El Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, declara “como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias”. El artículo 3 asienta los pilares fundamentales de los Derechos Humanos, al declarar “todo individuo tiene el derecho a la vida, a la liberta y a la seguridad de su persona”. Y la libertad de opinión y de expresión están proclamadas en el Artículo 19.- “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

La cláusula de no ser molestado a causa de sus opiniones significa, significa el por qué no hay delito de opinión. Y tal libertad, al no permitir que nadie sea molestado por causa de sus opiniones, está reconociendo que también es libre de investigar y recibir informaciones y opiniones, quiere decir, que también proclama la libertad de información, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión, con lo que también consagra la libertad de expresión, por cualquier medio de expresión, sin limitación de fronteras. Consiguientemente, nadie puede ser privado de expresar libremente sus opiniones, cualesquier sea el medio de expresión, escrito, audiovisual, oral, etc.

El que nadie pueda usar los medios de comunicación para cometer o inducir a cometer delitos es otra cosa. Por lo que les tipos y antijuridicidad delictivos están en el Código Penal y no puede estar en ninguna otra ley, menos en leyes de excepción, porque la comunidad de naciones no lo permite.

Dado que ninguno de los derechos y libertades son absolutos, porque entran en juego los derechos y libertades de los otros individuos, existen normas legales reglamentarias. Pero, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, al consagrar en el Artículo 19 la libertad de opinión, de expresión y de información, puntualizando que este derecho de no ser molestado a causa de sus opiniones, elimina cualquier forma de injerencia, sea estatal-política, estatal-represiva, religiosa, social clasista, de tinte étnico o racial, que impida expresar opiniones, investigar o recibir informaciones y opiniones, precautelando la libertad de expresión y a los medios de información, sin limitación de fronteras, por cualquier medio, como una de las con quistas más importantes logradas por los pueblos en la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial.

El nuevo planteamiento doctrinal reafirma ciertos principios esenciales de la convivencia humana, entre los que están las famosas cuatros libertades enunciadas en dicho momento histórico, encontrándose en primer término la libertad de expresión, debiendo recordarse que la Segunda Guerra Mundial fue algo más que embate entre ismos e imperios, embargando la epopeya de millones de hombres que dieron sus vidas o dejaron la marca del heroísmo, culminando un período de cincuenta años del Siglo XX, bajo el signo del cambio de sus condiciones de existencia. El heroísmo masivo y sin fronteras dio la gran batalla por la libertad de los hombres, enfrentando la amenaza de esclavización de la especie humana por las hordas hitlerianas, fascistas, clerical franquistas. Es un legado que hasta ahora ha vencido al reto del tiempo.

En nuestro país la libertad de opinión y de expresión, tienen una probada tradición, sea enfrentando a los caudillos despóticos o a los ilustrados, a los gobiernos de fuerza y a todos los que acallaron a los medios de comunicación, incluidos aquellos que fueron a prisión como reos de conciencia. En la década del 40 del siglo pasado, los periódicos La Razón y Ultima Hora fueron incautados. En el 50 el periódico Los Tiempos fue asaltado. A fines del 60 El Diario fue incautado por el gobierno de facto, la prensa de izquierda era empastelada y sus editores privados de libertad en los 12 años de la dictadura del partido único y la democracia del cero.

En tiempos de dictadura, el padre Luis Espinal fue torturado y asesinado por los sicarios del narco-terrorismo. Por todo lo dicho, el país “está curado de espanto” cuando alguien comienza a intimidar con el control de la libertad de opinión, expresión e información y nadie acepta que prospere su restricción, cualquiera sea las formas que asuma. No es casual la larga lista de leyes de imprenta, una buscando restringirla, otras reponiendo la más amplia libertad de expresión.

La Ley de Imprenta de 19 de enero de 1925 en actual vigencia, faculta a todo hombre para publicar sus pensamientos, sin reserva alguna. Así nos recuerda don Ciro Félix Trigo en su Derecho Constitucional boliviano. El escritor argentino Jorge M. Mayer en el Derecho Público de Prensa, escribe que la institución jurídica que se ha creado paralelamente a la prensa, ha dado origen a los que se denomina “derecho público de prensa”. La magnitud que asumen los medios de comunicación en el medio mundo postmodernista va más allá de los Fundamentos Políticos que otrora la enmarcaban: a) expresión de voluntad popular; b) contralor del gobierno; c) protección de los derechos individuales; d) colaboración con el gobierno de la cosa pública; d) instrumento de ordenación jurídica. Y va más lejos porque la comunicación, como ha sucedido en el despertar de la especie humana, ahora más que nunca, ayuda a la transformación de la realidad. El desinformado está desactualizado, peor aún, fuera de la realidad.

La Constitución Política de 1947, en el Artículo 6º prescribe: “De emitir libremente sus ideas y opiniones, por cualquier medio de difusión”. La Constitución Política de 1967, en el Artículo 7º dispone: b) A emitir libremente sus ideas y opiniones, por cualquier medio de difusión”.

La Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional en el Artículo 21, al referirse a los derechos civiles, reconoce en el numeral 5 “A expresar y difundir libremente cualquier pensamiento u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva”. La norma está actualizada en consonancia con el avance técnico de los medios de comunicación.

La Ley de Imprenta del 19 de enero de 1925 en actual vigencia habla de los delitos de prensa y señala a los responsables posibles, marcando sus tipificaciones, contra la Constitución, contra la sociedad. Pero no se delinque cuando se pone de manifiesto los defectos de la Constitución o de los actos legislativos, administrativos o judiciales o se promueva su reforma, se delinque contra las personas individuales en los impresos que injurian o denigran directa o indirectamente o hacen falsas imputaciones injuriosas.

Obliga a probar los actos difamatorios contra los funcionarios públicos y la prueba de los hechos imputados pone al autor al abrigo de toda pena. Y las penas desvirtúan la comisión del delito de imprenta, porque son correccionales y no dan lugar a la imposición de pena corporal, sino a multa. Y el órgano jurisdiccional no es el penal ordinario sino el Jurado de Imprenta. Por lo que no son dables los elementos que tipifican un delito, tratándose de infracciones sujetas a régimen correccional, permitiendo concluir que hay delito de imprenta en los términos punitivos. Y la Ley de Imprenta abre la competencia ordinaria para que el damnificado o víctima ocurra ante el Juez ordinario natural, en los delitos contra el honor y la dignidad de las personas, limitando tal vía que está cerrada a los funcionarios públicos obligados a ocurrir ante el Jurado de Imprenta.

Los intentos manifiestos de crear figuras penales que afectan directa o indirectamente a la libertad de opinión, expresión e información, en leyes especiales, cualquiera sea su motivación o empeño, atenta contra el Artículo 21 de la Constitución Política del Estad, contra el Código Penal y la Ley de Imprenta, cuyo origen corporativo a través de las organizaciones sociales en su iniciativa, nos recuerdan al régimen franquista corporativo, pero su naturaleza de ley de excepción tiene un precedente más :funesto, proveniente de la escuela trocrática que originó las leyes de excepción de Nuremberg, la presunción de culpabilidad y la analogía, propias del régimen nacional socialista, que han llevado a la horca a sus ejecutores por el Tribunal de Nuremberg. No es admisible la censura ni en forme preventiva ni en forma represiva, porque violenta a la libertad de opinión, menos la violación del secreto en materia de imprenta, por mandato del Artículo 8 de la Ley de Imprenta y la censura previa está igualmente prohibida por el Artículo 1º de dicha Ley. La autocensura toca al fondo del régimen y la fuerza económica dominante por lo que resulta difícil que alguien la elimine.