembre de 1995, la ETI tomó el control del 50% de las acciones de Entel con el compromiso de invertir 610 millones de dólares, en el denominado proceso de “capitalización” impulsado por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

En abril de 2007, mientras negociaba la compra de las acciones de ETI, el gobierno de Evo Morales decretó la recuperación de las acciones de Entel que se encontraban en manos de las AFP. La capitalizadora suspendió unilateralmente la negociación y en octubre de ese año inició un proceso de arbitraje contra el Estado boliviano en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

El proceso en el CIADI no prosperó, y la transnacional presentó una demanda contra el Estado en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya en abril del 2010, reclamando no menos de 700 millones de euros por daños y perjuicios.

A mediados de 2010, autoridades del Ejecutivo aseguraron que el Estado indemnizará a todas las “capitalizadoras” de empresas petroleras, eléctricas y telefónicas que fueron “nacionalizadas” por el gobierno de Evo Morales. “¿A quién se le ha ocurrido que cuando uno nacionaliza no se paga o no se negocia?… Nada es gratis”, pagaremos por las inversiones que realizaron, prometió el Vicepresidente Álvaro García Linera.

El Presupuesto General del Estado reformulado de 2010 autoriza al Ministro de Hacienda disponer de las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia (BCB) para costear los arbitrajes emergentes de la nacionalización. La ministra de Defensa Legal del Estado Elizabeth Arismendi reveló que el Estado gasta al menos 12 millones de dólares en tres arbitrajes internacionales.

Entre tanto, el gobierno boliviano llegó a un acuerdo con ETI, ratificado por decreto 692 el 3 de noviembre de 2010, comprometiéndose a pagar una indemnización de 100 millones de dólares que serán cubiertos por la propia telefónica estatal.